Comunidad de Paz de San José de Apartadó
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la región del Urabá Antioqueño, nació en 1997 en medio de la violencia, el desplazamiento forzado y los asesinatos de sus líderes. Aunque la estigmatización, las amenazas y las difamaciones continúan, la Comunidad de Paz ha logrado establecer cierta disuasión frente a los actores armados gracias a la legitimidad de su proyecto a nivel internacional. El 23 de marzo de 2020 la Comunidad cumplió 23 años de resistencia pacífica y en la actualidad sigue siendo un modelo inspirador y alternativo de vida comunitaria.
“La gente de la Comunidad de Paz lo ha dicho muchísimas veces: la presencia de organizaciones internacionales es supremamente importante como medida de protección. Si no fuera por eso, los muertos hubiéramos sido muchos más. Ya no existiría la Comunidad de Paz.”
Padre Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
“El acompañamiento internacional nos ha mantenido como comunidad de paz. Es una forma de pensamiento mutuo sobre cómo organizarse frente al monstruo económico. Nos sentimos apoyados para afrontar los paramilitares que nos siguen amenazando, sin eso nos matan. Con el acompañamiento, tanta visibilidad se ha dado a nuestro trabajo. Esto nos ayuda también a lidiar con las autoridades públicas como la Fiscalía, en donde solo hemos encontrado impunidad.”
German Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Los inicios: neutrales en medio de la violencia
La población campesina de San José de Apartadó ha vivido durante décadas en medio del conflicto armado. Se encuentran en la región de Urabá (departamento de Antioquia), una zona rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada cerca del Golfo de Urabá (Mar Caribe) y la frontera con Panamá y por ello esta comunidad ha sufrido los impactos de la violencia a manos de grupos armados quienes entraron a controlar la zona. Desde los años setenta estuvo aquí presente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército Popular de Liberación (EPL). La incursión de grupos paramilitares a partir de 1996 inició un escalamiento del conflicto, en donde también se mezclaron tropas del Ejército Nacional. Las acciones de estos grupos armados ilegales y legales resultaron en constantes agresiones contra la población civil1.
El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado que azotaba su región, firmaron la declaratoria que los identificaba como Comunidad de Paz de San José de Apartadó2. En vez de unirse a las miles de personas desplazadas del país3, esta población campesina creó una experiencia pionera en Colombia: una comunidad que se declaró neutral frente al conflicto armado y rechazó la presencia de todos los grupos armados en su territorio.
Sin embargo, en la misma semana de su creación comenzó una arremetida brutal contra la Comunidad de Paz. “Los paramilitares iban visitando las veredas y obligando a los campesinos y las campesinas a abandonar la tierra y les decían que tenían cuatro o cinco días para salir y si no los iban a matar”, recuerda el Padre Javier Giraldo, el sacerdote jesuita que ha acompañado a la Comunidad de Paz desde sus inicios. Los paramilitares asesinaron a muchos campesinos para demostrar que estaban hablando en serio4.
“Durante varios años la comunidad de paz vivió una situación de terror”
Amenazas y ataques sin parar
A pesar de declararse ajenos al conflicto armado y con visión de no violencia, desde la creación de la Comunidad de Paz hasta hoy, esta ha sido blanco de innumerables agresiones, incluyendo el desplazamiento, asesinatos y masacres. El saldo de veinte años de violencia es abrumador. En una audiencia judicial en julio de 2018, el Padre Javier Giraldo compartió el balance de las más graves violaciones de derechos humanos hasta esa fecha5: 320 personas asesinados; 500 amenazas y anuncios de exterminio; 100 torturas, 200 personas privadas de su libertad en operativos arbitrarios e ilegales, más de 50 desplazamientos. Además, se han cometido cientos de ultrajes sexuales, huerto de ganado, saqueos y pillajes y asaltos a mano armada. Estos crímenes fueron perpetrados por todos los actores armados presentes en la zona desde hace décadas: guerrilla, paramilitares y Ejército Nacional.
