Unión es protección

Unión es protección: Comunidad de Paz desarrolla concepto integral de vida y protección en Colombia

por Michael Harram, Brigadista de terreno, PBI Colombia

Nos ubicamos en lo profundo del Urabá antioqueño, entre naturaleza y cultivos varios. Se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinxs que lleva casi treinta años resistiendo desde el trabajo, la unión y la dignidad, bajo el férreo principio de la no violencia y la neutralidad ante el conflicto armado. Aquella comunidad nació oficialmente el 23 de marzo de 1997, cuando sus habitantes, cansados de la violencia y del control de los grupos armados, decidieron algo muy fuerte: declararse neutrales, vivir sin armas y organizarse bajo principios de solidaridad, respeto y autonomía.

La región del Urabá siempre ha sido terreno de conflicto. Su ubicación, estratégica entre el Caribe, el Chocó y el interior de Antioquia, la convierte en un punto clave para el comercio, pero también en un lugar donde muchos quisieron tener el control. Esta zona de ríos, montañas y suelos fértiles es ideal para sembrar cacao, maíz, plátano y yuca… pero esa misma riqueza también trae violencia. En los años ochenta y noventa la guerra se instaló de lleno: guerrillas, paramilitares y el Ejército se enfrentaban sin tregua, y el campesinado quedaba atrapado en medio del fuego cruzado. Muchas personas fueron desplazadas, otras asesinadas solo por negarse a tomar partido. Las personas de la comunidad se cansaron de tanta violencia y crearon una comunidad basada en la paz, la solidaridad y el trabajo compartido. Querían demostrar que era posible vivir sin armas, cuidando la tierra y apoyándose entre todas. Esa apuesta por estar juntos y juntas es lo que les permitió crecer como resistencia.

Toda esta violencia hizo que rompieran relaciones con la fuerza pública y otras instituciones del Estado, porque alegan que no les brindan las garantías de seguridad que pide la comunidad, también por vínculos que según constantes denuncias de la la misma Comunidad la Brigada XVII historicamente ha tenido con grupos paramilitares.

Con el paso del tiempo, La Comunidad de Paz comenzó a articular varias estrategias de resistencia, resiliencia y autoprotección. Ellxs tienen claro: la unión es protección. Y por eso trabajan la para construir esa unión, cada día y a todo nivel: social, económico, ecológico, educativo, cultural y espiritual, además de internacional. En primer lugar, el trabajo comunitario: hacer las mingas, jornadas laborales colectivas donde familias enteras siembran, cosechan y comparten los frutos. Eso garantiza que nadie pase hambre y refuerza los lazos entre todxs – el tejido social. De ahí nació la apuesta por la soberanía alimentaria: producir lo propio para no depender del mercado ni de ayuda externa, algo vital cuando las carreteras estaban bloqueadas por retenes ilegales y se hizo imposible llegar a los mercados.

Más tarde, adoptaron la agroecología: dejar los químicos, conservar semillas nativas, cuidar el suelo y el agua, trabajar en armonía con la naturaleza. No solo es una técnica, es un gesto político, y colaboran con emprendimientos como Lush Cosmetics, quienes se convirtieron en socios internacionales para comprarle a la Comunidad un cacao más ecológico y respetuoso con el medioambiente para la producción de jabones.

El cultivo de cacao orgánico se volvió otro pilar de su resistencia. Los y las campesinas de la Comunidad de Paz lo siembran en sistemas que cuidan la biodiversidad, lo fermentan, lo secan y lo venden bajo comercio justo. Hoy ese cacao es su principal fuente de ingresos y también un símbolo de autonomía; demuestra que se puede vivir del campo sin destruirlo. Las ganancias permiten sostener proyectos en educación, salud y mejoras comunitarias.

