El pasado 10 de mayo, PBI estuvo acompañando en la ciudad de Tunja (Boyacá) a Fernando Kekhan, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y abogado en el caso de la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández Castro. En la Plaza de las Nieves, se dio lugar el acto de disculpas públicas del Ejército Nacional de Colombia, concretamente de la I Brigada, por la ejecución de Jorge Enrique ante sus familiares y la sociedad civil en general.
Breve contexto
El 22 de mayo de 2018, la Sentencia de Segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (TAB) determinó que Jorge Enrique Hernández no murió por causa de un enfrentamiento armado y tampoco perteneció a un grupo armado o de delincuencia común. Tal y como exponen los familiares de Jorge Enrique, “en la misma Sentencia se ordena el cumplimiento de varias medidas de reparación simbólicas, que si bien son importantes en términos de reflexión social, reconocimiento de responsabilidad de los victimarios, dignificación del nombre y de la vida de la víctima, al no estar acompañadas de los resultados en lo penal debilitan el sentido integral de la justicia y generan nuevas revictimizaciones”. En el marco de esas medidas, se desarrolló el acto público en Tunja. Sin embargo, el caso de Jorge Enrique no es el único falso positivo perpetrado por la Fuerza Pública en el departamento de Boyacá, por el contrario, desde 1991 el Banco de Datos del CINEP ha documentado 29 casos que corresponden a 47 víctimas, en medio de un alto subregistro si se tiene en cuenta que muchos casos no se denuncian por temor, por desconocimiento o por falta de apoyo social.
Entrevista a Fernando Kekhan
El caso de Jorge Enrique Hernández es uno de los múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales que se dieron en todo el país. Éste, sin embargo, tiene la particularidad de estar dirigido hacia un determinado perfil social: el de una persona marginada y excluida socialmente. ¿Nos podría explicar en qué contexto se llevó a cabo su desaparición y posterior ejecución?
El 4 de julio del año 2008 fue desaparecido y posteriormente asesinado Jorge Enrique Hernández Castro. Él formó parte de un grupo de personas que, en condición de calle y de fármacodependencia, permanecía en los alrededores del terminal de transportes de la ciudad de Tunja. Así como él corrió esta suerte, también varios muchachos sufrieron la misma situación: fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate por parte de, especialmente, dos unidades militares: el Batallón Tarqui, de la ciudad de Sogamoso y el Batallón de Infantería No. 1, General Simón Bolívar, que supuestamente fue el responsable de la muerte de Jorge Enrique Hernández Castro. Los otros tres muchachos de los que tenemos información concreta respondían a los nombres de Pedro Vega, Mauricio Cuadrado y Carlos Numpaque. Estos tres muchachos fueron subidos mediante engaños a vehículos de instituciones oficiales y posteriormente desaparecidos.
Los datos que conocemos sobre las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de calle por lo menos superan las 20 personas. Son cifras facilitadas por otras organizaciones, la misma Defensoría nos hizo llegar el conocimiento de estos hechos. De manera que ésto, lo que pasó en Boyacá, es apenas una muestra de lo que conocemos internacionalmente como “falsos positivos”, lo cuales no solamente ocurrieron en Soacha, sino que departamentos como Antioquia y Casanare, que son las dos regiones del país con mayores índices de ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo a la información suministrada por la Fiscalía y que también entregó la Oficina del Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas. Estas muertes son la puesta en marcha de una política que, si bien es cierto no es oficial, tiene que ver con la manera de ver el conflicto por parte de altos dirigentes y comandantes, como el señor Mario Montoya o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tienen una deuda histórica con el país y con el mundo.
Tal y como expresó Lina Hernández, la hermana de Jorge Enrique durante su intervención pública en el acto de hoy, esta sentencia es “una gota de justicia en un mar de impunidad”.
En Boyacá hay una deuda histórica y éste es el único caso que ha sido objeto de un acto de disculpas. Del resto de casos de ejecuciones extrajudiciales, todavía no se ha visto nada. Esto implica que no va a haber la posibilidad de un cierre definitivo de este ciclo de violencia, donde Colombia ha sido víctima de sus dirigentes. Hay sectores del país interesados en mantener la guerra y la violencia como medio de subsistencia. Son muchas las víctimas que esperan resarcimiento y explicaciones sobre su situación; confiemos que en la JEP se empiece a despejar el tema de la responsabilidad de los altos mandos y que se incluya a Boyacá. El tribunal le ordenó al Ejército nacional que realice, junto con la solicitud de disculpas, un evento de salud integral con la población habitante de calle. Por eso en esta plaza hay atención a habitantes de calle, proporcionándoles ropa, atención en salud básica, servicio de peluquería, vacunas para sus mascotas… Ésta fue una iniciativa de los propios magistrados como acto de reparación.
En el año 2008, cuando se tuvo indicios de la desaparición de Jorge Enrique, sus familiares comenzaron su búsqueda. En junio de 2011, por datos aportados por Medicina Legal, se enteraron de que se encontraba muerto y había sido enterrado en Chinavita (Boyacá). A partir de entonces, se estableció el proceso de denuncia para exigir verdad, justicia y reparación, un proceso que, como afirman sus familiares “ha sido largo, complejo y desigual, por lo que significa que familias humildes, campesinas y de escasos recursos, se enfrenten al Ejército”. En este sentido, ¿se han derivado riesgos tanto para usted como para los familiares de Jorge Enrique?
El nivel de riesgo de los familiares obedece a ciertas maneras de enfrentar su situación de víctimas. Por ejemplo, algunas personas han tenido un reconocimiento público muy grande, han sido visibilizadas en los medios de comunicación y éstas son las primeras que pueden sufrir amenazas o represalias. Otras víctimas han guardado silencio y han venido tragándose su dolor y angustia. En cuanto a mi nivel de riesgo por acompañar a víctimas, y más concretamente en juicios contra militares, he tenido la necesidad de acudir a la UNP. En este país es normal lo que no es normal en otros, lo que pasa con muertes y asesinatos. Al respecto, los entes de justicia no son garantes de que se cumpla con el nivel de exigencia, eso es lo que nos toca asumir cuando defendemos los derechos humanos.
Sophie Helle y Ana Ochoa