Después de las desmovilizaciones de grupos paramilitares entre 2003 y 2006 y la firma de la paz entre el gobierno y las Farc en 2016, aparecieron nuevos grupos herederos del paramilitarismo en la región. En especial, la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, ha traído nuevas amenazas y ataques a la población6. Asimismo, inquieta el avance de la guerrilla del Eln que también han entrado a la zona, y rumores de un posible rearme de las desmovilizadas Farc7.
Amenazas de neo-paramilitares a la Comunidad de Paz continúan
Modelo de soberanía alimentaria en condiciones precarias
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó está ubicada en el corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. La Comunidad está conformada por el asentamiento principal que sus miembros han bautizado “La Holandita”, y varias veredas en las cercanías, algunas de las cuales se encuentran a horas o días de camino a pie por trocha, en esta extensa zona montañosa del país. Son cerca de 450 personas quienes se consideran miembros de la Comunidad de Paz, por adherirse a los principios y modos de vida de la misma8.
A los constantes riesgos que conlleva la presencia de actores armados ilegales y tropas del Ejército que rodean los asentamientos y veredas de la Comunidad, se suma la situación humanitaria precaria de la zona. San José de Apartadó, el corregimientos de la ciudad de Apartadó donde se encuentra la Comunidad de Paz, tiene graves déficits en vivienda, salud, titulación de predios y servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado9.
En los territorios colectivos que le pertenecen, la Comunidad produce cacao, caña, y cultivos de pancoger que satisfacen las necesidades alimenticias diarias. Entre los atropellos que ha vivido la Comunidad de Paz están los bloqueos económicos, impuestos por los grupos armados en la zona. Estos armaban retenes en las trochas hacia las veredas y las tierras de cultivo, prohibiendo el paso de alimentos o de cualquier mercancía, bajo amenaza de muerte. Esta situación, que tuvo su momentos más crítico durante la primera década de la existencia de la Comunidad de Paz, causó la muerte a decenas de campesinos y campesinas de la zona, quienes fueron asesinados por arriesgarse a salir a comprar comida. Estas fueron épocas de terror y mucha hambre.
Hoy, el trabajo en el campo está basado en un modelo de soberanía alimentaria, que incluye la recuperación de semillas autóctonas de la zona y la exportación de cacao bajo los estándares de comercio justo a varios países de Europa. La Comunidad tiene grupos de trabajo comunitarios y días de trabajo comunitario en las tierras que le pertenecen, que no sólo tienen como objetivo cultivar alimentos para ser autosostenibles sino que también es una forma de organizarse, de hacer presencia en las veredas y mostrar su unidad y resistencia ante los actores armados y económicos presentes en la zona10.
Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el anhelo por poder vivir en paz está estrechamente ligado al derecho a la vida y a la tierra. Germán Garciano Posso, representante legal de la Comunidad, explica: “El derecho a vivir implica respeto, acceso a la tierra, al agua, a la salud… Proteger la vida para nosotros significa tener el derecho a vivir como queremos – y que esto no lo determinen los poderes políticos y económicos por nosotros”11.
Recreando un sentido de humanización de la convivencia
La Comunidad de Paz se rige por unos Principios, que son respetados por sus miembros: entre otros, la libertad, el diálogo transparente, el respeto a la pluralidad, solidaridad, resistencia y justicia. Además de varios componentes organizativos como el Consejo Interno, que coordina el respeto a los principios y reglas de la comunidad y coordina las tareas diarias, y los grupos de trabajo, la Comunidad se caracteriza por una visión y unos principios firmes que inspiran la resistencia pacífica en medio de la guerra.
La Comunidad de Paz quiere ser ejemplo de lo que los miembros que la fundaron llaman una “alternativa humanizadora”. Esto implica que “las relaciones que se dan en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó buscan recrear un sentido de humanización de la convivencia.” De ahí también, la postura que tiene la Comunidad de Paz frente a la importancia del trabajo comunitario como alternativa al modelo económico capitalista dominante. Según sus miembros fundadores, “la Comunidad de Paz busca alternativas desde el trabajo comunitario que nos da la posibilidad a todos de sembrar y hacer producir la tierra para compartir sus frutos y desde la comercialización de los productos del campo mejorando los precios para el que ha trabajado la tierra”12.
