«La protesta social es un ejercicio de defensa a los derechos humanos»[1].

En 2013, en Colombia se presentaron una serie de protestas sociales masivas. Entre junio y septiembre hubo decenas de miles de campesinos, indígenas, camioneros, estudiantes y otros ciudadanos que emprendieron manifestaciones y protestas, pidiendo mejoras en la calidad de vida de la población rural e intentando salir de una crisis económica, humanitaria y social que está afectando a múltiples sectores de la sociedad. Sin embargo, los manifestantes y las organizaciones de derechos humanos que les apoyaban denunciaron que la respuesta del Estado no fue la esperada y, al contrario, hubo una serie de graves abusos por parte de la Fuerza Pública a los manifestantes[2]. También hubo difamaciones y señalamientos de funcionarios del Estado hacia los organizadores de las manifestaciones. Y se aplicó el nuevo marco jurídico que ha servido, según las organizaciones, para criminalizar la protesta social.

Ante esta situación, algunas organizaciones acompañadas por Peace Brigades International (PBI), como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp), acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en octubre, para visibilizar este cierre de espacio para el ejercicio de la democracia a través de la protesta social.

En la audiencia[3], celebrada el 31 de octubre en la sede de la Cidh, las organizaciones expresaron su gran desacuerdo con el tratamiento ejercido por parte de la Fuerza Pública a las personas que salieron a manifestarse. Las organizaciones explicaron cómo después de recibir múltiples denuncias procedentes de varias regiones del país sobre los abusos cometidos por la Fuerza Pública, sobre todo por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía (Esmad) durante las protestas, organizaron una serie de misiones de verificación para monitorear la situación y recoger testimonios. PBI acompañó a algunas organizaciones durante estas misiones.

En los testimonios recopilados por las organizaciones defensoras de derechos humanos a través de grabaciones de audios, vídeos y testimonios orales, las misiones de verificación documentaron como los manifestantes habían sido víctimas de lo que las organizaciones califican como un uso desproporcionado de violencia por parte de la Fuerza Pública. Incluyendo casos de violencia sexual, tortura, detención arbitraria, hurto de comida y quema de viviendas[4].

Por ejemplo, durante la misión de verificación a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre el 28 y el 31 de agosto 2013, las organizaciones recibieron en Ubaté (Cundinamarca) el testimonio de un hombre de 27 años de edad, quien les contó que el 23 de agosto se encontraba cerca de su casa mirando las manifestaciones cuando el Esmad irrumpió disparando proyectiles de gas lacrimógeno hacia las personas que estaban en la concentración, por lo cual el hombre tuvo que correr junto a otras personas mientras eran perseguidos por agentes de la Policía. Él se refugió en una casa cercana de donde, según denuncia, fue sacado violentamente por agentes del Esmad, quienes habían forzado la puerta y roto varios vidrios de la casa. El joven afirma también que fue brutalmente golpeado en varias partes de su cuerpo con macanas y patadas, tanto en la calle como en un camión donde fue trasladado. Le rasuraron las cejas y lo mantuvieron bajo amenaza de muerte y de extraerle los dientes y mutilarle los dedos. Al ser buscado por sus familiares, el Esmad negó en varias ocasiones su presencia en el camión y, una vez lo reconoció, se negó a llamar a una ambulancia y a prestarle primeros auxilios, a pesar del mal estado de salud en que se encontraba la víctima. Ésta manifestó que la policía le advirtió que debía decir que sus lesiones fueron producidas por los manifestantes[5].

Además de esos abusos evidenciados, durante la audiencia ante la Cidh, las organizaciones denunciaron una serie de difamaciones y señalamientos contra las personas manifestantes por parte de altos funcionaros del Estado sin una debida investigación previa. Como expresó Franklin Castañeda, (Fcspp), durante la audiencia: «lo de señalar y estigmatizar antes de investigar, atenta contra el estado de derecho y pone aún más en riesgo las personas que defienden los derechos humanos». Frente a la declaración del Vice Ministro de Defensa, Diego Bedoya, quien afirmó que «tales actos de violencias extremas no son de los campesinos, sino armas típicas, (papas bombas, caucheras, etc.), de grupos terroristas en Colombia», Jomary Ortegon, (Ccajar), dijo: «nos parecen muy graves las estigmatizaciones a las cuales se asocia a los manifestantes con la insurgencia, que nos sitúan como blanco militar».

Según organizaciones de abogados y abogadas de defensores y defensoras de derechos humanos, recientes cambios en el Código Nacional Policial permitirían la «retención por protección», es decir, que la Policía Nacional estaría autorizada para detener a las personas en caso de exaltación «por su protección». Las organizaciones alertan de que se ha utilizado esta figura de manera excesiva, deteniendo a manifestantes. Según las organizaciones[6], podría darse el caso, por ejemplo,  de que un ciudadano que se estuviera manifestando pacíficamente y se encontrara involuntariamente en medio de enfrentamientos, si manifestase su miedo gritando o llorando por la violencia de la cual fuera víctima, podría ser detenido por la Fuerza Pública por estar «exaltado».

Las organizaciones también expresaron su preocupación por un nuevo proyecto de Ley, el 091 de 2013[7], presentando este año por el Ministerio de Defensa, que agravaría aún más esta situación. Por ejemplo, aumenta la pena prevista para el delito de obstrucción de vía pública de 36 a 60 meses, (de 3 a 5 años)[8], y amplia este delito para incluir también a quién cite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte. Es decir, se podría judicializar no sólo a los manifestantes, sino también a las personas que ayuden a organizar protestas o incluso a las personas que lleven comida a manifestantes, aunque no salieran a las calles.

En sus respuestas durante la audiencia a la presentación de las organizaciones, el Estado colombiano reconoció la importancia de la protesta social pacífica para la democracia. Sin embargo, el mismo presidente de la Cidh, José de Jesús Orozco, expresó su preocupación por la manera en que, durante la misma audiencia, los funcionarios del Estado calificaron ampliamente a los manifestantes como terroristas, sin investigaciones judiciales previas.

Finalmente, las organizaciones peticionarias de la audiencia en la Cidh solicitaron las siguientes cuatro «grandes propuestas» al Estado colombiano:

• Respeto al derecho de la protesta social; cumplimientos de las recomendaciones de los organismos internacionales; no criminalizar el discurso de la protesta; y, la defensa al derecho de hacerlo, lo cual no se contempla la Ley de SC.
• Creación de mecanismos para proteger el derecho a la protesta social, entre ellos la elaboración de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad concertada con las organizaciones, y acorde con los estándares en el informe de Oacnudh[9]
• Desmonte de la Ley de Seguridad Ciudadana (1453) y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).
• Solicitar una visita de la CIDH en concreto de la relatoría para la libertad de expresión y defensores.

Notas de pie: