Comunidad de Paz

de San José de Apartadó

Conflicto armado y resistencia

La población campesina de San José de Apartadó ha vivido durante décadas en medio del conflicto armado. Los intereses económicos presentes en Urabá (noroeste de Colombia) y su posición geoestratégica[1] confluyeron para convertir esta región en uno de los enfoques del conflicto armado. Desde los años 70 ha estado presente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) y la incursión de grupos paramilitares a partir de 1996 inició un escalamiento del conflicto entre actores armados que se manifestó principalmente en agresiones de estos a la población civil[2]. Pero en vez de unirse a las miles de personas desplazadas del país[3], esta comunidad campesina creó en 1997 una experiencia pionera en la región de Urabá: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad que se declaró neutral frente al conflicto armado y rechazó la presencia de todos los grupos armados en su territorio.

«No vamos a ceder ante las armas, nosotros seguiremos trabajando unidos diciéndole “no” a la guerra», son los palabras desafiantes del representante de la comunidad, Jesús Emilio Tuberquia[4]. Como resultado de esta resistencia y lucha han sido asesinados 210 miembros de la Comunidad por los distintos actores del conflicto[5].

Uno de los hechos que más impactó en la Comunidad fue la masacre del 21 de febrero de 2005. Ese día fueron asesinadas y descuartizadas ocho personas en las veredas Mulatos y La Resbalosa, siete de ellas de la Comunidad de Paz y entre las que se encontraban tres menores de edad y el líder histórico Luis Eduardo Guerra[6]. En marzo de 2010 fue condenado a 20 años de cárcel Guillermo Gordillo, capitán retirado del Ejército, como coautor de los delitos de homicidio agravado, actos de barbarie y concierto para delinquir[7]. En junio de 2012 fueron condenados otros cuatro militares por su responsabilidad en la masacre como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado[8].

En cuanto a las otras violaciones de derechos humanos denunciadas por la Comunidad de Paz, hasta ahora en su mayoría han quedado impunes[9].

Una preocupación central es el fortalecimiento de los grupos armados ilegales surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006 en la región. De acuerdo con el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien ha denunciado las violaciones de derechos humanos ocurridos en la Comunidad, «esa es la preocupación principal porque [durante 2011] fueron más de once muertos en la zona». Y añade que «en varios casos los militares estaban ahí al lado o estaban muy cerca; hay una complicidad muy fuerte»[10]. También la Comunidad de Paz[11], la Defensoría del Pueblo[12] y el defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda[13], han advertido sobre el riesgo que afronta la población civil dada la presunta activación de grupos armados ilegales en la región. Aunque la estigmatización, las amenazas y las difamaciones contra la Comunidad siguen, ésta logró establecer cierta disuasión frente a los actores armados gracias al esfuerzo de legitimación de su proyecto a nivel internacional.

Resistencia económica y el retorno a las zonas rurales

Desde su surgimiento la Comunidad ha soportado bloqueos económicos y, por lo tanto, consideró importante el fortalecimiento económico que permitía la seguridad alimentaria como parte de su resistencia[14]. A pesar de los riesgos, la Comunidad ha seguido proponiéndose lograr la normalidad en su vida cotidiana y en su organización interna porque «para enfrentar la guerra hay que estar muy organizados», anota Berta Tuberquia, una de las representantes de la Comunidad. Después de ocho años de resistencia al desplazamiento forzado en 2005 empezó el retorno a las veredas de las montañas que rodean el casco urbano de San José de Apartadó; un paso importante en el trabajo de la Comunidad y la vida de campesinas y campesinos quienes después de tantos años de desplazamiento pudieron retornar a sus fincas y cultivar banano, cacao, frijol y frutales para su abastecimiento. Fue un retorno exitoso de algunas familias que, gracias a la capacidad de organización interna y el acompañamiento internacional, lograron retomar su vida en zonas donde, según la Comunidad, sigue la presión y la amenaza explícita de desplazamiento contra la población civil[15].

Varias veredas de la Comunidad son cuasi autosostenibles en cuanto a la producción de su alimentación y también han logrado comercializar algunos productos agrícolas que aportan recursos financieros. Junto con otras comunidades han constituido la Universidad Campesina, un proyecto de intercambio entre comunidades rurales que viven en medio del conflicto. Este proyecto pretende demostrar que la resistencia es un asunto de la vida cotidiana. Incrementar la capacidad de las familias campesinas para autoabastecerse ha sido un objetivo importante[16].

