Con una trayectoria de tres décadas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P) ha venido acompañando a comunidades y organizaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas en regiones afectadas por el conflicto y la violencia.
Apoya la exigencia de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de estas comunidades frente al Estado y frente a actores privados. Realiza actividades encaminadas a facilitar el diálogo y la reconciliación entre víctimas y responsables de las violaciones de los derechos humanos, de todas las orillas del conflicto, y a crear las garantías para que la violencia no se repita.
Padre Alberto Franco. Foto: Bianca Bauer
“Ha sido muy importante el papel del acompañamiento de PBI en varias regiones donde trabajamos. Este acompañamiento ha permitido la resistencia y la afirmación de los derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a las que nosotros acompañamos. Es fundamental el acompañamiento porque la presencia internacional se convierte en un elemento de disuasión y esto ha significado salvar vidas.”
Padre Alberto Franco, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Danilo Rueda. Foto: PBI Colombia
“El acompañamiento de PBI tiene un claro valor agregado para el trabajo de J&P en las regiones. Con el paso de los años hemos observado que su presencia ha permitido la protección real de comunidades y personas, y ser escuchados en instancias nacionales e internacionales.”
Danilo Rueda, coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Historia: tres décadas acompañando a comunidades en terreno
Fundada en 2002, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P) da continuidad a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, que fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos de Colombia. Cuarenta y cinco Congregaciones religiosas católicas formaron la Comisión en 1998, bajo el liderazgo del reconocido sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, el Padre Javier Giraldo.
Durante ya más de tres décadas J&P ha venido acompañando a personas y procesos organizativos afrocolombianos, indígenas y mestizos en zonas rurales y urbanas que han sido afectadas por el conflicto y la violencia. Con presencia en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Meta y Putumayo, la Comisión J&P apoya a las comunidades locales en la exigencia de sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos frente al Estado y frente a actores privados.
Los equipos en terreno de J&P y la sede principal en Bogotá realizan estrategias de defensa del medio ambiente y del territorio por medio de un trabajo agroambiental y acompañan a las comunidades con rutas jurídicas, educativas, comunicativas y de incidencia en políticas públicas. Asimismo, brindan acompañamiento psicosocial para ayudarlas a gestionar los impactos psicosociales causados por la violencia.
Fundamentada en la tradición religiosa y espiritual, J&P afirma que apoya “la multiplicidad de motivaciones que inspiran las personas y los procesos organizativos en sus proyectos de vida territorial por un bello existir en justicia socio ambiental”1.
En defensa de la tierra y el territorio, la memoria y la justicia
En el plano jurídico, J&P apoya el esclarecimiento y la sanción judicial de hechos de violencia política, ambiental y social que las personas y comunidades acompañadas han sufrido, con estrategias en los sistemas judiciales nacionales e internacionales2.
Entre los casos apoyados, están los relacionados con el acceso y la propiedad de tierras y territorios. De acuerdo con Danilo Rueda, coordinador nacional de J&P, “en años recientes hemos logrado varios avances en este eje relacionados con la denuncia y el esclarecimiento judicial en torno a la propiedad de las tierras que han sido quitadas a comunidades nativas”3.
Esta es una de las líneas de trabajo priorizadas por J&P, y en esa línea acompaña, además, a comunidades e individuos desplazados, para reclamar sus derechos ante actores públicos y privados. Asimismo, apoya a las poblaciones locales en la protección del medio ambiente y de su soberanía alimentaria, la cual se ha visto afectada, entre otros, por el mal manejo ambiental desde empresas nacionales e internacionales con operaciones en las áreas donde ellas viven4.
“Otra estrategia para abordar esta problemática tiene un carácter más bien preventivo y de potenciación de las capacidades de afrontar y prevenir las afectaciones de los derechos a la tierra y el territorio,” precisa Rueda. “En este eje también promovemos la resiliencia frente al problema del cambio climático”5.
