CJL

Corporación Jurídica Libertad

La Corporación Jurídica Libertad (CJL), radicada en Medellín, lleva más de veinticinco años defendiendo jurídicamente los derechos humanos y de los pueblos en Colombia. Acompaña a comunidades y organizaciones locales en la lucha contra la impunidad y en la reconstrucción de la memoria histórica para no olvidar los crímenes cometidos por grupos paramilitares y agentes del Estado. Sus miembros representan a víctimas de crímenes de Estado ante las cortes nacionales e internacionales, y más recientemente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).


“En los momentos más críticos el acompañamiento de PBI nos ha permitido llegar a zonas a las que no hubiésemos podido llegar para acompañar a organizaciones campesinas debido a la situación del conflicto armado. Además, nos ha posibilitado visibilidad a nivel internacional. PBI nos ha brindado un apoyo importante en la visibilización de casos y de las situaciones de persecución en contra de integrantes de la Corporación Jurídica Libertad”.

Elkin Ramírez, fundador de CJL

Elkin Ramírez, CLJ. Foto: Charlotte Kesl

Trabajo en defensa de los derechos de las comunidades rurales y urbanas

CJL fue fundada en 1993 por un grupo de profesionales del derecho que sintieron la necesidad de constituir en la ciudad de Medellín una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde el ámbito jurídico1 que contribuyera en la construcción de una paz con justicia social.

La organización trabaja principalmente en los departamento de Antioquia y del Chocó, con población rural y urbana víctima de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, incluyendo los DESCA (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), así como los derechos de los pueblos.

Uno de los enfoques principales de su trabajo es el acompañamiento y la defensa de comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado, y de poblaciones en riesgo de despojo por la implementación de proyectos de desarrollo urbano o proyectos minero-energéticos.

«El acompañamiento a los procesos locales y la defensa del territorio ha sido muy significativo. En el 2019 hemos logrado importantes avances entre otros en el Oriente Antioqueño”, explica Adriana Arboleda, presidenta de CJL y encargada del equipo de trabajo de víctimas.

“Es esperanzador que el movimiento ciudadano y las comunidades se han fortalecido mucho. Incluso en sociedades locales muy conservadoras vemos que hoy, los campesinos y las campesinas se están moviendo en defensa del agua y otros derechos relacionados con sus territorios. Ya no son los movimientos sindicales y sociales tradicionales que asumen el liderazgo: ahora hay nuevas ciudadanías que toman la palabra”2.

Veinticinco años de lucha contra la impunidad

En sus más de veinticinco años de existencia, la lucha contra la impunidad ha sido una de las principales batallas del trabajo de CJL. En este ámbito, la Corporación representa a víctimas de crímenes de Estado – especialmente a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas – así como a personas defensoras de derechos humanos que sufren judicializaciones. En ocasiones se trata de casos históricos que CJL viene presentando ante la justicia ordinaria, la Corte Interamericana, y ahora a la nueva justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde muchos años.

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CJL lleva el caso de las desapariciones forzadas de campesinos ocurridas en la vereda La Esperanza. Foto: PBI Colombia

Entre otros, los casos emblemáticos que lleva la Corporación son los litigios estratégicos a favor de los habitantes de la Comuna 13 de Medellín, donde acompaña el caso de la fosa común de La Escombrera y otros casos de personas víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos ocurridos en la misma comuna, así como las desapariciones forzadas de campesinos ocurridas en la vereda La Esperanza.

CJL realiza su trabajo en alianza con iniciativas nacionales como el proyecto Colombia Nunca Más, que lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia entre los años 1966 y 19983, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Reclamando justicia en el caso Hidroituango

Varios de los casos en los que CJL trabaja se centran en la defensa de los derechos ambientales de las comunidades, concretamente en la defensa del agua. Uno de los casos más sonados en esta línea es el de controvertido proyecto hidroeléctrico conocido como “Hidroituango” y que se ubica, como su propio nombre indica, en el municipio de Ituango, Antioquia.

En 2019 la Corporación publicó un estudio de doce municipios afectados por la construcción de esta hidroeléctrica, evidenciando los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y agentes del Estado que de manera individual o conjunta han actuado contra la población civil, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Según CJL, el estudio es una forma de evidenciar la necesidad de que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), conformada a raíz del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno, “investigue las causas, responsables y efectos de más de 50 años de conflicto político, social y armado con amplia perspectiva, donde evidencie cómo la estrategia bélica ha favorecido intereses económicos de sectores nacionales e internacionales dominantes”4.


