EJP

La Corporación Equipo Jurídico Pueblos (EJP), es una organización conformada por profesionales del derecho comprometidos con la promoción, protección, y exigencia de que se respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos.

Historia

EJP surgió en el año 2008, con sede en Bucaramanga (Santander), a raíz de la necesidad de realizar un trabajo que permitiera visibilizar la resistencia y la defensa del territorio mediante el acompañamiento integral, (desde los ejes jurídico, político, organizativo y psicosocial) a comunidades víctimas de violaciones a los derechos humanos en el nororiente colombiano (Santander, Norte de Santander, Cesar) y parte del Magdalena Medio; región en la cual los procesos organizativos, comunidades en resistencia y personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a complejos conflictos socio-ambientales, la criminalización de la protesta social y victimización. La organización se constituyó formalmente en 2013.

Actualmente cuenta con equipos de apoyo en Bogotá, Valledupar (Cesar), Medellín (Antioquia), Ibagué (Tolima), Popayán (Cauca) y Arauca (Arauca). Además, EJP hace parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y del Congreso de los Pueblos.

Trabajo

Las principales ramas de acción de EJP son la defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, la representación de víctimas de crímenes de Estado, la asistencia carcelaria a presos políticos y otras personas privadas de la libertad, la lucha contra la impunidad y criminalización de la protesta social y, por último, la defensa del territorio y acompañamiento a comunidades en la protección del medioambiente.

La población acompañada por EJP es principalmente campesina, incluyendo mujeres, jóvenes y niños, población afrodescendiente, miembros del movimiento sindical, estudiantil y social, que son objeto de persecución y judicialización. Igualmente, acompaña a los familiares de graves violaciones a los derechos humanos ya nombrados anteriormente.

Cabe mencionar que la mayoría de esta población ha sido desplazada o afectada por el conflicto armado o por intereses económicos con motivo de megaproyectos extractivos.

Entre los procesos que EJP acompaña, está el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca), en el Norte de Santander, el Movimiento de Trabajadorxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar (MTCC) en el Sur y Centro del Cesar, el Congreso Ambiental de Santander Casa Aguayá en Santander.

Casos emblemáticos de representación jurídica

Los casos que adelanta EJP están relacionados con intereses económicos y políticos, en los cuales se encuentran involucrados agentes del Estado, Fuerza Pública, neoparamilitares, empresarios nacionales y extranjeros, terratenientes, ganaderos y palmeros, que han cometido o financiado violaciones a los derechos humanos.

Han conseguido que varios casos pasen de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Igualmente, EJP ha logrado sentencias condenatorias significativas. Sin embargo, estos logros se ven, a veces, opacados porque el resto de los casos sigue en total impunidad, según la organización. Finalmente, lo que representa su mayor logro, es el hecho de haber podido generar un proceso de conciencia con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos.

“Las familias descubren que existen otras en la misma situación, que su caso no es el único, y ven como opción juntarse con otras familias para exigir verdad y justicia. Además, en ciertas regiones, las comunidades, después de vivir etapas muy fuertes de terror, están denunciando, contando los hechos, haciendo verdaderos ejercicios de memoria colectiva, que les permite entender que la búsqueda de justicia y de verdad no puede quedar sin ser contada”[1].

Ejecuciones extrajudiciales

EJP asume la representación jurídica de familiares de víctimas de crímenes de Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, mal denominadas “falsos positivos”, exigiendo al Estado colombiano verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, además de resultados en las investigaciones por parte del aparato de justicia. Leer más

Comunidades en resistencia

Pitalito: Entre el despojo y el desalojo

En el departamento del Cesar, EJP acompaña a comunidades que han sido despojadas y desplazadas de sus tierras por el neoparamilitarismo y que hasta el día de hoy, no han logrado recuperar sus predios, a pesar de la implementación de normas y leyes como la Ley de Restitución de Tierras, que pretendía devolver para 2014 unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias desplazadas por la violencia. Sin embargo, continúan presentándose obstáculos como amenazas y asesinatos de líderes reclamantes[2].

