La necesidad de implementar medidas colectivas de protección: ACVC

En el marco del programa de Prevención, Protección y Seguridad para las personas defensoras de derechos humanos [1], financiado por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y coordinado en conjunto con International Action for Peace (IAP), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) junto con tres organizaciones socias (Cahucopana, Aheramigua y Ascamcat), realizó una gira de reuniones con instituciones del Estado y organizaciones nacionales e internacionales en Bogotá con el fin de presentar propuestas alternativas de protección colectiva para las cuatro regiones donde trabajan: Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Catatumbo. Después de un análisis riguroso de la situación de riesgos de las personas defensoras de derechos humanos y la población civil en los territorios elaboraron un documento recopilando medidas adaptadas a estas situaciones, que han sido desarrolladas e implementadas a lo largo de los años del conflicto armado por parte de las comunidades.

En efecto, para los miembros de estas cuatro organizaciones las medidas ofrecidas hasta ahora por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no responden a las necesidades identificadas en los territorios. Melkin Castrillón, miembro de la junta directa de la ACVC, comenta “nosotros hemos identificados 15 mecanismos de autoprotección de las comunidades, como son los campamentos de refugios humanitarios, que les permitieron quedarse en el territorio y proteger la vida, que queremos presentar a las instituciones del Estado para que vayamos elaborando conjuntamente mecanismos alternativos de protección y prevención, y poder avanzar en los espacios de articulación a través de encuentros interinstitucionales y encuentros comunitarios”.

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En la Zona de Reserva Campesina situada en el Magdalena Medio, solicitan tener medidas de protección colectivas, adaptadas a su realidad y su situación de riesgos

Lo que estas organizaciones han notado en los últimos dos años, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, es que existen ahora nuevas dinámicas en el territorio generando nuevos riesgos para las comunidades que tienen que ver con la minería o la misma implementación del Acuerdo de paz. Frente a esta situación las organizaciones sociales desarrollaron, en conjunto con las comunidades, nuevas estrategias e identificaron la necesidad de interlocutar con las instituciones al nivel nacional, que tienen la competencia en materias de protección y prevención, para avanzar y construir la estrategia en conjunto. Delcy Ruiz, miembro de la ACVC y responsable de análisis de riesgos y seguimiento a los casos, subraya que un elemento que consideraron importante al momento de implementar las medidas es de incorporar desde el inicio a las instituciones del Estado, “dentro de nuestra planeación queremos organizar un encuentro interinstitucional para que las comunidades junto con estas instituciones se relacionen,  y que las instituciones conozcan las propuestas de las comunidades y que se tejan relaciones de confianza”.

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Taller sobre rutas de protección y auto-protección

Para realizar ese primer contacto se reunieron con la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pero también con organizaciones internacionales presentes en Colombia y que dan seguimiento a los temas de derechos humanos, como OACNUDH y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, porque este programa se enmarca en la implementación del Acuerdo de Paz. También buscan reunirse con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de que les apoyen con unas pautas en sus trabajos cotidianos en los territorios. Estas reuniones tienen también como objetivo lograr involucrar a las instituciones locales, como las alcaldías y las gobernaciones, en las iniciativas de este programa para que puedan atender la situación de emergencia humanitaria en sus territorios y que incorporen en sus planes de gobierno las políticas de prevención y protección de personas lideresas y defensoras, a través de las rutas propuestas desde las instituciones nacionales.


Zona de Reserva Campesina


Un resultado positivo de la reunión que tuvieron con la UNP, como nos comenta Melkin, es justamente el acuerdo de  comenzar una ruta de protección colectiva. Este año se harán talleres con las comunidades para establecer una ruta diferencial y ver cómo fortalecer las medidas comunitarias de protección como son “los campamentos de refugios humanitarios, las comisiones de verificación, las guardias campesinas y las guardias cimarronas, las casas de derechos humanos, entre otras”.

Un segundo logro destacado por Melkin “ha sido poder dinamizar un poco lo que se pactó en el Acuerdo con del Decreto 660 donde responsabilizan a las alcaldías y los gobernadores locales de diseñar una estrategia en conjunto con las comunidades, con los consejos de reconciliación y convivencia ,y los promotores rurales de derechos humanos”. A través de este Programa también se plantea realizar una plataforma donde se pueda recoger cada dos meses informaciones sobre la situación en los territorios para alimentar los informes de riesgos y comunicar cómo actúan y amenazan a las comunidades los grupos armados ilegales que permanecen en el territorio.