Desde mucho antes de la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, la organización ha promovido la construcción de la paz y de una democracia con justicia, apoyando experiencias de memoria, afirmación de la verdad, justicia y reparación en las comunidades que la organización acompaña6.
J&P visibiliza todos estos ejes de trabajo a través de una amplia difusión de información, que incluye informes, documentales audiovisuales y alertas ante la opinión publica. Estas publicaciones y alertas favorecen la protecciónde las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas acompañadas, gracias a la amplia red de apoyo nacional e internacional de la Comisión.
Acompañamiento a comunidades en el Bajo Atrato
En la región del Bajo Atrato, ubicada en el departamento de Chocó, J&P acompaña a comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas que retornaron a sus territorios después de haber sido victimas de desplazamiento forzado causado por actores armados durante el conflicto. Hoy, estas comunidades viven en las llamadas Zonas Humanitarias y de Biodiversidad en las cuencas de Cacarica, Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, y La Larga Tumaradó, y en el municipio de Dabeiba.
El Bajo Atrato está estratégicamente ubicado entre los dos océanos del Atlántico y del Pacífico, cerca de la frontera panameña y el canal de Panamá, y tiene, además, abundantes recursos naturales. Pero en vez de riquezas y bienestar, estas características han convertido a la región en zona de disputa entre guerrillas y paramilitares7. En estas luchas, los paramilitares contaron con el apoyo de unidades del Ejército Nacional así como de ganaderos y agro empresarios8.
J&P ha venido apoyando a las comunidades en su constante resistencia frente a los impactos de este conflicto, que incluyen amenazas, persecuciones, asesinatos, desplazamiento y desalojo de sus tierras, que pasaron a las manos de empresas y terratenientes. Además de brindar rutas en formación, apoyo psicosocial y acompañamiento jurídico en casos de reclamación de tierras, la Comisión publica denuncias públicas sobre las situaciones de riesgo e incidentes de seguridad que afectan estas comunidades.
Zonas humanitarias y de Biodiversidad, en constante riesgo
Entre las iniciativas de resistencia civil acompañadas por J&P, están las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Estas fueron establecidas por familias desplazadas a causa de la violencia paramilitar de las cuencas de Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, La Larga Tumaradó y Pedeguita y Mancilla en el Bajo Atrato, después de su retorno a las tierras que tuvieron que abandonar.
Entre las iniciativas de resistencia civil acompañadas por J&P, están las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Foto: PBI Colombia
Estas Zonas son una iniciativa comunitaria para poder seguir resistiendo en el territorio a pesar del asedio del conflicto armado. Por eso, las comunidades delimitan y visibilizan las áreas en las que están viviendo y prohíben la entrada a cualquier actor armado, ya sea legal o ilegal9. Las familias locales también establecieron Zonas de Biodiversidad, que han sido constituidas para proteger el medio ambiente y la vida.
Sin embargo, a pesar de la desmovilización de grupos paramilitares en el 2006 y la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc en el 2016, las comunidades acompañadas por J&P en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad siguen en riesgo constante. Hoy día, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)10, también conocidas como Clan del Golfo, quienes dominan la escena. Una vez más, y a pesar de múltiples denuncias nacionales e internacionales de la connivencia entre el Ejército Nacional y las AUC en el pasado, J&P ha denunciado que haya sospechas de una posible colaboración de la Brigada XVII con este grupo armado ilegal, heredero del paramilitarismo11.
En diciembre de 2019, J&P denunció “el control social y territorial de las AGC en los Territorios Colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga Tumaradó, en medio de la presencia de efectivos regulares del Ejército Nacional y la Policía Nacional”12. Esta situación conlleva reiteradas amenazas de muerte contra líderes y lideresas en el Bajo Atrato.
A lo anterior se suma la presencia del grupo guerrillero Ejército Nacional de Liberación (ELN) en la zona. En el 2019 y en lo que va del 2020, la población sufre las consecuencias del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las AGC, y la guerrilla del ELN, con graves afectaciones de la población en las cuencas del Bajo Atrato13.
