El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

No hay garantías en el Magdalena Medio: región priorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz

El 19 de enero de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el proceso de apertura de tres nuevos macrocasos de alcance nacional[1]. En uno de ellos, determinó priorizar la región del Magdalena Medio. De este modo, la Justicia Transicional prioriza avanzar en las investigaciones sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y la responsabilidad de agentes del Estado en la promoción, expansión y sostenimiento de grupos paramilitares en el Magdalena Medio[2]. Esta decisión representa un importante paso para la participación de las víctimas en su lucha por la verdad y justicia[3], y responde a una reiterada solicitud de la organización acompañada por PBI Colombia, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), entre otras organizaciones sociales de la región[4].

Varias razones han motivado la petición de las organizaciones defensoras de derechos humanos[5]. Por un lado, las comunidades del Magdalena Medio han sido víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el 6% de las víctimas del conflicto armado pertenecen al Magdalena Medio[6]. Asimismo, CREDHOS reivindica que el mismo Río Magdalena, considerado la fosa común más grande de Colombia por su trágica historia de desapariciones forzadas[7], debería ser reconocido por la JEP como víctima del conflicto armado[8]. Conflicto que persiste a día de hoy.

Según las reiteradas denuncias de CREDHOS, la disputa armada[9] por el control de los abundantes recursos naturales del Magdalena Medio y la imposición de un modelo de desarrollo económico extractivista, perpetúan la violencia estructural en la región.

Amenazan a ambientalistas en defensa del agua y en oposición al fracking

Diversas organizaciones defensoras del medioambiente en el Magdalena Medio, como CREDHOS y otras organizaciones aliadas, están recibiendo graves amenazas, en relación a sus denuncias por violaciones de derechos humanos y por su oposición al inicio inminente de dos proyectos pilotos para la extracción de petróleo en Puerto Wilches (proyecto Kale y Platero), mediante la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking). Desde el cominezo del 2022, CREDHOS ha alertado sobre el aumento del control de grupos armados en el territorio, en particular, de la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –grupo heredero del paramilitarismo- presente en diversos municipios del Magdalena Medio[10]. Las continuas amenazas, provenientes de este y de otros grupos armados a través de panfletos públicos, se enmarcan en un contexto donde los fuertes liderazgos sociales chocan con los intereses de los actores armados y de la industria extractivista.

Los hechos más recientes ocurrieron el 7 de febrero, cuando fue difundido un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo – en el que declara objetivo militar a Ramón Abril, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medioambiente y miembro de la Junta Directiva de CREDHOS[11]. El mismo día, CREDHOS denunció la difusión de otro panfleto, firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que eran amenazados varios líderes y lideresas ambientales de Puerto Wilches, representados jurídicamente por CREDHOS[12]. Entre los nombres señalados en el panfleto se encuentra Carolina Agon, Promotora de CREDHOS, Presidenta del Comité de Derechos Humanos y de la Federación de Pescadores Artesanales de Puerto Wilches (FEDEPU), líder de la Coordinación Regional por la defensa del Agua, el Territorio y la Vida Digna. También en Puerto Wilches, Yuvelis Morales, lideresa ambiental del Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL), integrante de Asociación de Afrodescendientes (AFROWILCHES) y de la Alianza Libre contra el Fracking, fue víctima de actos de hostigamiento.

La mayoría de las personas amenazadas pertenecen a organizaciones que ejercen activismo social por la defensa del agua y el territorio en el Magdalena Medio, en oposición al inicio inminente de dos poryectos pilotos, articulados por el Gobierno Nacional y la Empresa ECOPETROL SA, junto a otras empresas multinacionales, para la extracción del petróleo mediante la técnica del fracking en Puerto Wilches. Técnica áltamente tóxica, tal y como señalaron el año pasado dos Relatores Especiales de las Naciones Unidas quienes, en audiencias públicas, solicitaron a Colombia elimininar dicha práctica debido a que “se genera contaminación que amenaza la vida, la salud y los ecosistemas, agrava el cambio climático, vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano (…)”[13]. Precisamente, quedarse sin agua es una de las preocupaciones de las comunidades, pues para extraer el petróleo mediante dicha técnica, se fracturan las rocas del subsuelo y se usan grandes cantidades de agua.

En el país más letal para las personas defensoras del medioambiente, es grave la persistencia de las amenazas y ataques, sin que avancen las investigaciones sobre los responsables materiales e intelectuales. Hace aproximadamente un año, organizaciones que vienen denunciando la corrupción de empresas e instituciones estatales en relación a daños ambientales en diferentes municipios de la región[14], sufrieron graves amenazas de muerte, atentados contra su vida, desplazamientos forzados y violencia de género[15]. De todas las denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación, se desconocen avances en materia de investigaciones y esclarecimiento de los hechos.

A cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz, persiste una grave falta de garantías para las organizaciones defensoras de derechos humanos que, además de defender el medioambiente, aportan al Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGNR), fruto de los Acuerdos, para esclarecer hechos históricos de violencia, despojo y corrupción en el Magdalena Medio, que continúan ocurriendo a día de hoy.

PBI Colombia.

---