Ccalcp

Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp), integrada en su totalidad por mujeres, lleva más de quince años al servicio del pueblo, siendo uno de sus propósitos acercar y poner el derecho al servicio de las comunidades y acompañar, desde un enfoque de género, diferencial y territorial, a la población víctima de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, particularmente a la población campesina, mujeres, pueblos indígenas, procesos comunitarios y comunidades de mineros tradicionales. Su labor se enfoca en la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos colectivos, ambientales, de la biodiversidad y del territorio en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado colombiano.

Ccalcp forma parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu) y participa en la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza así como en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Razones por las que nace Ccalcp

Ccalcp comenzó su labor en la ciudad de Bucaramanga en el año 2001 porque sus integrantes veían que no existía en la región una organización especializada que desde el ámbito jurídico brindara acompañamiento y asesoría a los sectores sociales, populares, sindicales y desplazados desde una perspectiva humanista, además de trabajar plenamente en la defensa y protección de los derechos humanos.

En el momento de su fundación, se vivía una grave crisis humanitaria en las regiones colombianas del Nororiente y Magdalena Medio. El conflicto político, social y armado que sufre la población en esas zonas las ha colocado a la cabeza en las estadísticas de desplazamiento forzado en todo el país. Desde el Magdalena Medio y la región del Catatumbo, mientras comunidades en medio del conflicto armado de la región se resistían a desplazarse, miles de familias huían hacia ciudades cercanas como Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta y Ocaña[1].

Trabajo

Ccalcp ha contribuido a la formación y el empoderamiento de numerosos sectores vulnerados en el Nororiente colombiano y en el Magdalena Medio. Con más de quince años de experiencia en litigio, educación popular e incidencia política, ha logrado posicionarse como una organización de referencia en la región, impulsando el fortalecimiento de varios procesos organizativos de base, así como su movilización en la exigencia de derechos ante organismos nacionales e internacionales.

En la región del Magdalena Medio acompaña a la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm); la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua); y la Asociación de Mineros de Mina Walter (Asomiwa).

En el departamento de Norte de Santander, acompaña a la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (Asodepo) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – Capítulo Norte de Santander.

En Santander, acompaña al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el Comité de Veeduría Ambiental de Charalá, y los/as campesinos/as que trabajan por la defensa de la Laguna las Ortices.

Algunos casos de representación y acompañamiento

Lucha contra la impunidad

Ejecuciones extrajudiciales

Por su amplia trayectoria, Ccalcp ha logrado avances significativos en materia de derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Mediante decisiones judiciales, ha logrado demostrar la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, ha logrado diez fallos a favor de las víctimas y adelanta la representación de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En estos fallos se ha manifestado de manera reiterada la responsabilidad del Estado como responsable de crímenes de desaparición forzada, falsas judicializaciones y ejecuciones extrajudiciales[2].

“El hecho de haber logrado condenas contra militares que han sido responsables de crímenes como ejecuciones extrajudiciales es un gran mensaje en términos de justicia y verdad. Ver cómo se sanciona a quienes dispararon, torturaron, dieron la orden, promovieron, o financiaron todos esos crímenes también es alentador en varios sentidos: uno, porque [las víctimas] encuentran que el aparato judicial funciona, es alentador porque de alguna forma calma la zozobra durante años, de cómo esos crímenes se van quedando en impunidad y no se hace nada. Son importantes en la medida en que queda el nombre de esas personas, de esas víctimas que han muerto, que han desaparecido, totalmente limpias. Y se ha presentado a la luz pública que era un maestro, un campesino, un sindicalista, un defensor de derechos humanos, y no se sigue señalando como guerrilleros terroristas. Eso es tan importante para las familias. (…) Cada fallo es una verdad. Es el mejor producto para decirle al mundo, ‘fue cierto, lo que dijimos. Valió la pena’”[3]. Julia Figueroa, directora de Ccalcp.

movimiento social agua

Defensa del territorio

El agua como derecho humano

Desde el año 2010 Ccalcp se suma a las causas a favor de la defensa de los recursos naturales, especialmente el agua en el departamento de Santander. En este sentido, es de gran relevancia el caso del páramo de Santurbán. Este páramo es un importante recurso natural de Colombia y la fuente de agua de muchos municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Sin embargo, como en otros casos en Colombia, existen concesiones a empresas multinacionales para la explotación de recursos minerales, lo cual está provocando graves impactos medioambientales.