En el día a día de la convivencia en la Comunidad de Paz, el principio de neutralidad frente al conflicto significa que el Consejo Interno mantiene reglas estrictas con respecto a personas que puedan tener vínculos familiares o amorosos con miembros de grupos armados: si esto ocurre, estas personas deben salir de la comunidad.
Organización comunitaria para enfrentar la pandemia: en la Comunidad de Paz la solidaridad prima
Incidencia ante la opinión pública
Una actividad importante para sostener la misión de paz de la Comunidad es el trabajo político y de incidencia, con frecuentes denuncias públicas de violaciones a los derechos humanos. La Comunidad, al igual que diferentes otros actores nacionales e internacionales13, ha denunciado la supuesta connivencia entre los nuevos grupos paramilitares en la zona y tropas del Ejército14.
Asimismo, en sus comunicados y alertas han llamado la atención sobre la supuesta protección que brindan estas alianzas entre actores armados ilegales y legales a los intereses de poderosos actores empresariales en la zona, quienes estarían interesados en la explotación de minerales y otros recursos. Estos, a su vez, cuentan con el apoyo de las élites políticas locales, según testimonios recogidos. La Comunidad de Paz teme los impactos negativos que estas empresas puedan tener sobre los ecosistemas locales, la seguridad alimentaria y los medios de vida campesina tradicionales15.
Ante todas estas denuncias no ha habido respuestas contundentes desde las autoridades locales o nacionales16. En lugar de atender estas denuncias, en 2018 la decimoséptima brigada del ejército colombiano, que tiene jurisdicción en la zona, llevó a los tribunales a la Comunidad de Paz por denunciar la supuesta convivencia entre esta brigada y los grupos neoparamilitares, lo que llevó a que se emitiera nuevamente una orden de captura contra el representante legal de la Comunidad, Germán Graciano Posso. Esta sentencia fue apelada y enviada a la Corte Constitucional de Colombia, que en noviembre de 2020 falló a favor de la Brigada XVII17, a pesar de las preocupaciones expresadas, entre otros, por Michel Forst, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en el sentido de que dicho mecanismo no debería ser utilizado por las fuerzas armadas para silenciar a la población civil.
Formación para la resistencia y la memoria
El Consejo Interno resalta la importancia de la formación, tanto para fortalecer sus capacidades como comunidad campesina y productora agrícola sostenible, como para enseñarles a las personas más jóvenes la historia de la Comunidad de Paz y la resistencia.
La generación de adultos y mayores que ha participado en la creación y el proceso de resistencia de la Comunidad, nunca ha tenido la oportunidad de ser educada. Es la experiencia vivida la que ha generado los conocimientos y destrezas necesarias. Germán Graciano: “A pesar de no haber recibido formación, después de 23 años, el proceso de la Comunidad de Paz nos ha dado el aprendizaje y la memoria para seguir resistiendo”. La memoria de los hechos dolorosos vividos y de las estrategias para afrontarlos es una parte fundamental de la educación de las nuevas generaciones. Graciano explica: “La memoria la transmitimos no para odiar y generar más odio, sino para seguir resistiendo y para proteger la vida y el derecho a vivir como queremos”18.
Esta visión alimenta el modelo de educación de la Comunidad de Paz, que es un modelo alternativo, centrado en valores de amor a la tierra, en la ética y la moral. La comunidad tiene su propio profesorado, quien combina la vivencia experiencial con la teoría para transferir sus conocimientos.
La formación no solo está destinada a las y los jóvenes. En 2014, junto con otras veinte comunidades en resistencia civil de diferentes lugares del país, la Comunidad de Paz constituyó la Universidad Campesina, también llamada Universidad de la Resistencia. Este es un proyecto de aprendizaje e intercambio de conocimientos entre poblaciones rurales que han dicho no a la guerra que les rodea. La Universidad no tiene aulas: de manera ambulante se transfieren saberes y experiencias sobre la tierra y la agricultura, la producción orgánica y la protección del medio ambiente. Con la iniciativa, se pretende demostrar que la resistencia es un asunto de la vida cotidiana19.
