Entre 2009 y junio de 2013 fueron asesinadas en Colombia 219 personas defensoras de derechos humanos[1]. Y, a pesar de los avances en materia normativa y de protección física, cada año se incrementan las agresiones contra este colectivo: en 2010 se registraron 174 agresiones (32 asesinatos); en 2011, 239 agresiones (49 asesinatos); en 2012, 357 agresiones (69 asesinatos), en 2013, 366 agresiones (78 asesinatos); en 2014, 626 agresiones (55 asesinatos); y en el primer trimestre del 2015, 295 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas, (19 asesinatos)[2].
Muchas de las personas defensoras más amenazadas son beneficiarias de medidas de protección física por parte del Estado, sin embargo, el movimiento social señala una y otra vez que mientras no se combinen con medidas “políticas”, la defensa de los derechos fundamentales continuará siendo una actividad de alto riesgo en Colombia.
Desaparición de Ángel y Claudia
El 6 de octubre del 2000 Ángel Quintero y Claudia Monsalve miembros de Asfaddes, fueron desaparecidos en la ciudad de Medellín. Claudia era hermana de Edgar Augusto Monsalve, desaparecido en 1995; y Ángel, familiar de 6 personas desaparecidas y 2 asesinadas.
La desaparición de Ángel y Claudia ocurrió en un contexto de persecución sistemática por parte de agentes estatales contra organizaciones sociales en Medellín[3]. Entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, el Gaula[4] de la Policía Nacional realizó 1.808 interceptaciones ilegales de comunicaciones, (entre ellas las líneas telefónicas de Ángel y Claudia)[5]. El director del Gaula, en aquella época, era el teniente coronel Mauricio Santoyo, y por eso, tanto las familias de Ángel y Claudia como Asfaddes le han denunciado a lo largo de los años como primer responsable de estas desapariciones.
Ángel Quintero antes de su desaparición en 2000. Foto: Manon Schick
Santoyo, quien años después fue el responsable de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe, está ahora detenido en Estados Unidos condenado por narcotráfico y ha confesado sus contactos con “La Oficina de Envigado” y con los paramilitares de los hermanos Castaño[6].
En octubre de 2013, trece años después de la desaparición, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, concluyó que hay evidencias para vincular formalmente al alto oficial por la desaparición de los defensores y por la interceptación ilegal casi dos mil líneas telefónicas[7]. Sin embargo, a pesar de celebrar estos avances, los cuerpos de Ángel y Claudia siguen sin aparecer y su caso sin resolverse.
[4] El Gaula o Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, son unidades élite creadas por la Ley 282 de 1996, y a actuar en contra del secuestro y la extorsión