Tal es el caso de la comunidad de Pitalito, (Chimichagua, Cesar), víctima del neoparamilitarismo y de la extracción palmera[3], cuyo intento de volver a sus tierras ha sido fallido varias veces. Leer más

pitalitoPitalito

Chiriguaná: Derecho a la protesta social

EJP considera fundamental acompañar a las comunidades que han decidido de manera autónoma ejercer la protesta social como una forma de ser escuchadas ante la situación que están viviendo.

En este contexto, la organización está exigiendo justicia para el caso del profesor y dirigente del Consejo de las Comunidades Negras de la Sierrita, El Cruce y la Estación (Consesice), Naimen Agustín Lara, quien falleció el 11 de julio de 2016, según pobladores de Chiriguaná, a causa de un disparo con arma de fuego por parte de un miembro de la Policía Nacional, cuando los pobladores del corregimiento La Sierrita del municipio de Chiriguaná (Cesar), decidieron realizar una jornada de protesta ante la decisión del Ministerio de Salud de cerrar el Hospital público San Andrés que prestaba el servicio a aproximadamente 200 mil pobladores de la zona[4]. Leer más

Riesgos, amenazas y agresiones

La naturaleza de los casos y las acciones adelantadas por EJP implican un riesgo por si mismo, teniendo en cuenta que afectan a intereses económicos y políticos de los sectores empresariales nacionales y extranjeros. Por estas acciones han sufrido amenazas, seguimientos, persecuciones, judicializaciones, interceptaciones ilegales o señalamientos, que afectan la seguridad y la integridad personal de los miembros del EJP.

“Nos hemos visto obligados a asumir la defensa de los derechos humanos y de los pueblos ante la grave crisis de violaciones a los mismos derechos en Colombia. Y por ello tanto nuestra vida como profesión ha estado en peligro. Nos preocupa ahora lo que se está denominado como “postconflicto”: el Estado colombiano plantea que ya se están terminando los riesgos para las personas defensoras de los derechos humanos y para las comunidades”[5].

Medidas de protección

Actualmente, varios miembros del EJP son beneficiarios de medidas de protección que el Estado colombiano ha implementado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por tener un “riesgo extraordinario”. Sin embargo, mas allá de las medidas otorgadas por la UNP, ha sido imprescindible para EJP el acompañamiento civil en la medida que genera neutralidad y en las zonas donde trabaja la organización, por cuanto esto ayuda disuadir y a disminuir los riesgos.

“Por ello, EJP considera que el acompañamiento de PBI es fundamental y nos permite poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos en zonas de alto riesgo”.

Acompañamiento internacional

PBI acompaña a EJP desde 2016. Sin embargo, sus tres miembros fundadores fueron acompañados cuando formaban parte de la seccional Bucaramanga de Fcspp, organización acompañada desde 1998.

brigadista Pitalito EJP

Perfil

Leonardo Jaimes Marín ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos. Empezó como seminarista de los claretianos en 1988, prosiguió un año más tarde acompañando a los campesinos del El Carmen de Chucurí y desde entonces no ha abandonado la “opción profunda de vida al servicio de los sectores marginados”, tal como él mismo describe su labor. Leer más

Leonardo Jaimes Marín, Equipo Jurídico Pueblos EJP

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Notas de pie:

[1] PBI Colombia, Entrevista a Leonardo Jaimes, miembro fundador de EJP, octubre de 2016
[2] PBI Colombia: Retornar al campo, junio de 2013
[3] Verdad Abierta: Pitalito, Cesar, una vereda entre el despojo y el desalojo, sin fecha
[4] El Espectador, El Hospital San Andrés al borde de su cierre, 14 de noviembre de 2016; El Espectador, Dos muertos en protestas por servicio de salud en Chiriguaná, 11 de julio de 2016
[5] PBI Colombia: Op. cit., octubre de 2016

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