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En riesgo mujeres defensoras del agua en el Magdalena Medio

Después de tres años de bloqueo legislativo durante el Gobierno de Iván Duque, el pasado 10 de octubre, fue ratificado el Acuerdo de Escazú en Colombia; un hito para la protección de los derechos de los y las defensoras ambientales en el país más peligroso para la defensa del medioambiente.

El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, promueve la protección de líderes y lideresas ambientales, prevé mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación para la sociedad civil. Mecanismos de suma relevancia en un país donde, en la última década, 322 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Siendo el 2021 el año más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente, con 33 personas asesinadas.

Preocupa especialmente la intensificación de ataques contra ambientalistas en la región del Magdalena Medio, en particular, contra mujeres ambientalistas que promueven la defensa del agua y de la vida. En la región, es común que los ataques contra las lideresas ambientales ocurran mientras realizan su labor de denuncia contra la industria petrolera y sus nexos con estructuras armadas, así como hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos locales [1].

Yuli Velásquez pescando en la ciénaga de San Silvestre. Foto: Edu Leon

Uno de los casos de mayor gravedad es el de la lideresa ambiental Yuli Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesán) y directora ejecutiva de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras Artesanales, que tiene su lanzamiento oficial este 26 de noviembre. Yuli se presenta como “sujeta anfibia, hija de un pescador asesinado, nacida y criada a las orillas del río Magdalena”, arteria principal de Colombia. La lideresa tiene clara su fuente de riesgo: “defendemos nuestro territorio, visibilizamos la contaminación de la industria y nos enfrentamos a grupos armados que tienen vínculos con empresas. Cuando un defensor denuncia a las entidades que deben velar por un ambiente sano, como hay vínculos con actores armados, empiezan las amenazas. Para silenciarnos hemos sido víctimas de ataques sistemáticos«.

La lideresa ambiental Yuli Velásquez. Foto: Edu Leon

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Persisten amenazas de muerte contra ambientalistas en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

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¿Dónde está la paz?

En el Día de los Derechos Humanos, PBI Colombia conmemora a todas aquellas personas defensoras que exigen el cumplimiento de sus derechos, a todas aquellas que luchan contra la impunidad y a favor de la verdad, justicia y garantías de no repetición. Celebramos a las mujeres que hacen frente a múltiples violencias por su condición de mujeres lideresas. Celebramos a las comunidades indígenas, negras y mestizas que resisten en sus territorios, y que cuidan las fuentes de la vida, en medio del conflicto armado y de la crisis ecológica.

Hoy, es el día de todas aquellas personas que apuestan por una Colombia en paz y con justicia social. Conmemoramos a las que ya no están, porque por alzar la voz les arrebataron la vida. Mientras que las amenazas y ataques en contra de las personas defensoras persisten, es necesario seguir acompañando y escuchando sus valientes voces. A tal fin, entrevistamos a varias personas defensoras y lideresas que nos hablan desde sus territorios sobre una paz que no llega.

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