Junto con el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Ccalcp ha luchado incansablemente por la preservación de este páramo y, fruto de este trabajo, fue la aceptación por parte de la Corte Constitucional de una tutela interpuesta por ambas organizaciones por falta de un proceso de participación efectiva, respetuosa y democrática con todas las comunidades afectadas[4].

Catatumbo

Derechos territoriales y derechos diferenciales de los mineros tradicionales

Dentro de la línea de la defensa del territorio, Ccalcp acompaña distintos procesos organizativos como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) con respecto a su apuesta por la Zona de Reserva Campesina (ZRC)[5], figura jurídica que pretende el reconocimiento de los territorios campesinos, y el reconocimiento de la lucha que están llevando a cabo por el reconocimiento del campesino como sujeto de derecho político diferenciado.


¡Canta, canta compañero!” (Diciembre de 2014)

La lucha campesina del Catatumbo (Junio de 2016)

En el Catatumbo se organizan para darle sentido a la paz (Marzo de 2017)


En los territorios de Guamocó (Sur de Bolívar), Ccalcp acompaña, de la mano con la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (Acvc-RAN), a Aheramigua, proceso social de derechos humanos con incidencia en el Bajo Cauca y Guamocó. En esta región, Ccalcp tambien ha trabajado de cerca con Asomiwa, un proceso de resistencia que hace parte de Aheramigua y que viene buscando desde hace años el reconocimiento de sus derechos como comunidad de mineros tradicionales. Esta organización se ha encontrado en condición de alta vulnerabilidad por cuanto la política minera colombiana no reconoce los derechos de los mineros tradicionales, y tampoco la validez de esta actividad como forma de subsistencia[6]. Para los miembros de Asomiwa, la minería, además de ser su fuente de subsistencia, también les permite generar formas de organización social en este territorio donde las personas han sobrevivido el desplazamiento forzado y olas de persecución en medio del conflicto social y armado.

Pese a que los mineros tradicionales que trabajan en la zona han iniciado trámites de legalización minera (solicitud que en mayo de 2017 aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno colombiano) conviven con el miedo constante al desalojo. A través del litigio, Ccalcp lucha por el derecho a reconocimiento a la minería tradicional y por los derechos asociados a la permanencia en el territorio.


Pueblos olvidados (Febrero de 2016)

Democracia y ciudadanía en Guamocó (Diciembre de 2016)

Aheramigua: Nuestro trabajo no ha sido invisibilizado (Septiembre de 2016)


fracking san martin2web

Fracking en San Martin

San Martín, un municipio en el sur del Cesar, está en riesgo de convertirse en el primer lugar de Colombia en el que se desarrollará la controvertida técnica de extracción de petróleo y gas vía fracking[7]. La técnica consiste en inyectar a presión millones de litros de agua, combinada con químicos, para fracturar rocas que están entre uno y tres kilómetros debajo de la superficie para obtener el petróleo que está atrapado en ellas. Ccalcp, en conjunto con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) presentaron una Acción Popular en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dos empresas petroleras con el fin de que se protejan los derechos colectivos vulnerados y amenazados por el desarrollo de un contrato de exploración de hidrocarburos[8].

Escenarios de Paz

Entre las acciones que apoya o impulsa Ccalcp en favor de los Acuerdos suscritos entre las Farc y el Gobierno colombiano, así como las apuestas de paz de los territorios que acompaña, están las siguientes:

Federación Nacional de Paz

Ccalcp participó en la creación e impulso de escenarios de paz para que desde los territorios se trabajaran iniciativas diferenciadas para pensar en una Colombia en paz verdadera y sostenible, entre ellas está la Federación Nacional de Paz (Fenalpaz).

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Ccalcp, en colaboración con organizaciones del Norte de Santander que hacen parte del Movice, impulsa una estrategia de investigación y recopilación de información relativa a los casos de las víctimas de desaparición forzada, que permita a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición[9] adelantar las acciones expuestas dentro de los acuerdos.

Pedagogía de los acuerdos de paz en los territorios

Otra acción impulsada por Ccalcp ha sido el acercamiento de los alcances de los acuerdos en los territorios donde trabaja desde una estrategia de pedagogía popular que le permita a campesinos, víctimas y procesos comunitarios interiorizarlos y reflexionar sobre el camino y las acciones posibles para la intervención en estos escenarios, en temas ambientales, rurales, de participación popular, etc.

Riesgos, Amenazas y agresiones

Entre los años 2005 y 2016, las integrantes de Ccalcp fueron víctimas de 43 incidentes de amenaza y riesgo, entre ellos agresiones físicas, amenazas, señalamientos, hostigamientos, interceptación ilícita a comunicaciones, y hurto de información[10]. Según Julia Figueroa, los ataques sistemáticos que han tenido que afrontar las integrantes de Ccalcp asumen una modalidad específicamente relacionada con el hecho de ser mujeres.