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En el Nordeste Antioqueño, la organización Cahucopana impulsa y acompaña la creación de refugios humanitarios para la protección de las comunidades y personas defensoras que se encuentran en medio del conflicto armado

«Estos grupos quieren seguir controlando el territorio y ven a las organizaciones sociales como un obstáculo por esto, nos amenazan y no nos dejan hacer nuestro trabajo en los territorios, que es responder a las problemáticas y necesidades de las comunidades; hoy día hay organizaciones, como Aheramigua que trabaja en el Bajo Cauca, que no pueden entrar en sus territorios de trabajo debido a las confrontaciones armadas entre los actores y las amenazas que reciben”[2]. Esta situación de riesgo es la que también quieren visibilizar y enfrentar junto con instituciones del Estado para que se logre adoptar medidas concretas y mecanismos de verificación y generar un blindaje en conjunto en los territorios. Mauricio Sánchez, presidente de Aheramigua, quien participó también a esta gira, destaca la importancia de generar confianza con las comunidades “porque hoy, no hay garantías para la denuncia, entonces existe una amenaza, pero no se investigan porque los familiares no hacen la denuncia formal. Y nosotros de las organizaciones sociales que los acompañan nos encargamos de esas denuncias y por estos nos amenazan a nosotros”.

¿Que son las medidas de protección colectivas que promueven?

Como mencionamos, en el Programa de Prevención y Protección se plantean diferentes propuestas alternativas de prevención y protección que fueron identificadas con las comunidades que necesitan el involucramiento de diferentes entidades del Estado. En esta región, como en muchas otras regiones del país, la tierra sigue siendo un problema central en el conflicto armado, por lo cual el ordenamiento territorial está en el centro de algunas de sus propuestas. Por ejemplo, en la zona de trabajo de la ACVC, está una Zona de Reserva Campesina (ZRC) que brinda esa protección gracias a la delimitación del territorio y la distribución de la tierra, estableciendo unos limites de la frontera agrícola y limites de protección del medioambiente, asegurando que esas tierras no sean usurpadas por otros actores. También promueven la figura de los parques naturales como protección del territorio, por lo cual quieren involucrar al Ministerio del Ambiente en este trabajo de protección del medioambiente.

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También destacan la importancia de mejorar los canales de comunicación a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que la señal telefónica y la red de internet lleguen a las comunidades más aisladas que no tienen cobertura, “la comunicación es clave para prevenir una situación cuando existe un riesgo inminente en una zona, para poder reaccionar rápidamente y generar alertas tempranas”. También quieren que se desarrollen planes de educación al campesinado, a través del Ministerio de Educación, afirmando que un 80% está en situación de analfabetización.

En las casas de refugios humanitarios realizan labores de pedagogía sobre los derechos humanos y reciben a las personas amenazadas en los territorios y las acompañan durante un tiempo. Se busca que estas personas sean reconocidas a nivel institucional y que esas instituciones las acompañen y protejan hasta que se capturen los autores de las amenazas.


Una Respuesta Colectiva: casas de Refugios Humanitarios en el Nordeste Antioqueño


Otro elemento importante que subrayan es la importancia de reconocer la labor de las personas defensoras, que dejen de ser estigmatizadas por tener canales de comunicación con grupos armados ilegales, por ejemplo, ya que solo son interlocuciones humanitarias necesarias en los territorios. Por estas razones destacan la importancia de establecer espacios de diálogo entre los diferentes actores que se encuentren en el territorio, para que los ganaderos y el campesinado tengan espacios donde se escuchen y plantean su visión del territorio, que se comprendan y se respeten mutuamente. “Lo que queremos es que ni para la política, ni para la ganadería, ni para la economía de un país o una región si usen las armas, porque cuando se usan las armas, se empieza a generar poder, a amenazar y a generar desplazamientos forzados. Tenemos que vivir conjuntamente y para solucionar los problemas que surgen frente a los diferentes intereses es necesario establecer diálogos constructivos”.

En términos de medidas de prevención y protección, las diferentes comunidades campesinas y étnicas del país vienen pidiendo al Estado colombiano, desde mucho tiempo, que se tomen en cuenta sus necesidades y realidades que viven en los territorios[3].

Nathalie Bienfait

Foto de portada: Tommaso (PBI), Delcy Ruiz (ACVC), Melkin Castrillón (ACVC), Mauricio Sánchez (Aheramigua)

Pie de Pagina

[1] El Programa parte de una formulación conjunta en 2016-2017 entre la ACVC e International Action for Peace, IAP, en la cual se articulan las organizaciones campesinas del nororiente (ASCAMCAT, AHERAMIGUA CAHUCOPANA) con el apoyo metodológico de Cespaz y financiado por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), del cual IAP, juntamente con la ACVC, son administradoras del mismo en Colombia. A su vez, IAP es la máxima responsable de la ejecución y justificación ante la ACCD, agencia con la que mantenemos una relación histórica.

De esta manera, como organización y como miembro del Programa, IAP trabaja en dos grandes líneas: (1) Como responsable del componente internacional del programa, así como de la visibilización y difusión del mismo a través de acciones propias del acompañamiento internacional, de la elaboración de una investigación en materia de protección , acciones de visibilización y la elaboración y seguimiento del plan de incidencia conjunta entre todas las organizaciones que hacen parte del Programa. (2) Como organización de acompañamiento internacional tal y como ha trabajado desde su fundación, realizando sus acciones propias de incidencia local, regional, nacional e internacionalmente, como uno de sus pilares fundamentales.

[2] Ver Verdad Abierta: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés, 14 de enero 2019

[3] Ver Verdad Abierta: Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades, 27 de abril 2018

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