Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
La Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) nació en el año 2004 en medio de la crisis humanitaria resultado de los bloqueos económicos y confinamientos que impusieron los actores armados en la región. Desde sus inicios, la Corporación ha realizado acciones humanitarias para apoyar a la población, exigiéndole al Estado colombiano la inversión social y la garantía de los derechos humanos. En 2019, se convirtió en la primera organización campesina con medidas colectivas y diferenciadas de protección contra las amenazas y los ataques que siguen sufriendo las comunidades locales.
“PBI es el aliado que siempre nos protegerá, sin ellos no nos atrevemos a ir a las regiones. El acompañamiento internacional de PBI es un escudo importante, no sólo para nosotros y nosotras, sino también para las y los campesinos en un territorio donde el Ejército y los paramilitares y herederos de los paramilitares están presentes, y en un momento dado, también estuvieron las FARC. Sabemos que si PBI está allí estamos protegidos y protegidas, nos sentimos mucho más seguros y seguras. PBI también nos ayuda con la defensa. No estamos solos: hay gente que se preocupa por nosotros y nosotras, y esto es claramente visible a nivel internacional y nacional”.
Cristy Lozano, afiliada de la junta directiva de Cahucopana
Salida a Campo Vijao. PBI acompaña a Cristy Lozano (izquierda) de Cahocupana. Foto: Bianca Bauer
Fuerza de resistencia contra años de violencia
El Nordeste Antioqueño ha vivido violencia de manera sistemática. Sus comunidades han sufrido masacres, bombardeos y bloqueos que impidieron el ingreso de alimentos y de medicamentos, impuestos por los actores armados ilegales y el Ejército nacional. Empezando en 1998, estos flagelos se incrementaron a partir del 2002[1]. En los años siguientes campesinos y organizaciones sociales llevaron a cabo acciones para responder a la crisis humanitaria. Fue en este contexto cuando en el 2004, un grupo de cerca de cuatrocientos campesinos y campesinas decidió fundar Cahucopana en la vereda Lejanías del municipio de Remedios[2].
Desde entonces, la Corporación ha asumido un papel importante de liderazgo en la región, representando la fuerza de resistencia de las comunidades contra tantos años de violencia. Reúne a unas ciento cincuenta personas: miembros de los comités femeninos, comités de derechos humanos, comités de mineros y más personas que hacen parte de la organización. Su trabajo beneficia a cerca de tres mil personas en las zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia, en donde se enfoca el trabajo de Cahucopana[3].
El Nordeste Antioqueño ha vivido violencia de manera sistemática. Sus comunidades han sufrido masacres, bombardeos y bloqueos que impidieron el ingreso de alimentos y de medicamentos, impuestos por los actores armados ilegales y el Ejército nacional. Foto: PBI Colombia
Trabajo: desarrollo de liderazgos en derechos humanos
El principal objetivo de Cahucopana es denunciar la crisis humanitaria y generar espacios de formación para la defensa y promoción de los derechos humanos del campesinado en el Nordeste Antioqueño. Para ello, desarrolla actividades de fortalecimiento organizativo en las comunidades, apoyo a las Juntas de Acción Comunal (JACs), formación y capacitación de líderes en derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH).
Los comités de mujeres campesinas se reúnen mensualmente en diferentes veredas[4]. Con las mujeres de la región trabaja temas relacionados con la autonomía económica y el liderazgo. De esta manera, se logra avanzar poco a poco para que ellas, en medio de una cultura tradicionalmente patriarcal y machista que es difícil de modificar, desarrollen sus propias iniciativas y tomen el liderazgo en la construcción de paz.
Denuncia de ejecuciones extrajudiciales en el Nordeste Antioqueño
Un eje transversal del trabajo de Cahucupana es la denuncia de violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados y por parte de empresas privadas con operaciones en la región. A lo largo de su existencia, la organización ha denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales bajo el mando de responsables dentro del Ejercito Nacional. Un año después de su fundación, en 2005, fue asesinado a manos del Ejército el campesino Luis Sigifredo Castaño. Su cuerpo apareció vestido de guerrillero, pese a que las comunidades en el Nordeste Antioqueño lo conocían como trabajador rural y que tenía una discapacidad en uno de sus brazos[5].
Este hecho marcó el inicio de las ejecuciones extrajudiciales en la región. Diferentes miembros de Cahucopana y personas campesinas locales han sido víctimas de este crimen. Según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), de la cual forma parte Cahucopana, Antioquia ha sido “líder de la Política de Seguridad Democrática y los falsos positivos”. En el marco de esta política del entonces presidente Álvaro Uribe, la Fuerza Pública de manera sistemática asesinó a civiles que fueron presentados como insurgentes muertos en combate, con la pretensión de mostrar a la opinión pública resultados positivos en la lucha contra los grupos guerrilleros[6].