“Una persona no se educa sola, todas las personas nos educamos en comunidad”
Doña Brigida y el arte por la memoria de la Comunidad de Paz
Ruptura con el Estado colombiano
La impunidad en los crímenes cometidos contra sus miembros en la época después de su creación y las promesas incumplidas de las entidades estatales, llevó a la Comunidad de Paz a tomar la decisión de romper el diálogo con el Estado. El Padre Javier Giraldo explica: “En esa época inicial hicimos denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero rápidamente vimos que, en vez de servir para algo, era para mal. A varios testigos los mataron”20.
La matanza de seis hombres en la vereda La Unión por paramilitares y militares en junio 200021 fue otro momento que demostró la falta de voluntad del Estado de proteger a la Comunidad. El Padre se acuerda: “Después de la matanza en La Unión vinieron algunos funcionarios del Gobierno, con una actitud enérgica, asegurándonos que iban a tomar acción enseguida. Iban a crear una comisión del Gobierno, pero esta promesa nunca se concretó y no tuvimos ningún resultado. Por todo eso, la gente en la Comunidad rápidamente perdió la fe”22.
Finalmente, el momento decisivo para el rompimiento con el Estado se dio a raíz de la masacre en las veredas Mulatos y La Resbalosa en febrero de 2005. Para la Comunidad, la falta de cualquier respuesta contundente des del Gobierno y las entidades encargadas después de esta brutal matanza, fue la prueba definitiva de que el Estado colombiano no iba a brindar ni protección ni justicia para la Comunidad de Paz.
Desde ese momento, la única relación que ha mantenido la Comunidad ha sido con la Corte Constitucional que ha publicado varias sentencias a favor de ella, y más recientemente, ha habido acercamientos entre la Comunidad y entidades del Sistema de justicia transicional, específicamente la JEP y la Comisión de la Verdad23, entidades que estudian su caso como uno de los eventos emblemáticos del conflicto colombiano, que demuestra tanto la implicación de actores del Estado en las graves violaciones de los derechos humanos de la población civil, como la falta de voluntad de investigar y castigar a los responsables.
2005: La masacre que transformó la Comunidad de Paz para siempre
Conmemorando la masacre de Mulatos y la Resbalosa
A partir del 21 de febrero de 2020, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró el 15° aniversario de la masacre ocurrida en las veredas Mulatos y La Resbalosa. En el evento de varios días, con invitados nacionales e internacionales, entre estos, instituciones multilaterales y miembros del cuerpo diplomático, se recordaron los hechos de esta brutal matanza. La personas invitadas acompañaron a la comunidad en una caminata hasta los sitios donde paramilitares, con el apoyo de tropas de la Brigada XVII en la zona, perpetraron el crimen24.
Aquel 21 de febrero de 2005 fueron asesinadas, mutiladas y decapitadas ocho personas, siete de ellas miembros de la Comunidad de Paz, entre las que se encontraban cuatro menores de edad y el líder de la Comunidad Luis Eduardo Guerra. Después de ser asesinadas con machetes, los cuerpos del líder, su hijo de 11 años y su compañera fueron dejados abandonados en medio de la selva, expuestos al aire y los animales, en fosas a medio tapar25.
La masacre supuso un punto de no retorno que quedó plasmado en la memoria de la Comunidad de Paz. De ahí en adelante sus miembros rechazaron el diálogo con un Estado que no les dejaba vivir sin violencia y que nunca escuchaba sus peticiones de justicia y de protección. Recién ocurrida la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe justificó los hechos, señalando a la comunidad de San José de ser guerrilleros26.
Administración de justicia lenta e incompleta
La administración de justicia en el caso de la masacre ha sido lenta e incompleta, a los ojos de la Comunidad de Paz, pues en quince años de vueltas jurídicas, los verdaderos responsables, los altos mandos quienes orquestaron la matanza, han quedado en libertad.
