Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria

Desde hace casi veinte años, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, (Cospacc) se ha dedicado a la atención, organización y acompañamiento a víctimas de las numerosas violaciones a los derechos humanos especialmente en los departamentos de Boyacá y Casanare y en la ciudad de Bogotá. Todo ello, sin perder de vista su objetivo principal que es la reconstrucción del tejido social y la formación permanente en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Junto a organizaciones aliadas, Cospacc, ha venido haciendo denuncias públicas de violaciones de derechos humanos y aporta a la justicia ordinaria y a la justicia transicional.

“Como Casanare ha sido una zona muy victimizada, sobre todo por empresas multinacionales que se dedican a la extracción de petróleo, entonces ver al extranjero en el territorio era ver una amenaza. Sin embargo, con PBI hemos logrado construir confianzas, llegar a las diferentes dinámicas organizativas, caminar jornadas completas a pie para llegar hasta los lugares donde las comunidades nos esperan. Hoy día, podemos decir que Brigadas de Paz ha hecho parte de ese tejer, de ese hacer juntos, y también de aprender haciendo.”

Fabian Laverde, Presidente de Cospacc

Historia: veinte años reconstruyendo el tejido social regional

La historia de Cospacc está ligada a la violencia de los años noventa en el departamento del Casanare, cuando violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc) en conjunto con la Brigada XVI del Ejército colombiano, terminaron con una gran parte del movimiento social regional. Investigaciones han mostrado que estos crímenes estaban estrechamente vinculados a la protección de intereses de grandes terratenientes en la región así como a la protección de la infraestructura y explotación petrolera1.

Fue así que la mayoría de los miembros de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare (Aduc), dedicados a la defensa de los derechos a la tierra y la vivienda digna, fueron cruelmente asesinados. En 2002, algunos de los miembros sobrevivientes de la Aduc crearon la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cospacc. Con enfoque territorial en el piedemonte llanero, es decir, la región ubicada entre los departamentos de Boyacá y Casanare, sus fundadores se pusieron como objetivos hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y reconstruir el movimiento social de la región2.

La historia de Cospacc está ligada a la violencia de los años noventa en el departamento del Casanare. Foto: Bianca Bauer

A partir de 2005 los índices de violencia empezaron a disminuir en Casanare, entre otros motivos, porque una parte de los paramilitares de la región se acogieron al proceso de desmovilización bajo las previsiones de la Ley de Justicia y Paz3. Sin embargo, hasta hoy, ser líderes sociales en el departamento sigue conllevando serios riesgos. Para Cospacc no han cesado los señalamientos, amenazas, ataques e, incluso, asesinatos de sus miembros4.

La lucha por la defensa del territorio

Además de desarrollar sus actividades en Boyacá y Casanare, Cospacc también trabaja en Tolima y Arauca. Zonas gravemente afectadas por la pobreza y la violencia, donde se han dado violaciones a los derechos humanos y daños ambientales que, de manera frecuente, están relacionados con la actividad de la industria extractivista. Asimismo, la Corporación acompaña y asesora en materia jurídica a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado y después de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

“Entre los temas fuertes que trabajamos actualmente están la lucha por la defensa del territorio, el derecho a defender los derechos humanos y la falta de garantías para la protección de la labor de los defensores”, afirma Fabián Laverde, presidente de Cospacc. Recientemente la organización ha venido creando y fortaleciendo una red regional de derechos humanos. “A través de la red, en Boyacá y Casanare, logramos establecer el acompañamiento directo y la capacitación de mujeres, campesinos, indígenas y también estudiantes”5.

El acompañamiento a comunidades locales en sus procesos organizativos y solidarios es otro fuerte de Cospacc, así como la promoción de modelos de agricultura orgánica y sostenible. Trabajo que sirve para abordar la falta de seguridad alimentaria y promover proyectos campesinos a pequeña escala como alternativa a los impactos devastadores de la gran industria extractiva.

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Sacando a la luz las turbias relaciones de multinacionales petroleras

En coordinación con organizaciones aliadas como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp), también acompañado por PBI, Cospacc investiga y documenta casos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) y crímenes de lesa humanidad. En particular: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Las organizaciones presentan conjuntamente quejas disciplinarias, denuncias públicas y penales ante la justicia ordinaria y presentan informes sobre crímenes cometidos en la época del conflicto ante la justicia transicional. Un ejemplo destacable son las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada XVI, con jurisdicción en Casanare6.