Un resultado importante de la labor de denuncia de estos crímenes que realiza la Corporación, fue la destitución de siete militares de alto rango del Batallón Calibío de la Brigada XIV en el 2008, y la apertura de investigaciones a varios militares de bajo rango debido a las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en la jurisdicción del nordeste antioqueño y la región del Magdalena Medio de Antioquia, Boyacá y Santander[7].
Doña Fanny García, miembra fundadora de Cahucopana. Foto: PBI Colombia
Hoy, el Nordeste Antioqueño, rico en oro y otros recursos naturales, sigue siendo un corredor estratégico para grupos armados al margen de la ley, como los grupos sucesores del paramilitarismo, bandas criminales y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, la población aún no puede vivir una vida tranquila. Los asesinatos a jóvenes y a personas campesinas, las amenazas y panfletos para sembrar terror, las extorsiones, el microtráfico y el sicariato son los males que siguen azotando la región. De acuerdo con el registro de Cahucopana, en el 2019 asesinaron a doce personas en las zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia donde la Corporación trabaja[8].
Un eje transversal del trabajo de Cahucupana es la denuncia de violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados y por parte de empresas privadas con operaciones en la región. Foto: PBI Colombia
Acciones para la paz
Cahucopana ha estado involucrada en el proceso de paz entre el gobierno y las Farc y, después de la firma del Acuerdo de La Habana en el 2016, ha trabajado en talleres y otras actividades de pedagogía para la paz en las veredas del Nordeste Antioqueño. En febrero 2020, con las organizaciones hermanas Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), Cahucopana entregó un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el informe, las organizaciones documentan 103 casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y el Bajo Cauca Antioqueño[9].
Adicionalmente, Cahucopana ha tomado un papel importante en el acompañamiento del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Carrizal (antes, Zona Veredal Transitoria de Normalización), instalado en un corregimiento de Remedios[10]. En el ETCR, excombatientes de las Farc y sus familias se preparan para su reintegración a la sociedad. Paralelamente, la Corporación trabaja para lograr que las comunidades de la región reciban a los excombatientes en su medio.
En varias ocasiones, Cahucopana ha llamado la atención sobre la precariedad en la que se encuentran los servicios básicos, como el acceso al agua potable, del ETCR. Asimismo, ha denunciado la crítica situación de seguridad de los excombatientes y de las comunidades en la zona[11].
Con la salida de las Farc, han llegado grupos herederos de los paramilitares, quienes se disputan el control territorial con la guerrilla del ELN. Como resultado, aumentan las violaciones a los derechos humanos de la población civil. “Nos preocupa que todavía estas cosas siguen sucediendo,” señala Gerardo Acero, vicepresidente de Cahucopana, “siguen asesinando líderes sociales, siguen asesinando excombatientes que se salieron por un acuerdo con el gobierno, esto nos preocupa demasiado[12]”.
Otro enfoque importante de Cahucopana son las acciones que promueven la construcción de la memoria histórica del conflicto armado en la región. Lo hace, entre otros, mediante actos de memoria y homenaje a los y las defensoras de los derechos humanos en el Nordeste Antioqueño, y la conmemoración de las masacres y ejecuciones extrajudiciales a manos de los actores armados de la zona que se han cobrado la vida de tantos familiares.
En 2019, se inauguró la Casa de la Memoria en la vereda Lejanías del municipio de Remedios. En la casa, una línea del tiempo resume el recorrido de Cahucopana en el Nordeste Antioqueño desde su nacimiento, los ataques que ha sufrido y su proceso de resistencia. Asimismo, aloja una galería de imágenes que hace homenaje a los campesinos que fueron asesinados por soldados del Ejército Nacional en esta región[13].
“Trabajamos la memoria para seguir resistiendo. A veces las comunidades olvidan lo que pasó o prefieren dejarlo quieto por miedo” explica Cristy Lozano, coordinadora de incidencia de Cahucopana. “Afortunadamente, mucha gente en las veredas reacciona bien cuando organizamos actos para la memoria. Nos abrazan, diciendo ‘gracias por no dejar que la memoria de mis padres se pierda’. Otros nos dicen: ‘Qué bueno recordarnos que estamos aquí vivos todavía[14]’”.
Reparación colectiva reconoce labor para la paz de Cahucopana
En julio de 2019 se dio inicio a la implementación de medidas de reparación colectiva, otorgadas por la Unidad de Victimas para resarcir el daño sufrido durante el conflicto. En un acto público en el municipio de Remedios, en la vereda Lejanías donde hace quince años se había fundado la Corporación, en presencia de campesinos, campesinas y pequeños mineros y mineras, Cahucopana socializó y validó el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)[15].
El PIRC contiene los mecanismos dirigidos a la reparación de los daños ocasionados que, para el caso de los integrantes y beneficiados de la Corporación, suponen una larga lista que incluye desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, delitos contra la libertad sexual, desplazamiento forzado, tortura y estigmatización, entre otros.
