Comunidad de Paz

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

 

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació en 1997 en medio de la violencia, el desplazamiento forzado, y los asesinatos de sus líderes. El saldo de estos veinte años de violencia es abrumador: 320 personas asesinadas, 350 amenazas de muerte, 100 torturas, 50 desplazamientos[1].

CDP

Conflicto armado y resistencia

La población campesina de San José de Apartadó ha vivido durante décadas en medio del conflicto armado. Los intereses económicos presentes en Urabá (noroeste de Colombia) y su posición geoestratégica[2] confluyeron para convertir esta región en una de las áreas más golpeadas por el conflicto armado. Desde los años setenta estuvo aquí presente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército Popular de Liberación (EPL). La incursión de grupos paramilitares a partir de 1996 inició un escalamiento del conflicto entre actores armados que se manifestó principalmente en agresiones contra la población civil[3].

Pero en vez de unirse a los miles de personas desplazadas del país[4], esta población campesina creó en 1997 una experiencia pionera en Colombia: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad que se declaró neutral frente al conflicto armado y rechazó la presencia de todos los grupos armados en su territorio.

En la misma semana de su creación comenzó una arremetida brutal contra la Comunidad. “Los paramilitares iban visitando las veredas y obligando a los campesinos a abandonar la tierra y les decían que tenían cuatro o cinco días para salir y si no los iban a matar”, recuerda el Padre Javier Giraldo. Los paramilitares asesinaron a muchos campesinos para demostrar que estaban hablando en serio[5].

CDP SJA
El saldo de veinte años de violencia es abrumador: 320 personas asesinadas, 350 amenazas de muerte, 100 torturas, 50 desplazamientos.

Tintico con PBI: “Durante varios años la Comunidad de Paz vivió una situación de terror”, Padre Javier Giraldo (mayo de 2017)


En 1998 las primeras familias regresaron a sus tierras en la vereda La Unión, aunque tuvieron que desplazarse varias veces porque recibieron nuevas amenazas. En este contexto el 8 de julio del 2000 los paramilitares ingresaron a La Unión y asesinaron a seis jóvenes en presencia de toda la comunidad, crimen que causó un nuevo desplazamiento[6]. Con el transcurrir de los años gradualmente las familias regresaron a otras veredas, Arenas y La Esperanza, y recuperaron los terrenos de donde fueron expulsados.

Bloqueos económicos

En aquellos años constantemente los grupos armados armaban retenes en las trochas e imponían bloqueos económicos, prohibiendo el paso de alimentos o de cualquier mercancía, bajo amenaza de muerte.  Entre 2001 y 2002 ocurrió uno de los peores bloqueos, en el que durante meses prohibieron el paso de alimentos en la carretera entre Apartadó y San José: “nadie podía ir al pueblo a comprar porque no lo iban a dejar pasar con su comida”, recuerda Roviro López, miembro de la Comunidad de Paz. En esa época cientos de personas que se arriesgaron a comprar comida fueron asesinadas. Hubo mucha hambre. Cada vez más la Comunidad se dio cuenta de lo importante que era organizarse y cultivar sus alimentos para ser autosostenibles, y así empezaron a crear grupos de trabajos comunitarios[7].

Por lo tanto, la Comunidad consideró importante el fortalecimiento económico que permitiera la seguridad alimentaria como parte de su resistencia, porque “para enfrentar la guerra hay que estar muy organizados”[8].

Violaciones de derechos humanos en impunidad

Al momento de cumplir sus veinte años de resistencia en 2017, la Comunidad de Paz contabilizó 326 miembros asesinados, y más de 4.000 violaciones de los derechos humanos contra ellos[9]. Hasta ahora, la mayoría de estas violaciones de derechos humanos han quedado impunes, confirma el abogado Jorge Molano. “Tan solo en el caso de la masacre del 21 de febrero de 2005 y un segundo hecho, se había generado resultados en el sentido de avanzar en las investigaciones”[10].

