Archivo de la categoría: Actualidad

LA “PAZ TOTAL” FRENTE A LA REALIDAD TERRITORIAL

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió desde su toma de posesión que la política de la “Paz Total” sería una de las prioridades de su agenda. Esta política busca la apertura de diálogos y la desmovilización de todas las estructuras armadas ilegales. Desde entonces, cuatro de estos grupos declararon un cese al fuego[1] y, en noviembre de 2022, se reinstaló una mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)[2], suspendida durante el Gobierno de Iván Duque. Asimismo, está previsto un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de otras estructuras armadas que el Gobierno define como “grupos criminales de alto impacto”, que carecerían de carácter político y, en el que estarían incluidas estructuras sucesoras del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3]

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LA COMUNIDAD DE PAZ: IMPUNIDAD Y CONTROL PARAMILITAR

El 21 de febrero se conmemoró la masacre de Mulatos y la Resbalosa, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que fueron asesinadas 8 personas, de las cuales 7 eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 3 de ellas menores de edad[1]. En el 2005, durante la Operación Fénix, un comando de aproximadamente 60 paramilitares junto con tropas del Ejército, asesinó a uno de los líderes de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra y su familia en la vereda de Mulatos y, posteriormente, masacró a la familia de Alfonso Bolívar, líder de la zona humanitaria de la Resbalosa. Desde entonces, cada año, se recuerda ese día en las veredas, en un ejercicio de memoria y denuncia de la impunidad que vive el país.

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IMPUNIDAD EN TORNO A VIOLENCIA POLICIAL DURANTE EL PARO NACIONAL

Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos [1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta[3]

Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá[5].

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Colombia: La “Paz Total”

Con la promesa de introducir cambios sustanciales en Colombia basados en la justicia social y ambiental y transformar la política de seguridad, el recién posesionado presidente Gustavo Petro, afronta serios retos en un momento de creciente violencia sociopolítica. Según 500 organizaciones defensoras de derechos humanos colombianas, el Gobierno saliente de Iván Duque deja un legado de “hambre y guerra, traducido en la violación sistemática de los derechos humanos, el aumento de la violencia dirigida contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos[1], la reactivación del conflicto armado, la expansión del paramilitarismo[2] y otros grupos armados, así como la expansión de cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína en el país[3].

En este contexto, el nuevo presidente afirma que priorizará el diálogo social[4] para resolver el conflicto armado que se ha extendido por más de seis décadas en Colombia, y enfatiza en la necesidad de proteger a las comunidades y los derechos humanos para superar las desigualdades históricas en el país. El Gobierno de Petro ha declarado que la “Paz Total”[5], ley aprobada recientemente en el Congreso de la República, será una de las piedras angulares de su política, encaminada al desarme de todas las estructuras armadas ilegales, a la apertura de negociaciones con grupos armados, al sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y a la terminación definitiva del conflicto[6]. De hecho, la política de la “Paz Total” acoge varias de las propuestas de “Somos Génesis”, red de más de 180 comunidades étnico-territoriales víctimas del conflicto armado, quienes llevan desde 2020 solicitando que se suscriban Acuerdos Humanitarios Globales y diálogos entre todos los actores armados que les permitan vivir en paz en el territorio[7], peticiones que, lamentablemente, no fueron atendidas por el anterior Gobierno.

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“Creemos en una reconciliación verdadera”

Bajo el techo azul de su capilla y la mirada de sus muertos, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se reunió por primera vez el domingo 24 de febrero con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tras un minuto de silencio en memoria de los numerosos miembros de la Comunidad asesinados en el transcurso del conflicto armado, el Presidente de la Comisión, Francisco de Roux agradeció a la Comunidad por su lucha y su coraje. Seguir leyendo “Creemos en una reconciliación verdadera”