Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) es reconocido nacional e internacionalmente por ser la organización de derechos humanos más antigua en Colombia. Con una cobertura en seis regiones del país, la organización trabaja por el respeto y las garantías de los derechos humanos de personas privadas de libertad. Promueve la verdad, justicia y la reparación mediante la representación judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y defiende el derecho a la protesta social, así como la labor de líderes ambientales y defensores de derechos humanos agredidos y detenidos.

“La presencia de PBI significa un respaldo a las víctimas en sus diligencias jrídicas y en terreno. Es una manera de hacer llegar a las víctimas la certeza: ‘ustedes no están solos, los ojos de la comunidad internacional están puestos en su seguridad y en sus derechos.’ Esto ha hecho que el Estado se ha visto obligado a mejorar por jurisprudencia las garantías para los derechos de las víctimas.”

Fernando Rodríguez Pica, encargado del Área de Justicia transicional del Cspp

“El acompañamiento internacional solidario como el de Brigadas de Paz ha servido como una pieza fundamental que nos ha garantizado no solamente nuestra capacidad de llevar a cabo lo que queremos hacer, nuestra labor en defensa de los derechos humanos. Somos unos agradecidos con Brigadas de Paz y otras instituciones internacionales porque les debemos todo, les debemos la vida. Muchas personas en el Comité que han tenido un papel público, han sufrido agresiones contra su vida, contra su familia, contra su libertad, y ahí sin duda, el papel que han jugado ha sido fundamental. Han sido nuestra mano derecha, nuestro escudo realmente para ayudarnos a soportar muchos embates de estos.”

Franklin Castañeda, presidente del Cspp

Primera organización de derechos humanos en Colombia

Fundada en el año 1973, en un contexto de auge de la movilización social y de fuerte represión estatal en Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) fue la primera organización defensora de derechos humanos en el país. Su creación se hizo posible gracias al entonces ya famoso escritor Gabriel García Márquez, quien donó el dinero que ganó con un premio internacional para este fin. Entre los fundadores del Comité estaban representantes del medio académico, periodistas y sindicalistas, quienes juntaron esfuerzos para proveer defensa técnica jurídica a las personas privadas de libertad por motivos políticos1.

Si bien después de más de 45 años de existencia, el Cspp sigue teniendo un enfoque importante en la promoción de los derechos de personas privadas de la libertad, a esta labor se han venido agregando otras líneas de trabajo. Entre otros, el Comité se desempeña en la atención a víctimas, principalmente a víctimas de crímenes de Estado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. Recientemente, el Comité ha abierto un programa de garantías para la paz, que se enfoca en el seguimiento de la situación y asesoría de líderes y lideresas sociales2.

La organización ha sobrevivido a las épocas más difíciles de la historia reciente de Colombia, los últimos años del Frente Nacional, es decir: el sistema bipartidista liberal-conservador que terminó por excluir a gran parte de la población y, en últimas, condujo al surgimiento de grupos guerrilleros3; el permanente estado de sitio y la represión de la protesta social, el surgimiento de los grupos paramilitares y el terror de los años noventa hasta principios del presente siglo. Por su trabajo legal y legítimo el Cspp ha sido víctima de constantes persecuciones en contra de sus integrantes a lo largo de su historia4.

Trabajo por las personas privadas de libertad y por la justicia social

Con sede principal en Bogotá, Cspp cuenta con seis seccionales en el país: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander, Tolima y Valle del Cauca, y con dos equipos de apoyo en Arauca y Cauca. El Comité tiene aproximadamente 120 miembros, entre los cuales muchos son voluntarios y delegados de diferentes organizaciones sociales.

Históricamente, la organización viene trabajando para la atención y representación jurídica y humanitaria de las personas privadas de libertad por motivos políticos o arbitrariedad estatal. También realiza actividades de fortalecimiento organizativo de comunidades y organizaciones sociales y de capacitación en derechos humanos. Incide a nivel local, regional y nacional para promover los derechos a un trato digno, un juicio justo e imparcial y los demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social.

Con sus actividades, Cspp quiere contribuir al debate sobre el sistema de justicia y exige la implementación de una política criminal democrática con justicia social. Con lo anterior, la organización quiere aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos, la democracia y la paz con justicia social5.