La memoria y la cultura tienen un papel clave en el camino de la Comunidad de Paz. Recordar a las víctimas, hacer caminatas por los sitios donde ocurrieron crímenes, sembrar árboles, pintar murales, cantar, contar historias y producir obras de teatro comunitario — todo eso mantiene viva la identidad campesina y refuerza la comunidad. Tienen espacios físicos como mausoleos o cementerios propios para honrar a quienes han caído, y esas acciones son resistentes por sí solas. Hacen acciones de memoria, como el via crucis que realizan en Semana Santa, recordando a sus seres queridos, o diferentes estructuras espirituales: hacer memoria es pasar por el corazón.

Hoy, uno de los retos más grandes para la comunidad es el tema de la tierra. Mientras sigue habiendo amenazas de grupos armados ilegales que provoca desplazamientos en la región, se instala la problemática del extractivismo. Empresas de palma, minería o ganadería buscan quedarse con el territorio, prometiendo desarrollo, pero en realidad ponen en riesgo la autonomía de la comunidad y destruyen la naturaleza. La Comunidad de Paz defiende su territorio en contra de planes de una carretera que pasaría por sus terrenos y que según las denuncias de la Comunidad carece de una planificación legal, resistencia que ha provocado ataques violentos y hasta asesinatos en contra de la Comunidad.

Aun cuando la comunidad recibió un reconocimiento, e incluso una disculpa pública, del mismo Estado y medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , reciben amenazas, vigilancia y hostigamientos: intentos de intimidación para que se alineen o dejen el terreno. Ponen a la población civil en la zona en contra de la Comunidad, lo que provoca su aislamiento . Pero sus integrantes se mantienen fieles a sus métodos pacíficos de resistencia. Siguen firmes con sus principios de no violencia y neutralidad, defienden su territorio, se apoyan entre ellxs y hacen visible su lucha ante organizaciones nacionales e internacionales. Saben que la violencia cambió de forma, pero el riesgo sigue ahí. Por eso se enfrentan a la violencia a su manera: defienden la tierra, cuidan el agua, reforestan y perseveran en su proyecto de vida colectivo, siempre respetando el principio de no violencia.

La tierra se trabaja en familia y comunidad. Cada familia tiene su parcela, pero hay terrenos comunes y actividades colectivas en las que todos participan. Los alimentos o el pancoger se reparten entre las familias conforme a sus necesidades, y el excedente se comparte o se vende colectivamente. Los ingresos del cacao y otros productos permiten financiar proyectos comunes. Este modelo demuestra que la cooperación es más fuerte que el egoísmo. Permiten que los y las jóvenes puedan trabajar y les dan un jornal, para que puedan tener sus ingresos y que cada unx pueda ayudar a su familia. Esto también crea un relevo generacional para que la comunidad pueda seguir muchos años.

En educación, los niños y niñas aprenden mucho más que a leer o escribir: aprenden a vivir como comunidad y a resistir. Desde muy pequeñxs conocen sus derechos, la historia de su pueblo y cómo cuidar la tierra. Las niñas tienen un papel clave: participan en la escuela, ayudan en los cultivos y en proyectos comunitarios, lideran actividades y cuidan la memoria de la comunidad, aprendiendo a ser fuertes, responsables y cuidadoras de su territorio. La cultura, la música, el teatro, las artesanías y la memoria diaria se convierten en formas de educar, resistir y construir sentido de pertenencia. Siempre son transparentes con las infancias; en ningún momento les ocultan ningún evento catastrófico ni nada relevante que haya pasado en la comunidad. Eso es parte de seguir manteniendo viva la memoria histórica.

Finalmente, la soberanía alimentaria les permitió no solo resistir, sino vivir con dignidad. En los momentos más duros, cuando la comida no llegaba y los caminos estaban cerrados, la comunidad se alimentaba con lo que producía. Sus huertas y cultivos diversificados aseguraron que nadie pasara hambre y fortalecieron su independencia económica y política. El trabajo en la tierra se transformó en un acto de vida.

