Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
dhColombia es un grupo interdisciplinar, que asume la defensa integral de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya sea de forma individual o colectiva. Su trabajo se centra en acciones de litigio y defensa legal en casos de agresiones a sindicatos, opositores políticos, y comunidades indígenas y campesinas. El área de trabajo de dhColombia se extiende a diversas regiones del país que han sido fuertemente golpeadas por el conflicto armado y por violaciones a los derechos humanos.
«Uno de los componentes más claves del acompañamiento de PBI es la visibilización. Tenemos una buena relación con el cuerpo diplomático, y el trabajo de PBI nos permite reforzarla. La respuesta internacional ayuda a presionar a las autoridades nacionales y asegurar que haya una cobertura en un momento en que parezca que no les importe tanto el costo político a los actores que comenten asesinatos y otras afectaciones de derechos humanos.”
Germán Romero, abogado de dhColombia
Trabajo interdisciplinar para los derechos de víctimas
dhColombia, fundada en 2014 por un grupo de profesionales jurídicos y de otras disciplinas conexas, trabaja para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de violencia sociopolítica y de crímenes de lesa humanidad puedan acceder de manera efectiva a la justicia nacional e internacional, y alcanzar, así, la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición1.
La organización está conformada por un grupo interdisciplinar de profesionales, que asumen la defensa integral de víctimas de violaciones de los derechos humanos, ya sea de forma individual o colectiva ante instancias nacionales e internacionales. Su trabajo se centra en acciones de litigio y defensa legal en casos de agresiones a sindicatos, opositores políticos y comunidades indígenas y campesinas. Para complementar el trabajo jurídico, dhColombia realiza estrategias de comunicación, pedagogía e investigación social y forense para apoyar a las víctimas2.
“En estos casos, que involucran a entidades del Estado colombiano, el enfoque está en la protección de derechos como la vida, la integridad personal, la libertad y libertad de asociación,” explica Germán Romero, abogado de la organización. “También acompañamos jurídicamente a comunidades y familias en materia del acceso y propiedad de tierras, incluyendo la restitución de predios”3, como es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Con sede en Bogotá, en su corta historia la organización ha extendido sus acciones de apoyo jurídico a personas y comunidades en cerca de veinte departamentos del país. Sus acciones se enfocan en regiones que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado y por las acciones de actores armados en el actual contexto de reconfiguración del conflicto tras el Acuerdo de paz de 2016.
El trabajo de protección de los derechos humanos y de los pueblos, tiene como propósito alcanzar la paz, “entendida como el mejoramiento de las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales de la sociedad colombiana,” como lo explica la organización4.
Éxitos del litigio estratégico
dhColombia viene realizando esfuerzos por la implementación y el fortalecimiento del llamado litigio estratégico, para lograr justicia en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Las sistemáticas y persistentes violaciones a estos derechos que durante las últimas décadas se han cometido en el país, han estado acompañadas por una impunidad generalizada. Personas expertas señalan que casi el cien por ciento de las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno y que se siguen dando a pesar de la firma del Acuerdo de paz, han quedado impunes.5
De acuerdo con dhColombia, esta impunidad se debe principalmente al hecho de que “hasta el momento el aparato de justicia se ha revelado incapaz o carente de voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la reparación de las víctimas.” Agrega que “las prácticas dilatorias y las investigaciones descontextualizadas no permiten analizar estos hechos como crímenes de sistema, favoreciendo así, a quienes actúan como dirigentes, determinantes o beneficiarios de dichos aparatos criminales de poder”6.
Por medio del litigio estratégico, dhColombia busca lograr que estos casos sí sean juzgados y sancionados debidamente. La organización ha asumido la representación de víctimas en varios casos emblemáticos que vinculan a mandos del Ejército Nacional y otros representantes estatales de alto perfil. Recientemente, ha logrado varias decisiones judiciales favorables en estos procesos.
Un ejemplo de esto es el caso de la persecución de la periodista Claudia Julieta Duque, orquestado por el entonces servicio de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Recientemente se logró la condena de varios funcionarios de esta entidad por el delito de tortura psicológica hacia la periodista7. Otro ejemplo es el caso de la llamada “Operación Dragón”, un plan de persecución y exterminio contra sindicalistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se encuentra Berenice Celeita, fundadora y presidenta de Nomadesc. En este caso, también se logró una sentencia que afirma la responsabilidad estatal y sanciona a los funcionarios responsables de los crímenes8.
La paz desde la perspectiva de las víctimas
Mediante sus acciones de acompañamiento a víctimas de crímenes que involucran a actores del Estado, dhColombia tiene como propósito aportarle a la paz en Colombia. Según Germán Romero, la postura de la organización es que “no existe la posibilidad de construcción de paz si no hay justicia cierta y real entorno a agentes estatales”9.
En este sentido, dhColombia tiene una postura crítica frente al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que fue instaurado a raíz del Acuerdo de paz del 2016. En específico, la organización cuestiona el trato que este Sistema le da al principio de la centralidad de las víctimas; principio que fue acordado entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las FARC-EP durante las negociaciones en La Habana y plasmado en el texto del Acuerdo.