La paz se construye desde el territorio

Norte de Antioquia3


Retos y oportunidades de la justicia transicional

CJL ha acogido el Acuerdo de Paz de 2016 como una oportunidad para avanzar en su objetivo de poner fin a la impunidad de tantos crímenes que han afectado a comunidades locales durante el conflicto armado colombiano. Especialmente, los compromisos acordados con respecto al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que resultaron en la creación de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Unidad de Búsqueda) abren puertas que antes estaban cerradas.

Adriana Arboleda: “Preocupa que el país todavía no ha logrado superar la desigualdad, la violencia y la impunidad. La mayor dificultad es llevar a cabo un proceso de paz en medio de la guerra. En los territorios se incrementan la violencia y los asesinatos. Pero aun así, no podemos perder la esperanza. Hay que construir en medio de esto”5.

CJL en conjunto con organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos aliadas, ha presentado varios informes a la JEP, la Comisión de la Verdad (CEV), y a la Unidad de Búsqueda. Foto: PBI Colombia

Lograr que los militares que comparecen ante la JEP realmente digan la verdad y desvelen la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra la población civil es todo un reto. Sin embargo, para CJL ya es un avance que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haya vuelto a investigar un caso como el de la Comuna 13. Según comenta Arboleda: “La JEP está presionando a las instituciones para que den respuestas, lo que estas antes nunca habían hecho”6.

Asimismo, CJL en conjunto con organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos aliadas, ha presentado varios informes a la JEP, la Comisión de la Verdad (CEV), y a la Unidad de Búsqueda. Entre estos, un informe publicado en diciembre de 2019 que pone en conocimiento de la CEV, los hechos relacionados con el despojo y la acumulación de tierras en Urabá que ha afectado gravemente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la zona7.

Desaparición forzada en La Esperanza

Desde el año 1999, CJL lleva la representación legal de familiares de las víctimas de desaparición forzada en 1996 en la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral (Oriente Antioqueño). En esta vereda, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) desaparecieron a 16 personas, incluyendo tres menores de edad8. Se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgará responsabilidad internacional al Estado de Colombia en una sentencia que pone en evidencia la participación activa de las fuerzas armadas colombianas en la desaparición forzada de campesinos, así como sus vínculos con el paramilitarismo9.


Desaparición forzada en La Esperanza


Operación Orión

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CJL representa a familiares de las víctimas de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.  Foto: PBI Colombia

CJL representa a familiares de las víctimas de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. En octubre 2020 se cumplieron 18 años de impunidad de este caso10 que según el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación fue “la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia”11. La operación dejó a 17 víctimas de homicidios a manos de la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por paramilitares, y 370 personas detenidas arbitrariamente, entre otros crímenes. Estos hechos aún están sin terminar de esclarecerse y, para CJL, responden a “una realidad que sigue latente en los barrios y que nos negamos a seguir viviendo”12.


Operación Orión

comuna13


La Escombrera

Según testigos y algunas versiones de exparamilitares se utilizó La Escombrera – un terreno vasto ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín para desechos de construcción- “para sepultar clandestinamente a víctimas de desapariciones forzadas”13. CJL acompaña a víctimas en este caso, que remonta a los años 2001-2003 y recién obtuvo un nuevo impulso, cuando en marzo 2019 fue aprobada la petición del Movice a la JEP de garantizar el cuidado, protección y preservación de 16 lugares en el país en donde podrían encontrarse restos de personas desaparecidas, entre estos, La Escombrera14. En la audiencia sobre las medidas cautelares organizada en julio 2019 en Medellín, la JEP escuchó a los testigos de la Comuna 13. En la audiencia quedó en evidencia que la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía y la Procuraduría no hicieron lo suficiente para encontrar los desaparecidos15.


La Escombrera

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Foto: PBI Colombia

Ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño

CJL representa a los familiares de víctimas de aproximadamente 60 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública, la mayoría ocurridos en el oriente antioqueño.


Casos de ejecuciones extrajudiciales asumidos por CJL

Medellín CJL
Foto: PBI Colombia

Amenazas y agresiones

Miembros de CJL han sido objeto de diferentes modalidades de amenazas y agresiones a lo largo de su existencia. Entre estas, han sufrido amenazas de muerte como consecuencia de su actividad de defensa de los derechos humanos16 e han intentado vincular a miembros de la organización en procesos penales que responden a montajes judiciales17.

