En un mundo en el que la justicia suele tener dificultades para imponerse, Reinaldo Villalba Vargas, abogado y defensor de los derechos humanos, se ha mantenido firme frente a la persistencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Colombia. Como abogado de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Reinaldo está al frente de la batalla por la justicia. Actualmente está involucrado en una iniciativa para llevar a juicio al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por las ejecuciones extrajudiciales de miles de civiles conocido como el escándalo de los «falsos positivos».
¿Podría empezar hablándonos brevemente del trabajo que realiza como abogado y defensor de los derechos humanos en Colombia, y darnos algunos datos sobre el CCAJAR?
Colombia ha estado marcada por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y por un conflicto armado persistente durante un largo periodo de tiempo. Es en este difícil contexto en el que actúan las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos, que se enfrentan a crímenes como desapariciones forzadas, asesinatos, detenciones arbitrarias, exilio y otras. El CCAJAR, con 45 años de actividad, ha sido un actor crucial a la hora de abordar estas problemáticas: El reconocimiento y el apoyo, especialmente de la comunidad internacional, han sido vitales para que organizaciones como la nuestra persistan en medio de los problemas de seguridad. El nivel de impunidad de las violaciones de derechos humanos en Colombia se sitúa en el 95% y es algo contra lo que estamos luchando. Nuestro trabajo abarca la protección de comunidades indígenas y campesinas, la búsqueda de justicia para las víctimas, el apoyo a las personas desplazadas forzosamente, y la lucha contra la destrucción medioambiental causada por las empresas.
¿Podría darnos una visión general de la querella presentada contra el ex presidente Uribe Velez a través del mecanismo de Jurisdicción Universal en Argentina, y qué papel específico desempeña el CCAJAR en esta histórica iniciativa?
La génesis de la querella en la jurisdicción universal contra Álvaro Uribe Vélez se remonta a la impunidad generalizada en Colombia en relación con crímenes de trascendencia internacional. La Corte Penal Internacional (CPI) ha cerrado prematuramente un examen preliminar bajo la presidencia de Iván Duque, no por razones jurídicas sino por conveniencia política. Este cierre fue una traición a la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la presidencia de Uribe (2002-2010). En consecuencia, decidimos presentar una demanda en la jurisdicción universal en Argentina. En colaboración con otras organizaciones colombianas como la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Comisión para las Libertades Jurídicas, presentamos un caso basado en estas ejecuciones extrajudiciales.
Las denuncias se centran en los asesinatos perpetrados por militares durante los dos mandatos de Uribe, constituyendo lo que se conoce como el escándalo de los «Falsos Positivos». En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -creada en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, se ha procesado a militares de bajo y medio rango por estos crímenes.
La JEP también pide que los generales rindan cuentas. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente. La denuncia ante Argentina describe cómo víctimas indefensas, que eran las personas más vulnerables de la sociedad -personas que vivían en la calle, con problemas de drogadicción y jóvenes de comunidades pobres y marginadas- fueron asesinadas [por las fuerzas de seguridad del Estado], vestidas con equipos de combate y presentadas falsamente como combatientes. Según la JEP, al menos 6.402 personas fueron asesinadas de esta forma.
Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de la realidad. Estos crímenes se cometieron con el apoyo de Uribe y en el marco de la Política de Seguridad Democrática, que no era ni democrática ni segura. De hecho, esta política fomentaba la comisión de estos crímenes, recompensando a los soldados con ascensos, viajes, días libres y otros beneficios. Uribe, como jefe máximo de las fuerzas militares en aquel momento, está acusado de ser el responsable de estos crímenes. A pesar de tener conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales, no tomó ninguna medida para impedirlas o detenerlas, ni buscó ningún medio para sancionar o denunciar estos delitos.
En el contexto de la demanda presentada a través de la Jurisdicción Universal en Argentina, se han presentado cuatro víctimas de ejecuciones extrajudiciales, buscando justicia en Argentina. Se espera que en Argentina prospere el caso contra Uribe.