Otro caso investigado por la Corporación es el de British Petroleum (BP) en dicho departamento. La supuesta implicación, directa o indirecta, de esta empresa multinacional en violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares, durante la década de los 90 hasta su salida del país en 2010, ha llamado la atención internacional. En este contexto de relaciones turbias durante el conflicto armado en la región, la BP firmó convenios con el Ministerio de Defensa colombiano y logró que la Policía y el Ejército Nacional prestaran servicios especiales para proteger su infraestructura7.

Durante un debate en el Congreso sobre la política de seguridad del sector extractivo en 2015, el senador Iván Cepeda Castro denunció públicamente que los convenios firmados por las compañías mineras e hidroeléctricas involucraban a batallones del Ejército presuntamente responsables del mayor número de ejecuciones extrajudiciales8.

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Las mujeres: protagonistas de la transformación

En Casanare, la región donde Cospacc desempeña la mayor parte de su trabajo, la Corporación acompaña procesos organizativos y apoya las acciones en defensa de los derechos humanos de organizaciones campesinas, de mujeres, estudiantes y jóvenes.

En este contexto, Fabian Laverde resalta el apoyo a la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (Asmuc): “en Cospacc vemos a la mujer como sujeto activo de transformación. Las mujeres tuvieron que asumir el rol activo durante el conflicto y esto se ve reflejado en los asentamientos donde las familias afectadas por la violencia y desplazamiento se ubicaron. La mayoría de esos asentamientos está conformada por mujeres cabeza de familia. Es desde esta visión del papel protagónico de las mujeres que hemos aportado a la formación de Asmuc”9. Esta organización trabaja por la vivienda digna y otros derechos de las comunidades desplazadas que habitan los asentamientos, caracterizados por unas condiciones humanitarias críticas10.

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En defensa de la protesta social en las regiones

En años recientes se ha visto un aumento marcado del uso del derecho penal para criminalizar a los y las defensoras de derechos humanos y a líderes sociales en Colombia. Según un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicado en diciembre de 2019, se trata de una política sostenida de uso indebido por parte de la institucionalidad con fines de silenciar la defensa de los derechos humanos y la protesta social11.

Esta práctica también se viene evidenciando en las regiones donde trabaja Cospacc. “Acompañamos permanentemente a la movilización social en los territorios, y con nuestros aliados locales promovemos activamente la protesta social”, afirma Fabián Laverde. “A pesar de la persecución y judicialización reciente de más de diez líderes sociales en Casanare, la respuesta fue más movilización y se sumaron más sectores sociales. Cospacc ya lleva quince años insistiendo y hoy vemos que la gente ha roto el temor; ha aprendido a reconocer y respaldar a sus líderes sociales”12.Incluso, la Corporación ha logrado ser reconocida por autoridades locales, quienes ahora abren sus puertas para dialogar, algo que antes no ocurría.

Sin embargo, siempre sigue latente el temor a ser capturados, según Laverde. Este riesgo, junto con la postura del actual gobierno frente al gran número de ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores en Casanare y otras regiones, dificulta gravemente la labor de defensa de los derechos humanos. “El gobierno ha recaído en tres líneas muy distorsionadas para explicar la realidad: narcotráfico, economías ilegales, bandas criminales. Pero para nosotros no todo está relacionado con esto. Mientras el gobierno no reconozca la sistematicidad de los asesinatos y se sigan tratando como hechos aislados, va a ser un incentivo para los asesinos”13.

En septiembre de 2019 Cospacc y el CSPP presentaron ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra el expediente de la judicialización de ocho líderes ambientales y comunitarios de Casanare. Los ocho líderes, provenientes del municipio de San Luis de Palenque, fueron capturados en sus casas en un gran operativo de la Policía y del Ejército en noviembre de 2018. Según la Fiscalía, su detención se dio bajo la sospecha de hacer parte de un grupo de delincuencia organizada que se valía de la protesta social como una “fachada” para hostigar la labor de las empresas de hidrocarburos en la región, como Frontera Energy – antes Pacific Energy. En realidad, según Cospacc y Cspp, los líderes y lideresas fueron “privados de su libertad únicamente por participar en organizaciones sociales, celebrar reuniones y promover movilizaciones pacíficas” en contra de la multinacional14.

