La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.
Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.
El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.
Carlos Morales resiste al desplazamiento forzado “para seguir denunciando lo que está pasando frente al abandono estatal y a las violaciones a los derechos humanos porque el Gobierno Nacional no ha implementado los Acuerdos de Paz”.
Según el emblemático líder campesino, la región está en disputa por todas las riquezas naturales que contiene, como la madera, el oro y tierras fértiles donde los terratenientes quieren implementar la ganadería a gran escala. «Todas esas riquezas, llaman la atención de los actores armados» donde se siente además «el fuerte abandono estatal», relata con sinceridad el defensor de derechos humanos. Existe un temor real a regresar «a la época que abarca desde el 2004 hasta el 2008», años en los que las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos masivos estaban a la orden del día en el Nordeste Antioqueño. Es preocupante, tal y como relata Morales que, tras los Acuerdos de Paz, se hayan vuelto «a ver enfrentamientos por parte de los grupos armados, bombardeos, asesinatos, y hayan incrementado las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas».
A falta de instituciones que garanticen las condiciones mínimas de protección para las comunidades, Cahucopana lleva décadas impulsando medidas colectivas de protección, como las acciones humanitarias, que incluyan no solamente a líderes y lideresas comunitarias, sino al conjunto de las comunidades campesinas y mineras que están expuestas a graves riesgos en este territorio en conflicto. El fin de las acciones humanitarias es acompañar y hacer visible, a nivel nacional e internacional, las graves vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades, que resisten al conflicto armado en medio del olvido y del abandono estatal. Comunidades para quienes asistir a una cita médica, radicar una denuncia ante la fiscalía o registrarse para votar, resulta extremadamente complicado y, hasta en ocasiones, inalcanzable. Para realizar sus actividades cotidianas, los y las habitantes de las áreas rurales del Nordeste Antioqueño, tienen que desplazarse al casco urbano de Remedios en viajes interminables por vías que, no solo no cuentan con la infraestructura adecuada, sino que transitarlas implica correr serios riesgos relacionados con la presencia de múltiples actores armados.
La acción humanitaria, una medida colectiva para llegar a zonas olvidadas por el Estado
A finales de marzo de 2022, en Carrizal, corregimiento de Remedios, acompañamos la acción humanitaria convocada por Cahucopana, a la que asistieron instituciones como la Defensoría Nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Interior, la Procuraduría y Registraduría; así como actores de la comunidad internacional, como la Mapp-OEA, ONU DDHH y la Misión II.
Si algo destacamos de esta acción humanitaria, es la participación de aproximadamente 2000 personas que acudieron desde las veredas de Tamar Alto, Panamá Nueve, El Piñal, El Carmen, entre otros. Lugares que, probablemente no resulten conocidos para el lector o lectora, y que difícilmente pueden encontrarse señalizados en los mapas, pero que sobresalieron por su masiva participación. Chivas, carros y motos se acercaron desde la mañana al caserío de Carrizal, sin importar la lluvia que, desde la madrugada, generó la preocupación de los y las organizadoras.
Carlos Morales destaca como parte fundamental de las medidas colectivas de protección [2], el rol de la comunidad internacional a la hora de “rodear a las comunidades y organizaciones, para que puedan seguir defendiendo el territorio”. Afortunadamente, hechos como el atentado contra el líder y las recientes amenazas contra integrantes de Cahucopana, que tienen el objetivo de frenar la labor de la organización defensora de derechos humanos, no han tenido el efecto deseado por los victimarios y han desencadenado un conjunto de respuestas[3] y acciones de la comunidad internacional en respaldo a la organización.
Gracias al trabajo de Cahucopana cada vez son más los líderes y lideresas que están asumiendo un rol protagónico en la defensa y protección del territorio. Sin embargo, sigue siendo imprescindible, como apunta Carlos Morales, que “el Estado colombiano vele por la seguridad y la permanencia en los territorios de las comunidades y que reconozca estos mecanismos de protección bajo un enfoque diferencial, de género y cultural de las comunidades mineras, campesinas, indígenas y afro, porque somos realmente las comunidades que vivimos el conflicto”. Lo que está claro es que, en Colombia sigue habiendo una deuda histórica con las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos como Cahucopana, que preservan la vida, protegen el territorio y resisten por la paz, en medio de recurrentes ataques y amenazas.
Hace dos años, en pleno auge de la pandemia del Covid-19, varias comunidades étnico-territoriales y campesinas de Colombia, acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP), enviaban una carta pública al presidente Iván Duque en la que solicitaban un Acuerdo Humanitario Global [1]. La petición implicaba el cese de las hostilidades y nuevos diálogos de paz con inclusión de los múltiples actores armados aún presentes en los territorios. Desde entonces más de 160 comunidades, apoyadas por la Iglesia Católica [2], organismos internacionales [3] y organizaciones de la sociedad civil [4], han enviado 57 cartas abiertas[5] con el mismo fin sin que haya habido respuesta alguna por parte del Gobierno saliente.
El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo,se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, dondese sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.
Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de susconstantes denunciassobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medioy prioriceinvestigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.
«Tierra feliz» o So Bia Drua, en lengua embera, es como las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental Uradá-Jiguamiandó se refieren a su territorio, ubicado en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.