Para Romero, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar el sometimiento del exgeneral Mario Montoya sin que éste haya reconocido sus delitos, demuestra que las víctimas no son el centro de esta justicia transicional10. Germán Romero lleva la representación judicial de Alfamir Castillo, madre de un joven asesinado por militares del Ejército Nacional, como parte de la política de las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidas como “falsos positivos”. Fue así que, en un intento de obtener beneficios en el Ejército y ganarse una opinión pública favorable, miles de civiles fueron ilegalmente asesinados por militares para luego ser presentados como subversivos dados de baja en combate11.
Asimismo, Romero señala que generó inconformidad que no se les permitiera a las víctimas participar en medio de la diligencia judicial: “Fue por eso que Alfamir Castillo no pudo contradecir nada de lo que dijo Montoya en la audiencia”, según el abogado. Esta situación condujo a que esta madre y lideresa social “se sintiera, una vez más, victimizada por agentes del Estado”12.
Junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organizaciones que también son acompañadas por PBI, dhColombia presentó recursos de apelación a la JEP en un intento de garantizar los derechos de las víctimas en el caso. La Sección de Apelación, encargada de resolver estos asuntos, decidió negar las peticiones de la representación de las victimas13.
Esclareciendo casos de desaparición forzada
No obstante, a pesar de su postura crítica frente al Sistema de justicia transicional, dhColombia viene desarrollando diferentes actividades con las entidades que lo componen. Adicional a la representación jurídica de víctimas de crímenes de Estado ante la JEP, la organización apoya a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En este marco, realiza acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y recolecta información para ubicar sus paraderos. Asimismo, ofrece formación y apoyo a equipos de profesionales que trabajan el tema de las desapariciones forzadas en diferentes regiones del país14.
Estas actividades forman parte de otro de los ejes de trabajo prioritarios de dhColombia, que es el litigio en casos de desaparición forzada. En este marco, la organización participa en espacios de articulación como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que aglutina alrededor de veinte organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos en el país15.
Uno de los casos de desaparición forzada asumidas por dhColombia es el del joven Edwin Espitia, quien fue reclutado por el Ejército a los 18 años, cuando estaba finalizando sus estudios de bachillerato. A pesar de que normalmente los bachilleres incorporados a esta institución solamente pueden dedicarse a labores no operativas, a Espitia le fueron asignadas responsabilidades de un soldado común y corriente. Su familia realizó unos trámites con el propósito de cambiarle de categoría pero el joven fue asignado a un batallón en el departamento de Vichada y al poco tiempo, no se supo nada de él. Existen pruebas que apuntan a que Espitia fue víctima de violencia por sus superiores y que su desaparición, en marzo 2015, fue responsabilidad de agentes del Ejército16.
El Espectador reporta que “una investigación en la Fiscalía, misiones de contrainteligencia del Ejército y hasta una intervención del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU no han podido esclarecer qué sucedió con el soldado (…).” En búsqueda de respuestas, la familia del joven considera que han agotado todas las instancias en Colombia para buscarlo y esclarecer qué sucedió. Además, en vez de aclarar los hechos, recientemente los mismos familiares han pasado a ser los investigados por la Fiscalía. Por estos hechos, la familia solicitó medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)17.
Homicidio de Nicolás Neira por el ESMAD
Dentro de las preocupaciones de dhColombia está la garantía de los derechos de la población colombiana a la protesta social. Por ello, la organización lleva el caso de los familiares del Nicolás Neira, quien fue asesinado a manos de un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo del 1º de mayo de 2005, en el centro de Bogotá18.
Nicolás Neira, un joven de 15 años de edad, recién se había sumado a las protestas cuando una lata de gas lacrimógeno disparado por un agente del escuadrón antidisturbios, le impactó en la cabeza. Murió seis días después19. El homicidio de Neira ocurrió a pocos metros del lugar donde, en noviembre del 2019, otro joven fue asesinado por un agente del ESMAD: Dilan Cruz, quien también protestó de forma pacífica durante el Paro Nacional. Un estudio reciente registró que, con la muerte de Dilan Cruz, ya van 34 personas que han perdido la vida en medio de protestas en los últimos veinte años, desde que se creó el ESMAD y por acción de alguno de sus agentes20.
Las entidades colombianas han avanzado a paso lento en la administración de justicia. En el caso de Nicolás Neira, a pesar de que el Estado colombiano fuera condenado desde 2011 por su muerte, quince años después de los hechos, la justicia nacional sigue sin procesar a los responsables. Además, los agentes han recurrido, según ha dicho la Corte Suprema, a “maniobras dilatorias” para entorpecer el proceso21.
A finales del 2019, el proceso penal en el caso de Neira revivió ante esta Corte superior de Justicia22. Sin embargo, en febrero de 2020, su familia recibió la noticia de que, ad-portas de iniciar el juicio oral contra el agente que le habría disparado al menor, la Fiscalía decidió una vez más cambiar al fiscal que lleva el proceso. De acuerdo con El Espectador, “para la familia y los abogados, esto es una más en una serie de innumerables trabas judiciales que han caracterizado el caso”23. El caso de Nicolás Neira se encuentra en estudio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras una demanda presentada por sus familiares24.