En el informe “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” (2019), las dos organizaciones documentan este y otros casos de líderes y lideresas de 14 departamentos del país que han sido víctimas del mal uso del poder judicial que pretende obstaculizar su labor15.

Destapando las desapariciones forzadas en Casanare y Boyacá

Cospacc y sus aliados han presentado varios informes a la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de su trabajo de apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), instaurado a raíz del Acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.

Entre los casos documentados están los de desaparición forzada de población civil en las regiones de trabajo de la Corporación. Más allá de la documentación de casos, Cospacc trabaja para visibilizar las dinámicas del conflicto en los departamentos de Guaviare y Boyacá, y ayuda a la ubicación de fosas comunes donde presuntamente se encuentran los restos de personas víctimas de este flagelo. Esta labor se realiza en un esfuerzo coordinado con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)16.

Casanare en ruta — Más allá de la documentación de casos, Cospacc trabaja para visibilizar las dinámicas del conflicto en los departamentos de Guaviare y Boyacá, y ayuda a la ubicación de fosas comunes donde presuntamente se encuentran los restos de personas víctimas de este flagelo. Foto: PBI Colombia

De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organización aliada de este proyecto de CosPacc, a pesar de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se originaron en el municipio de Puerto Boyacá, el departamento es uno de los lugares donde más se pretendió invisibilizar la violencia. Según este centro de investigación: “de las masacres que perpetraron los paramilitares en Boyacá poco se sabe, igual de las víctimas del conflicto social y político”17. En un trabajo realizado en estrecha relación con las comunidades locales y los familiares de las personas desaparecidas, Cospacc y CINEP quieren destapar los horrores vividos por la población a mano de los grupos paramilitares que operaron allí.

Romper el silencio

Escuela de Investigación Ambiental y Popular ‘Daniel Abril Fuentes’

El asesinato en noviembre de 2015 de Daniel Abril Fuentes, defensor del medio ambiente y compañero del equipo regional de Cospacc en Casanare fue, en palabras de Fabián Laverde, “un suceso que marcó nuestras vidas, tanto en el trabajo organizativo como en nuestras vidas personales”18.

Desde diferentes alianzas y plataformas, Abril promovió la memoria de las víctimas de crímenes de Estado y los derechos humanos y gestó acciones “que incomodaron intereses de empresarios que pretendían el control del territorio para la minería”19. Ya había estado sometido a amenazas, atentados, acusaciones falsas y detenciones, cuando fue asesinado en su pueblo Trinidad, Casanare.

whatsapp-image-2016-09-25-at-11-29-07 — El asesinato en noviembre de 2015 de Daniel Abril Fuentes, defensor del medio ambiente y compañero del equipo regional de Cospacc en Casanare fue, en palabras de Fabián Laverde, “un suceso que marcó nuestras vidas, tanto en el trabajo organizativo como en nuestras vidas personales. Foto: PBI Colombia

En su memoria se creó la Escuela de Investigación Ambiental y Popular Daniel Abril Fuentes donde se adelantan procesos organizativos para seguir con su labor. Se trata de un espacio de encuentro y fortalecimiento de líderes de comunidades y de procesos rurales y urbanos de la región, que han sido víctimas de empresas extractivistas y de crímenes de Estado. Apoyados desde la escuela, luchan para proteger sus recursos naturales, su soberanía alimentaria y sus formas de producción.

Zancudos petroleros

A ritmo de la música llanera

El resguardo indígena U’wa: un logro en el fortalecimiento organizativo

Ente las acciones de Cospacc está el fortalecimiento organizacional de comunidades indígenas y la incidencia a nivel nacional e internacional para llamar la atención sobre su crítica situación social y de derechos humanos. Un logro importante fue el acompañamiento a la comunidad indígena U’wa del resguardo Chaparral Barronegro en su proceso organizativo y defensa del territorio para la implementación de proyectos económicos en la región. El resguardo se encuentra en el norte de Casanare y fue creado en 1986, tiene una población aproximada de 500 habitantes y una extensión de 16.824 hectáreas.

