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Publicado el listado de los magistrados para la JEP

El Comité de Escogencia acaba de publicar quiénes son los 51 magistrados que conformarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impartirá justicia en el marco del conflicto.

El 60 % de los magistrados vienen de las regiones, más del 50% son mujeres y el 10% indígenas. Mirtha Patricia Linares Prieto fue nombrado presidenta de la JEP y Luz Marina Monzón (investigadora en el Centro Nacional de Memoria Histórica), directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas[1].

El Tribunal va a conocer los hechos ocurridos hasta el 26 de septiembre de 2016 que hayan estado directa e indirectamente relacionados con el conflicto armado. No obstante, desde las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas hay varias preocupaciones por el contenido del proyecto de  ley.

Hasta la fecha, 1.502 militares y 2.817 miembros de las Farc han expresado su voluntad de someterse a la JEP, según un informe revelado por la Secretaria Ejecutiva de la JEP[2]. Un tema que ha generado polémica es si las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos, entrarían en la JEP: “Si la Corte Constitucional de Colombia aprueba la ley en su forma actual, existe el riesgo de que se fortalezca la impunidad gozada por aquellos –especialmente dentro del Ejército- que tienen mayor responsabilidad por crímenes internacionales cometidos en Colombia”, explica Andreas Schüller por parte del European Center for Constitutional and Human Rights[3].

Ya en este momento, la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando a 23 generales y seis coroneles activos y retirados por haber comandado unidades militares implicadas en 1.228 hechos de ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con un informe de la CPI. Si no se encuentra justicia en estos casos, sea en la justicia ordinaria o en la JEP, es probable que estos miembros de las Fuerzas Armadas sean llevados ante la CPI[4].

Los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales piden que los militares investigados o condenados no se conviertan en beneficiarios de la JEP. Argumentan que los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales asesinaron por  beneficio  propio, como dinero, permisos de descanso, ascensos y condecoraciones[5], a personas civiles y no a combatientes, y que estos crímenes de lesa humanidad sucedieron fuera del conflicto armado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó el 26 de julio que a los miembros de la Fuerza Pública procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales les aplica el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura cuando se someten a la JEP[6].

Para acceder a los beneficios de la JEP es necesario que los postulados aporten a la verdad plena, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición. A este respecto, preocupa que el proyecto establezca que el deber de aportar a la verdad no implique la obligación específica de aceptar responsabilidades en los crímenes[7]. Preocupa, también, que solamente un  incumplimiento grave pueda llevar a la pérdida de los beneficios, sin que se haya establecido los criterios para definir qué constituye un incumplimiento grave. “¿Incumplo si digo una verdad a medias o una abierta mentira? ¿Si no comparezco ante la Comisión de Verdad? ¿Si admito un crimen sin revelar las estructuras de apoyo y los autores intelectuales detrás?” se pregunta el abogado Jorge Molano, 10 acompañado por PBI.

Listado de los magistrados que conformarán las salas de la JEP

Titulares del Tribunal para la Paz

Salas de Justicia

Suplentes para el Tribunal de Paz

Suplentes para las Salas de Justicia


Notas de pie:

[1] El Espectador: Esta es la lista de los magistrados para la JEP, 26 de septiembre de 2017
[2] Unodoc: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016,  julio de 2017
[3] Verdad Abierta: Desplazamiento forzado no cede en Colombia, 9 de agosto de 2017
[4] El Espectador: Agúzate, siguen matando defensores de derechos humanos, 16 de agosto de 2017
[5] Indepaz y Marcha Patriótica: Trochas de paz y esperanza, informe nacional de derechos humanos enero – junio de 2017, agosto de 2017
[6] Corporación Nuevo Arcoiris: Asesinado líder social de Ascamcat en Norte de Santander, 18 de julio de 2017
[7] El Espectador: Los engranajes de la JEP, 1 de agosto de 2017

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