Proteger los vínculos y el colectivo

En el mundo de los derechos humanos y el movimiento social hay unas vivencias únicas que no serían posibles sin la juntanza de varias personas con un horizonte común. Las luchas sociales y la defensa de derechos humanos son, inevitablemente, colectivas. ¿Por qué? Porque el sistema de poder -capitalista, heteropatriarcal y colonial- y la violencia sociopolítica son demasiado tenaces como para hacerles frente en soledad. En colectivo nos damos cuenta de que los impactos de la violencia son más comunes de lo que creíamos. Que lo que me pasa a mí, también le pasa a mi compañera, y eso ayuda a librarnos de culpas o malestares por el hecho de sentirnos afectadas. Y porque las violaciones a los derechos humanos contra las que luchamos tocan una fibra colectiva que va más allá del daño concreto causado: más allá del hecho victimizante, tambalean nuestro sentido de humanidad.

Muchas veces se escucha que la defensa de derechos humanos genera profundos sentimientos de soledad que son, a veces, aliviados con muestras de solidaridad, de compañerismo y alianzas. El acompañamiento psicosocial toma en consideración estas soledades, las pone en el centro, les da un marco de comprensión y trata de transformarlas. En estos contextos, la soledad se relaciona fácilmente con la desesperanza. Si me siento sola, no me veo capaz y si no me veo capaz, dejo de creer en lo que quiero conseguir. Y uno de los mayores objetivos de la violencia sociopolítica es precisamente fracturar, generar sentimientos de soledad, de incapacidad y de desesperanza. Pero ¿cómo no caer en la desesperanza? ¿cómo construir esperanzas? Esta es una de las grandes preguntas. Una posible respuesta sería: creyendo y fortaleciendo el colectivo y los procesos, para que estos nos equilibren un poco el sentido de humanidad que se nos tambalea.

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Julia Figueroa: “Defender los Acuerdos de Paz desde el interior del Catatumbo se ha vuelto un riesgo altísimo”

El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.

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La dignificación que esperan las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

En Colombia llegó la hora de reivindicar el trabajo de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada. En esta tarea, las mujeres sufren gravísimas vulneraciones de derechos humanos que van desde violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad, extorsiones, amenazas y represalias, en la búsqueda de los seres queridos, ya sea individualmente o colectivamente.

Este liderazgo no es reconocido ni por la sociedad ni por el Estado colombiano que, en muchas oportunidades, es ‘un palo en la rueda’ para que no se cumplan las leyes que existen sobre desaparición forzada. “En muchos casos los funcionarios no cumplen con su tarea por negligencia, indiferencia e indolencia”, reclaman las mujeres buscadoras.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) el conflicto armado ha dejado más de 99.000 personas desaparecidas en Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, el 99 % de los casos de desaparición forzada siguen en total impunidad.

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Diario de una Brigadista

Mis 10 primeros días como brigadista de terreno en el equipo de Urabá, PBI Colombia

Soy Itsaso, brigadista de terreno de PBI del equipo de Urabá. Tengo 31 años. Sí… Soy de las mayores del equipo y me siento nostálgica, alegre y, a la vez, orgullosa de mí misma por el recorrido realizado durante estos casi 7 meses como brigadista de terreno en Urabá.

Fueron tantas las emociones, incertidumbre, dudas, miedos y ganas que sentí cuando entré a terreno que será bonito hacer memoria, recordar aquellos días e intentar volver a saborearlos. Así que me pondré un poco de incienso, me haré una taza de té y un pequeño masaje antes de ponerme a recordar y comenzar este viaje en el tiempo.

Pienso en cuál fue la razón por la que comencé este nuevo proyecto… conocer de cerca las resistencias y luchas de las personas defensoras de derechos humanos y, desde mi posición y trabajo en PBI, poder acompañar sus procesos para construir un mundo en paz.

¡Preparadas, listas… Allá vamos!


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Guacamayas: “El simple hecho de mantenerse en el territorio”

En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).

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PBI abre espacios para la paz