El 7 de junio de este año, en la comunidad de Santa María, en el departamento del Chocó, un grupo de cuatro personas con una maquinaria retro excavadora irrumpió en la propiedad privada de la familia Triana, con la intención de abrir un canal para el secamiento de los humedales de la ciénaga que esta familia ha vendido protegiendo1. La familia Triana es acompañada por La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP), y lleva varias décadas protegiendo la tierra y el territorio, a pesar de que diferentes miembros de la familia hayan recibido diferentes amenazas, entre las que se encuentran distintas amenazas de muerte.2
JyP, que es acompañada por PBI en la región, ya ha expresado en diferentes instancias y momentos su preocupación3 por la desatención institucional frente a los daños ambientales que se están dando en la zona de Santa María y Pedeguita y Mancilla que tienen una gran importancia ecológica. Dichas afectaciones ponen de manifiesto que los intereses empresariales, avalados por estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) herederas del paramilitarismo, se sobreponen a los territorios de propiedad colectiva que son reconocidos desde el 1993 en la Ley 704.
El departamento colombiano de Chocó, ha sido históricamente víctima de diferentes hechos de violencia; en los años 90 vivió un desplazamiento masivo de la población, cuando la Brigada XVII del Ejército se unió con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las operaciones “Génesis” y “Cacarica” para combatir las FARC, a través de las cuales, además de causar el desplazamiento masivo de una entera comunidad hacia Turbo5, cometieron violencias y violaciones de Derechos Humanos en contra de la población civil, como, por ejemplo, la tortura y el asesinato de Marino López Mena, caracterizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crimen de lesa humanidad6. En los años 2000 empezaron los retornos, pero sin que se hayan generados situaciones de garantías de seguridad para las comunidades retornantes7. Añadido a este contexto de violencia, los Consejos Comunitarios de Pedeguita y Mancilla y Curbaradó, en el Chocó, durante años han tenido que ser testigos, según cuanto reportado por parte de las comunidades y de JyP, de los beneficios económicos que han ido ganando empresas multinacionales como Banacol a costa del despojo y del desplazamiento de la población a través de proyectos inconsultos de parcelación8. Y, aunque los Consejos Comunitarios sean la autoridad étnica encargada de administrar los Territorios Colectivos, facultad que les ha sido otorgada por el Estado colombiano con el objetivo de garantizar, promover y proteger los derechos étnico-territoriales de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras9, lamentablemente, hay una falta de garantías de seguridad, frente a la presencia de grupos armados ilegales, que imposibilita el pleno ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de los procedimientos para proteger el medio ambiente10.
Históricamente, la familia Triana ha desempeñado un rol de protección de estos espacios de alto valor medioambiental11, lo que les genera amenazas y un riesgo constante a su seguridad por cuestionar los daños ambientales que las empresas ocasionan a sus territorios. Como personas defensoras del medio ambiente han sido percibidas como un obstáculo para una perspectiva de desarrollo que apremia la degradación medioambiental a través del secado de ciénagas y la violación a los derechos étnico-territoriales logrados con la antes citada Ley 70.
En 2005, Amnistía Internacional expresó temor por la seguridad de los miembros de los Consejos Comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó12, mencionando los riesgos de violaciones a los derechos humanos que pueden generar el tema de tierras y de siembra forzada de monocultivos como la palma africana en regiones con índices de violencia muy elevado y la fuerte presencia de grupos armados ilegales y grupos herederos del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó ya en 2003 una resolución, donde otorga medidas provisionales a las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. Estas medidas provisionales fueron levantadas en 2013 aunque la CIDH resaltó que “no implica que el Estado quede relevado de sus obligaciones convencionales de protección”.13
Destacamos que a pesar de que la autoridad étnico territorial, Codechocó14expresó que las afectaciones ambientales son efectivamente un delito porque atentan sobre áreas de protección de humedales y ciénagas, las cuales son consideradas como un tema de Seguridad Nacional, y a pesar de que JyP ha reiteradamente publicado informes sobre esta afectación, siguen desconocidas las actuaciones y las medidas de protección de las instituciones competentes para parar este atentado contra la vida y el medio ambiente que siguen afectando muchos lugares del Choco, donde personas defensoras del medioambiente, como la familia Triana, siguen viviendo con el objetivo de defender y proteger la diversidad ambiental que tiene esta región de Colombia.
1JyP: Informe, 9 de junio 2023.
2JyP: Amenazas, adquisición ilegal de tierras y ausencia de garantías para las víctimas, 24 de abril 2015
3JyP: Informe, 20 de junio 2023.
4Archivo General de la Nación Colombia: LEY 70 DE 1993, 27 de agosto de 1993.
5WRadio: Irrepetible: El desplazamiento de Cacarica, 24 de febrero de 2022.
6CIDH: INFORME SOBRE FONDO, OPERACIÓN GÉNESIS, 31 de marzo 2011.
7Verdad Abierta: Riosucio intenta sanar heridas viejas bajo nuevos fuegos, 29 de abril de 2014.
8JyP: Empresarios bananeros arrecian con ecosistemas en Pedeguita y Mancilla, 21 de abril 2021.
9ACNUR: Los derechos al territorio, a la identidad cultural y a la restitución de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera, 2017.
10JyP: Informe, 26 de junio de 2023.
11PBI Colombia: Curbaradó y Jiguamiandó: 2015, 31 de diciembre 2015.
12Amnistía Internacional: Temor por la seguridad, 16 de diciembre 2005.
13Corte IDH: RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 22 de mayo 2013.
14Codechocó: 53 años aportando al desarrollo sostenible del Chocó, 3 de septiembre de 2021.
Equipo Urabá
PBI Colombia