Así, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sembrar no es solo cultivar alimentos, sino sembrar vida, resistencia y esperanza. Cada huerta, cada grano de cacao, cada aula, cada caminata por la memoria es un recordatorio de que la paz se construye día a día, con esfuerzo colectivo, cuidado de la tierra y compromiso de proteger a la comunidad para las futuras generaciones. Allí, donde la violencia intentó borrar la esperanza, la vida sigue creciendo, y la paz huele a cacao, a tierra mojada y a dignidad campesina.

Bajo Calima: Territorio de Resistencia y Esperanza en Medio del Conflicto

Por Gwendolina Gerard, brigadista de terreno (2025)

Historia del Bajo Calima

Ubicado entre el Pacífico colombiano y la cuenca del río San Juan, el Bajo Calima es una región rica en biodiversidad y cultura, habitada históricamente por comunidades afrocolombianas y pueblos originarios, especialmente los del pueblo Wounaan Nonam. Este territorio ha sido durante décadas un escenario de disputa entre intereses económicos, presencia estatal limitada y una grave conflictividad armada.

Bajo Calima, acompañamiento a CIJP en junio 2025

 

La región ha vivido una prolongada violencia estructural y territorial, marcada por la expansión de grupos armados ilegales como el ELN, el Frente Jaime Martínez, las AGC y otros actores, asociados al narcotráfico. Esto ha dejado profundas huellas sociales, incluyendo desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos.

Zonas de Reservas Campesinos y Resguardos Indígenas

Los consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas comenzaron a constituirse después de la Ley Nº70 de 1993, la cual reconoce entre varios derechos el de la propiedad colectiva y el uso de la tierra, estableciendo además algunos mecanismos para la protección y el desarrollo de los derechos a la identidad cultural. Bajo este marco legal también, paralelamente, los pueblos originarios como los Wounaan han mantenido sus resguardos, como el de Santa Rosa de Guayacán y Pichimá Quebrada, como espacios de autonomía y resistencia.1

El Resguardo Humanitario de Santa Rosa de Guayacán, comunidad indígena Wounaan Nonam ubicado en la cuenca del río Calima, cuenta con la Medida Cautelar 355-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2011 y con una sentencia de la jurisdicción civil especializada en restitución de tierras de Cali que sigue sin ser cumplida (R-001 de febrero de 2023). A pesar de esta protección, continúan enfrentando amenazas, control armado y aislamiento.

En este contexto, cabe resaltar las afectaciones que han vivido otras comunidades de la ribera del río Calima y del litoral San Juan, como el Consejo Comunitario de Cabeceras y el Resguardo Wounaan de Pichimá Quebrada. El Resguardo Wounaan de Pichimá Quebrada (Chocó), ha sufrido múltiples desplazamientos (2004, 2011, 2017, 20212) por enfrentamientos entre diferentes grupos armados legales e ilegales3. En sus retornos, la comunidad denuncia la ausencia del Estado y la falta de garantías del acceso a la salud, educación y vivienda. Efectivamente, en el último retorno en el 2023 la comunidad retornó a un territorio de crisis humanitaria, sin alimentación, atención médica, sin garantías de protección y libre movilidad, lo cual afecta por ejemplo a lxs estudiantes que necesitan navegar por el río muchas horas hasta llegar a sus clases4. Su situación refleja el abandono institucional incluso en el marco de los Comités de Justicia Transicional de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).

El Consejo Comunitario de Cabeceras y otras comunidades afrocolombianas, que funcionan como espacios humanitarios con propiedad colectiva también se encuentran vulnerables al control de actores armados, sin una atención del Estado5.

Situación Actual: Entre la Violencia y la Esperanza

El 2023 marcó un punto de inflexión cuando el Gobierno de Colombia y el ELN designaron el Bajo Calima/Bajo San Juan como el primer territorio de paz en el marco de sus diálogos6. Aunque esta declaración trajo consigo caravanas humanitarias, audiencias de verificación y mayor presencia institucional, las comunidades hoy en día siguen enfrentando amenazas reales.