Las comunidades del Bajo Atrato y la justicia transicional
Ante la grave situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Bajo Atrato acompañadas por J&P, la Comisión solicitó medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2019. Éstas fueron otorgadas por la JEP en julio del mismo año y, por ende, estas comunidades fueron reconocidas como víctimas colectivas en el caso 004 investigado por este tribunal14 J&P es acreditada como representante judicial de las víctimas ante la JEP15.
El caso 004 se centra en los hechos violentos del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en la regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién, a manos de las Farc-EP, la Fuerza Pública bajo el mando de la Brigada XVII y otros agentes del Estado, y los llamados “terceros civiles”, es decir: financiadores y auspiciadores del conflicto armado que no formaron parte oficial de grupos armados ilegales o el Estado, como los empresarios16. La participación de estos últimos es voluntaria
J&P y otras organizaciones de derechos humanos documentaron más de 3.500 casos de hechos victimizantes, que fueron entregados para investigación a la JEP17. Para recibir los informes y escuchar los testimonios de las comunidades, funcionarios de este tribunal de justicia transicional se desplazaron en marzo de 2019 a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios en Cacarica18.
Para Danilo Rueda, la llegada de la JEP desde Bogotá a esta remota y olvidada región del país fue un evento importante. “Lograr la sesión en terreno en Cacarica representa una respuesta institucional que nunca se había dado,” explica Rueda, quien destaca la buena recepción de esta entidad de justicia transicional por las comunidades: “Cuando la justicia tradicional ha generado mucha desconfianza por su falta de escucha o hasta desprecio de las comunidades, la transicional se siente mucho más cercana a la gente, más accesible. La gente siente y ve su presencia, y esto genera confianza”19.
Rosalba Córdoba Rengifo, una de las mujeres sobrevivientes de la comunidad de Cacarica que asistió a la visita de la JEP, lo formula así: “Hace 22 años (en 1997) que sucedió el desplazamiento, teníamos un deseo, el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Contar con la JEP es una oportunidad de continuar con este deseo. Para nosotros es muy importante, la guerra no es la solución a la forma en que queremos vivir”20.
Festival de las Memorias
Entre las actividades que desarrolla J&P para superar las heridas que dejó el conflicto y lograr la reconciliación, son los Festivales de las Memorias. Danilo Rueda precisa que fue una decisión deliberada de llamar este evento el festival de “memorias”, es decir: en plural, pues “no se trata de la memoria de tú y yo solamente, sino de una pluralidad de visiones sobre lo ocurrido”21.
En 2019, se organizó el quinto Festival de las Memorias “Somos Génesis”. Este evento inició el 28 de febrero en el coliseo de Turbo (Antioquia), y finalizó el 1 de marzo en la Zona Humanitaria Nueva Vida en Cacarica. Fue en este Coliseo donde por más de tres años, miles de personas desplazadas por acciones coordinadas entre los paramilitares y el Ejército Nacional permanecieron, hasta que inició su proceso de retorno. El evento fue organizado en conmemoración a las víctimas de la llamada “Operación Génesis”, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército en 1997 en la zona, y que tuvo como consecuencia la desaparición forzada, asesinatos y desplazamiento forzados de miles de personas campesinas de sus tierras. Adicionalmente, el Festival de las Memorias tenía como fin impulsar garantías de no repetición y reparación a las familias22.
En Cacarica, durante la conmemoración de los 20 años de la Operación Génesis, operación que realizó el Ejército junto con los paramilitares y que provocó el desplazamiento de 3.500 habitantes de la región. Foto: Bianca Bauer
Empresas y derechos humanos: entre la denuncia y la reconciliación
J&P ha documentado y acompañado diversos casos de afectaciones de los derechos humanos, del entorno natural y de la seguridad alimentaria de comunidades afectadas por las operaciones de empresas agroindustriales de la palma, el banano y la madera, así como industrias extractivas y petroleras.
