La incansable búsqueda de justicia de Claudia Julieta Duque

Claudia Julieta Duque es una periodista y defensora de derechos humanos acompañada por PBI desde el 2003. Durante estos años hemos acompañado su búsqueda de justicia en diferentes instancias y hemos dado seguimiento a su situación de seguridad, cada día más alarmante. Debido a sus investigaciones y publicaciones sobre temas muy delicados, en particular relacionados con la participación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el asesinato del humorista político Jaime Garzón en 1999, Claudia fue víctima desde 2001 de un plan elaborado por el mismo DAS compuesto por amenazas, hostigamientos, persecuciones e interceptaciones ilegales1. Desde entonces para Claudia empezó un largo camino hacia la justicia, que todavía no ve un final.

“Llevo esperando 18 años un fallo judicial y hay víctimas que llevan esperando 25 o 30 años, y lo que les están diciendo con lo que me está pasando a mí es que no pueden hablar ni denunciar”. Claudia Julieta Duque

A partir del 2014 los tribunales sentenciaron a varios ex-funcionarios del DAS por tortura psicológica, siendo el primer caso de este tipo en el mundo2. En 2017, además, el delito fue considerado de lesa humanidad por parte de la Fiscalía General de la Nación3. A pesar de ello, desde esa fecha el proceso se detuvo. Desde septiembre de 2018, cuando asumió el caso la jueza 2ª Penal Especializada de Bogotá, Nidia Angélica Carrero Torres, según la periodista los procedimientos se han mantenido en una parálisis casi absoluta. Sin embargo, no han faltado pronunciamientos que le han resultado arbitrarios e injustos, como el de julio de 2019, donde se prohibió a Claudia opinar sobre su propio proceso en medios y redes sociales. Tal orden de “censura previa” fue rotundamente rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que clasificó tales restricciones como contrarias a la libertad de expresión4. Además, diferentes sindicatos de periodistas de América Latina y el Caribe la criticaron públicamente en un comunicado5 y el Relator Edison Lanza de la Libertad de Expresión en la CIDH expresó su respaldo a la periodista6. En una entrevista a PBI en agosto 20197, justo después de esta orden, Claudia afirmaba “Llevo esperando 18 años un fallo judicial y hay víctimas que llevan esperando 25 o 30 años, y lo que les están diciendo con lo que me está pasando a mí es que no pueden hablar ni denunciar”.

Claudia Julieta Duque es una periodista y defensora de derechos humanos acompañada por PBI desde el 2003.

El alargamiento de los procesos y la poca perspectiva de algún cambio sustancial, hicieron que Claudia decidiera renunciar al procedimiento penal a finales de noviembre de 2019, ya que según ella todas las decisiones tomadas desde hace dos años han estado encaminadas a lograr un punto final en las actuaciones judiciales y revictimizarla8. Según el Equipo Nizkor, organización internacional para la cual trabaja Claudia, que además tiene el proyecto de información digital Radio Nizkor, donde reporta, si bien durante algunos años la justicia fue clave para su recuperación psicológica y emocional hoy en día esto ha sido suplantado por un escenario de revictimización a través del silenciamiento, la dilación y ataques verbales y jurídicos. En general, pese a algunos avances que hubo durante un tiempo, la justicia ordinaria incumplió su deber de procesar en un plazo razonable a los sindicados y hoy todos están en libertad9.

La más reciente novedad en el caso penal se remonta al 6 de julio de este año, cuando la jueza Nidia Angélica Carrero Torres, quien llevaba el proceso en contra de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, y William Alberto Merchán, exdetective de Contrainteligencia del mismo organismo, ambos acusados de tortura psíquica agravada, remitió el caso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10. Esta decisión fue tomada a partir de las solicitudes de acogimiento que hicieron los dos exfuncionarios y debido a que, según la jueza, las labores del extinto DAS de persecución a periodistas, opositores políticos, líderes sociales y organizaciones de derechos humanos desde el grupo “G3″ estarían relacionadas con el conflicto armado. Eso tiene como consecuencia que el juicio en la justicia ordinaria queda suspendido hasta que la JEP decida si es admisible en su jurisdicción o no. Esta resolución ha sido totalmente rechazada por el Equipo Nizkor11 y la periodista, la cual afirma que considerar como parte del conflicto armado interno de Colombia los hechos que la involucran es una “aberración jurídica”, además de dejar “maniatadas a las víctimas”, ya que no se puede interponer algún recurso.