Por su participación en este crimen, en marzo de 2010 fue condenado a 20 años de cárcel Guillermo Gordillo, capitán retirado del Ejército, como coautor de los delitos de homicidio agravado, actos de barbarie y concierto para delinquir27. En junio de 2012 fueron condenados otros cuatro militares por su responsabilidad en la masacre, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. El teniente coronel (r) Orlando Espinosa, quien estuvo a la cabeza de la patrulla militar que le siguió los pasos a los paramilitares el día de la masacre, es el militar de más alto rango condenado por los hechos28.
En 2013, la Corte Constitucional le ordenó una “presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. El acto tuvo lugar el 10 de diciembre del mismo año y en él estuvo Juan Manuel Santos, quien era el presidente de la época29.
La violenta muerte de los menores y adultos en la matanza fue declarada crimen de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial para la Paz en mayo de 201830. Un año después, en mayo de 2019, dos oficiales y cuatro suboficiales del Ejército fueron condenados a pagar 34 años de cárcel por ser copartícipes de la masacre de 2005. Esta decisión de la Sala penal de la Corte Suprema fue calificada por muchos como “histórica” para el contexto colombiano donde reina la impunidad31.
El abogado Germán Romero de dhColombia, organización que también es acompañada por PBI, quien junto con su colega Jorge Molano representa a las víctimas de la Comunidad de Paz, se mostró contento con la decisión: De acuerdo con Romero, “el fallo prueba el actuar premeditado, permanente y coordinado de militares y ‘paras’ contra la Comunidad de Paz y el exterminio al que la Brigada XVII ha intentado someterla”32.
Sometimiento de militares condenados a la JEP
El caso jurídico de la masacre de Mulatos y La Resbalosa dio un nuevo vuelco cuando, el 30 de diciembre de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP suspendió las órdenes de captura de tres de los militares condenados a 34 años por la masacre en la justicia ordinaria. Después de la condena por la Corte Suprema, el mayor (r) José Fernando Castaño López, el sargento (r) Henry Cuasmayán Ortega y el cabo (r) Ricardo Bastidas Candia pidieron el sometimiento de su caso a la justicia transicional33.
A la Comunidad de Paz y sus abogados les indigna que esto pasó sin que los uniformados hayan suscrito actas de sometimiento, ni entregado un borrador del plan que demuestre su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y con la reparación de las víctimas (algo que formalmente es un requisito para que los victimarios puedan acceder a este tribunal). En un recurso ante la JEP, pidieron que se devuelva el caso a la justicia ordinaria. La Comunidad de Paz está en contra de tratar la masacre como un hecho del conflicto armado, pues considera que la masacre ocurrió en el marco de la persecución en su contra por haberse declarado neutrales ante el conflicto armado34.
La resistencia pacífica continua
El 23 de marzo de 2017 la Comunidad de Paz cumplió veinte años de resistencia pacífica. Aunque la estigmatización, las amenazas y las difamaciones contra sus miembros continúan, la Comunidad ha logrado establecer cierta disuasión frente a los actores armados gracias a la legitimidad de su proyecto a nivel internacional. Goza del respaldo de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre estas, la ONU, y a finales del 2018 el Papa recibió a su representante legal, Germán Graciano Posso, en el Vaticano como reconocimiento de la comunidad católica a sus esfuerzos por la paz35. En la actualidad, para muchas personas y entidades, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue siendo un modelo inspirador y alternativo de vida comunitaria pacífica en medio de la violencia.
En 2014, Germán Graciano, como representante legal de la Comunidad de Paz, fue elegido por la ONU para integrar la delegación de víctimas que viajaron a La Habana para participar en las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc36. Cinco años después, Germán Graciano ve con ojos críticos como, después de la firma de la paz en noviembre 2016, poco ha cambiado para la Comunidad. Recuerda el sentimiento de esperanza que crearon las negociaciones y el acuerdo logrado: “Pensábamos que iba a haber más tranquilidad, menos bombardeos, minas antipersona, menos ataques a la comunidad, menos muertes…. Y que esto sería la oportunidad de reconciliarse, el pueblo y las Farc. Pero muchos ex miembros de las Farc fueron asesinados, y los grupos armados siguen presentes en nuestra región”37.