Asimismo, la Comisión realiza acciones para lograr la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (2011)23. De acuerdo con Danilo Rueda, “en diversos contextos como en el Meta, Chocó y Cauca, tomamos los Principios Rectores como una guía en los planteamientos legales, en planes de formación y en el apoyo a los casos de las comunidades”24.
Adicionalmente a la denuncia de casos de violaciones de derechos causadas por empresas, la Comisión busca transformar las relaciones dañinas entre estas compañías privadas y las comunidades en un relacionamiento constructivo. Para lograrlo, la organización promueve diálogos entre las poblaciones afectadas y actores empresariales. Según Rueda, es alentador que se están dando los inicios de un cambio en este sentido: “Vemos el rompimiento de prejuicios frente a actores que participaron en la violencia, como actores armados ilegales y empresarios, y con esto, vamos a poder encontrar puntos de consenso y nuevas miradas que puedan alimentar un diálogo entre estos actores y las comunidades”25.
Durante el Festival de las memorias “Somos Génesis” de marzo de 2019 en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, Cacarica, fue inaugurada la primera sede de la Universidad de Paz. La UniPaz, una iniciativa impulsada por J&P en concertación con comunidades en diferentes regiones, es un espacio de educación superior en las zonas más afectadas por el conflicto, para facilitar el encuentro y la reconciliación entre víctimas y responsables directos, de todas las orillas del conflicto.
El edificio, levantado sobre una colina a la orilla del río, rinde homenaje a Juana Bautista Angulo, mujer afronayera, víctima de tortura y de violencia sexual, asesinada el 14 de abril de 2001 durante el desplazamiento forzado en el Bajo Naya por paramilitares de Bloque Calima
La Universidad busca articularse con el Sistema Integral de justicia transicional que nació del Acuerdo de Paz. Desde el lanzamiento de su primera sede, J&P, con el apoyo de integrantes de la Comisión de la Verdad, ha venido realizando otros ejercicios de “educación restauradora”, como la llama Danilo Rueda. Está previsto abrir trece sedes de la “UniPaz” en Antioquia, Chocó, Cauca, Meta y Putumayo. Las sedes de la UniPaz son, a la vez, una propuesta socio-ambiental. Serán construidas de materiales amigables con el medio ambiente, y el enfoque educativo tiene en cuenta la responsabilidad ciudadana con el planeta y sus recursos naturales26.
Los iniciadores del primer módulo de la UniPaz, las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica (Cavida) esperan que con esta iniciativa se puedan sentar las bases de la convivencia en los territorios, a la vez que se preserva la memoria. Como lo expresó una integrante de la comunidad: “Queremos perdonar, pero no olvidar. Porqué el que olvida la historia, la repite”27.
Otra mujer campesina, víctima sobreviviente de una de las tantas masacres que han sufrido las comunidades en la región, se dirigió al público diciendo: “Para todos nosotros y nosotras es muy importante la Universidad de la paz. Hoy queremos que ustedes no sigan en la guerra. La violencia trae sino violencia. Aquí tenemos que construir juntos paz. Desde nuestros corazones les decimos: ya no tenemos odio, ya somos otra persona. Podemos perdonar”28.
Acompañamiento a comunidades en el Putumayo
Las comunidades que acompaña J&P en el Putumayo, viven en entornos precarios, sin centros de salud cercanos o con grandes dificultades para acceder a ellos debido a la ausencia de vías, vías en mal estado y sujetos a inundaciones y derrumbes debido a las duras condiciones climáticas. Asimismo, las comunidades denuncian que centenares de personas viviendo en los diferentes territorios tienen síntomas de paludismo, dengue, gripas, hambre y desnutrición; bebés se mueren por las precarias circunstancias sanitarias29.
J&P y las comunidades continúan denunciando los ataques a la población civil en zonas controladas por el grupo armado conocido como “La Mafia” o “Comandos de la Frontera”, estructura heredera del paramilitarismo al servicio del narcotráfico. Estos hechos de violencia contra la población del Bajo Putumayo, y que incluyen asesinatos de líderes, se dan en medio de la presencia de la Brigada XXVII de Selva y la Policía Nacional30.