Masacres y más masacres: Mulatos y la Resbalosa

Uno de los hechos que más impactó a la Comunidad de Paz fue la masacre del 21 de febrero de 2005. Ese día fueron asesinadas ocho personas en las veredas Mulatos y La Resbalosa, siete de ellas miembros de la Comunidad de Paz, entre las que se encontraban tres menores de edad y el líder de la Comunidad Luis Eduardo Guerra[11]. Por su participación en este crimen, en marzo de 2010 fue condenado a 20 años de cárcel Guillermo Gordillo, capitán retirado del Ejército, como coautor de los delitos de homicidio agravado, actos de barbarie y concierto para delinquir[12]. En junio de 2012 fueron condenados otros cuatro militares por su responsabilidad en la masacre, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado[13].

CDPCDP San Jose Apartado


Judicial: Masacre de San José de Apartadó (mayo de 2016)


Jorge Molano, abogado: “Judicialmente, de la masacre del 21 de febrero acontece en el marco de los crímenes atribuibles a la Fuerza Pública. Los órganos de investigación han centrado su actividad en mirar la responsabilidad de los ejecutores materiales, en particular, de los bajos mandos. La Fiscalía ha tomado más de cinco años para investigar a quienes dentro de la Brigada 17 ejercieron actos que contribuyeron decididamente a la ejecución de la masacre. Doce años después de la masacre ¿qué podemos decir? Aproximadamente treinta paramilitares han sido condenados, pero sin que los mandos de los paramilitares tampoco sean vinculados. Hasta hoy, Don Berna no ha ofrecido explicaciones a la justicia sobre estos hechos. Aproximadamente trescientos cincuenta personas de la Fuerza Pública participaron en la masacre, pero tan solo se han dictado sentencias condenatorias en contra de cuatro de ellas.  Entonces, la impunidad en el caso de la masacre de San José de Apartadó, en relación con los actos de los agentes del Estado, es de aproximadamente el 99.4% de los victimarios”[14].

Ruptura con el Estado colombiano

Desde que ocurrió la masacre de Mulatos y La Resbalosa, la Comunidad de Paz no ha dialogado con instituciones del Estado colombiano porque consideran que no ha habido justicia. La única relación que ha mantenido la Comunidad ha sido con la Corte Constitucional que ha publicado tres sentencias a favor de ella. La más importante de estas es la Sentencia 1025 de 2007 que ordena al Gobierno colombiano suministrar los nombres de las personas de la Fuerza Pública presentes en la zona durante la masacre de 2005. Además, en el 2012 la Corte Constitucional convocó una sesión de evaluación con las instituciones gubernamentales, como resultado de la cual se emitió el Auto 164 que incluye cinco órdenes. Entre ellas estaba la retractación por las calumnias contra la Comunidad por parte de miembros del Gobierno, la creación de una comisión de evaluación de la justica ante la situación de más de trescientos asesinatos, el respeto por las zonas humanitarias donde la población civil pueda refugiarse, entre otros[15]. Según el Padre Javier Giraldo, hubo intentos de cumplir con las ordenes por parte del Estado, pero nunca un cumplimiento completo, por lo que considera que estas no se han acatado[16].

Restructuración del conflicto armado

Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006 surgieron nuevos grupos armados ilegales. Según el Informe de Riesgo Inminente 031-16 de la Defensoría del Pueblo, emitido en septiembre de 2016, las comunidades en las veredas “han sido frecuentadas por hombres que se identifican como integrantes de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), exigiendo la colaboración y apoyo de la población civil para consolidar su presencia en la zona, bajo amenaza de muerte a quien se resista”[17]. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la desmovilización de las Farc en 2017, las AGC tienen una presencia cada vez más visible y están copando los territorios anteriormente controlados por las Farc.


Actualidad: Reconfiguración del conflicto armado en medio del proceso de paz (julio de 2017)


La resistencia

Aunque la estigmatización, las amenazas y las difamaciones contra la Comunidad de Paz continúan, ella ha logrado establecer cierta disuasión frente a los actores armados gracias a la legitimidad de su proyecto a nivel internacional. En 2014, German Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz desde 2013, fue elegido por la ONU para integrar la delegación de víctimas que viajaron a La Habana para participar en las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc[18]. El 23 de marzo de 2017 la Comunidad cumplió 20 años de resistencia pacífica y en la actualidad sigue siendo un modelo inspirador y alternativo de vida comunitaria.


Tierra y territorio: Veinte años de resistencia (marzo de 2017)


La violencia ha llevado a la Comunidad a buscar otras opciones de desarrollo. Comenzaron a trabajar en un modelo de soberanía alimentaria: recuperaron semillas autóctonas de la zona, cultivaron cacao, (que hoy en día es exportado a varios países de Europa, y que pasa por numerosas auditorías para mantener los estándares de comercio justo), plantaron cultivos de pan coger. Y también buscaron un modelo alternativo de educación con sus propios profesores, una educación centrada en valores de amor a la tierra. Posteriormente, construyeron la Universidad de la Resistencia y fueron fortaleciendo estos modelos por los que siguen trabajando hoy en día[19].

cacao

CACAO
Foto: Alejandro González I PBI Colombia

Cuentos del terreno: Cacao para sembrar vida (mayo de 2017)

Cuentos del terreno: Intercambio de saberes (marzo de 2017)


Varias veredas de la Comunidad son casi autosostenibles en cuanto a la producción de alimentos y también han logrado comercializar algunos productos agrícolas que les aportan recursos financieros. Junto con otras comunidades han constituido la Universidad Campesina, un proyecto de intercambio de conocimientos entre comunidades rurales que viven en medio del conflicto. Este proyecto pretende demostrar que la resistencia es un asunto de la vida cotidiana. Incrementar la capacidad de las familias campesinas para autoabastecerse ha sido un objetivo importante[20].

En los últimos años la Comunidad ha desarrollado una producción de cacao orgánico: Chopaz. Hoy en día la Comunidad tiene unas 175 hectáreas dedicadas al cultivo de cacao, y produce unas 70 toneladas, de las cuales vende 50 toneladas a Gran Bretaña y Alemania. Las ganancias permiten a la Comunidad sostenerse económicamente, hacer construcciones, apoyar la educación y formación de sus miembros, y comprar aquellos productos que no producen[21].

Premios

“No vamos a ceder ante las armas, nosotros seguiremos trabajando unidos diciéndole `no´ a la guerra”, son las palabras desafiantes de Jesús Emilio Tuberquia, ex representante legal de la Comunidad durante seis años (2007-2013)[22].

En septiembre de 2011 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se convirtió en uno de los tres finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que cada año entrega el Parlamento Europeo a defensores de la libertad. Esta comunidad campesina fue merecedora de esa nominación por “el coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de paz y justicia […] en un ambiente de brutalidad y destrucción”[23].

En 2014, las Embajadas de Francia y Alemania, en el marco del “Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño”, les concedieron una mención de honor por su trabajo humanitario[24].

En 2015, Germán Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz desde 2013, fue reconocido como uno de los mejores líderes de Colombia por parte de la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, por su trabajo a favor de la no violencia[25].

comunidad de paz CDP SJACDP SJA Ruby

Señalamientos y amenazas

Desde su creación la Comunidad de Paz ha sido objeto de amenazas y señalamientos de manera constante. La comunidad deja constancia de cada violación de sus derechos en comunicados periódicos que pueden encontrar en su página web: www.cdpsanjose.org.


Amenazas: 201420152016


Medidas de protección

En diciembre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considerando que 43 de sus miembros fueron asesinados desde que declararon su neutralidad en marzo de ese mismo año[26].

En el 2000, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales para 189 miembros de la Comunidad. Ese mismo año, la Corte ratificó el requerimiento hecho por el presidente de la Corte y pidió “al Estado de Colombia que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los demás miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”[27].

El 18 de junio de 2002, la misma Corte amplió las medidas y requirió que “el Estado garantice las condiciones de seguridad necesarias entre San José de Apartadó y Apartadó (…) para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos”. Se trataba de medidas contra los bloqueos económicos sufridos por los miembros de la Comunidad en sus desplazamientos entre San José y Apartadó. En 2008 y 2010 se reafirmaron las medidas provisionales.

