El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.