Otra problemática que trabaja J&P en el Putumayo son las controvertidas aspersiones con el tóxico glifosato para erradicar forzosamente los cultivos de hojas de coca31 y que afectan gravemente a los territorios del pueblo Nasa en el departamento. La Corte Constitucional, en respuesta a una tutela puesta por J&P, reconoció las afectaciones que causan las fumigaciones con glifosato en territorios del pueblo Nasa en Putumayo. Al no haberse realizado una consulta previa con las comunidades indígenas como es debido, la Corte ordena “una consulta posterior, para adoptar medidas de etno-reparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios por las fumigaciones y que se garantice la supervivencia física, cultural, espiritual y económica de las comunidades32.
A pesar de lo anterior, siguen dándose acciones de erradicación forzada con glifosato por la fuerza pública, y sin la debida consulta previa con las autoridades indígenas33.
Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica (ZRCPA)
Entre los procesos organizativos apoyados por J&P en este departamento, está la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica (ZRCPA). La Zona, situada sobre el margen del río Putumayo y sus afluentes, fue creada en el año 2000. Desde entonces, las aproximadamente 800 familias que viven en las diferentes veredas que componen la Zona, han luchado por su reconocimiento institucional y su modo de vida tradicional, anhelando poder trabajar la tierra sin temer por su salud ni su supervivencia34.
Sin embargo, los actores armados ilegales que ejercen control territorial en esta región del Putumayo, ejercen una serie de amenazas a los habitantes de la ZRCPA. Adicionalmente, la empresa petrolera británica Amerisur Resources viene perturbando la cotidianidad y la vida de la población campesina, causando grandes daños a aguas y suelos35.
En enero 2020, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ordenó, de manera preliminar, el congelamiento de tres millones de libras esterlinas a la empresa Amerisur Resources Plc en respuesta a una demanda interpuesta por los habitantes de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, que con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la organización de abogados británica Leigh Dey, reclaman los daños ambientales y sociales provocados por su operación en los territorios campesinos36.
Poco después de la sentencia, J&P denunció que familias de la ZRCPA, en varias ocasiones fueron presionadas por funcionarios de la empresa para suscribir “un acta que desmienta las afirmaciones que se sostienen en Tribunales Nacionales e Internacionales sobre la contaminación del agua por la operación extractiva petrolera”37.
Situado en el suroccidente del país, el Valle del Cauca, corredor estratégico que une la región andina con el Pacífico, ha sido una de las zonas más conflictivas de Colombia. De la escala de violencia en el departamento no se han librado los centros urbanos, como la capital departamental, Cali, y Buenaventura, el principal puerto de la costa Pacífica colombiana38.
En esta región, J&P trabaja con diferentes procesos organizativos comunitarios. La organización acompaña y asesora a las familias del Espacio Humanitario Puente Nayero en el barrio la Playita de Buenaventura, quienes intentan construir un espacio libre de actores armados ilegales en pleno contexto urbano.
J&P además apoya a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Naya, ubicadas entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en temas de seguridad jurídica, seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, fortalecimiento organizativo y formación en derechos humanos.
Asimismo, la Comisión acompaña al pueblo indígena wounaan nonam, asentado a las orillas del río San Juan y su afluente el río Calima, corredores estratégicos para el tráfico de mercancías ilegales hacia el Pacífico y el control del territorio por actores armados al margen de la ley[18]. En este panorama de miedo, las comunidades se han visto obligadas a huir en varias ocasiones.
Cuando regresaron las familias wounaan nonam a sus tierras crearon un resguardo humanitario y prohibieron el ingreso de actores armados en su pueblo. Foto: Bianca Bauer
A finales del año 2014, J&P comenzó a acompañar a la comunidad indígena wounaan del caserío Unión Agua Clara, ubicado en zona rural de Buenaventura a la orilla del río San Juan. Huyendo la violencia de grupos armados ilegales y los operativos militares, buscaron refugio en el coliseo de la ciudad portuaria, donde durante un año vivieron en condiciones precarias.