Como hemos recopilado anteriormente, [ Claudia Julieta Duque: 2015 – 2016] 12 la vida de Claudia ha estado plagada de incidentes de vigilancia, hostigamientos y amenazas, situación que no ha cambiado en los últimos meses. Incluso durante la cuarentena que se está cumpliendo en Colombia desde marzo de 2020, Claudia ha sufrido varios incidentes de seguridad preocupantes, entre ellos incidentes de vigilancia, de tipo informático13 y de interpretaciones a su teléfono14. En abril de 2020, además, la One Free Press Coalition List incluyó su nombre en la lista de los diez casos más urgentes de amenazas contra la libertad de expresión en el mundo, por la existencia de un plan criminal en su contra originado al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciado en marzo por la periodista a la Fiscalía General de la Nación. Además de eso, la periodista tuvo conocimiento de nuevas acciones de espionaje e inteligencia ilegal, desarrolladas entre febrero de 2018 y al menos julio de 2019 desde una compañía privada por órdenes de un alto funcionario del Estado15.

En abril de 2020, la One Free Press Coalition List incluyó elnombre de Claudia Julieta Duque en la lista de los diez casos más urgentes de amenazas contra la libertad de expresión en el mundo.

En Colombia las denuncias de chuzadas e inteligencia hacia periodistas, lastimosamente, no son cosa del pasado. Lo testimonia el reciente escándalo, destapado en mayo de 2020, del cual han sido víctimas, entre otras, organizaciones de derechos humanos y varias personas periodistas colombianas y extranjeras16. La situación para periodistas en Colombia atraviesa un momento particularmente crítico. La misma FLIP afirma como esta ha drásticamente empeorado después de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno y FARC-EP: 583 amenazas a periodistas fueron registrados entre 2017 y 2019, un incremento de 326 o 44% de los dos años previos17.

En el medio de este escenario de constantes amenazas y de incesante e incansable búsqueda de justicia por parte de Claudia Julieta, las instancias internacionales representan una esperanza. El 17 de junio de 2020, tras casi dos años en trámite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió al Estado colombiano la demanda que Claudia y su hija presentaron18 por los ataques y persecución sufridos durante más de 15 años, haciendo entrar formalmente el caso en la etapa de admisibilidad. Aunque consciente de que se trate de un proceso muy largo y complejo, en palabras de Claudia, “se abre finalmente una esperanza para que se haga justicia”.

La situación para periodistas en Colombia atraviesa un momento particularmente crítico. La misma FLIP afirma como esta ha drásticamente empeorado después de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno y FARC-EP: 583 amenazas a periodistas fueron registrados entre 2017 y 2019, un incremento de 326 o 44% de los dos años previos

Más recientemente, el 6 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior por la persecución y tortura contra Claudia Julieta, y ordenó a esas entidades el pago de la indemnización más alta fallada hasta ahora para las víctimas del DAS y una de las más altas en casos de violaciones a los derechos humano19.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior por la persecución y tortura contra Claudia Julieta, y ordenó a esas entidades el pago de la indemnización más alta fallada hasta ahora para las víctimas del DAS y una de las más altas en casos de violaciones a los derechos humano.

Aunque la sentencia no está en firma y es de esperar que las entidades sentenciadas apelen el fallo, se trata de un contundente pronunciamiento que, entre otras cosas, determinó que al interior del DAS se conformó una “organización criminal” que generó “una evidente vulneración a los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, libertad e intimidad” de la periodista y su familia20.