El CCAJAR, junto con otras organizaciones de derechos humanos, desempeñó un papel fundamental en la elaboración de la denuncia, tras haber presentado informes a la JEP sobre crímenes cometidos por varios batallones militares en Colombia. Estos informes también fueron decisivos para que la JEP procesara a los soldados. Dos abogados -uno suizo y otro argentino- están llevando el caso, y el CCAJAR lo sigue de cerca y colabora con organizaciones jurídicas de todo el mundo para apoyar este esfuerzo. Hasta ahora, hemos presentado la denuncia ante el tribunal argentino, además de llevar a cabo otras acciones, como manifestaciones en Buenos Aires y trabajos con los medios de comunicación. Ahora debemos presentar las pruebas y pedir a la CPI las pruebas de las que dispone. Cuatro víctimas que sufrieron estas ejecuciones extrajudiciales también viajaron a Argentina, por lo que esperamos que desde Argentina se avance activamente con el proceso judicial contra Uribe. Como era de esperar, la respuesta de Uribe ha sido atacar directamente al CCAJAR, empleando la táctica familiar de desacreditar al colectivo como una organización terrorista y afirmando que el colectivo que presentó la denuncia es el mismo que le ha calumniado durante treinta años.
Para los que no tenemos formación jurídica, ¿podría explicarnos la importancia de que el caso contra el ex presidente Uribe sea juzgado por un tribunal argentino?
Al considerar posibles sedes, Argentina se destacó debido a que su estructura jurídica da cabida a casos de violaciones de derechos humanos y delitos reconocidos internacionalmente. Además, Argentina ya estaba conociendo de casos de otros Estados, lo que la convertía en la opción ideal. Su proximidad geográfica a Colombia fue otra razón.
¿Tiene alguna esperanza o expectativa sobre el proceso judicial en curso contra el ex presidente Uribe? ¿Cómo cree que este caso contribuirá a la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante su presidencia y a la lucha por la justicia para las víctimas?
En primer lugar, para que quede claro, las batallas legales contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se desarrollan en múltiples frentes, no sólo [por crímenes ocurridos] durante su presidencia.
Un caso crucial tiene que ver con el periodo de gobernación de Uribe en [la región de] Antioquia, donde se le acusa de contribuir a la conformación y accionar de grupos paramilitares, que resultaron en masacres, torturas y otros crímenes. Luego, pasando a su periodo de presidencia, otros casos dan prueba de violaciones de derechos humanos en el marco de la Política de Seguridad Democrática: Incluida la estrategia conocida como “Falsos Positivos», así como detenciones arbitrarias masivas y varios otros delitos.
El CCAJAR ha colaborado sistemáticamente con la justicia colombiana para alcanzar sentencias serias y eficaces, con el objetivo de investigar a fondo estos casos. Sin embargo, hemos visto que, a pesar de los grandes esfuerzos, la justicia nunca llega a los máximos responsables. Los autores intelectuales de estos crímenes son siempre protegidos y dejados impunes.
Un caso emblemático, el de manipulación de testigos, pone de relieve los desafíos: Uribe, acusado de soborno y fraude procesal, fue inicialmente detenido y puesto bajo arresto domiciliario: Si bien se trataba de una finca enorme de 1,5 mil hectáreas, simbólicamente tenía relevancia el hecho de que se le acusó y juzgó. Sin embargo, Uribe renunció a su escaño como senador para que el caso se trasladara de la Corte Suprema (el organismo competente para los casos que involucran a las y los senadores) a la oficina del fiscal general (cuyo jefe era alguien cercano a él) con la esperanza de evitar todos los cargos.
Como era de esperar, la fiscalía general intentó dos veces cerrar el caso mediante peticiones de preclusión. Sin embargo, ambos intentos fracasaron debido a la decisión judicial de reconocer el fundamento del caso. Ahora, hay indicios que sugieren que podría estar en marcha otro intento. En mi opinión, las tácticas dilatorias que está utilizando la fiscalía general son para que el caso prescriba, por lo que Uribe no podría ser juzgado por estos delitos.
Entonces, desde la perspectiva de víctimas y de personas defensoras como CCAJAR, la esperanza reside en el potencial de la jurisdicción universal para romper el ciclo de impunidad. A medida que el sistema legal argentino se hace cargo del caso, hay esperanza y expectativa de que prevalecerá la justicia para las miles de víctimas que han buscado reparación durante años. Cuando no se puede obtener justicia en un país, es necesario llevarla a un escenario internacional. Acompañamos a estas víctimas con la esperanza de que finalmente se pueda poner fin a estos crímenes.
