Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos [1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta[3]
Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá[5].
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