Los grupos armados ejercen control sobre los territorios, las rutas fluviales y terrestres, afectando el acceso a servicios básicos. En Santa Rosa de Guayacán, por ejemplo, un bebé murió recientemente por no poder acceder a atención médica debido a las restricciones de movilidad impuestas por actores ilegales7. Las disputas territoriales por los grupos armados organizados (GAO) que actúan bajo la ausencia del Estado en la zona, impusieron la restricción del transporte fluvial, por lo cual no pudieron llevar el bébé a Buenaventura para acudir a un centro médico. Su muerte vislumbra la inhumanidad que supone la falta de respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En abril 2025 al menos 44 familias de la comunidad Nueva Esperanza se han visto obligadas a desplazarse de La Esperanza en Bajo Calima hacia La Colonia en el casco urbano de Buenaventura como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos armados ELN y el Estado Mayor Central.8 Adicionalmente, en el mismo mes La Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación de confinamiento y riesgo de desplazamiento de 247 familias9.

Ver los enfrentamientos como un continuum de violencia nos ayuda a aclarar sobre las dinámicas del conflicto entre el Bajo Calima y Buenaventura. Buenaventura y sus zonas rurales están bajo la influencia de bandas urbanas como Shottas, Espartanos, La Empresa y Los Chiquillos. Estas bandas controlan el territorio y las familias, cuentan dentro de su modus operandi el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA), extorsiones y homicidios selectivos contra la población civil, mientras desarrollan actividades de narcotráfico. Los GAO que tienen presencia en el Bajo Calima tienen alianzas con las diferentes bandas de Buenaventura, la violencia motivada por los mismos intereses económicos es continua en estos dos territorios10, y fuentes de la zona comentan que varios grupos insurgentes y disidentes estarían operando en la zona, disputándose el control territorial, especialmente sobre rutas de tráfico y zonas de explotación de recursos naturales, en alianzas estratégicas con carteles mexicanos.

PBI ha estado presente en el río Calima, Buenaventura (Valle de Cauca) desde hace varios años, a través de nuestro acompañamiento a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), quien a su vez acompaña y asesora varias comunidades en la cuenca del rio San Juan.

Acompañamiento a CIJP en Bajo Calima en junio 2025

En junio 2025 PBI acompañó a CIJP al Consejo Comunitario de Cabeceras para el festival de conmemoración del retorno y en Pichimá Quebrada nos recibieron para el desarrollo de un taller realizado por CIJP y finalmente en Puerto Chichila acompañamos a CIJP a llevar ayuda humanitaria11. Allí fuimos testigos de la agudización fuerte del conflicto que viven las comunidades, que presencian enfrentamientos y confinamiento.

En el festival de conmemoración del retorno, Consejo Comunitario de Cabeceras

El Bajo Calima sigue siendo un territorio resiliente y su gente sigue resistiendo. Pese a la violencia, sus pueblos originarios y afrodescendientes continúan apostando por la vida, la autonomía y la paz. Generadas por las mujeres, las artesanías representan una fuente de ingresos, pero también buscan generar proyectos productivos creando Pomuna, una marca de remedios naturales que extraen y destilan a partir de plantas medicinales. No obstante, no han podido seguir tejiendo sus mostacillas ni canastas de fibra de chontaduro, por la imposibilidad de conseguir nuevo material debido a las restricciones a la movilidad, y la comercialización de Pomuna ha sido más difícil por la reglamentación que se les imponen.

1https://pbicolombiablog.org/2017/02/16/paz-para-quien/

«¿Cómo debemos combatir los vientos fuertes?» por Waira Nina Jacanamijoy Mutumbajoy y Jani Silva

21 de junio, cruzando el estrecho del Hecate – Isla de la Tortuga (Canadá)

Por Waira Nina Jacanamijoy Mutumbajoy (Asociacion de Mujeres Indígenas Defensoras de la Chagra de la Vida – ASOMI y Asociación Tanda Chiridu Inga Kuna)  y Jani Silva (Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica) con el apoyo de Peace Brigades International y Forest Peoples Programme. Originalmente publicado por PBI Canadá.

