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Guacamayas: “El simple hecho de mantenerse en el territorio”

En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).

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“So Bia Drua”: Tierra Feliz de las comunidades embera

“Tierra feliz” o So Bia Drua, en lengua embera, es como las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental Uradá-Jiguamiandó se refieren a su territorio, ubicado en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.

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El pueblo embera en defensa de su territorio sagrado

En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– – se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

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Hace cuatro años te quisieron asesinar, Hernán Bedoya

8 de diciembre de 2017. Asesinan con 14 disparos a Hernán Bedoya, quien volvía a su finca en la Zona Humanitaria Mi Tierra, en la región del Bajo Atrato, Chocó. Con él pretenden asesinar su voz clara y firme [1] con la que denunciaba el avance y los impactos del negocio de la palma de aceite y el agronegocio bananero que se quería extender al territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. Hernán quería explicar lo que pasaba en el territorio del que había sido desplazado y al que había conseguido retornar, pese a la presencia del paramilitarismo. Así le conocimos en PBI, reclamando sus tierras y su dignidad, cuando acompañamos a la Comisión de Justicia y Paz (JyP) en el Bajo Atrato.

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