«Luchando por una vida digna, por la justicia»

Debido a la sequía tuvimos que bajarnos del bote antes de llegar a la comunidad. Con tanta gente, maletas y mercado en un botecito de madera, el río no pudo llevarnos más. Tocó ponerse las botas y caminar. Entrar en Cacarica no siempre es fácil, toca por río: primero en panga pública y después en el bote de la comunidad; y muchas veces, como ocurrió esta vez, terminamos caminando el último pedazo para llegar al destino.

Subiendo de la orilla, nos quedamos bajo un árbol de poma, esperando a los demás y buscando la trocha. El árbol estaba bien cargado y las frutas se hicieron irresistibles después de tantas horas de viaje. Como la ingenua nórdica que soy, me quedé fascinada por la experiencia exótica de coger frutas en plena selva salvaje, diciendo felizmente lo rico que sería vivir en un lugar así. Mi compañera de viaje me miró y me dijo con voz clara que este árbol lo sembró ella. Sobre esa misma tierra quedaba su finca antes de ser desplazada.

El árbol de poma era el orgullo del jardín de la finca. El jardín bien cuidado y sembrado con todo tipo de plantas, rodeaba la casita de la familia en tiempos pasados, en la bella Cacarica.

Este es solo uno de los recuerdos de mis muchas visitas a las Zonas Humanitarias en Cacarica. Uno de los lugares más hermosos que he conocido en mi vida, la última esquina de Sudamérica, por la selva de Darién. Un lugar con una biodiversidad que no encuentras en muchos otros lugares del mundo, con tierra fértil donde crece todo lo que uno siembra, tierras ancestrales, tierra de comunidades afrocolombianas e indígenas. Tierra de sufrimiento y violencia, de lucha y resistencia.

En 1997 las comunidades de Cacarica fueron desplazadas en la operación militar y paramilitar denominada “Operación Génesis”[1]. La Brigada 17, con jurisdicción en toda la zona de Urabá, en coordinación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), desplazaron, hostigaron y aterrorizaron a miles de personas de las comunidades. Los paramilitares asesinaron de la manera más brutal posible al campesino Marino López, lo capturaron, lo descuartizaron y jugaron fútbol con su cabeza, en presencia de una tropa del ejército a unos cientos metros del lugar. A Marino, campesino cacariqueño de toda la vida, le acusaron de ser guerrillero.

Los desplazados fueron controlados y registrados por los paramilitares que estaban con lista en mano viendo a la gente salir atemorizada de su territorio. «Ahí, en Turbo[2], las autoridades les están esperando» les dijeron. Y ahí, en Turbo, estaban. Durante cuatro años la gente vivió bajo condiciones inhumanas en el coliseo de Turbo, durmiendo y comiendo por turnos.

Durante los años en desplazamiento, la gente se organizó. Las comunidades de Cacarica crearon la organización Cavida, (Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica). Retornaron con acompañamiento nacional e internacional a una zona todavía controlada por el conflicto armado y en vez de volver a sus fincas, construyeron las primeras Zonas Humanitarias, como una propuesta pacifista y colectiva de retorno, para poder sobrevivir como población civil en una zona de conflicto.

17 años lleva Cavida viviendo en el territorio, pero todavía sin la posibilidad de volver a sus fincas. Y, durante 17 años, han vivido y luchado en su tierra en contra de los actores armados, las multinacionales, el Estado y los intereses por sacarlos de su territorio otra vez. Han recibido amenazas de muerte, sufrido bloqueos económicos, desplazamientos, desapariciones, montajes judiciales y más.

En mayo de 2013, día en que cumplí años, acompañamos como PBI a Marco, uno de los líderes de Cavida, a salir de la cuenca por amenazas en contra de su vida.

Acaba de pasar mi siguiente cumpleaños y Marco todavía no ha podido volver. Hace más de un año que fueron aprobadas medidas de protección para Cavida, por el alto riesgo que viven, para que puedan moverse más seguros y estar mejor comunicados afuera de la cuenca. Hace más de un año que están esperando la implementación de estas medidas.

En diciembre 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CoIDH), condenó al Estado Colombiano como responsable de haber «incumplido su obligación de garantizar y a no ser desplazado forzadamente»[3] a las comunidades de Cacarica, por la falta de protección y por no asegurarles un retorno seguro. Además, la Corte le condenó por haber colaborado con grupos paramilitares; haber despojado a las comunidades de sus tierras en contra de la Ley 70 de 1993, que protege los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas; y, por último, por los actos crueles cometidos en contra de Marino López. El Estado fue ordenado a otorgar medidas de protección, un punto siendo «restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica afrodecendiente»[4]. La sentencia es simbólica y moralmente importantísima, siendo la primera sentencia de la CoIDH que condena a un Estado por desplazamiento de una comunidad afrodescendiente. De nuevo, las comunidades de Cacarica sirven como un ejemplo de resistencia y lucha por justicia en Colombia.

En febrero de este año, las comunidades presentaron su propuesta de reparación integral al público y al gobierno colombiano, dejando claro que reparación no solo es un cheque entregado y listo. Reparación es garantizar una vida digna en donde la gente esté, es decir, asegurar una vivienda digna, un sistema de salud accesible, educación en la misma comunidad, seguimiento psicosocial y mucho más. La reparación debe ser integral, colectiva y elaborada junto con la misma comunidad.

En febrero este año estoy otra vez en Cacarica, sabiendo que es mi última visita como acompañante de PBI. Es mi despedida de esta tierra bella. La sentencia de la CoIDH es una esperanza y un logro, pero el Estado se ha quedado «calladito». Sabemos que todos tenemos que presionar para que cumplan; siempre, seguir presionando. En esta última visita mía, las comunidades subieron al Cerro Mocho, hacia la frontera con Panamá, para verificar la construcción de una base militar binacional. El ejército colombiano y el ejército panameño han decidido que es necesario construir una base militar dentro del territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes en Cacarica, según Cavida, sin avisar ni consultar a nadie. Un poco más al sur han empezado las construcciones para terminar la tan deseada carretera panamericana, abriendo paso por la selva de Darién. Y, en medio, están las comunidades de Cacarica, está Cavida. Comunidades de resistencia, de lucha, de propuestas pacifistas en una violencia dura, luchando por una vida digna, por la justicia.