Desde mediados del 2019 la Corporación ha detectado posibles interceptaciones y seguimientos, y en el marco de las protestas sociales a finales de ese año hubo acciones en contra de algunos abogados, así como señalamientos e intentos de detención18.

Medidas de protección

En junio de 2007, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de CJL. La Comisión solicitó al Estado colombiano “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios e informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que motivan las medidas cautelares”19. En los años posteriores, en varias ocasiones los integrantes de CJL han manifestado su preocupación por que las medidas nunca han sido implementadas efectivamente20.

En el 2019, la Corporación pasó información sobre nuevos hechos que suponen graves riesgos a la seguridad de la organización y sus integrantes a la CIDH, “para que esta presione al Gobierno, que dé respuesta y garantice nuestra seguridad,” afirma Adriana Arboleda, presidenta de CJL, y agrega: “Estamos muy preocupados por las interceptaciones y los seguimientos contra organizaciones de derechos humanos como nosotros”21.

Premios y reconocimientos

CJL ha recibido un amplio reconocimiento por su labor por parte de organizaciones nacionales e internacionales, como referente en la defensa de los derechos humanos. Entre los premios otorgados a la Corporación, se destaca el Premio de Derechos Humanos Georg-Fritz Gedächtnisgabe, de las Iglesias Evangélicas de Colonia (Alemania). En la entrega del premio (2010), las iglesias resaltaron su labor en la defensa de los derechos humanos en Colombia y, en particular, resaltaron el esfuerzo de Liliana Uribe, miembro de CJL, por esclarecer la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales en el país y la lucha por la justicia y reparación de este crimen considerado de lesa humanidad22.

CJL ha recibido un amplio reconocimiento por su labor por parte de organizaciones nacionales e internacionales, como referente en la defensa de los derechos humanos. Foto: PBI Colombia

En el mismo año, la CJL recibió la Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, un reconocimiento anual del Consejo de Medellín por la dedicación a la defensa de los derechos humanos23.

En 2017, fue finalista al Premio Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “Experiencia o Proceso Colectivo del año”24.

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Notas de pie

1 CJL: Quiénes somos, 24 de febrero de 2009
2 PBI Colombia: entrevista a Adriana Arboleda, 28 de febrero de 2020
3 Colombia Nunca más: Objectivos
5 Op. Cit.: Entrevista a Adriana Arboleda, 2020
6 Ibid.
8 Verdad Abierta: La Esperanza, 15 años de permanente recuerdo, 1 de diciembre de 2011
10 CJL: Operación Orión 17 años de impunidad, 17 años de Resistencia, 16 de octubre de 2019 ; Documental Amarillo: Operación Orión 18 años de impunidad, 15 de octubre de 2020
15 Agencia de prensa IPC: Lo que hicieron y dejaron de hacer en la Comuna 13, 26 de julio de 2019 ; Op.cit. CJL, 8 de julio de 2019
16 Por ejemplo: en junio de 2010 la organización fue declarada blanco militar en un panfleto circulado por las AUC, grupo paramilitar supuestamente desmovilizado en esa época, según Cidh: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, 29 de diciembre de 2007; Abogados Sin Fronteras Canadá y Colombian Caravana UK Lawyers Group: Colombia: la profesión jurídica sigue siendo atacada – Informe de la segunda delegación internacional de abogados y abogadas en Colombia, abril de 2011.
17 “La amenaza mayor la hemos ubicado en la intención de vincularnos a procesos penales donde mediante montajes judiciales algunos de nuestros integrantes han tratado de desligarse de la condición de rebeldes o de militantes de grupos insurgentes”: PBI Colombia, entrevista a Óscar Correa, 9 de octubre de 2015. Algunos de estos casos se encuentran en: CJL, IPC: Memoria de la impunidad en Antioquia, 30 de octubre de 2010.
18 Op.cit. Entrevista a Adriana Arboleda, 28 de febrero de 2020
20 Op.cit. Entrevista a Adriana Arboleda, 28 de febrero de 2020
21 Ibid.
22 CJL: Premio en derechos humanos “Georg-Fritze Gedächtnisgabe-2010”, 11 de mayo de 2010

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PBI abre espacios para la paz

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