Medidas de Protección

En el año 2010 la Unidad Nacional de Protección (UNP) destinó a la organización algunas medidas de protección, entre ellas una puerta blindada, un video portero, un chaleco y un celular. Desde 2017, la organización cuenta con un esquema colectivo que incluye un carro y un escolta, sin embargo, las integrantes destacan que este esquema no es el adecuado para garantizar la seguridad de las abogadas.

Premios y reconocimientos

Reconocer la noble causa de los derechos humanos:  este fue el propósito con el que fueron entregados los premios a la defensa de los derechos humanos en Colombia. En 2012, de 28 postulados, entre personas, organizaciones y comunidades que, contra viento y marea y muchas veces bajo presión y amenazas, asesoran y acompañan a víctimas del conflicto armado y reclaman sus tierras, Judith Maldonado, abogada de Ccalcp (hasta el año 2015), recibió el premio en la categoría “Defensora del año”. Durante la entrega, Judith compartió con la audiencia lo que ha aprendido en los últimos once años que ha dedicado a la defensa de los derechos humanos: “Aprendí por miles de víctimas que yo he tenido que escuchar que fueron desplazados de sus tierras… He aprendido que hay comunidades indígenas como el pueblo indígena Motilón Barí en el Catatumbo que se resisten a seguir siendo arrinconados, que defienden su territorio y su cultura”.

En 2016, Ccalcp fue premiada en el Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia como Experiencia o Proceso Colectivo del año – nivel ONG/Acompañantes.  Julia Figueroa recogió el premio con gran emoción:

“Al escuchar que éramos las ganadoras he sentido orgullo y emoción. Ccalcp es un proyecto de vida de unas mujeres que decidimos un día decir no más a las violaciones de derechos humanos, no al despojo, no a la impunidad, no a la economía que nos imponen.”

CCALCP premio DDHH


Recibimos el premio con orgullo y emoción (Septiembre de 2016)


Acompañamiento internacional

PBI acompaña a Ccalcp desde 2006.

Julia Adriana Figueroa habla sobre la importancia del acompañamiento internacional:

“PBI ha significado un aliado más en lo político, un aliado más en la visibilización, un aliado más para poder transmitirle al mundo las realidades que mantienen oprimidas las comunidades que acompañamos, que las tienen totalmente en crisis humanitaria, donde el Estado mantiene impunidad por todos los crímenes a los que han sido sometidos. Gracias a PBI se ha sacado gran parte de esta información con sus trabajos de visibilización, de comunicación, de incidencia política, y ha significado también que PBI apoye a sus aliados, nos blinde en términos de seguridad efectiva, a través de la gran red de PBI. PBI es una gran red internacional. No es gratis que nosotros hemos sido visitados por un gran número de embajadas, a esta ciudad, a esta oficina”.

Contacto

http://ccalcp.org/


Notas de pie:

[1]          Número de personas desplazadas por municipio de llegada entre 1999 y 2012: Barrancabermeja (Santander): 42.879 personas; Cúcuta (Norte de Santander): 73.460 personas; Bucaramanga (Santander): 51.727 personas. Fuente: Codhes: Estadísticas Históricas de Desplazamiento, 2012
[2]          Entrevista a Julia Adriana Figueroa, 8 de octubre de 2015
[3]          Entrevista Julia Figueroa
[4]          El Espectador: “La delimitación de Santurbán fue inconsulta”: Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, 9 de febrero de 2016
[5]          Para más información sobre el tema de ZRC, ver entrevista a Yenly Méndez, defensora de derechos humanos que trabaja con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc-RAN) del 20 de octubre de 2015.
[6]          Entrevista a Marcela Castellanos, antigua miembro de Ccalcp, 15 de agosto de 2014
[7]          La Silla Vacía: Los pasos de gigante del fracking, 22 de abril de 2016; La Silla Vacía: El miedo al fracking, el fantasma que recorre Colombia, 30 de marzo de 2017
[8]          Ccalcp: Tribunal administrativo de Santander admite primera acción popular en Colombia por impactos técnica fracking San Martín, Cesar, 29 de marzo de 2017
[9]          La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es uno de los órganos incluidos en el acuerdo sobre víctimas en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos.
[10]        Ccalcp, Informe de seguimiento a situacion de derechos humanos, documento interno, 2016

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PBI abre espacios para la paz

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