A partir de la instauración del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, creado en el marco de la firma del Acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno en 2016, el Cspp viene dedicando una parte importante de su trabajo a la representación judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este sentido, este tribunal de justicia transicional es considerado por el Comité como una nueva oportunidad para seguir su lucha contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y victimización de la población civil a manos de agentes del Estado colombiano en conjunto con grupos paramilitares durante los años del conflicto armado6.

“Una gota de justicia en un mar de impunidad”

Alianzas a favor de los derechos humanos y la paz

El Cspp ha contribuido a la creación de iniciativas de lucha contra la impunidad como ‘Colombia Nunca Más’, que tiene como propósito aportar en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, desde la perspectiva de la recuperación de la memoria histórica. El Comité lidera la campaña Defender la Libertad: un Asunto de Todas, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social.

Como uno de los delegados nacionales por la sociedad civil, el Cspp forma parte de la Comisión de Garantías de Seguridad, que tiene como objetivo desarrollar y hacer seguimiento a políticas públicas para detener el asesinato de líderes sociales y desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

Promoviendo las garantías para líderes ambientales

La promoción de las garantías para defensores del medio ambiente es una línea de trabajo que está cobrando cada vez más importancia para el Comité. En este marco, brinda acompañamiento a líderes ambientales que están siendo agredidos o agredidas o privados de libertad debido a sus denuncias de daños ambientales que, muchas veces, involucran a empresas.

Entre otros, el Cspp lleva el caso de San Luis de Palenque en el departamento de Casanare, relacionado con la defensa de líderes sociales víctimas de judicializaciones por haber liderado protestas en contra de la actividades de la empresa petrolera estadounidense Frontera Energy (anteriormente Pacific Energy). Este caso emblemático se presentó ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. El caso deja ver cómo a través de convenios que vinculan al gobierno, la fuerza pública, entidades de investigación (Fiscalía) y empresas, se terminan haciendo montajes judiciales en contra de líderes sociales7.

El mismo patrón se puede identificar de manera frecuente en otros 248 casos que, con el de San Luis de Palenque, son documentados en el informe “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: La judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz”8, elaborado por el Cspp junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Cospacc, organización que también es acompañada por PBI.

La publicación muestra cómo, entre enero del 2012 y julio de 2019, en todo el país 274 personas defensoras de derechos humanos estuvieron involucradas en algún proceso con la justicia, en un contexto en que las judicializaciones han incrementado un 244%, de las que el 74% son líderes y lideresas ambientales. El informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en septiembre 20199.

“Necesitamos garantía para nuestra vida y para realizar nuestra labor”: Franklin Castañeda

Hitos en la vinculación de altos mandos militares a casos de víctimas

La lucha contra la impunidad es el eje de trabajo más fuerte del Cspp actualmente. La organización lleva un gran número de casos de representación de víctimas en la justicia ordinaria y la JEP, así como ante tribunales internacionales. Varios de los casos acompañados por el Comité están incluidos en los casos priorizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre otros, Cspp lleva casos de ejecuciones extrajudiciales adscritos al Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” en la Costa Caribe10, y a la Brigada XVI con sede en Casanare11. Otro caso acompañado por el Comité es el de las madres de Soacha, quienes en agosto 2018 por primera vez se vieron cara a cara con los victimarios de sus hijos en una audiencia ante la justicia transicional. En el encuentro, 14 militares pidieron perdón por los crímenes cometidos contra los jóvenes, desaparecidos y posteriormente presentados como exguerrilleros abatidos12.

Estos casos son significativos además porque vinculan a militares de alto rango. Entre ellos, el único general del Ejército detenido actualmente por falsos positivos, el entonces máximo mando del Ejército, Mario Montoya13.

En este contexto cabe resaltar que el Comité y sus aliados abogan por la creación de un sistema de control público de ascensos en el Ejército, para evitar que militares señalados de haber ordenado violaciones graves de los derechos humanos lleguen a cargos altos dentro de la institución14.