Las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana fueron ratificadas por la Corte Constitucional de Colombia con la sentencia T-1025, que establece que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado deben concertar los medios a través de los cuales la población de la Comunidad será protegida[28].

En junio de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos envió una nueva resolución en la cual reitera al Estado colombiano que “mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en particular, frente a la presunta presencia de grupos armados ilegales en veredas de la Comunidad en los últimos meses”[29].

Acompañamiento internacional

PBI acompaña a la Comunidad de Paz desde 1999. Las organizaciones internacionales Fellowship of Reconciliation (FOR) y Operazione Colomba también acompañan a la Comunidad. Esto es muy valorado por sus miembros, quienes expresan que “mientras haya solidaridad internacional, se mantendrá el proyecto de la Comunidad de Paz”.


Cuentos del terreno: Acompañar a un líder amenazado durante una semana (enero de 2017)


Sirly con Isaline y Lisa


Notas de pie:

[1] Padre Javier Giraldo, ponencia, 23 de marzo de 2017 en la Holandita, Comunidad de Paz de San José de Apartadó
[2] Urabá presenta un interés geoestratégico importante por su cercanía con el canal de Panamá y por sus recursos naturales. PBI Colombia: Urabá: violencia y territorio en la historia contemporánea, septiembre de 2010
[3] Hernández Delgado, Esperanza: Resistencia civil artesana de paz. Universidad Javeriana, 2004
[4] De acuerdo con cifras de Codhes, alrededor de 438.000 personas colombianas huyeron de la violencia entre 1996 y 1997 para salvaguardar sus vidas. Un País que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. Codes, 2003
[5] PBI Colombia: “Durante varios años la comunidad de paz vivió una situación de terror”, 5 de mayo de 2017
[6] Ibid. “Durante varios años la comunidad de paz vivió una situación de terror”
[7] PBI Colombia: Cacao para sembrar vida, 11 de mayo de 2017
[8] Óp. cit. Hernández Delgado, Esperanza y entrevista con Berta Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz
[9] Colombia Plural, ¿Por qué resiste la comunidad de paz de San José de Apartadó?, 3 de enero 2017
[10] Entrevista a Jorge Molano, abogado, marzo de 2017
[11] Fusil o Toga, Toga y Fusil, Javier Giraldo Moreno, S.J. Página 189
[12] Primer militar condenado por masacre de San José de Apartadó. En: ColomPBIa, PBI Colombia, 15 de abril de 2010
[13] Verdad Abierta: La condena a cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó, 14 de junio de 2012
[14] Entrevista a Jorge Molano, abogado, marzo de 2017
[15] Corte Constitucional: Sentencia 1025 de 2007, Auto 164 de 2012
[16] Ponencia del Padre Javier Giraldo, Apartado, marzo de 2017
[17] Verdad Abierta: En San José de Apartadó exigen verificar presencia paramilitar, 8 de noviembre de 2016
[18] Pnud Colombia: Cuarta delegación de víctimas viaja a La Habana, 1 de noviembre 2014
[19] PBI Colombia: Veinte años de resistencia, 31 de marzo de 2017
[20] Comunidades de Paz de San José de Apartadó – Universidad Campesina. En: Educación para la Solidaridad. 24 de marzo de 2011
[21] PBI Colombia: Cacao para sembrar vida, 11 de mayo de 2017
[22] Óp. cit. Hernández Delgado
[23] Parlamento Europeo: Premio Sájarov 2011 a la libertad de conciencia, 15 de diciembre de 2011
[24] Embajada de Francia en Colombia: Los Embajadores de Alemania, Günter Kniess y Francia Jean-Marc Laforêt, visitaron “La Comunidad de Paz San José de Apartadó”, 27 de marzo de 2015
[25] Semana: El defensor de la no violencia, 2015
[26] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Medidas cautelares 1997
[27] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000: Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
[28] Corte Constitucional: Sentencia de Tutela nº 1025/07, 3 de diciembre de 2007
[29] Corte Interamericana de Derechos Humanos: Resolución del Presidente de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de junio de 2017

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