Tanto usted como otras y otros integrantes del CCAJAR se han enfrentado a numerosas amenazas, acosos y ataques -incluida la vigilancia ilegal del Estado- que se han intensificado en los últimos meses. ¿Podría explicar con más detalle las experiencias a las que se han enfrentado usted y sus colegas y cómo han afectado a su trabajo y a la búsqueda de justicia en Colombia?
El CCAJAR existe desde hace 45 años y yo formo parte de él desde hace 31, así que soy uno de los miembros más antiguos. Hemos sido perseguidos durante todo el tiempo que ha existido este colectivo, como consecuencia del trabajo que realizamos en defensa de los derechos humanos.
El acoso es múltiple, desde amenazas y detenciones arbitrarias hasta el exilio forzoso. A ello se suma la vigilancia ilegal que fue orquestada por el extinto Departamento de Administración de Seguridad (DAS) – una dependencia de la Presidencia. La impunidad que rodea estas persecuciones es absoluta, incluso cuando identificamos a los autores. A pesar de los encuentros directos con funcionarios civiles y militares de alto rango durante la presidencia de Uribe, en los que el colectivo fue atacado y vilipendiado, la justicia sigue eludiéndonos. Ante esta impunidad, hemos acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la espera de una sentencia que, esperamos, condene al Estado por su complicidad.
La persecución nos afecta porque en lugar de dedicarnos a defender los derechos de los demás, nos vemos en la obligación de defender constantemente nuestros propios derechos. Por poner una anécdota, en el contexto de la vigilancia del DAS, varios jóvenes miembros del CCAJAR, que se habían incorporado recientemente, abandonaron el colectivo por temor a su seguridad. Esto pone realmente de relieve la notable valentía de mis compañeros, y especialmente de mis compañeras, que persisten en alzar la voz contra la adversidad.
El coste para nuestras familias también es tangible, ya que a menudo se convierten en objetivos directos de los ataques. Es algo que nos afecta profundamente y nos afecta de por vida. Me hace pensar en la terrible experiencia de mi colega -Soraya Gutiérrez-, que recibió un paquete del DAS en su casa. En el paquete había una muñeca decapitada y descuartizada, cubierta de esmalte de uñas rojo y con los ojos quemados. Venía con una nota escrita a mano: «Tienes una familia preciosa. Cuídala. No la sacrifiques». En aquel momento, la hija de Soraya tenía cinco o seis años.
A pesar de todo, el CCAJAR se ha mantenido firme durante 45 años, luchando sin descanso. No cederemos porque eso es lo que quieren nuestros agresores.
PBI ha proporcionado acompañamiento al CCAJAR desde 1995, ¡casi 30 años! ¿Cómo ha contribuido el apoyo de PBI a garantizar la seguridad y la eficacia de su trabajo? ¿Podría compartir casos concretos en los que la presencia de PBI ha marcado la diferencia?
Más allá de los efectos tangibles de la presencia y el acompañamiento de PBI en Colombia, su apoyo también se extiende al ámbito del bienestar emocional y psicológico. Le daré un ejemplo que involucra a mi esposa. Antes de viajar para asistir a audiencias judiciales o visitar diferentes regiones, ella siempre pregunta: «¿Te va a acompañar PBI?». La respuesta afirmativa no sólo me reconforta a mí, sino que también tranquiliza a mi familia. Aunque las autoridades nos proporcionan chalecos antibalas, los chalecos simbólicamente protectores de PBI son los que proporcionan la protección más eficaz. PBI es lo que ha evitado atentados contra nuestras vidas.
En las audiencias dentro de los batallones militares, donde realmente nos movemos por los espacios de nuestros agresores, el acompañamiento de PBI no sólo molesta (¿Por qué estos tipos están aquí?), sino que actúa como un elemento disuasorio crucial. En una ocasión, en Santa Marta, se produjo un incidente mientras viajábamos con un representante de PBI. Nos seguía una furgoneta con los cristales polarizados, que aceleró de repente y frenó delante de nosotros.. En ese momento pensé, ¿y si hubiera estado solo? ¿Y si PBI no hubiera estado conmigo? ¿Me habrían metido en la furgoneta? ¿Habría desaparecido aquella noche? También sé de otras organizaciones en las que ha entrado gente extraña en sus oficinas y la presencia de PBI actuó como “escudo”. No es sólo el chaleco de PBI, sino la presencia de personal extranjero: es un enorme elemento disuasorio. Su presencia también es crucial cuando nos adentramos en zonas de alta conflictividad en Colombia, especialmente durante los talleres que impartimos en las comunidades.
