La Operación Dragón fue un plan promovido por miembros de inteligencia militar para atentar contra líderes sindicales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos en el Valle del Cauca entre los años 2004 y 2006.
En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron una serie de documentos oficiales que detallaban los aspectos de la Operación Dragón, un ejercicio de seguimiento ilegal sobre 170 personas, -entre las cuales se encuentra Berenice Celeyta, presidenta de Nomadesc y acompañada por PBI[1])-, con el supuesto fin de asesinar a personas defensoras de derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política en Colombia. Según denunció en esa época el ahora senador Alexander Lopez-Maya, el plan era orquestado por militares, tanto activos como retirados, que operaban desde Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla e Ibagué, adelantando actividades de inteligencia que buscaban conseguir información para identificar posiciones políticas, costumbres y hasta rutas habituales de desplazamiento de sus objetivos[1]. La Fiscalía ha comprobado que la Tercera Brigada, la Policía de Cali y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) apoyaron y colaboraron en esa recolección de información[2].
En octubre de 2011 fueron capturados tres militares por su participación en la Operación Dragón[3], entre ellos Julián Villate Leal, (quien había sido designado coordinador de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá entre diciembre de 2004 y julio de 2005, después de que la operación fuera puesta en conocimiento de la opinión pública[4]). En 2013 los tres oficiales fueron llamados a juicio por el delito de concierto para delinquir[5]. Según el abogado Jorge Molano, después de haberlos llamado a juicio la Fiscalía modificó el delito a concierto para delinquir simple, argumentando la inexistencia de pruebas que demostrasen la intención de matar a defensores de derechos humanos o sindicalistas, y ordenó su libertad. En 2007, Jorge Molano presentó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Desde que en 2013 los tres acusados fuesen llamados a juicio los abogados de las víctimas pusieron de manifiesto en reiteradas ocasiones su preocupación ante las maniobras dilatorias del proceso, que hasta octubre de 2016 había avanzado tan sólo en una audiencia preparatoria[6].
Finalmente, el 23 de enero de 2019 el Juzgado Cuarto Especializado de Cali condenó a cuatro años a los oficiales retirados del Ejército Nacional Alfonso Abondano Mikan, Marco Fidel Rivera y Julián Villate Leal. Catorce años después de que la fiscalía descubriera los documentos oficiales que revelaron la existencia de la Operación Dragón, los tres exmilitares fueron declarados culpables de concierto para delinquir agravado por su responsabilidad en los hechos[7].
Notas de pie
[1] El Espectador: Condenan a militares por seguimientos ilegales al senador Alexander López, 22 de enero 2019
[2] Human Rights First: Baseless Prosecutions of Human Rights Defenders in Colombia, 2009
[3] El Espectador: Primeras detenciones por ‘Operación Dragón’, 3 de octubre de 2011
[4] Noticias Uno: Operación Dragón en la embajada de EEUU en Colombia, 6 de mayo de 2007; Associated Press: Alleged assassin worked at US Embassy in Colombia, 25 abril de 2007
[5] El Espectador: Primeras detenciones por ‘Operación Dragón’, 3 de octubre de 2011; Entrevista a Jorge Molano, 16 de septiembre de 2015
[6] Pazífico Noticias: El jurista Jorge Molano denuncia dilaciones en el caso denominado Operación Dragón, 20 de octubre 2016
[7] El Espectador: Los líderes sociales por Yohir Akerman, 3 de febrero 2019