Ejecuciones extrajudiciales en Casanare

Por el mejoramiento de la situación carcelaria

En su labor para mejorar la situación carcelaria en el país, Cspp ha denunciado el hacinamiento que caracteriza los centros penitenciarios en el país, así como las condiciones precarias generalizadas, entre ellas: las restricciones al acceso al agua y la falta de atención médica, así como actos de amenazas y agresiones que padecen las personas privadas de la libertad en el país.

buen-pastor-carcel — En su labor para mejorar la situación carcelaria en el país, Cspp ha denunciado el hacinamiento que caracteriza los centros penitenciarios en el país. Foto: PBI Colombia

Más recientemente, el Comité ha venido promoviendo la introducción de una perspectiva de género en la política criminal del país. Teniendo en cuenta que, si bien los problemas estructurales del sistema nacional penitenciario afectan al conjunto de personas encarceladas sin distinción de género, existen características y condiciones diferenciales en cárceles femeninas que urgen ser abordadas. Asimismo, el Comité señala que las mujeres y las personas LGBTI sufren discriminación, ataques y hasta agresiones a su integrad física de manera fuerte y continua por parte del personal carcelario. Un equipo especializado dentro del Cspp se ha puesto la tarea de incidir para mejorar esta situación15.

Acciones a favor del derecho a la protesta social

Las acciones del Cspp a favor del derecho a la protesta social pacífica tienen una larga trayectoria. Así, por ejemplo, a través del Comité se citó el 31 de octubre de 2013 una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la situación de las protestas sociales en Colombia. En la audiencia, los peticionarios – entre las que se encuentran otras organizaciones acompañadas por PBI como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalp) – manifestaron su preocupación frente a la represión de la protesta social en Colombia16.

Las acciones del Cspp a favor del derecho a la protesta social pacífica tienen una larga trayectoria. Foto: Bianca Bauer

En el marco de la defensa del derecho a la protesta social como ejercicio de la democracia, el CSPP, junto con otras organizaciones lanzaron la campaña “Defender la Libertad: un asunto de todas”, que coordina un seguimiento al buen desarrollo de las protestas sociales en Bogotá, a través del Comité de Derechos Humanos. Esta campaña responde a numerosas denuncias de abusos policiales, detenciones ilegales, hasta homicidios, en el marco de las diferentes protestas sociales que tuvieron lugar en el país y, en particular, han destacado los escándalos que involucran al Escuadron Movil Anti Disturbios (ESMAD)17. La campaña tomó un gran papel en la veeduría del Paro Nacional de noviembre de 2019 en Bogotá, dónde el abuso de la fuerza por parte de la policía resultó con la muerte de un joven, Dilan Cruz. En respuesta a estas acciones violentas, el Cspp, junto con el Cajar y DH Colombia radicaron una acción de tutela en contra de la Fuerza pública por hechos violentos durante el Paro Nacional18. En septiembre de 2020 la Corte Suprema falló a favor de la tutela y concluyó que el cuerpo policial ESMAD realizó una intervención sistemática, arbitraria y violenta en las protestas de noviembre de 2019, e incluye múltiples órdenes hacia el Ministerio de Defensa como la creación de mesas de concertación para una reglamentación del uso de la fuerza acorde con estándares internacionales y constitucionales, un acto de perdón público y que se suspenda el uso de escopetas de calibre doce, como la que provocó la muerte de Dilan Cruz19.

La movilización ciudadana para denunciar los abusos de la fuerza pública y ese asesinato fueron tremendamente reprimidas. Foto: Leonardo Villamizar

La violencia y los abusos parte de la fuerza pública, y en particular del ESMAD, culminaron en las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá luego de la muerte de un ciudadano bogotano, Javier Órdoñez, tras haber sufrido varios actos de torturas por parte de la policía. La movilización ciudadana para denunciar los abusos de la fuerza pública y ese asesinato fueron tremendamente reprimidas y tuvieron como resultado la muerte violenta de 13 personas – al menos 8 de ellas por disparos de armas de fuego-, 200 civiles lesionados y 75 personas detenidas por hechos asociados al desarrollo de las manifestaciones20.