Hoy 21 de Junio Dia Nacional de los Pueblos Indígenas en el territorio de la Isla de la Tortuga (Canadá) continuamos nuestro viaje como pueblos originarios y campesinos Amazónicos en Colombia para enraizar estrategias para la vida y la pervivencia en los territorios.

Estamos cruzando por las aguas turbulentas: por un lado, el estrecho del Hecate que es uno de los mares más agitados del pacifico, y por el otro lado las fuertes corrientes que azotan nuestros territorios.

A pesar de estas aguas turbulentas, los pueblos indígenas hemos sostenido nuestra responsabilidad de mantener la armonía y la conexión espiritual con los territorios. Es desde esta potencia y desde la autodeterminación, que hoy somos ejemplo para el mundo.

Desde el mandato de nuestra ancestralidad, de los abuelos y las abuelas, los pueblos del sur llamamos a los pueblos del norte a enraizarnos en solidaridad frente a este viento arrasador que quiere socavar la vida. Y desde aquí, invitamos a escuchar el aire de los tres mundos: alpa awuama (la tierra de arriba), alpa shaupipi (La tierra de en medio) y alpa ukuta (la tierra de abajo), según la cosmovisión Inga del Caquetá.

El viento arrasador silencia las voces del aire, como los Estados han intentado imponer visiones del llamado desarrollo sobre los proyectos de vida de las comunidades.

¿Como luchar contra estas aguas turbulentas y este viento arrasador?

Los pueblos ancestrales siempre hemos sabido. Es mediante nuestras prácticas, nuestros saberes y nuestros intercambios de conocimientos, como estamos haciendo en este momento con pueblos originarios de la Isla de la Tortuga (Canadá).

Hoy, dia del solsticio lo leemos como un signo de esperanza. Nuestros corazones están desbordados de los aprendizajes mutuos tras el intercambio con la Nación Haida, quienes han sentido y escuchado el aire (la palabra) de los pueblos del sur/como los pueblos del sur hemos sentido y escuchado el aire (la palabra) de los pueblos del norte. Con alegría y apertura, en la siguiente etapa de nuestro viaje, recibiremos el conocimiento y los saberes ancestrales de lucha y resistencia de los pueblos Wet’suwet’en, Gitxan y Gitanyow frente a las economías extractivistas.

Seguimos nuestro ñambi (camino), así como el camino de sol une el suyo con la luna en este solsticio, así los pueblos caminaran juntos a partir de sus propias diferencias y resistencias.

Reunión con miembros del Consejo de la Nación Haida (CHN). Gwaagwiis, Jason Alsop, presidente del CHN (tercero por la derecha), junto a Waira Nina Mutumbajoy. El jefe hereditario Guuthlay (cuarto por la izquierda), junto a Jani Silva. Viviane Weitzner, del Forest Peoples Programme, y Daniel Otero, de Brigadas Internacionales de Paz, están en el extremo izquierdo. Crédito: CHN.

Amenazas a directivas sindicales y Nomadesc en Valle del Cauca

Durante los recientes meses de 2025, recrudecen las amenazas y preocupan las condiciones de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. En este artículo, hablaremos de la situación que están atravesando algunos sindicatos de trabajadores colombianos y la Asociación para la Investigación y la Acción Social-Nomadesc en Valle del Cauca, acompañada por PBI Colombia.

Integrantes de las directivas de Nomadesc, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), la Unión Sindical Emcali (USE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) en lo que va del año han vivido diversos incidentes de seguridad que ponen en peligro su vida e integridad.

Nomadesc

Organización acompañada por PBI desde 1999, ha enfrentado durante varios años distintos episodios donde se han vulnerado sus derechos, especialmente por la defensa de estos.

