“Al escuchar sus testimonios, me ha quedado muy claro que el mayor problema que ustedes tienen es el de la tierra y el de seguridad” estas fueron las palabras del Embajador de Dinamarca, Mogens Pedersen, después de escuchar detenidamente por varias horas los testimonios de representantes de comunidades del Bajo Atrato durante una misión el 13 de junio a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en la cuenca del río Jiguamiandó. La misión organizada fue conformada por cinco embajadas, incluyendo al embajador de Dinamarca y a la Embajadora de Irlanda Alison Milton y los consejeros políticos de Gran Bretaña, Noruega y Países Bajos. También participaron la Misión de Verificación de la ONU, MAPP OEA, Christian Aid y el Colombian Human Rights Committee organización de EEUU y PBI. El objetivo de la misión fue de ver y escuchar en persona la situación de inseguridad y sus consecuencias para las vida en las comunidades en el Bajo Atrato. La visita del cuerpo diplomático también tuvo como objetivo el respaldar el trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la cual acompaña procesos comunitarios en el Bajo Atrato y que en los últimos mese ha sido victima de fuertes amenazas debido a su trabajo en la región.
La importancia de esta misión al Bajo Atrato se debe al recrudecimiento del conflicto armado en la región y particularmente en Jiguamiando, donde desde el 16 de febrero de este año se han sufrido varias incursiones de miembros del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como de combates entre las AGC y el ELN que ha hecho que las comunidades se encuentren en una situación de confinamiento con la consecuencia directa de dificultar el acceso a sus cultivos y alimentos como también de acceso a servicios salud, todo lo cual está llevando a una grave crisis humanitaria en la zona.
La mayoría de las embajadas presentes en la misión ya habían participado en el mes de marzo de un desayuno en Bogotá con líderes y líderesas del Bajo Atrato, donde se comprometieron a ir a ver la situación en terreno. Durante el desayuno como también durante esta misión los líderes y líderesas expresaron su preocupación por la falta de presencia de instituciones civiles del estado para crear garantías mínimas de seguridad en las comunidades.
La misión a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza salió temprano por la mañana desde la ciudad de Apartadó, con el apoyo logistico de la Misión de Verificación de la ONU y de MAPP OEA. Después de cuatro horas de viaje llegamos a Nueva Esperanza, al llegar nos dieron la bienvenida cerca de 50 niños y niñas todas vestidas de blanco y con banderas blancas con el mensaje “los niños y jóvenes de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” les damos la bienvenida”. A cada persona nos toca caminar entre las banderas y del saludo cariñoso de los niños y niñas. En una zona donde el conflicto está a flor de piel, es muy emocionante la recepción y el color blanco como un símbolo de paz.
De inmediato nos dirigimos al salón de la escuela donde nos esperan en la entrada líderes y líderesas de las diferentes cuencas del Bajo Atrato, incluyendo a Curbaradó, Jiguamiando, Bajo Cañaveral, Cacarica como también de Dabeiba en Antioquia. Así cada líder y líderesa nos recibía con un cartel con su nombre y la comunidad a la cual representan. Es un momento para saludar a cada persona y conectar con la mirada y ver que más allá de todos los diferentes reportes sobre la situación de violencia en la zona, en el conflicto hay rostros humanos, cada quien tiene su historia y estamos allí para escucharles.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien organizó la actividad junto con los representantes de las comunidades, nos presenta un pequeño contexto de la situación y remarca la grave situación de seguridad que se vive en el Bajo Atrato y que en gran parte la situación de inseguridad está estrechamente ligada a procesos de restitución de tierra que llevan adelante las comunidades con el fin de recuperar las tierras de las que fueron despojados. Luego toma la palabra el representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, Manuel Blandón. Manuel da la bienvenida a la misión y expresa lo importante que representantes de la comunidad internacional visiten los territorios y que puedan compartir lo que van a escuchar con el alto gobierno colombiano ya que ellos no tienen acceso a el. Manuel también presenta la situación de riesgo que viven en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza debido a la presencia regular de actores armados ilegales. “El proceso de restitución de tierra se encuentra congelado” expresa Manuel. Fue en el 2004 que la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-025 declaró la existencia de un estado inconstitucional, al constatar la falta de atención a la población desplazada por la violencia en los casos de Curbaradó y Jiguamiandó. Hasta la fecha el Alto Tribunal ha emitido 8 Autos de Seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas para los casos concretos de Curbaradó y Jiguamiandó sin que estos todavía sean implementados.
Durante el evento también escuchamos a Argemiro Bailarin de Alto Guayabal, resguardo indígena Urada. Argemiro se enfoca en la problemática de la infiltración por parte de grupos armados ilegales en las comunidades, lo cual trae como consecuencia que sea muy difícil poder crear lazos de confianza en las mismas comunidades. Otro de los problemas que nos presenta es que muchos de los líderes y líderesas del resguardo indígena han sido estigmatizados de pertenecer al ELN y que varias de las personas del resguardo (alrededor de 22) estarían en un lista de supuestos miembros del ELN amenazados de muerte.
Anita de la comunidad Nueva Vida en Cacarica también nos comparte su situación de riesgo enfocándose en la problemática del abuso sexual que mujeres en las comunidades sufren por parte de miembros de grupos armados ilegales. Y que incluso existe la estrategia por parte de estos miembros de enamorar a niñas de las comunidades para así tener acceso a información y control dentro de las comunidades.
Durante las más de tres horas escuchamos a representantes de comunidades repetir una y otra vez el problema de seguridad que viven principalmente debido a la presencia de grupos neo-paramilitares y en particular de las AGC y de que el estado no hace nada para revertir esta situación y de que debido a la falta de garantías de seguridad que otorga la fuerza pública en la zona lo importante que es que cualquier presencia de la fuerza pública tiene que ser de forma perimetral y no ingresando a las comunidades ya que esto las puede poner en aún mayor riesgo.
A lo largo del evento los representantes del cuerpo diplomático escucharon con gran atención y expresaron su gran preocupación por la situación de inseguridad que viven y de que lo que se vive en el Bajo Atrato es una señal de alerta frente a las consecuencias que la falta del incumplimiento del acuerdo de paz está teniendo. También manifestaron preocupación ante la falta de acciones por parte del estado frente a la situación de restitución de tierras y se comprometieron a dar seguimiento a estos casos una vez de vuelta en Bogotá.
Una vez terminada la reunión y cuando la lluvia nos recordaba de lo difícil que puede ser el acceso a estas comunidades, especialmente en tiempos de lluvia, pensamos en el gran esfuerzo que muchos de los y las representantes hicieron para viajar hasta la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza para poder compartir sus situaciones particulares de riesgo que viven a diario. Y así mientras compartíamos un almuerzo comunitario y hablábamos con los representantes de las comunidades y veíamos a jóvenes hacer actividades teatrales, reafirmábamos la importancia de garantizar el derecho al acceso a la tierra y a la seguridad de estas comunidades comprometidas con una alternativa sin violencia para Colombia.
En el trayecto de regreso a Apartadó los miembros del Cuerpo Diplomático confirmaron su compromiso con dar seguimiento a la misión. Y es así que por ejemplo el Embajador de Dinamarca, Mogens Pedersen, ya sostuvo una reunión con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en la sede de esta en Bogotá, para dar seguimiento específicamente a los casos de restitución de tierra en el Bajo Atrato, como también a la situación de riesgo que la misma Comisión Intereclesial vive por su trabajo en el Bajo Atrato como en otras regiones del país.
Javier Garate