Entre los hitos más destacables del trabajo en el resguardo, según Cospacc, está la limitación de la militarización del resguardo y la resistencia contra la entrada de empresas petroleras en el territorio20. Cabe destacar, además, que este trabajo condujo a la coordinación entre Cospacc y la Organización regional indígena de Casanare (Oric).

Viaje al mundo U´wa

Perdón del Estado a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales

En 2016 Cospacc, CSPP y otras organizaciones aliadas lograron que, por primera vez en la historia del país, un oficial de alto rango del Ejército respondiera en un juicio por su presunta responsabilidad en varios casos de ejecuciones extrajudiciales. Se trata del general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser el responsable intelectual del asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniegas y su hijo de apenas 16 años, Roque Julio Torres21. Los dos jornaleros, quienes eran integrantes de base de Cospacc en el municipio de Aguazul, fueron presentados como milicianos de la guerrilla del Eln abatidos en combate por la Brigada XVI, bajo el mando de Torres Escalante.

En agosto de 2019 el juzgado 61 administrativo de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional adelantar un acto de perdón público a los familiares de los Torres. En ese momento el caso de Torres Escalante quedó en manos de la JEP, pues el excomandante de la Brigada XVI había expresado su decisión de someterse a la justicia transicional22.

Si bien el alto militar retirado acudió a la JEP para pedir públicamente excusas y perdón a las víctimas, lo hizo desde la perspectiva de no aceptar su responsabilidad frente a lo sucedido. Torres Escalante aseguró que cuando fue comandante de la Brigada XVI sus subalternos le escondieron los “falsos positivos”. En un comunicado publicado en noviembre de 2019, las víctimas de los crímenes insistieron en que se trataba de un insulto a la memoria de los familiares y de otros ciudadanos. Argumentando que no están dispuestas a prestarse a burlas o revictimizaciones, las víctimas se negaron a asistir a las versiones voluntarias programadas para el caso en la JEP23.

Ejecuciones extrajudiciales en Casanare

Amenazas y agresiones

Desde sus inicios, los y las integrantes de Cospacc han sido objeto de persecución, amenazas, robos y detenciones, por lo que han presentado varias denuncias penales contra la Fuerza Pública en Casanare por abuso de autoridad, empadronamiento, detención arbitraria y hurto de información24.

Poco después del nacimiento de la organización, en 2003, el fundador de Cospacc, Francisco Cortes Aguilar, fue encarcelado y retenido en Bolivia, sindicado de rebelión25. Fue liberado dos años después, tras una intensa campaña en la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la detención de arbitraria26. En 2014 Cortes Aguilar apareció muerto en extrañas circunstancias. El asesinato de Daniel Abril, un año después, muestra que incluso en épocas más recientes, donde el terror y la violencia paramilitar ya no dominan el escenario, el nivel de riesgo para Cospacc es alto.

Las investigaciones realizadas por Cospacc sobre los daños ambientales y vulneraciones de los derechos humanos ocurridos en el área de operaciones de algunas multinacionales, han generado tensiones y oposición por parte de las empresas y entidades públicas frente a la organización. Asimismo el hecho de que, Cospacc y organizaciones aliadas, lleven casos de alto perfil, como el proceso contra el General (r) Torres Escalante, incrementa los niveles de riesgo de las personas que integran la Corporación. Durante el 2019 y lo que va de 2020, han sufrido señalamientos, seguimientos y otros incidentes de seguridad, que a veces involucran a miembros de la Policía y el Ejercito27.

“Si uno estuviera preparado para morirse no sería defensor de derechos humanos”: Fabián Laverde

Medidas de protección

De 2006 a 2010 Cospacc contó con medidas de protección temporales a través del Ministerio del Interior que consistían en un equipo de comunicación. Con la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la organización decidió renunciar a las medidas por miedo a sufrir interceptaciones. Miedo fundado en los antecedentes de los funcionarios de la UNP, varios de los cuales hicieron parte del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conocido por el escándalo de “las chuzadas” o intercepciones de las comunicaciones de defensores de derechos humanos y figuras públicas, así como por otras acciones de inteligencia contra defensores de derechos humanos28.

En el 2019 fue rechazada una petición de Medidas Cautelares colectiva presentada en 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos que incluía a Cospacc como beneficiaria.

Premios y reconocimientos

En 2014 Cospacc fue finalista del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño y, un año después, recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “Experiencia o proceso colectivo del año, nivel ONG”29.