Graciano, quien en esas dos décadas de violencia perdió 19 miembros de su familia, sufrió un atentado el 29 de diciembre de 201738. Por el crimen fueron detenidos dos paramilitares, solo para ser dejados en libertad poco después, por orden de la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó. A finales de 2018, la misma juez falló una tutela a favor de la Brigada XVII del Ejército que exigió derecho al buen nombre, ordenando a la Comunidad de Paz retirar las acusaciones contra la unidad militar y emitiendo una orden de arresto contra Graciano39.
Neoparamilitares intentan asesinar al represente legal de la Comunidad de Paz
La decisión de la juez causó revuelo internacional de entidades como la Fidh y Amnesty International40, quienes exigieron justicia y respeto a la dignidad de la Comunidad de Paz. Para Graciano es otra muestra de que aun hoy, las autoridades colombianas no tienen voluntad de respetar y proteger el proyecto de no violencia de su Comunidad. Aun así, la Comunidad de Paz no perderá su capacidad de resiliencia y su voluntad de seguir resistiendo. Graciano: “A pesar de la presencia de los paramilitares en la zona y a pesar de tanta injusticia, aquí estamos. No nos doblegamos. Más fuerte que el dolor que han generado las masacres y las tierras que nos han quitado, es la sabiduría que hemos construido”41.
Premios
En septiembre de 2011 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se convirtió en uno de los tres finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que cada año entrega el Parlamento Europeo a defensores de la libertad. Esta comunidad campesina fue merecedora de esa nominación por “el coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de paz y justicia […] en un ambiente de brutalidad y destrucción”42.
En 2014, las Embajadas de Francia y Alemania, en el marco del “Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño”, les concedieron una mención de honor por su trabajo humanitario43.
En 2015, Germán Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz desde 2013 y miembro del Consejo Interno, fue reconocido como uno de los mejores líderes de Colombia por parte de la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, por su trabajo a favor de la no violencia44.
Finalmente, en 2018, Germán Graciano Posso recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos otorgado por Diakonia, en la categoría de Defensor o Defensora del año, por su labor para organizar frentes de trabajo para realizar un proyecto de vida junto con más de 500 personas, en la defensa del territorio y el bienestar para su comunidad45. Ese mismo año, la Comunidad de Paz fue reconocida por su producción de cacao orgánico, con el «Premio a la Economía Profética en la Práctica» de Italia, que reconoce proyectos que integran prácticas de sostenibilidad social, económica y ambiental en sus proyectos económicos46.
Medidas de protección
En diciembre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considerando que 43 de sus miembros fueron asesinados desde que declararon su neutralidad en marzo de ese mismo año47.
En el 2000, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales para 189 miembros de la Comunidad. Ese mismo año, la Corte ratificó el requerimiento hecho por el presidente de la Corte y pidió “al Estado de Colombia que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los demás miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”48.
El 18 de junio de 2002, la misma Corte amplió las medidas y requirió que “el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias entre San José de Apartadó y Apartadó (…) para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos”. Se trataba de medidas contra los bloqueos económicos sufridos por los miembros de la Comunidad en sus desplazamientos entre San José y Apartadó. En 2008 y 2010 se reafirmaron las medidas provisionales.
Las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana fueron ratificadas por la Corte Constitucional de Colombia con la sentencia T-1025, que establece que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado deben concertar los medios a través de los cuales la población de la Comunidad será protegida49.
En junio de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos envió una nueva resolución en la cual reitera al Estado colombiano que “mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en particular, frente a la presunta presencia de grupos armados ilegales en veredas de la Comunidad en los últimos meses”50.
Acompañamiento internacional
PBI acompaña a la Comunidad de Paz desde 1999.