Premios

En septiembre de 2011 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se convirtió en uno de los tres finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que cada año entrega el Parlamento Europeo a defensores de la libertad. Esta comunidad campesina fue merecedora de esa nominación por «el coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de paz y justicia […] en un ambiente de brutalidad y destrucción»[17].

Señalamientos y amenazas

Desde su creación la Comunidad de Paz ha sido objeto de amenazas y señalamientos.

Medidas de protección

En diciembre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó considerando que 43 de sus miembros fueron asesinados desde que declararon su neutralidad en marzo de ese mismo año[18]. En 2000, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas provisionales para 189 miembros de la Comunidad[19]. Desde entonces, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recomendado que el Estado colombiano tome medidas para asegurar la protección adecuada de la Comunidad de Paz[20]. Las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana fueron ratificadas por la Corte Constitucional colombiana con la sentencia T-1025 que establece que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado deben concertar los medios a través de los cuales la población de la Comunidad será protegida[21].

Acompañamiento internacional

PBI acompaña a la Comunidad de Paz desde 1999. La organización estadounidense Fellowship of Reconciliation (FOR) y la organización italiana Operazione Colomba también acompañan a la Comunidad. Este acompañamiento es muy valorado por la Comunidad que expresa que «mientras haya solidaridad internacional, se mantendrá el proyecto de la Comunidad de Paz».

Más información

www.cdpsanjose.org

www.javiergiraldo.org


[1] Urabá presenta un interés geoestratégico importante por su cercanía con el canal de Panamá y por sus recursos naturales. PBI Colombia: Urabá: violencia y territorio en la historia contemporánea, septiembre de 2010

[2] Hernández Delgado, Esperanza: Resistencia civil artesana de paz. Universidad Javeriana, 2004

[3] De acuerdo con cifras de CODHES, alrededor de 438.000 personas colombianas huyeron de la violencia entre 1996 y 1997 para salvaguardar sus vidas. Un País que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. CODHES. 2003

[4] Hernández Delgado, Óp. cit.

[6] Fusil o Toga, Toga y Fusil, Javier Giraldo Moreno, S.J. Página 189

[7] Primer militar condenado por masacre de San José de Apartadó. En: ColomPBIa, PBI Colombia, 15 de abril de 2010

[9]  Carta al Embajador de Estados Unidos en Colombia Peter Michael McKenley. En: Desde los márgenes – Javier Giraldo. 6 de octubre de 2011

[10] Entrevista al Padre Javier Giraldo, 29 de diciembre de 2011

[11] Comunidad de Paz de San José de Apartadó: Paramilitares continúan presentes y actuantes en San José de Apartadó. El gobierno sabe, calla consiente y mira para otro lado. 3 de enero de 2012

[12] Defensor del Pueblo rechaza paro armado en Urabá. En: Defensoría del Pueblo de Colombia. 6 de enero de 2012; Población de Urabá en riesgo ante amenazas de un nuevo grupo al margen de la ley. En: Defensoría del Pueblo de Colombia. 16 de octubre de 2008

[14] Op. cit. Hernández Delgado, Esperanza

[15] Descaro y desfachatez sin límites. En: Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 2 de febrero de 2012

[16] Comunidades de Paz de San José de Apartadó – Universidad Campesina. En: Educación para la Solidaridad. 24 de marzo de 2011

[17] Premio Sájarov 2011 a la libertad de conciencia. En: Parlamento Europeo. 15 de diciembre de 2011

[18] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Medidas cautelares 1997

[19] En noviembre de 2000, la Corte ratifica el requerimiento hecho por el presidente de la Corte y pide «al Estado de Colombia que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los demás miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó». Resolución de la Corte Interamernicana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000: Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

[20] El 18 de junio de 2002, la misma Corte amplia las medidas y requiere que «el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias entre San José de Apartadó y Apartadó (…) para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos». Se trataba de medidas contra los bloqueos económicos sufridos por la Comunidad en sus viajes entre San José y Apartadó. En 2008 y 2010 se reafirman las medidas provisionales.

[21] Sentencia de Tutela nº 1025/07 de Corte Constitucional, 3 de Diciembre de 2007

Deja un comentario

PBI abre espacios para la paz

A %d blogueros les gusta esto: