Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp), integrada en su totalidad por mujeres, lleva veinte años trabajando a favor de campesinos y campesinas, indígenas y comunidades afectadas por el conflicto armado en las regiones del Nororiente colombiano y el Magdalena Medio. Con su labor de litigio y defensa de víctimas, Ccalcp ha logrado avances significativos en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos colectivos y ambientales.
“PBI ha significado un aliado más en lo político, un aliado más en la visibilización, un aliado más para poder transmitirle al mundo las realidades que mantienen oprimidas a las comunidades que acompañamos, que las tienen totalmente en crisis humanitaria, donde el Estado mantiene impunidad por todos los crímenes a los que han sido sometidos. A través de su gran red internacional, PBI nos ha brindado seguridad efectiva”.
Julia Adriana Figueroa, directora Ccalcp
Los inicios: “nos unió nuestra postura crítica y autocrítica”
Ccalcp comenzó su labor en la ciudad de Bucaramanga en el año 2001. En el momento de su fundación, se vivía una grave crisis humanitaria en las regiones del Nororiente colombiano y Magdalena Medio, donde se ubica la ciudad.
Julia Figueroa, directora de Ccalcp y una de sus fundadoras, recuerda: “los y las fundadoras de Ccalcp nos conocimos en la universidad pública. Lo que nos unió fue nuestra postura de crítica y autocrítica frente al sistema urbano-rural dominante y la preocupación por lo que pasaba en nuestro entorno. Nos encontramos con paramilitares, criminales, guerrillas y miles de personas desplazadas. Vivimos momentos de catarsis cuando nuestros padres y madres fueron asesinados y asesinadas por las fuerzas del Estado. Nuestra intención fue crear un espacio como abogados y abogadas para afrontar esta situación”1.
Casi veinte años después Ccalcp se ha establecido como referente para el acompañamiento, asesoría jurídica y litigio para reivindicar los derechos de sectores sociales, populares, sindicales y desplazados y desplazadas en el Nororiente colombiano y en el Magdalena Medio. Asimismo, ha impulsado la creación y el fortalecimiento de varios procesos organizativos de base, apoyando su movilización para la exigencia de derechos ante organismos nacionales e internacionales2.
Litigio estratégico en defensa de población desplazada
El conflicto político, social y armado que sufre la población en el Nororiente y Magdalena Medio ha colocado esas zonas en la cabeza de las estadísticas de desplazamiento forzado en todo el país. Según cálculos oficiales, entre 1985 y 2015 en la región del Magdalena Medio más de 146 mil personas se desplazaron como consecuencia del conflicto3.
Pese a que este flagelo ha disminuido, en el actual contexto de reagrupación de actores armados ilegales después de la firma del Acuerdo de Paz con las exFarc, se han vuelto a registrar casos de desplazamiento masivo en la región. A finales del 2019 cerca de 100 familias campesinas provenientes de zonas donde trabaja Ccalcp huyeron a los municipios de Ocaña y Barrancabermeja en busca de ayuda, tras amenazas de la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc4.
Las abogadas de Ccalcp le apuestan fuertemente a la defensa de personas y comunidades desplazadas, con varios logros importantes. Así, por ejemplo, la representación judicial de 27 familias desplazadas y reubicadas en la vereda Llano Grande del municipio de Tibú, logró evitar que estas fueran desplazadas una vez más. Las abogadas ganaron el pleito que amenazaba con quitar a las víctimas las tierras que llevaban siete años habitando de buena fe5. El acompañamiento jurídico a las comunidades del Catatumbo amenazadas, desplazadas y afectadas por la presencia de paramilitares es un enfoque importante del trabajo del Colectivo.
Promoviendo la diversidad y el liderazgo de mujeres
Con el paso de los años, de manera orgánica se quedaron solas las mujeres en la organización. En el 2015 Ccalcp tomó la decisión de transversalizar el enfoque de género en todas sus expresiones, desde la operación diaria hasta la asamblea y la junta directiva. Hoy, las integrantes del Colectivo son mujeres lesbianas, bisexuales, madres cabeza de familia, mujeres que viven solas, que estudian y que se puedan desarrollar profesionalmente.
Apostarle a la diversidad de estilos de vida de las integrantes de Ccalcp se ha convertido en una intención explícita, que también ha dado frutos en su trabajo en las regiones. Como comenta Julia Figueroa, “con la experiencia nos dimos cuenta de que ser mujeres abogadas y acompañantes en terreno es una fortaleza. Logramos avances importantes sin necesidad de gritar o usar músculos”6.
La mirada de la mujer tiene que estar siempre en la construcción de las acciones, incluyendo en la labor de litigio y acompañamiento en terreno, tal y como señala Figueroa, “nos hemos dado cuenta que somos modelos para otras mujeres, quienes quieren ser como nosotras y están perdiendo su timidez. Muchas integrantes que empezaron sus carreras en el Colectivo ahora son fiscales o juezas. Así empezamos a construir un mundo en donde la diversidad es posible”7.
Defendiendo a víctimas de crímenes de Estado: “Cada fallo es una verdad”
Mediante decisiones judiciales, a lo largo de los años Ccalcp ha logrado demostrar la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. Gracias a estas condenas, los nombres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones finalmente quedan limpios: “se ha presentado a la luz pública que la víctima era un maestro/maestra, un campesino/campesina, un/una sindicalista, una persona defensora de derechos humanos, y no se sigue señalando como guerrillero o guerrillera terrorista”, explica Julia Figueroa. “Cada fallo es una verdad. Permite decirle al mundo, ‘fue cierto, lo que dijimos’. Eso es tan importante para las familias”8.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de organizaciones como Ccalcp y otras que defienden a las personas víctimas y/o sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, muchos casos han seguido en la impunidad. En este sentido, la Corporación ha acogido la justicia transicional que fue creada a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc, como una nueva oportunidad. Si bien, como resalta Julia Figueroa, la JEP tiene sus falencias y su efectividad aún está por comprobarse. Pero abre caminos para seguir luchando contra la impunidad y lograr la reparación9.
“Podemos estar desconfiadas, desesperanzadas… Pero lo que queremos es lograr que la justicia estatal sí funcione para las víctimas, por débiles que sean”, afirma Julia, “esta es una apuesta política. Sin eso, no podremos quitarle el chip del conflicto en Colombia”10.
Con la entrega de informes a la JEP, Ccalcp aporta información sobre los hechos del conflicto desde la perspectiva de las víctimas para apoyar la labor de la justicia transicional. Así, por ejemplo, el Colectivo y organizaciones aliadas presentaron en diciembre de 2018 dos informes que recogen 158 casos de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Según las organizaciones, los crímenes fueron cometidos por miembros de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército. Los informes aportan evidencias para el Caso 003 investigado por la JEP11: “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Defensa del páramo de Santurbán: el agua como derecho humano
Desde el año 2009 Ccalcp se suma a las causas a favor de la defensa de la biodiversidad y los recursos naturales. Un caso emblemático que viene defendiendo la organización desde hace años, es el del páramo de Santurbán en el departamento de Santander. Este páramo es un importante recurso natural de Colombia y la fuente de agua para más de dos millones de habitantes de la región. Sin embargo, existen concesiones a empresas multinacionales para la explotación de recursos minerales, lo cual está provocando graves impactos medioambientales12.
Junto con el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Ccalcp ha logrado la sentencia favorable por parte de la Corte Constitucional en el 2016, de una tutela interpuesta por ambas organizaciones. La Corte afirmó que en el proceso de delimitación del páramo faltó la participación efectiva y democrática de las comunidades afectadas13. Además, determinó que el Ministerio de Ambiente, en vez de priorizar la protección de este importante ecosistema, favoreció los intereses de empresas mineras que ya contaban con concesiones para allí seguir explotando14.
Sin embargo, esta victoria está en riesgo. Las organizaciones involucradas en la tutela del 2016 temen que la nueva delimitación del páramo, programada para el 2020, una vez más pueda llevarse a cabo sin los debidos estudios15. De acuerdo con Julia Figueroa, para Ccalcp “vienen otros años de litigios en el caso Santurbán”16.
Oposición al fracking en el Magdalena Medio
San Martín, un municipio en el sur del Cesar, está en riesgo de convertirse en el primer lugar de Colombia en el que se desarrollará el fracking, la controvertida técnica no convencional de extracción de petróleo y gas17. Cuando en marzo de 2016 algunos líderes sociales y concejales del San Martín se enteraron de los planes comenzaron a alertar a la comunidad18. Hasta hoy, los habitantes se oponen al proyecto de fracking debido a sus enormes riesgos ambientales, de salud pública y derechos humanos.
En conjunto con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), Ccalcp presentó la primera Acción Popular en Colombia por la defensa de los derechos ambientales y colectivos contra el fracking. En marzo 2017, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la Acción dirigida en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y dos empresas petroleras con el fin de que se protejan los derechos colectivos vulnerados y amenazados por el desarrollo de un contrato de exploración de hidrocarburos19.
Ccalcp y los habitantes de San Martín seguían manifestándose y entablando acciones jurídicas y administrativas. En octubre de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió negar la solicitud de licencia a los proyectos comerciales de fracking programados en el municipio20. Sin embargo, recién volvió la incertidumbre. En diciembre de 2019 el Ministerio de Minas aprobó el marco que regula la implementación de pilotos de investigación para el fracking, y ya se tienen identificados varios bloques que estarían a cargo de empresas multinacionales, poniendo en riesgo a poblaciones en San Martín y otros municipios del Cesar y Santander21.
En una gira por Canadá organizada por Peace Brigades International en noviembre de 2019, Julia Figueroa e Iván Madero, presidente de Credhos, llamaron la atención ante los graves riesgos que implicaría el inicio del fracking en el Magdalena Medio. Según la agencia de prensa Reuters, al menos cinco empresas canadienses tienen sus ojos puestos en seis bloques de fracking en Colombia22.
Amenazas y agresiones
Entre los años 2005 y 2016, las integrantes de Ccalcp fueron víctimas de 43 incidentes de amenaza y riesgo, entre ellos agresiones físicas, amenazas, señalamientos, hostigamientos, interceptación ilícita a comunicaciones y hurto de información23. Según Julia Figueroa, los ataques sistemáticos que han tenido que afrontar las integrantes de Ccalcp asumen una modalidad específicamente relacionada con el hecho de ser mujeres24.
En los últimos años, con variaciones en intensidad, Ccalcp ha seguido siendo objeto de amenazas y agresiones. A corto y mediano plazo, el Colectivo considera que el hecho de presentar informes a la JEP puede aumentar el riesgo de sus miembros, dado que en estos documentos se tratan casos de militares que hasta la fecha no han aportado contribuciones a la verdad25 y que estarían presuntamente involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
Medidas de protección
En el año 2010 la Unidad Nacional de Protección (UNP) destinó a la organización algunas medidas de protección, entre ellas: una puerta blindada, un video portero, un chaleco y un celular. Desde 2017 la organización cuenta con un esquema colectivo que incluye un carro y un escolta, sin embargo, las abogadas destacan que este esquema no es el adecuado para garantizar su seguridad.
Premios y reconocimientos
Entre los premios y reconocimientos otorgados a Ccalcp, se destaca el Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, entregado en el 2012, a Judith Maldonado, abogada de Ccalcp (hasta el año 2015). Maldonado recibió el premio en honor a su trabajo, contra viento y marea y muchas veces bajo presión y amenazas, de asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierras en regiones como el Catatumbo26.
En 2016, el Colectivo fue premiado con el Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia como Experiencia o Proceso Colectivo del año, nivel ONG/Acompañantes27. Julia Figueroa recogió el premio con gran emoción: “al escuchar que éramos las ganadoras he sentido orgullo y emoción. Ccalcp es un proyecto de vida de unas mujeres que decidimos un día decir no más a las violaciones de derechos humanos, no al despojo, no a la impunidad, no a la economía que nos imponen”.
Otros reconocimientos incluyen el recibido por parte de la Embajada de Alemania en Colombia en octubre de 201928.
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