Jorge Molano es abogado, defensor de derechos humanos y representante de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Actualmente es integrante de la asociación dhColombia, (Red de Defensores no institucionalizados).

Historia

Nacido en 1968, Jorge Molano creció en un hogar con fuertes convicciones sociales. Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia. Sus inicios como abogado defensor de derechos humanos fueron junto al prestigioso abogado y humanista José Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998. Posteriormente, continuó su trabajo con varias organizaciones[1] hasta convertirse en abogado independiente y asesor jurídico en 2005[2].

Trabajo

Jorge Molano representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad ante entidades nacionales e internacionales.

Algunos casos de representación jurídica

Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985, un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia de Bogotá, con el fin de enjuiciar políticamente al presidente de la época, Belisario Betancur[3], “como reacción a los que consideró incumplimientos de [su gobierno] a los acuerdos de paz que habían consensuado el año anterior”[4]. Dicha toma fue seguida de una operación de la Fuerza Pública de retoma del mismo Palacio de Justicia hasta el 7 de noviembre de 1985. Los hechos, catalogados como “holocausto”, dejaron un sueldo de 98 personas muertas (entre ellas once magistrados) y once desparecidas[5]. Leer más

Ejecuciones extrajudiciales en Manizales

Darbey Mosquera Castillo, Alex Hernando Ramírez Hurtado y José Didier Marín Camacho, tres jóvenes desempleados y de escasos recursos, procedentes de Pradera (Valle del Cauca), soñaban con obtener ingresos para sus familias. Ante la necesidad de sobrevivir en un contexto socioeconómico caracterizado por la pobreza, la falta de educación y de trabajo, salieron con destino a Manizales, (Caldas), en compañía de un soldado del Ejército, bajo la promesa de un empleo remunerado. Leer más

Masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

El 21 de febrero de 2005 fueron asesinadas ocho personas, (cinco adultos y tres niños), de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en una masacre que realizaron conjuntamente el Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con tropas de la Brigada XVII del Ejército[6]. Molano representa, como abogado, a la sociedad colombiana. Leer más

Operación Dragón

En esta operación, líderes sindicales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos del Valle del Cauca fueron objeto de un plan de asesinato y una campaña de desprestigio. En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron una serie de documentos oficiales que detallaban los aspectos de la Operación Dragón, un ejercicio de seguimiento ilegal sobre 170 personas, (una de las víctimas es Berenice Celeyta, presidenta de Nomadesc, organización acompañada por PBI[7]), con el supuesto fin de asesinar a personas defensoras de derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política en Colombia. La Fiscalía ha comprobado que la Tercera Brigada del Ejército, la Policía de Cali y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) apoyaron y colaboraron en esa recolección de información[8]. Leer más

Criminalización de la protesta

A través de la representación legal, Molano también lucha por la defensa de las libertades y contra la criminalización de la protesta social.

Asesinato de Jhonny Silva

El abogado representa a los familiares de Jhonny Silva, estudiante de la Universidad del Valle, asesinado por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en 2005 durante una manifestación universitaria[9]. Hasta el momento no ha habido condenas en este caso y en septiembre de 2016, la Cidh admitió el caso de Jhonny Silva, lo que significa que inicia un caso formal contra Colombia[10]. Leer más

El cartel de los vándalos del paro agrario

En el contexto del paro agrario en agosto de 2013, la Policía publicó lo que llamó “el cartel de los vándalos”[11] con las fotos de 48 personas “protagonistas de los actos vandálicos contra la ciudad y de la agresión desmedida contra la Fuerza Pública”[12], entre ellas Alejandro Ospina Cogua, un estudiante de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Jorge Molano representa a este joven, considerando que el cartel significa una vulneración de los derechos al buen nombre e integridad del estudiante. Según Molano, no existía ninguna prueba que probara que las personas eran vándalos. Con la representación de Molano, se logró que el juez ordenara el retiro de todos los carteles en las cuales aparecía Ospina y la investigación de las personas implicadas en la elaboración de ellos[13]. Leer más

Riesgos, amenazas y agresiones

Jorge Molano fue una de las víctimas de las interceptaciones telefónicas ilegales que se ejercieron desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[14]. Durante 2009, Molano fue objeto de continuas persecuciones y vigilancia en su lugar de residencia y oficina por parte de desconocidos[15]. En ese entonces, el abogado atribuyó las persecuciones a los casos que lleva. «El caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia ha adquirido un alto nivel. Además, oficiales del Ejército han sido vinculados a la masacre de 2005 en San José de Apartadó»[16].

