Entre las más graves agresiones en contra de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó de 2005 a 2013, cabe destacar las siguientes:
Asesinatos de líderes comunitarios
A medida que las comunidades se han ido organizando para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento[1]. Durante el año 2010 sólo en Urabá fueron asesinados nueve campesinos que estaban liderando proyectos de recuperación de tierras despojadas[2].
- 2005: Orlando Valencia, habitante de la cuenca del Curbaradó, fue una de esas voces silenciadas violentamente en 2005 cuando miembros de grupos paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas” le forzaron a subir a una motocicleta[3]. Su cuerpo fue encontrado posteriormente con un tiro en la frente y signos de tortura[4].
- 2008: presuntos paramilitares asesinaron a Ualberto Hoyos, habitante de la comunidad de Caño Manso que recientemente había retornado a sus tierras. Anteriormente, en septiembre de 2007, los hermanos Miguel y Ualberto Hoyos habían sido objeto de un atentado. Los hermanos Hoyos desempeñaron un papel fundamental en el regreso de 80 familias desplazadas al caserío de Caño Manso en la cuenca del Curbaradó. Miguel Hoyos también había prestado declaraciones en el caso del asesinato del campesino Orlando Valencia en audiencias realizadas en 2006.
- 2009: presuntos paramilitares asesinaron a Benjamín Gómez, campesino de 80 años, habitante de Caño Manso y miembro de este consejo comunitario[5].
- 2010: presuntos paramilitares asesinaron a Argenito Díaz, de 42 años, segundo vocal de la junta del Consejo Mayor del río Curbaradó, según CIJP, «porque participó activamente en la elaboración y presentación de la tutela contra los empresarios para lograr la restitución de la propiedad privada y colectiva en Llano Rico»[6]. Díaz había sido amenazado en agosto de 2008[7].
- Marzo 2012: asesinatos este año de Manuel Ruiz (y su hijo Samir de 15 años) que formaba parte del proceso de restitución de las cuencas de los ríos Curbaradó[8].
Amenazas de muerte
De acuerdo con informaciones de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), las amenazas contra líderes que reclaman la restitución de sus tierras han sido constantes durante los últimos años. Destaca el caso de Enrique Petro Hernández, quien durante los últimos años ha recibido diversas amenazas a través de llamadas telefónicas de supuestos miembros del grupo ilegal «Águilas Negras». María Ligia Chaverra, ex representante legal del Consejo Mayor de Curbaradó y una lideresa en el proceso de retorno a la región, fue objetivo de un plan para atentar contra su vida en 2008[9]. Ambas personas son beneficiarias de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[10].
Organizaciones nacionales e internacionales han intercedido en diversas ocasiones a favor de la seguridad de los pobladores ancestrales de la región, pero pocos resultados han sido logrados y las amenazas contra sus vidas no cesan, pese a todas las medidas decretadas. En ese sentido, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia en mayo de 2010 que diseñara y pusiese en marcha un plan de prevención y protección colectiva e individual de la población y comunidades de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó en donde se tuviera en cuenta el agravamiento reciente de la situación de orden público y de vulnerabilidad de estas comunidades[11].
- 20 de noviembre 2012: Ocupantes de mala fe en Curbaradó afirmaron que hay un plan de asesinato en contra de comunidades de Caño Manso y Nueva Unión, y que ya han sido contratados los sicarios[12].
- 29 de noviembre 2012: Cijp denuncia un presunto plan de asesinatos colectivos contra miembros de las Zonas Humanitarias de Curbaradó por parte de presuntos paramilitares[13].
- 5 de marzo 2013: Amenaza de muerte contra Yuber Camilo Ruíz, (hijo de crianza de Manuel Ruíz, líder de comunidades Afro-descendientes de Curbaradó asesinado en marzo de 2012) y a su familia en Apartadocito (en Curbaradó) realizada por Leonel Suescún, ocupante de mala fe reconocido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)[14].
- 5 de abril 2013: Amenaza de muerte contra Guillermo Díaz y Enrique Cabezas, líderes reclamantes de tierras de Curbaradó, por parte de Darío Montoya, reconocido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) como ocupante de mala fe[15].
- 11 de abril 2013: Amenaza de muerte contra Andrés Carmona, líder del proceso de restitución de tierras de Curbaradó, por un desconocido que afirmó: «Quince días antes de que se den los desalojos sale usted con los pies por delante. Solo le digo eso»[16].
- 26 de abril 2013: El hermano de Enrique Cabezas, Óscar Cabezas, fue intimidado y amenazado con matarlo por dos presuntos paramilitares que después de apuntarle con un arma decidieron no disparar porque «no era a quién buscaban»; según la Cijp, su objetivo era el líder de tierras Enrique Cabezas[17].