En el departamento de Meta, J&P acompaña a dos comunidades indígenas, los sikuani y los jiw, afectadas por las plantaciones extensivas de palma aceitera en el municipio de Mapiripán. Aquí, la Comisión organiza talleres de capacitación sobre sus derechos territoriales y derechos humanos, y acompaña a algunos campesinos reclamantes de tierra.
Los miembros de J&P han sido objeto de muchos incidentes de seguridad ocurridos desde 1996, incluyendo graves amenazas a la integridad personal, seguimientos, operaciones de inteligencia ilegales, planes de asesinatos, secuestros39 y campañas de desprestigio40.
A pesar de la firma del Acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno en 2016 y la supuesta transición hacia la fase del postconflicto, en muchas zonas donde trabaja la Comisión la violencia armada no ha cesado. Con esto, la situación de riesgo en que se encuentran las comunidades locales y las personas integrantes de J&P que las acompañan, sigue siendo crítica.
En el 2019 se dieron un gran número de incidentes de seguridad en las áreas de trabajo de J&P en Urabá41. De acuerdo con la FIDH42, desde el mes de febrero de ese año se conoció la existencia de un plan de agresión, montajes judiciales y desprestigio contra J&P, “para obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a comunidades negras, indígenas y campesinas que se oponen a las actividades empresariales extractivistas y las afectaciones de los derechos ambientales en diferentes partes de Colombia.”
Por otro lado, el 21 de noviembre, el día del Paro Nacional, J&P denunció que, en horas de la mañana, un dron de la Policía Nacional hostigó la sede de la Comisión en Bogotá, a pesar de que el gobierno señaló que no había autorización del uso de drones en el sector. J&P agregó que estos hechos se presentaron en un momento en que “se han dado diversos allanamientos contra sindicatos, líderes y organizaciones sociales, por parte del Estado colombiano, limitándose y vulnerándose el derecho a la protesta física y simbólica, siendo esto un acto intimidatorio ante la labor desarrollada por nuestra organización”43.
Medidas de protección
En septiembre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de J&P debido a las amenazas, seguimientos, señalamientos, retenciones y allanamientos constantes desde 199744. Por ello, solicitó al Estado colombiano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las personas beneficiarias e informar sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos y poner fin a las amenazas.
En mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) otorgó medidas provisionales a Danilo Rueda, uno de los miembros fundadores de la Comisión y su coordinador nacional hasta la fecha, por su elevado nivel de riesgo45. Actualmente, varios miembros de J&P cuentan con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo carros blindados con escoltas, para realizar su trabajo en terreno.
Premios y reconocimientos
Durante sus treinta años de trabajo a favor de las comunidades mas vulnerables del país, los derechos humanos y la paz, J&P se ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional. Resaltamos algunos de los premios y homenajes que han sido otorgados a la Comisión en años recientes.
En 2012 y en 2019, J&P fue finalista para el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “Experiencia o proceso colectivo del año”. En 2015, la organización ganó el Premio de Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA por sus siglas en inglés), que premia a organizaciones e individuos que en su trabajo incluyen “la visión de un futuro en donde los derechos humanos y la justicia social sean las bases de las políticas públicas”. El año siguiente, en 2016, la organización fue galardonada con el Premio Mártires de la Universidad Loyola de Chicago, “por su trabajo único, como organización intereclesial de derechos humanos, en análisis social, intervención e incidencia”.
Acompañamiento de PBI
Acompañamos a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde 1994.
11Con frecuencia, J&P publica denuncias en su página web con testimonios y registros de incidentes de seguridad que apuntan a la supuesta existencia de vínculos de colaboración entre la AGC e integrantes de tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en el Bajo Atrato. Ver: https://www.justiciaypazcolombia.com; Horacio Duque: Urabá: Neoparamilitarismo, violencia, víctimas y memoria histórica (II), America Latina en movimiento, 15 de mayo 2020