En 2015, Molano recibió una amenaza directa, transmitida por el gobierno, «cuando desde la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior y la Cancillería se reúnen con nosotros para manifestarnos que tenían temor por nuestra vida, porque parte de la Junta de Generales no veía bien nuestro trabajo y consideraban que nuestro trabajo afectaba el honor militar»[17].

Ver las más graves agresiones en contra de Jorge Molano de 2012 a 2015.

Medidas de Protección

Por el riesgo que corre por los casos del Palacio de Justicia, la Operación Dragón y otros, Jorge Molano cuenta con medidas cautelares de la Cidh[18].

A pesar de varias órdenes internacionales y nacionales de brindar protección a Molano, por su riesgo “extraordinario” como fue calificado en el estudio de riesgo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la implementación de las medidas de protección ha padecido constantes demoras e irregularidades durante los años pasados[19].

En 2011, Molano renunció al esquema de protección que le había asignado el DAS por considerar que no había una voluntad real del Gobierno de garantizar su derecho a la vida[20]. “A finales de abril de 2012 la Fiscalía nos informó que en materia de investigación no se había avanzado. Solicitamos a la Dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior como medida política hacer un reconocimiento público de nuestra labor y nuestras actividades. Tres años después, el Ministerio manifestó que no podía hacer ese reconocimiento público por cuanto ello incrementaría nuestro riesgo”[21]. En 2016, el escenario no ha cambiado.

Ante las dificultades para poder desarrollar su trabajo, en mayo de 2014, Jorge Molano y su colega Germán Romero, también integrante de dhColombia, comunicaron públicamente que suspendían sus actividades judiciales en todas audiencias o diligencias ante la justicia colombiana por no contar con garantías para el ejercicio de su profesión. Como aseguran los abogados, el gobierno había faltado en cumplir con la orden de la Cidh con la implementación de medidas de protección. Finalmente, en el año 2015, el tribunal de Cundinamarca ordenó a la UNP que las medidas de protección deben ser implementadas en todo el país, y que no puede adoptar reformas a las medidas sin que hayan sido discutidas.

Hasta este momento, los defensores habían sufrido de “ataques a familiares, asaltos de residencias con el propósito de hurtar información, ataques a (sus) correos electrónicos y página web, interceptación y triangulación de (sus) comunicaciones y seguimientos”[22]. El mismo año, entre otros defensores, Jorge Molano además denunció que la UNP había iniciado un proceso gradual de desmonte de las medidas de protección, a pesar de que el Ministro de Interior había afirmado que los representantes de víctimas no sufrirían recortes como causa de problemas de presupuesto[23].

Premios y reconocimientos

El Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó una mención especial a Jorge Molano por su labor en la defensa de los derechos humanos en Colombia en el año 2010. Se trata de un reconocimiento que anualmente otorga el Gobierno norteamericano a personas defensoras de derechos humanos en el mundo. En este caso, dice el organismo, se hace evidente el sacrifico del abogado para defender a víctimas de violaciones de derechos humanos. “Molano es un valiente defensor de los derechos humanos cuyo trabajo ha sido, y seguirá siendo, velar para que quienes cometen abusos contra los derechos humanos se responsabilicen por sus actos. Su persistencia y liderazgo, a pesar de enfrentar graves peligros y recibir poco beneficio económico, son inspiradores y dignos del reconocimiento al nivel mundial”, dice el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos[24].

En 2015 Molano recibió el premio mundial a abogadas y abogados de derechos humanos de la organización holandesa Lawyers for Lawyers en la ciudad de Ámsterdam[25].

Acompañamiento internacional

PBI acompaña a Jorge Molano desde 2009.

«El acompañamiento de PBI es sumamente importante en el país por cuanto el Estado de Colombia, no ha brindado las garantías a los defensores de derechos humanos para ejercer su labor. El acompañamiento de PBI posibilita que muchos defensores podamos seguir en el país y no tengamos que abandonar nuestras actividades».