“Un Corazón grande para amar, un corazón fuerte para luchar”
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- Twitter: @cdpsanjose
Notas de pie
1 CCEEU – Nodo Antioquia: Presencia de grupos paramilitares en Antioquia, y algunas de sus dinámicas en Antioquia: cuatro casos de estudio, Diciembre de 2017 ; Hernández Delgado, Esperanza: Resistencias para la Paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas», Universidad Javeriana, mayo de 2009
2 Comunidad de Paz de San José de Apartadó: La historia vivida, 21 de diciembre de 2006
3 De acuerdo con cifras de Codhes, alrededor de 438.000 personas colombianas huyeron de la violencia entre 1996 y 1997 para salvaguardar sus vidas, en: CODHES, UNICEF Colombia: Un País que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, mayo 1999
4 PBI Colombia: “Durante varios años la comunidad de paz vivió una situación de terror”, 5 de mayo de 2017
5 Se trata de una audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en audiencia en el marco del juicio contra 30 ex paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en donde se pidieron medidas de reparación colectivas para la Comunidad de Paz, VerdadAbierta: «Solicitan reparación colectiva para Comunidad de Paz de San José de Apartadó», 5 de julio de 2018
6 Defensoría del Pueblo Colombia: Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo, septiembre de 2018
7 VerdadAbierta: ¿Frente de Guerra Occidental del Eln se expande hacia Antioquia?, 7 de noviembre de 2018 ; PBI Colombia: Entrevista a German Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz y Morelis Arteaga Guerra, Secretarial del Consejo Interno, 13 de diciembre de 2019
8 Cifra estimada por el Consejo Interno de la Comunidad de Paz, a diciembre 2019; esta cantidad puede variar en el tiempo por la entrada y salida de miembros de la misma. Hay una mayoría de mujeres entre los miembros de la Comunidad. Además, unas cincuenta personas son consideradas cercanas que no pertenecen a la Comunidad de Paz, pero que sí contribuyen la implementación de las estrategias, y participan en el trabajo y en temas internos que se manejan. Fuente: op.cit PBI Colombia, entrevista a German Graciano y Morelis Arteaga, diciembre de 2019
9 IPC: ¿Que no hay paramilitares en Rodoxalí? En San José de Apartadó dicen lo contrario, 8 de noviembre de 2016
10 PBI Colombia: Cacao para sembrar vida, mayo de 2017
11 Op.cit PBI Colombia, entrevista a German Graciano y Morelis Arteaga, diciembre de 2019
12 Pagina Facebook de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
13 Ver por ejemplo: Amnesty International: Colombia: Sistema judicial falla contra la comunidad de Paz de San José de Apartadó mientras que prevalece la impunidad en su caso, 5 diciembre 2018
14 Entre las pruebas que parecen confirmar estos nexos entre autoridades estatales civiles y armadas y grupos paramilitares en la región del Urabá Antioqueño están, entre otros, la condena en 2012, del general en retiro Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y por el homicidio del Marino López, líder de la comunidad de Cacarica en febrero de 1997; y datos de la Procuraduría General de la Nación (citados por IPC, 2016) que indican que en esta región, desde el año 2006, se llevan 14 procesos contra servidores públicos por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, en Ccajar: Libre Rito Alejo del Río, las víctimas esperan toda la verdad sobre sus crímenes, 28 de septiembre de 2017; Op.cit. IPC: 8 de noviembre de 2016
15 PBI Colombia: Un viaje a través de la memoria, 23 de febrero de 2020
16 Ver por ejemplo: CdP: Apartadó bajo el ordenamiento territorial y político del paramilitarismo, 31 de julio de 2018
17 El Espectador: Corte Constitucional amparó el derecho al buen nombre de la Décima Séptima Brigada del Ejército, 4 December 2020
18 Educación para la Solidaridad: Comunidades de Paz de San José de Apartadó, Universidad Campesina, 24 de marzo de 2011
