El Equipo Jurídico Pueblos (EJP) asume la representación jurídica de familiares de víctimas de crímenes de Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, mal denominadas “falsos positivos”, exigiendo al Estado colombiano verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, además de resultados en las investigaciones por parte del aparato de justicia.

Entre los casos que lleva, está el de Rafael Andrés Plata Sánchez. De acuerdo a la información recogida durante la investigación, este joven fue detenido y trasladado, junto a otros dos , Carlos Mauricio Nova Vega y otro no identificado a la fecha, (los tres de bajos recursos económicos), del centro de la ciudad de Bucaramanga (Santander) a la vereda Islitas, municipio de Hacarí (Norte de Santander), donde fueron asesinados presuntamente por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería No. 15 General Santander, de la Quinta Brigada, y presentados como guerrilleros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), muertos en combate.

Para EJP, este caso es muy importante en la medida en que el “reclutador” de los jóvenes, Alexander Carretero, reconoció su responsabilidad en la muerte de los jóvenes[1]. En 2015, aceptó cargos por el homicidio agravado como cómplice. Cabe mencionar que el señor Carretero aceptó cargos por el mismo delito en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, entre otros, el del joven Fair Leonardo Porras Bernal; caso para el cual se determinó la responsabilidad de seis militares[2].

Por su presunta responsabilidad como autores materiales de los hechos, fueron capturados nueve militares (un oficial y ocho suboficiales), entre ellos, William Ortiz Pineda, exsoldado profesional, quien hacía parte de un pelotón adscrito al Batallón No. 15 de Ocaña (Norte de Santander)[3].

El proceso todavía se encuentra en fase preparatoria, debido a numerosos aplazamientos (por cambios de defensores, imposibilidad del defensor de asistir, procesados que no fueron trasladados al Palacio de Justicia, etc.) y apelaciones[4].

“Nuestra labor ha sido bastante obstruida, incluso por parte de los abogados de los militares, con señalamientos dentro y fuera de las audiencias. Además, lamentablemente podemos decir que a pesar de haber mostrado resultados en las investigaciones, son muy pocos los casos donde se ha podido proferir condenas. La mayoría de los casos se encuentran en total impunidad. Y vemos ahora, con gran preocupación, que para los procesos que pasen a la Justicia Especial para la Paz, se pueda romper la cadena de mando, es decir, no podríamos seguir ascendiendo en la responsabilidad máxima de estos crímenes que ocurrieron a lo largo y ancho de todo el país”[5], señala Leonardo Jaimes, miembro de la organización[6].

Notas de pie:

[1]  PBI Colombia, Entrevista a Leonardo Jaimes, miembro fundador de EJP, octubre de 2016; Abogados Sin Fronteras Canadá: Estudio de caso a la luz del principio de complementaridad del Estatuto de Roma. Mecanismos de impunidad en la Justicia colombiana, pp. 94-97, 2016
[2] Abogados Sin Fronteras Canadá, Ibíd, p. 95; El Tiempo: Víctimas de ‘falso positivo’ de Soacha continúan sin ser reparadas, 11 de junio de 2015
[3] Abogados Sin Fronteras Canadá, Ibíd, p. 95; Fiscalía General de la Nación: CTI captura a exsoldado por homicidio en persona protegida, 22 de mayo de 2014; EJP: Capturado militar acusado de tres ejecuciones extrajudiciales en Bucaramanga, En: Ccajar, 23 de mayo de 2014
[4] Abogados Sin Fronteras Canadá, Ibíd, p. 96
[5] PBI Colombia: Op cit., octubre de 2016
[6] Ibíd.