“En medio de este miedo, hay ganas de vivir”: retrospectiva del Nordeste Antioqueño

Remedios y Segovia son dos municipios geográficamente unidos e históricamente golpeados por el conflicto armado. Ambos municipios rurales conforman la subregión del Nordeste Antioqueño, en el departamento de Antioquia. La región está cuidada por las manos de cada una de las personas empeñadas en el campesinado y en la minería artesanal. Desde sus pequeños cascos urbanos se pueden ver los brazos de la Serranía de San Lucas, montañas de la Cordillera Central, que esconden una enorme riqueza: el oro. De acuerdo con la alcaldía de Segovia, solamente en dicho municipio se obtiene casi el 7% del oro de todo el país y el 39% del Nordeste Antioqueño[1]. Esto explica la gran cantidad de mineros y mineras que, generación tras generación, han transmitido sus conocimientos sobre la minería artesanal, técnica menos dañina con la naturaleza, en comparación con la minería a gran escala.

La abundancia de los recursos naturales de estas tierras ha propiciado, además de la llegada de empresas multinacionales, como la canadiense Gran Colombia Gold[2], la presencia de grupos armados ilegales que encuentran en la minería una fuente de financiación sumamente lucrativa. En el Nordeste Antioqueño, región altamente militarizada, resisten las comunidades a través de la activación de sus propios protocolos de protección, a falta de un acompañamiento del Estado que garantice su seguridad[3]. A pesar del enorme trabajo que realizan organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), ambas acompañadas por PBI, la violencia parece no tener fin.

Retrospectiva del Nordeste Antioqueño

Ya desde la década de los 80, Remedios y Segovia, se erigieron como municipios geoestratégicos para las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Eran los años en los que se estaba negociando el Acuerdo de La Uribe con las FARC-EP, con el objetivo fallido de un cese al fuego[4], y cuando surgía el partido político “Unión Patriótica” en 1985. Los y las habitantes de Segovia y Remedios apoyaron a dicho partido con sus votos y con una contundente militancia del sindicalismo minero[5]. Remedios y Segovia, esta última conocida como la “cuna del partido comunista en Antioquia”[6], vieron nacer paralelamente a varios grupos de autodefensa, como el grupo paramilitar “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” (MRN), liderado por Fidel Castaño, uno de los personajes claves del paramilitarismo en Colombia[7].

Mientras en el contexto nacional se exterminaba a los integrantes de la Unión Patriótica[8], el 11 de septiembre de 1988 en el casco urbano de Segovia, el grupo paramilitar MRN asesinó a 46 personas. Décadas después, en el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado en la masacre de Segovia[9]. Según varios testimonios los efectivos de la Policía y el Ejército, pertenecientes al Batallón Bomboná de la Brigada XIV, habrían contemplado inmóviles la escena mientras los paramilitares recorrían libremente el municipio[10].

Este fue el inicio de una larga trayectoria de violencia, de estigmatización y de dolor para los y las habitantes de la región. Con el objetivo de combatir a las guerrillas, el Ejército y la Policía establecieron alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con otros grupos paramilitares de la zona, hecho que convirtió a la población civil en objetivo militar. Matanzas, desplazamientos y masacres se convirtieron en el día a día de los habitantes de esta zona del país[11].

A pesar del intento de desmovilización de los grupos paramilitares durante las negociaciones de paz (2003-2006) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la violencia continuó[12]. En 2004, en medio del conflicto armado, las AUC realizaron un bloqueo alimentario y sanitario que afectó a 2.500 campesinos y campesinas[13]. La crisis humanitaria provocada por ese cerco tuvo como consecuencia la fundación de CAHUCOPANA, organización defensora de derechos humanos acompañada por PBI desde el 2013[14]. Unos años antes, en 1996, se fundaba la ACVC, acompañada por PBI desde el 2007[15], que impulsó como medida de protección la conformación de la Zona Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, que abarca parte de la región de Magdalena Medio y del municipio de Remedios.

El continuum de la violencia

A pesar del enorme trabajo que realizan desde hace décadas las organizaciones defensoras de derechos humanos, la violencia parece no tener fin. La aparente calma tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 fue interrumpida por nuevos sucesos de enfrentamientos y represión por parte de los actores armados ilegales y legales, que se disputan el control de tan codiciado territorio. Hoy hacen presencia en el territorio múltiples grupos armados ilegales: el ELN, las disidencias de las FARC y diferentes grupos sucesores del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en medio de una alta militarización. Y, por si esto no fuera suficiente, una denuncia de la alcaldía de Remedios señala nexos entre las AGC y la policía municipal de Segovia[16].