19 Op.cit PBI Colombia, entrevista a German Graciano y Morelis Arteaga, diciembre de 2019
20 PBI Colombia: Entrevista Padre Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz, 14 de diciembre de 2019
21 El Espectador: Los crímenes desconocidos de San José de Apartadó, 10 de agosto de 2019
22 Op.cit. Entrevista a Padre Javier Giraldo, 14 de diciembre de 2019
23 Así, por ejemplo, en febrero 2019 miembros de la Comisión de la Verdad visitaron la Comunidad de Paz. En esta ocasión, los miembros de la Comunidad de Paz contaron su historia y entregaron documentación sobre los las violaciones de derechos que han tenido que sufrir durante más de dos décadas, en un evento que, según se acuerda el Padre Javier Giraldo en la entrevista con PBI en diciembre 2019, “fue una reunión muy bonita, en donde la Comisión principalmente vino a escuchar los líderes del Consejo, mujeres fundadoras, y niños, y pudieron recibir una visión muy integral de la Comunidad y de lo que han vivido”, en Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: “Vivir en medio de la guerra sin ser parte de ella”, 26 de febrero de 2019
24 PBI Colombia: Un viaje a través de la memoria, 23 de febrero de 2020
25 JyP: “Masacre de San José de Apartadó”, 21 de febrero de 2020
26 Semana: “Uribe mancilló la honra de Apartadó”, 29 de mayo de 2013
27 Primer militar condenado por masacre de San José de Apartadó, en Revista ColomPBIa, PBI Colombia, 15 de abril de 2010
28 Verdad Abierta: La condena a cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó,” 14 de junio de 2012
29 El Espectador: Estado tiene responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó’, 7 de febrero de 2013 ; Op.cit. Semana, 29 de mayo de 2013
30 El Espectador: Masacre de San José de Apartadó, otro caso en manos de la JEP, 26 de enero de 2020
31 El Tiempo: Histórica condena por masacre ‘para’ en San José de Apartadó, 12 de mayo de 2019
32 Ibid.
33 Op.cit. El Tiempo, 12 de mayo de 2019; op.cit. El Espectador, 26 de enero de 2020
34 Op.cit. PBI Colombia, 23 de febrero de 2020; El Espectador: Víctimas piden que la Masacre de San José de Apartadó salga de la JEP, 5 de marzo de 2020
35 El Espectador: Germán Graciano, premio nacional de Derechos Humanos, será arrestado por desacato, 5 de diciembre de 2018
36 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud Colombia: Cuarta delegación de víctimas viaja a La Habana, 1 de noviembre 2014
37 Op.cit PBI Colombia, entrevista a German Graciano y Morelis Arteaga, diciembre de 2019
38 FIDH: Colombia: Intento de asesinato de Germán Graciano Posso, Representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2 de enero de 2018
39 Op.cit. El Espectador: 5 de diciembre de 2018
40 Op.cit. Amnesty; op.cit. FIDH, 2 de enero de 2018
41 Op.cit PBI Colombia, entrevista a German Graciano y Morelis Arteaga, diciembre de 2019
42 Parlamento Europeo: Premio Sájarov 2011 a la libertad de conciencia, 15 de diciembre de 2011
43 Embajada de Francia en Colombia: Los Embajadores de Alemania, Günter Kniess y Francia Jean-Marc Laforêt, visitaron ‘La Comunidad de Paz San José de Apartadó’, 27 de marzo de 2015
44 Portafolio: Reconocimiento a los 20 mejores líderes de Colombia, 25 de septiembre de 2015
45 Contagio Radio: Ellas y ellos son los ganadores del Premio Nacional a la defensa de Derechos Humanos 2018, 5 de septiembre de 2018
46 Prophetic Economy Award, 2018 Winners
47 Cidh: Medidas cautelares 1997
48 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000: Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
49 Corte Constitucional: Sentencia de Tutela nº 1025/07, 3 de diciembre de 2007
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de junio de 2017, Medidas provisionales respecto de la república de Colombia. Asunto comunidad de paz de San José de Apartadó, 26 de junio de 2017
El País: El campesino heroico, 25 de agosto de 2017
https://elpais.com/elpais/2017/08/23/planeta_futuro/1503474075_720607.html?id_externo_rsoc=whatsapp