Hostigamientos que si bien se han recrudecido durante este último año, durante muchos años atrás han vivido en la zozobra por estas intimidaciones causadas por diversos actores. Ejemplo de ello fue lo ocurrido durante el año de 2011 en el mes de agosto donde diversas organizaciones de derechos humanos fueron sistemáticamente amenazadas, todas ellas en el Valle del Cauca, entre ellas Nomadesc, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Sintraunicol, CUT-Valle, por citar algunas1.

Nomadesc articula en Valle del Cauca con Sinaltrainal, Sintraunicol y USE Emcali, entre otros; por ello desde hace varios años han denunciado conjuntamente las amenazas recibidas mediante mensajes de texto, sobres cerrados con panfletos y fotografías, todas dirigidas contra sus integrantes2.

Sinaltrainal

Sindicato enfocado en el sistema agro alimentario con actividad social y política.

Desde el 2 de abril de 2024, el sindicato ha realizado diversas acciones con motivo de la negación por parte de Nestlé de Colombia S.A a entablar negociaciones de convención colectiva. Nestlé se ha negado a negociar el pliego de peticionesy en cambio su respuesta han sido represalias, despidos intimidaciones y amenazas de despido3.

Sinaltrainal a través de la subdirectiva de Bugalagrande ha denunciado las amenazas de las que han sido objeto pues desde el 2019 a la fecha han vivido situaciones complejas por las actividades que realizan como trabajadores contra Nestlé.

Cuentan con una fundación cultural, deportiva y una farmacia, es decir, son un sindicato con una proyección social; por tal motivo son objeto de amenazas, víctimas de intercepción judicial y chuzamiento de llamadas y derivado de su participación en el Paro Nacional también son estigmatizados como «vándalos».

La situación contra Nestlé se recrudece con los más de 320 días de manifestación en la Carpa de la Resistencia4, sitio donde son asediados por la policía, la alcaldía, fuerza pública a través del SIJIN y el GOES5.

La directiva Bugalagrande refiere también sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso6, ex jefe paramilitar, sobre posibles indicios de que Nestlé realizara pagos a grupos paramilitares.

Sintraunicol

Este sindicato enfocado en la educación superior pública, participante en movimientos populares y defensores del sistema de salud de la Universidad del Valle, el 27 de febrero de 2025 recibió amenazas a algunos de sus integrantes mediante panfleto firmado por la Columna Móvil Jaime Martínez de una de las disidencias de las Farc-Ep7, declara objetivo militar a cuatro miembros del sindicato:

  • Edison Méndez, presidente del sindicato
  • Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subdirectiva Valle;
  • José Milciades Sánchez, secretario de Derechos Humanos de Sintraunicol nacional;
  • Harold Balanta, quien es el secretario general de Sintraunicol en Cali

Asimismo, en este panfleto les prohíben «hacer proselitismo en la región, reuniones con la población civil de la zona rural y urbana poniéndolos en contra de la organización».

Derivado de estas amenazas, hostigamientos, estigmatizaciones y persecuciones que han sufrido integrantes de estas organizaciones y gracias a su movilización en la ciudad capital, dieron origen a que la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, realizara un recorrido a finales del mes de marzo en las sedes organizacionales de Sintraunicol, USE de Emcali y Nomadesc8.

La consejera hizo un llamado9 a las autoridades locales y regionales para que presten atención a las preocupaciones por parte de los sindicatos y organizaciones del Valle, ello con el fin de adoptar las medidas pertinentes en materia de prevención, medidas de protección y principalmente en investigación.

Desde PBI nos preocupa la estigmatización realizada contra las organizaciones sindicales y de derechos humanos en Valle del Cauca, hacemos un llamado a las autoridades competentes de los diversos órdenes y niveles de gobierno para que trabajen sinérgicamente y realicen las acciones necesarias y urgentes para garantizar la vida e integridad de quienes defienden derechos laborales y en general derechos humanos en el departamento.

PBI abre espacios para la paz