Criminalización de la protesa social

Restitución de tierras: el caso de la Hacienda Bellacruz

Cspp brinda acompañamiento integral y representa a nivel penal a comunidades campesinas en casos de restitución de tierras. El de la haciendo Bella Cruz, en el sur del César, es quizás el primer caso en Colombia de campesinos que lograron ganar un pleito jurídico por el robo de su tierra y los crímenes relacionados cuyos responsables eran poderosos actores privados y estatales.

El Comité lleva muchos años trabajando en este caso que llegó a una decisión favorable en 2018. Fue cuando las víctimas, después de una espera de 22 años, lograron que la Fiscalía declarara los hechos violentos ocurridos en la finca Bellacruz como crímenes de lesa humanidad, y que se decretara que parte de las tierras, de las cuales fueron desplazados, no podían ser administradas por personas privadas21.

Restitución de tierras: el caso de la hacienda Bellacruz

Amenazas y agresiones

A lo largo de su historia, el Cspp ha denunciado ser víctima de una constante persecución con amenazas, hostigamientos, seguimientos, torturas, detenciones arbitrarias, judicializaciones y el asesinato de varios de sus miembros22. Estos hechos tuvieron como resultado que varias seccionales del Comité fueran definitivamente cerradas y algunos de sus miembros exiliados. A día de hoy (2020), la mayor parte de los casos de agresiones y de victimización han quedado en la impunidad.

A finales del 2019, el Cspp y especialmente, su presidente Franklin Castañeda, fueron objeto de graves incidentes de seguridad que la organización relaciona directamente con el caso que implica al expresidente Alvaro Uribe Vélez, expresidente y exsenador de la Republica, en el supuesto pago de sobornos a exparamilitares presos para que estos no lo vincularan con el paramilitarismo. En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más alto del país, abrió investigaciones al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal. En un intento de obstaculizar la acción de la justicia, Uribe Vélez con sus abogados y portavoces, emprendieron una campaña de señalamientos públicos dirigidos al Cspp, por su apoyo al exparamilitar preso y en peligro Juan Guillermo Gonsalve, que es considerado testigo clave contra el expresidente23. Este caso sigue ahora en la Fiscalía.

Los señalamientos han aumentado seriamente los niveles de vulnerabilidad de la organización y sus líderes24. Para Franklin Castañeda, se trata de “una campaña bastante bien orquestada”. El presidente del Cspp afirma: “tenemos claro que estamos enfrentando los intereses de un sector poderoso del país. Por tanto, somos conscientes de que el riesgo que estamos enfrentando en nuestra vida, en nuestra libertad y en nuestro buen nombre son altos”25.

Rejuvenecer la dignidad: Walter Agredo

Medidas de protección

Cspp tiene medidas cautelares otorgadas por la Cidh desde 1999 y algunos de sus miembros cuentan con medidas del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). No obstante, de acuerdo con la organización, estas medidas no bastan mientras no se eliminen las causas que generan el riesgo a los miembros de Cspp26.

En paralelo a los episodios de señalamientos y difamaciones relacionadas con la investigación judicial al expresidente Uribe, a finales de 2019, el Cspp y especialmente su presidente Franklin Castañeda han sufrido serios incidentes de seguridad. Castañeda ha señalado que la respuesta de las autoridades ha sido “inadecuada”27. En un contexto general de intensificación de la criminalización, los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos preocupan las fallas en la capacidad de protección de las autoridades colombianas.

Premios y reconocimientos

Durante sus más de 45 años de existencia, Cspp ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Algunas de las más importantes distinciones han sido el Premio a la Libertad, Igualdad y Fraternidad de la República de Francia, otorgado en 1999 por el Parlamento de Francia en reconocimiento a la labor del Comité en defensa de los derechos humanos y por sus aportes a la creación de ambiente democrático en Colombia. En 2009, el entonces coordinador regional del Cspp, Gabriel González, recibió el premio anual de derechos humanos de la organización estadounidense Human Rights First en Nueva York.

franklin-castaneda — Durante sus más de 45 años de existencia, Cspp ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Foto: PBI Colombia

En 2014, Cspp estaba entre los finalistas del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “reconocimiento a toda una vida organizaciones con larga trayectoria”, y en 2020 el Cspp ganó ese Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos otorgado por Diakonia y la Iglesia Sueca en la categoría “Proceso colectivo del año al nivel de ONG”28.