IMPUNIDAD EN TORNO A VIOLENCIA POLICIAL DURANTE EL PARO NACIONAL

Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos [1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta[3]

Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá[5].

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A 18 años de la Masacre de Mulatos y La Resbalosa

Hace 18 años ocurrió un hecho que marcó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: la Masacre de Mulatos y La Resbalosa, en donde fueron cruelmente asesinadas 8 personas, de las cuales 3 de ellas menores de edad. Dicha masacre, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marcó un hito de separación con el Estado debido a la falta de garantías de seguridad y a su responsabilidad en torno a la impunidad de estos y más hechos de violencia que ha enfrentado la Comunidad de Paz desde su conformación.
La comunidad, que el 23 de marzo de 1997 se declaró Comunidad de Paz como estrategia de resistencia y permanencia en el territorio en medio del conflicto armado, no ha dejado de ser objeto de actos de violencia por parte de actores armados legales e ilegales.

Ahora, con la fuerza y determinación acumulada después de años de resistencia y lucha, la Comunidad rindió homenaje a las 8 personas asesinadas, 7 de las cuales eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, Deiner Guerra, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Muñoz, Natalia Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz.
En este acto conmemorativo y solemne, se entonaron cantos liderados por la voz de las niñas y los niños que conforman la Comunidad. Se recordó a cada miembro ausente físicamente, pero que están necesariamente presentes en la memoria colectiva para seguir defendiendo el territorio y exigiendo justicia.

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Llenas de entusiasmo por llegar a terreno

Damos una calurosa bienvenida a siete nuevas brigadistas de terreno que acompañarán a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos desde los equipos de Apartadó, Barrancabermeja y Bogotá

En la foto saludan: Nátaly (México) que acompañará desde el equipo de terreno en Apartadó, mientras que Vieni (México), Emily (Irlanda) y Jorge (México) lo realizarán desde Barrancabermeja y Mara (Estado Español), Marlinde (Países Bajos) y Arnaud (Francia) desde Bogotá.

“Hace dos semanas llegamos a Bogotá. Siete personas de diversas nacionalidades, con distintas procedencias y perspectivas, pero con las mismas ganas de seguir construyendo este proyecto. Es fascinante aprender acerca de los 30 años de PBI en Colombia y cómo su carácter internacional desempeña un rol en la defensa de los derechos humanos, siendo un puente entre los procesos organizativos, las personas defensoras y la comunidad internacional. Tras dos intensas semanas de formación, nos da mucha pena separarnos, pero estamos llenas de entusiasmo por llegar a terreno y ponernos manos a la obra”.

¡Bienvenidas y bienvenidos a PBI Colombia!

Proteger los vínculos y el colectivo

En el mundo de los derechos humanos y el movimiento social hay unas vivencias únicas que no serían posibles sin la juntanza de varias personas con un horizonte común. Las luchas sociales y la defensa de derechos humanos son, inevitablemente, colectivas. ¿Por qué? Porque el sistema de poder -capitalista, heteropatriarcal y colonial- y la violencia sociopolítica son demasiado tenaces como para hacerles frente en soledad. En colectivo nos damos cuenta de que los impactos de la violencia son más comunes de lo que creíamos. Que lo que me pasa a mí, también le pasa a mi compañera, y eso ayuda a librarnos de culpas o malestares por el hecho de sentirnos afectadas. Y porque las violaciones a los derechos humanos contra las que luchamos tocan una fibra colectiva que va más allá del daño concreto causado: más allá del hecho victimizante, tambalean nuestro sentido de humanidad.

Muchas veces se escucha que la defensa de derechos humanos genera profundos sentimientos de soledad que son, a veces, aliviados con muestras de solidaridad, de compañerismo y alianzas. El acompañamiento psicosocial toma en consideración estas soledades, las pone en el centro, les da un marco de comprensión y trata de transformarlas. En estos contextos, la soledad se relaciona fácilmente con la desesperanza. Si me siento sola, no me veo capaz y si no me veo capaz, dejo de creer en lo que quiero conseguir. Y uno de los mayores objetivos de la violencia sociopolítica es precisamente fracturar, generar sentimientos de soledad, de incapacidad y de desesperanza. Pero ¿cómo no caer en la desesperanza? ¿cómo construir esperanzas? Esta es una de las grandes preguntas. Una posible respuesta sería: creyendo y fortaleciendo el colectivo y los procesos, para que estos nos equilibren un poco el sentido de humanidad que se nos tambalea.

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Julia Figueroa: “Defender los Acuerdos de Paz desde el interior del Catatumbo se ha vuelto un riesgo altísimo”

El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.

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PBI abre espacios para la paz