- 28 de abril 2013: La Cijp denuncia la existencia de un listado divulgado por presuntos paramilitares con los nombres de seis líderes de tierras a asesinar, entre ellos Guillermo Díaz y Enrique Cabezas, líderes del proceso de restitución de tierras de Curbaradó[18].
Seguimiento y vigilancia
- 22 de febrero 2013: Seguimiento a Andrés Carmona, líder de restitución de Curbaradó y miembro del comité de censo, por presuntos paramilitares[19].
- 2 de mayo 2013: Ingreso de presuntos paramilitares en la vivienda de Guillermo Díaz ubicada en la Zona Humanitaria Argenito Díaz en Curbaradó[20].
Señalamientos y difamaciones
- 27 de diciembre 2012: Señalamiento en contra de Cijp y las ZZHH de Curbaradó por parte del Teniente Coronel Cortés, primer mando del Batallón Selva nº 54, quien afirmó que detrás de los opositores a la instalación de una base militar en los territorios colectivos está la influencia de las frentes 5 y 57 de las Farc[21].
Judicializaciones
El 27 de octubre de 2010, Cijp fue informada de la expedición de entre 15 y 20 órdenes de captura contra integrantes de los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó. Cijp ha revelado que el expediente del caso por el asesinato de Manuel Moya y Graciano Blandón, por ejemplo, se basa en acusaciones sin fundamento, nunca demostradas jurídicamente, que provienen por una parte de las declaraciones de un desmovilizado de la insurgencia y por otra parte de las declaraciones de uno de los autores históricos de las difamaciones dirigidas continuamente a lo largo de los últimos dos años hacia Cijp y otras organizaciones internacionales en la zona[22]. Algunos de los líderes hoy en proceso de judicialización son denunciantes en el marco de un proceso penal contra empresarios y ganaderos presuntos responsables del despojo violento de tierras y del desplazamiento masivo a finales de los 90 en Curbaradó y Jiguamiandó.
Ver las más graves agresiones en contra de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó en 2014, 2015 y 2016.
Foto: Adrian Johanson
Notas de pie:
[1] El Espectador: ¿Quién mató a Argenito?, 24 de enero de 2010
[2] Verdad Abierta: Oscar Mausa, otro líder de despojados de Urabá asesinado, 26 de noviembre de 2010
[3] Alias El Alemán reconoce crimen, Ejercito Nacional, 29 de octubre de 2008
[4] Cijp: Orlando Valencia, 24 de octubre de 2008
[5] Cijp: Asesinado Benjamín Gomez, habitante de la Zona Humanitaria de Caño Manso, 7 de septiembre de 2009
[6] Cijp: Asesinado Argenito Diaz, líder de Llano Rico, 15 de enero de 2010
[7] Ibíd.
[8] Cijp: Constancia: Asesinados el líder, reclamante de tierras, Manuel Ruiz, junto con su hijo, Samir Ruiz, 2 de abril de 2012; PBI Colombia: Alerta de Acción: Desaparición y posterior asesinato de reclamante de tierra y su hijo en la cuenca de Curbaradó, 29 de marzo de 2012
[9] Cijp: Empresario busca sicario ordenando asesinar a Ligia Maria Chaverra y Manuel Denis Blandón, Informe 65, 13 de febrero de 2008
[10] Medidas provisionales respecto de la República de Colombia, asunto comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 30 de agosto de 2010
[11] Auto 448 de 2010, Corte Constitucional
[12] Cijp: Amenazas de muerte a reclamantes de tierra, 21 de noviembre de 2012
[13] Cijp: Amenaza de nueva masacre, presencia paramilitar, cultivos de hoja de coca y daños ambientales provocados por Maderas del Darién, 10 de diciembre de 2012
[14] Cijp: Amenaza a familia Ruiz Gallo, 6 de marzo de 2013
[15] Cijp: Empresario reitera amenazas a líderes de Curbaradó, 5 de abril de 2013
[16] Cijp: Nuevas amenazas de muerte a líderes reclamantes de tierras, 17 de abril de 2013
[17] Cijp: Frustrado atentado de paramilitares a líder de tierras, 26 de abril de 2013
[18] Cijp: Plan de paramilitares para asesinar reclamantes de tierra, 28 de abril de 2013
[19] Cijp: Seguimiento por paramilitares a integrante del consejo comunitario de Andalucía, 23 de febrero de 2013
[20] Cijp: Continuidad de abusos empresariales, planes de asesinatos contra líderes reclamantes de tierras, 16 de mayo de 2013
[21] Cijp: Señalamiento de militares a comunidades en Curbaradó, 3 de enero de 2013
[22] Cijp: Cijp denunció la existencia de 15-20 órdenes de captura contra líderes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Curbaradó y del Jiguamiandó, Constancia, 27 de octubre del 2010