“La reparación colectiva es un reconocimiento político del Gobierno a una comunidad que fue muy afectada por el conflicto armado” explicó Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Esta medida “permitirá la presencia del Estado para concertar la reparación de los daños comunitarios[16]”.
“La reparación colectiva es un reconocimiento político del Gobierno a una comunidad que fue muy afectada por el conflicto armado”
Por otra parte, Carlos Arturo Morales, presidente de la organización, aseguró que “Cahucopana brilla con luz propia, somos el resultado de una lucha histórica por la defensa de la vida en el territorio en la región y esperamos seguir siendo un ejemplo para nuestra región[17]”.
En julio de 2019 se dio inicio a la implementación de medidas de reparación colectiva, otorgadas por la Unidad de Victimas para resarcir el daño sufrido durante el conflicto. Foto: Caldwell Manners/Ecap
Minería de oro industrial amenaza los mineros artesanales
Muchas de las personas con las que trabaja Cahucopana se dedican a la minería de oro artesanal. Si bien “con toda la riqueza que hay bajo el suelo de los municipios de Segovia y Remedios, se podría acabar la pobreza de la región” según el alcalde de Segovia[18], esta riqueza ha conllevado un conflicto ambiental que gravemente afecta a la población. Al mismo tiempo que se da la minería aurífera de pequeña escala -actividad económica importante desde hace generaciones-, grandes empresas mineras apoyados por el gobierno han empezado a implementar proyectos de explotación comercial a gran escala.
Como resultado, los conflictos sociales y la violencia armada en la zona se han intensificado y en vez de traer riqueza, ha empeorado aún más la precaria situación de salud, educación, inversión social y empleo. La violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades locales se complementa con el deterioro de los ecosistemas locales debido a las afectaciones al medio ambiente que genera, sobre todo, la gran minería[19].
“Con toda la riqueza que hay bajo el suelo de los municipios de Segovia y Remedios, se podría acabar la pobreza de la región”
Cahucopana señala que las empresas multinacionales y translatinas presentes en la zona “han desarrollado acciones para desplazar a la población y tener vía libre para la explotación del oro, desapareciendo a los pequeños y medianos mineros de la región[20]”. La protección de los pequeños mineros de la zona es un componente importante del trabajo de la corporación. Cahucopana hace denuncias, y apoya a otras organizaciones en la creación de estrategias y el fortalecimiento organizacional para afrontar esta problemática.
Muchas de las personas con las que trabaja Cahucopana se dedican a la minería de oro artesanal. Foto: Bianca Bauer
Amenazas y agresiones
Cahucopana ha sido víctima de señalamientos, amenazas, hostigamientos y asesinatos desde su creación. A partir de 2016, sus integrantes han recibido amenazas verbales y en forma de panfletos que circulan en la región. Además, han sufrido detenciones y retenciones arbitrarias y empadronamientos irregulares por parte de la Fuerza Pública[21].
Actualmente, los miembros de Cahucopana que realizan trabajo de campo sufren el mayor riesgo, lo cual está relacionado con el aumento de la presencia de grupos “neoparamilitares” en el Nordeste Antioqueño, y las disputas entre estos y la guerrilla del ELN[22].
Cahucopana ha sido víctima de señalamientos, amenazas, hostigamientos y asesinatos desde su creación. Foto: PBI Colombia
Medidas de protección
Algunos integrantes de Cahucopana cuentan con esquemas individuales y colectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo carros blindados y escoltas de confianza, entre otros. A estas medidas se suman las medidas colectivas y medidas de protección diferenciadas, que, a principios del 2020, la organización estaba en proceso de definir con la UNP.
Por un lado, Cahucopana solicitó medidas colectivas, que se pudieran extender no solamente a los dirigentes comunitarios y mineros, sino al conjunto de las comunidades campesinas y mineras en su área de trabajo. Por otro lado, medidas diferenciadas, teniendo en cuenta que en la zona rural donde la Corporación hace su trabajo, las medidas de protección clásicas no resultan adecuadas, ni suficientes [23]. Por ejemplo, Cahucopana pidió acciones para mejorar la señal de comunicación en la región, ya que de lo contrario, es imposible informar de manera inmediata los hechos victimizantes cuando ocurren ni gestionar la respuesta necesaria de las instituciones responsables[24].
Si bien la petición de medidas de protección colectivas y diferenciadas fue aprobada por la UNP, Cahucopana señala que su implementación no ha sido fácil. Especialmente, lograr medidas efectivas que se extiendan a las comunidades locales más allá de los y las dirigentes de la Corporación es un reto. Esta protección se hace muy necesaria, pues Cahucopana considera que “el riesgo mayor es para la gente local[25]”.
Algunos integrantes de Cahucopana cuentan con esquemas individuales y colectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo carros blindados y escoltas de confianza, entre otros. A estas medidas se suman las medidas colectivas y medidas de protección diferenciadas, que, a principios del 2020, la organización estaba en proceso de definir con la UNP. Foto: PBI Colombia
