«So Bia Drua»: Tierra Feliz de las comunidades embera

«Tierra feliz» o So Bia Drua, en lengua embera, es como las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental Uradá-Jiguamiandó se refieren a su territorio, ubicado en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.

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El pueblo embera en defensa de su territorio sagrado

En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– – se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

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“¿Quién dio la orden?”: reivindicación firme de Justicia y Verdad

La historia del mural “¿Quién dio la orden?” ha estado teñida de censura desde sus orígenes. La imagen fue tapada con pintura blanca horas después de haber sido pintada el 18 de octubre de 2019, frente a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá. Según denunciaba el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE [1], organización impulsora de la iniciativa, el mural fue censurado en un operativo de la Brigada 13 del Ejército Nacional, en el que más de 20 hombres armados intimidaron a los jóvenes artistas que lo pintaban [2]. Un día después, el MOVICE publicaba en su cuenta de Twitter la imagen del mural censurado. A pesar de numerosos intentos contra su difusión, este emblema en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, vuelve a estar hoy frente a la Escuela de Cadetes protegido por la Corte Constitucional colombiana.

La imagen diseñada en 2019 por la Campaña por la Verdad [3], que aglutina a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, mostraba el rostro de cinco altos mandos militares, bajo cuyas comandancias se presentaron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en el periodo del 2000 al 2010 [4]. Son los casos de los mal llamados “falsos positivos”, eufemismo en referencia a los asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del conflicto armado colombiano y un nudo central para la justicia transicional.


Primer mural de la Campaña por la Verdad (2019) con el rostro de cinco Generales del Ejército Nacional acompañados del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de cada uno de los batallones que ellos comandaron desde el año 2000 hasta el 2010. Tras este primer mural, y a medida que avanzaban las investigaciones de las organizaciones y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han diseñado otros tres murales, que contienen un aumento de cifras y de los máximos responsables.

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Huber Velásquez, «hoy marchamos por el respeto a la vida y a vivir en nuestro territorio»

Este viernes 17 de diciembre de 2021, fue asesinado el líder social Huber Velásquez en la vereda La Balsa, corregimiento de San José. Los hechos ocurrieronen “la Batea”, lugar que se encuentra a pocos metros de lo que en algún momento fue el estero de su hermano Iván Velásquez, asesinado el 2 de enero de 2002 tras negarse a participar en el cerco alimentario que el ejército utilizaba como estrategia de presión hacia la Comunidad de Paz [1].

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El caminar de las mujeres en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó situada en la región del Urabá Antioqueño, nació en 1997 en medio de la violencia generada por el conflicto armado. En una proclamación de neutralidad activa [1] y a través del concepto de distinción del DIH, campesinos y campesinas de diferentes veredas se organizaron para firmar una declaración que les identificaba como Comunidad de Paz en rechazo de todos los grupos armados presentes en su territorio. Tras casi 25 años de resistencia pacífica, sigue siendo un modelo inspirador de vida comunitaria que además, ha contribuido a la incorporación de perspectivas sobre la igualdad de género que han permitido una evolución en la participación política y social de las mujeres. Perspectiva que analizamos junto con Sirly Cerpa, quien fue miembro del Consejo Interno durante seis años.

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PBI abre espacios para la paz