Ejecuciones extrajudiciales en Casanare

El trabajo de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, (Cos-pacc),  en coordinación con otras organizaciones, entre las cuales está la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (Fcspp), también acompañada por PBI), ha dado resultados.

Por primera vez en la historia del país, un oficial de alto rango del Ejército deberá responder en un juicio por su presunta responsabilidad en varios casos de ejecuciones extrajudiciales. Se trata del general (r) Henry William Torres Escalante, quien es señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser el responsable intelectual del asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniégas y Roque Julio Torres, padre e hijo respectivamente[1], integrantes de base de Cos-pacc en el municipio de Aguazul.

Su caso se añade a la extensa lista de los mal denominados ‘falsos positivos’, ejecuciones de civiles inocentes perpetradas ilegalmente por la Fuerza Pública y manipuladas por esta misma para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros muertos en combate, con el fin de “mostrar resultados” en el marco del conflicto armado colombiano[2]. Este caso llamó la atención por cuanto Roque Julio Torres había declarado como testigo ante la Justicia Penal Militar unos meses antes de su muerte, en el caso de ejecución extrajudicial del campesino Hugo Edgar Araque en el mismo municipio[3]. Según fuentes de la Fiscalía, el testimonio de Roque Julio Torres permitió profundizar la investigación en la que se encuentran vinculados más de 27 militares de diferentes rangos de la Brigada XVI[4].


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Por estos actos, Torres Escalante fue detenido en marzo de 2016 y llamado a juicio en agosto del mismo año; un hecho considerado histórico puesto que se trató del primer general al que le ordenaron su arresto por su presunta responsabilidad en el caso de ejecuciones extrajudiciales[5].Los familiares de otras víctimas han reclamado a la Fiscalía vincular al general retirado en otros casos presentados como ‘falsos positivos’ en el tiempo que tuvo permanencia al frente de la Brigada XVI[6]. Cabe mencionar que en el expediente en su contra, se le considera responsable de alrededor de 85 ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare[7].

En palabras de Fabián Laverde, miembro de Cos-pacc, “se trata de la responsabilidad, ya sea por acción u omisión, del comandante de la Brigada XVI de Casanare. Durante su permanencia en los años 2006 y 2007 se incrementaron en un número de casos de ejecuciones extrajudiciales”. […] Incluso se cree que el Ejército ofreció una recompensa para quienes asesinaran a Daniel y Roque Julio Torres, quienes habían denunciado ‘falsos positivos’ de las tropas del Ejército”[8]. La defensa del alto oficial retirado presentó un recurso de apelación a la vicefiscal María Paulina Riveros, considerando que “debido a la retracción del “testigo clave” [el teniente Marco Fabián García Céspedes] en esta investigación se debía anular el llamado a juicio del oficial por el delito de homicidio en persona protegida”[9]. Sin embargo, esta petición fue negada; la Fiscalía ratificó el llamado a juicio de Torres Escalante en septiembre de 2016[10].

Para la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, “lo importante en todos estos casos de representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que estamos adelantando, se concentra especialmente en que se vean resultados concretos como sentencias condenatorias contra los militares que han sido responsables, que han actuado activamente o que han tenido alguna incidencia por omisión en el desarrollo de estos hechos. En este orden de ideas, la Fundación presentó una denuncia ante el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, pidiéndole la investigación y el esclarecimiento de aproximadamente 80 homicidios en los que están involucrados militares de la Brigada 16. La información que se tiene y las pruebas que la misma Fiscalía ha logrado recaudar, sin duda dejan ver a las claras que el máximo responsable debe responder como el ordenador, determinador de la ejecución de Daniel y Roque Julio. Merece también atención la suerte de las demás víctimas.” (Fernando Kekhan, abogado, miembro de Fcspp)

Además, Fcspp resalta la importancia del tema de la verdad ya que en la medida en que se puedan establecer realmente la verdad que se esconde detrás de la modalidad de las ejecuciones extrajudiciales (es decir, lo que ocurrió, los motivos de esta práctica, las normas y disposiciones que han conllevado en este caso a las fuerzas militares a cometer estos crímenes), que ha sido sistemática y generalizada en Colombia, se podrá determinar cuáles son las transformaciones necesarias en estas fuerzas como garantías de no repetición[11].


Notas de pie:

[1] Fcspp: Pedirán traslado del general Escalante a cárcel del Inpec, 5 de abril de 2016
[2] Human Rights Watch: El rol de los altos mandos en falsos positivos: evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles, 23 de junio de 2015
[3] Fcspp: Avanza proceso en contra de militares por ejecución extrajudicial en Casanare, 4 de agosto de 2014
[4] El País: Capturan a cabo primero del Ejército involucrado en ‘falso positivo’ en Casanare, 18 de marzo de 2014
[5] El Espectador: Se entregó el general Torres Escalante por “falsos positivos”, 28 de marzo de 2016
[6] Entrevista a Cos-pacc, agosto de 2016
[7] El Espectador: Llaman a juicio al general (r) Henry Torres Escalante por falsos positivos, 11 de agosto de 2016
[8] Blu Radio: El general Montoya exigía muertos, no le servían desmovilizados: cabo Rivas, 29 de marzo de 2016
[9] El Espectador: Así pidió el general (r) Torres Escalante que no lo llamaran a juicio por ejecuciones extrajudiciales, 5 de septiembre de 2016
[10] El Espectador: Fiscalía ratificó llamado a juicio al general (r) Torres Escalante por “falsos positivos”, 7 de sepiembre de 2016
[11] PBI Colombia, entrevista a Zoraida Hernández, 29 de septiembre de 2016

*Fotografía de portada: Acompañamiento a Fernando Kekhan, abogado de Fcspp, a un acto de perdón público realizado en junio de 2016, en el cual el Estado colombiano pidio perdón a la familia de José Lorenzo Taborda Taborda, joven casanareño víctima de ejecución extrajudicial en 2007 por parte del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, adscrito a la Brigada XVI.

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