En el mismo marco de la protesta social, y tras los hechos de violencia policial acontecidos en el Paro Nacional de 2019, dhColombia junto a otras organizaciones acompañadas por PBI como Cajar o el Cspp, interpusieron una acción de tutela para proteger el derecho a la protesta. En respuesta, el 22 de septiembre de 2020 la Corte Suprema de Colombia emitió un fallo histórico concluyendo que el cuerpo policial ESMAD hace una intervención sistemática, arbitrara y violenta en la protesta social en Colombia, y que la forma de actuar del Gobierno y de la Policía Nacional en las protestas sociales violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron25.
Abogando para la erradicación de la violencia contra la mujer
Dentro de sus esfuerzos por terminar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, dhColombia realiza acciones judiciales y de acompañamiento a víctimas en casos que evidencian la tolerancia estatal de las violencias basadas en género. Entre estos, hay varios relacionados con feminicidios26.
Según la organización Sisma Mujer, en el país cada 32 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, cada cuatro días una mujer es asesinada en un crimen de odio por el hecho de ser mujer, y cada día 21 niñas entre los 10 y 14 años son víctimas de violencia sexual27. De acuerdo con dhColombia, genera preocupación que “pese a las múltiples campañas y jornadas de sensibilización, no está bajando la cifra de mujeres asesinadas o los casos de violencia sexual”28. Todo lo contrario: “Las noticias y los informes resultan desalentadores, los patrones de conducta se mantienen en el tiempo (…). Y los avances en materia de justicia son muy pequeños para la gravedad del asunto”.
Las mujeres también han sido afectadas de manera desproporcionada por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Según el registro Único de Víctimas del conflicto armado, dentro del total de más de 9 millones de víctimas registradas, las mujeres representan el 51,3% de la población afectada por amenazas, el 50% del abandono o despojo forzoso de tierras y el 51,3% del desplazamiento29. Asimismo, las mujeres son fuertemente sobrerrepresentadas en los delitos contra la libertad y la integridad sexual, con el 91,2% de la población victimizada30.
Esta situación de vulnerabilidad hace que la mayoría de las víctimas acompañadas por dhColombia son mujeres. De acuerdo con Germán Romero, actualmente en el país hay dos realidades con respecto al tema de mujer y género: “Por un lado, se ha venido fortaleciendo la participación de la mujer y se ve que las defensoras toman cada vez más protagonismo. Esto, no solo en temas feministas, sino también en temas políticos y de derechos humanos”. Pero, por otro lado, “se evidencia que en materia de administración de justicia, el enfoque de género es sobre todo de discurso, tanto en la justicia transicional como en la ordinaria,” señala el abogado. En varios casos que lleva su organización, se ha notado que el trato a las mujeres no es igual, e incluso, hay indicios de prejuicios de género entre las y los magistrados hacia las mujeres víctimas31.
En sus acciones de acompañamiento jurídico a mujeres, dhColombia se asegura de aplicar un enfoque diferencial de género para garantizar sus derechos. Así, cuando se piden medidas de protección para las víctimas, la organización insiste en que sean tenidos en cuenta las necesidades especiales en materia de salud que tienen las mujeres. En la interlocución con el Estado, promueve que sea la misma mujer protegida quien asume el liderazgo32.
“Sembremos para que con nuestra luz la violencia de género no sea ni una sombra”
Amenazas y agresiones
Por su labor en casos judiciales que involucran a representantes de sectores políticos, de la administración pública y las fuerzas armadas en el país, los integrantes de dhColombia y especialmente el abogado Germán Romero, ha sido objeto de amenazas, persecuciones y otros incidentes de seguridad.
Desde el mes de agosto de 2019 se ha evidenciado una intensificación de estos incidentes de seguridad contra la organización. Germán Romero denunció amenazas y hostigamientos que estarían relacionados con su labor de representación legal a víctimas de agentes del Estado y militares en procesos emblemáticos como el del Palacio de Justicia. Al abogado le robaron su computador, con información sensible sobre diferentes casos en los que se enfrenta a altos funcionarios del Estado, y en varias ocasiones él y sus familiares cercanos recibieron llamadas amenazantes33.
En años recientes, otras integrantes de dhColombia también han sufrido incidentes de seguridad. Estos incluyen seguimientos ilegales, que al parecer están relacionados con la representación y el apoyo a víctimas en casos como el de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), y de los familiares de Nicolás Neira contra el ESMAD.
Medidas de protección
dhColombia es cobijada por las medidas cautelares de la CIDH. Gracias a lo anterior, el abogado Germán Romero tiene medidas de protección individuales otorgadas por la Unidad de Protección.
Acompañamiento de PBI
Acompañamos a dhColombia desde su fundación en 2014, y a Jorge Molano, uno de sus fundadores, desde el 2009.
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