Además, los propios talleres de PBI -que abordan temas como la seguridad, y el apoyo psicológico y emocional que proporcionan fortalecen aún más nuestra capacidad para superar los retos a los que nos enfrentamos.
También está el impacto global de PBI. Sus giras de incidencia y sus esfuerzos de promoción, garantizan que los problemas a los que nos enfrentamos reciban atención en un escenario más amplio. También creo que las personas voluntarias de PBI, incluso después de marcharse, siguen siendo embajadoras de los derechos humanos en Colombia y en todo el mundo.
Por eso digo que el trabajo de PBI es esencial. Sólo espero que se pueda apoyar mejor su trabajo para garantizar su futuro y poder expandirse más por todo el mundo.
A la luz de los retos a los que se enfrenta el CCAJAR, ¿cómo puede la comunidad internacional, incluida la sociedad civil, la comunidad jurídica y los gobiernos -en particular en el Reino Unido- apoyar y amplificar los esfuerzos del CCAJAR, especialmente en el contexto de posibles escaladas y ataques contra sus miembros?
En términos generales, la comunidad internacional – incluidos los gobiernos, el Reino Unido, la UE, la sociedad civil y la comunidad jurídica – debe mantener un enfoque vigilante sobre la situación de Colombia y apoyar la plena aplicación de los acuerdos de paz. Estos acuerdos abordan cuestiones críticas como la seguridad, el fortalecimiento de la fiscalía y la iniciativa más amplia de «Paz Total», propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Más concretamente, la comunidad internacional debe contribuir activamente apoyando las solicitudes de protección que se realiza a los gobiernos; a los anteriores, a los actuales y a los futuros. Debe haber un esfuerzo concertado para garantizar que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y ataques a personas defensoras arrojen resultados significativos. La actual ayuda financiera a la fiscalía general de Colombia debería ir acompañada de un sólido sistema de rendición de cuentas para supervisar su eficacia porque, por el momento, las investigaciones sobre ataques a personas defensoras de derechos humanos no están teniendo resultados. Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 1.500 líderes/esas comunitarias y personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas. Asimismo, más de 450 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados. La comunidad internacional debe exigir responsabilidades por estos casos.
También creo que los gobiernos deben suspender el suministro de ayuda financiera y formación a las agencias de inteligencia colombianas debido a la información creíble que están llevando a cabo mediante una vigilancia ilegal contra quienes defienden los derechos humanos.
Otra cosa es facilitar los trámites de visado para las personas defensoras de los derechos humanos que necesiten salir del país temporal o indefinidamente debido a amenazas: Algunas personas deben optar por abandonar el país debido a las amenazas a las que se enfrentan y, en el pasado, yo mismo estuve a punto de hacerlo.
Los gobiernos también deben aumentar el apoyo financiero a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en Colombia, incluidas organizaciones como PBI. Además, los y las representantes diplomáticas deben recibir instrucciones de sus gobiernos para comprometerse con la sociedad civil y las organizaciones para reforzar la importancia de los derechos humanos en el país.
Además, si los Estados no cumplen con sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos, deben aplicarse sanciones, incluida la suspensión de la financiación. Esto es crucial para que los gobiernos rindan cuentas.
Por último, sólo quería añadir que las organizaciones de la sociedad civil -como la Caravana de Juristas por Colombia y la Misión de Verificación de la ONU- desempeñan un papel fundamental en el seguimiento y la defensa de los derechos humanos en Colombia, y trabajar en colaboración con estas organizaciones refuerza realmente el impacto del apoyo internacional. Las colaboraciones con asociaciones de abogacía -tanto nacionales como internacionales- también aportan conocimientos y apoyo esenciales en los procesos judiciales. En estos procesos de litigio, a menudo necesitamos conocimientos técnicos y científicos. Por ejemplo, en los estudios de contaminación, que son enormemente costosos. Contar con personas que trabajen gratuitamente o que puedan agilizar el proceso para obtener resultados más rápidos para las víctimas es enormemente beneficioso. Nunca se tienen demasiadas manos en la masa.
Articulo de PBI UK