Hoy, el recrudecimiento del conflicto lo demuestra la elevada cifra de asesinatos selectivos en los últimos meses, sobre todo de jóvenes de la región[17]. Las consecuencias de este contexto son retenes ilegales en la vía[18], hostigamientos a la fuerza pública que ponen en riesgo a la población civil[19], amenazas contra la misma y contra personas defensoras de derechos humanos[20]. Un ejemplo de esto son las amenazas que ha sufrido en repetidas ocasiones Ramiro Ortega, integrante de la ACVC, en septiembre de 2021[21].

En julio de ese año, debido a la gravedad del contexto, CAHUCOPANA lideró una Comisión Humanitaria en Remedios que puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil del Nordeste Antioqueño. PBI acompañó a la Comisión Humanitaria y pudo observar de primera mano el preocupante recrudecimiento del conflicto armado. Según CAHUCOPANA, la causa de la reconfiguración del conflicto es el incumplimiento del Acuerd de Paz por parte del Estado.

Carlos Morales, coordinador de CAHUCOPANA:

“Es importante mencionar que en el corregimiento de Carrizal se ubicó el Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Juan Carlos Castañeda”, que suponía, iba a generar una presencia integral del Estado, sin embargo, a nivel regional se reactivó el conflicto con el accionar de actores armados legales e ilegales por definir el control territorial; actualmente en Remedios y Segovia hay presencia de grupos paramilitares, guerrilleros y la Fuerza Pública, dejando en medio de su accionar a las comunidades. Se ha evidenciado el aumento de violaciones a los derechos humanos con asesinatos, amenazas, extorsiones e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, generando así una difícil y compleja situación que ha dejado en medio a la población civil y a las y los líderes comunitarios, defensoras y defensores de Derechos Humanos, quienes han visto limitada, perseguida y estigmatizada su labor de liderazgo” [22].

Desde finales de 2021, se ha registrado una cantidad alarmante de asesinatos selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos[23]. En octubre de 2021 una misión humanitaria internacional, que contó con la participación de las embajadas de Noruega y Alemania y de la Mapp-OEA, pudo verificar la situación de riesgo que sufre la población a través de CAHUCOPANA. En este primer acercamiento de la comunidad internacional a la realidad del corregimiento de Carrizal (Remedios) fue asesinada una persona en una vereda muy cercana a donde se encontraba la misión[24], acompañada por PBI.

El año entrante no promete grandes mejoras. Varios incidentes sufridos solamente en el mes de enero generan preocupaciones, como un enfrentamiento en el corregimiento de Carrizal[25], una incursión de hombres fuertemente armados en un caserío cerca de Segovia[26] y un ataque a la estación de la policía de Remedios[27].

A pesar de la zozobra, el miedo y de décadas de violencia, en el centro de todo, persiste el deseo de vivir en paz. En esta región montañosa, llena de sabiduría ancestral, resisten los campesinos y campesinas que diariamente trabajan sus tierras y los mineros y mineras que día tras día salen a las minas en busca de su sustento. Es gracias a las organizaciones defensoras de derechos humanos, como CAHUCOPANA y ACVC, que la población se mantiene cohesionada. Los y las lideresas sociales de la zona intentan a través de la denuncia, la interlocución, la investigación y la educación brindar seguridad a la población.

Una de las herramientas más efectivas para afrontar la violencia son las medidas colectivas de protección. Dichas medidas tienen como enfoque el principio de la no violencia y buscan, a través de lo comunitario, un camino que presione a los actores armados para poner fin a la misma. Ejemplos de estas medidas colectivas son: las escuelas de derechos humanos, para el fortalecimiento organizativo; los refugios humanitarios, para brindar seguridad a personas que se tienen que desplazar forzadamente; las misiones humanitarias, para visibilizar y alertar sobre la realidad de la zona. Entre estas últimas destacan las recientes visitas a la región de ONU Derechos Humanos[28] y del Comité Internacional de la Cruz Roja[29] .

Inauguración de la primera casa de la memoria en Lejanías y conmemoración de las masacres Altos de Manila y Cañaveral, Nordeste Antioqueño.

Hay un sinfín de ejemplos que varían dependiendo de la organización y de la comunidad. Lo que parece similar es el riesgo que afrontan quienes ponen en práctica las medidas colectivas de protección y la esperanza por una vida en paz. Tal y como dijo un integrante de la organización acompañada CAHUCOPANA: “en medio de este miedo, hay ganas de vivir”.