Desde una distancia segura, la Isla Calavera se veía tranquila aquella mañana soleada de agosto. Ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad portuaria de Buenaventura, la Isla Calavera, oficialmente llamada “Isla Pájaros” por la diversidad de aves que la habitan, parece un lugar pacífico, rodeado por las aguas ondulantes del estero San Antonio. Sin embargo, mientras que esperamos la llegada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Espacio Humanitario Puente Nayero, los relatos de J., uno de sus líderes fundadores, nos recuerdan la razón por la que los habitantes del barrio la llaman “Isla Calavera”: durante décadas, muchos de los cuerpos de los miles de desaparecidos en Buenaventura, fueron arrojados en sus aguas, y sus familiares aún los buscan.

J. nos cuenta sobre la violencia que persiste en Buenaventura, sobre el desplazamiento interurbano y los casos de desapariciones forzadas que han transformado varias zonas de la ciudad en fosas comunes clandestinas, entre ellas, el estero de San Antonio, conocido como una de las “acuafosas” de la ciudad portuaria, por ser uno de los lugares que los grupos armados usaron para desaparecer a sus víctimas. Además, nos habla de la perseverancia de las comunidades y organizaciones de víctimas de desaparición forzada que han resistido frente a la violencia junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) y la Comisión Intereclesial de Justicia (JyP) quienes, junto a otras, lograron en diciembre de 2021 la implementación de medidas cautelares en el estero de San Antonio. Donde, además de personas desaparecidas, hay proyectos empresariales que tienen como objetivo aumentar el puerto de Buenaventura. Las medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prohíben cualquier intervención en el estero, en especial, el dragado y el desarrollo de obras civiles, puesto que se correría el grave riesgo de ocasionar daños irreparables en los lugares donde yacen los cuerpos de personas desaparecidas[1]. A pesar de que las medidas acaban de ser prorrogadas en septiembre de este año[2], el tiempo corre: las víctimas aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y sigue siendo fuerte la presión política para que se retomen las obras de dragado[3].

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