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IMPUNIDAD EN TORNO A VIOLENCIA POLICIAL DURANTE EL PARO NACIONAL

Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos [1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta[3]

Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá[5].

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“¿Quién dio la orden?”: reivindicación firme de Justicia y Verdad

La historia del mural “¿Quién dio la orden?” ha estado teñida de censura desde sus orígenes. La imagen fue tapada con pintura blanca horas después de haber sido pintada el 18 de octubre de 2019, frente a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá. Según denunciaba el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE [1], organización impulsora de la iniciativa, el mural fue censurado en un operativo de la Brigada 13 del Ejército Nacional, en el que más de 20 hombres armados intimidaron a los jóvenes artistas que lo pintaban [2]. Un día después, el MOVICE publicaba en su cuenta de Twitter la imagen del mural censurado. A pesar de numerosos intentos contra su difusión, este emblema en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, vuelve a estar hoy frente a la Escuela de Cadetes protegido por la Corte Constitucional colombiana.

La imagen diseñada en 2019 por la Campaña por la Verdad [3], que aglutina a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, mostraba el rostro de cinco altos mandos militares, bajo cuyas comandancias se presentaron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en el periodo del 2000 al 2010 [4]. Son los casos de los mal llamados “falsos positivos”, eufemismo en referencia a los asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del conflicto armado colombiano y un nudo central para la justicia transicional.


Primer mural de la Campaña por la Verdad (2019) con el rostro de cinco Generales del Ejército Nacional acompañados del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de cada uno de los batallones que ellos comandaron desde el año 2000 hasta el 2010. Tras este primer mural, y a medida que avanzaban las investigaciones de las organizaciones y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han diseñado otros tres murales, que contienen un aumento de cifras y de los máximos responsables.

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“Una gota de justicia en un mar de impunidad”

El pasado 10 de mayo, PBI estuvo acompañando en la ciudad de Tunja (Boyacá) a Fernando Kekhan, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y abogado en el caso de la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández Castro. En la Plaza de las Nieves, se dio lugar el acto de disculpas públicas del Ejército Nacional de Colombia, concretamente de la I Brigada, por la ejecución de Jorge Enrique ante sus familiares y la sociedad civil en general. Seguir leyendo “Una gota de justicia en un mar de impunidad”