Cijp

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), fue fundada en el año 2002 y continuó con el trabajo que venía realizado desde 1988 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz con las comunidades de víctimas que afirman sus derechos en diversos territorios de Colombia. Actualmente cuenta con cerca de 55 miembros y su trabajo se concentra en el acompañamiento y apoyo a comunidades y organizaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas en diferentes regiones afectadas por el conflicto y la violencia generalizada.

Historia

Cijp da continuidad la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, una de las primeras organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos de Colombia. Conformada en el año 1988 por 45 congregaciones religiosas católicas y liderada por el defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita P. Javier Giraldo. Cijp, desde 2002, apoya experiencias de afirmación de la verdad, justicia y reparación integral; defensa de los territorios y el ambiente; búsqueda de la justicia y construcción de propuestas de reparación integral, además de apoyar procesos de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno.

En 2003, Cijp impulsó la creación de una Comisión Ética de la Verdad[1] integrada por comisionados nacionales e internacionales, de la que hacen parte las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, quienes han realizado visitas a diversas regiones del país “a [las] que la Fiscalía se ha negado ir”[2], con el fin de recoger testimonios y pruebas sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos. En 2006, esta propuesta de salvaguarda de la memoria colectiva ante la ausencia de garantías por parte del Estado para acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia[3], fue presentada y aprobada[4] ante la asamblea del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Trabajo

Cijp trabaja para la protección del territorio, del medio ambiente y de las comunidades desplazadas afrodescendientes, indígenas y mestizas. En la mayoría de las regiones donde trabaja, se encuentran equipos de terreno permanentes que acompañan de forma integral a las víctimas que afirman sus derechos y desarrollan actividades de acompañamiento a estos procesos de resistencia civil. Éstos fundamentan el trabajo agroecológico, jurídico, psicosocial, de género, comunicativo y espiritual.

Cijp visibiliza su trabajo a través de una amplia difusión de información, (publicaciones, informes, documentales y alertas), sobre la situación de derechos humanos, amenazas y riesgos de los procesos de resistencia civil de las comunidades y favorece su protección y la de sus procesos acompañados gracias a su importante red de apoyo nacional e internacional.

Acompañamiento a comunidades en Bajo Atrato

El Bajo Atrato se extiende alrededor del golfo de Urabá, puerto natural sobre el mar Caribe, y abarca partes de tres departamentos: Antioquia, Chocó y Córdoba. La subregión presenta un interés geoestratégico importante por su ubicación en la esquina de Sudamérica entre los dos océanos el Atlántico y el Pacífico, su cercanía con la frontera panameña y el canal de Panamá. Tiene abundantes recursos naturales, (subsuelos ricos en minerales diversos y energías fósiles), y es corredor del tráfico de armas y drogas ilegales hacia  Panamá[5]. Esto ha convertido a la región en un área de constante disputa entre los distintos actores armados. El Bajo Atrato fue zona de control por parte de diferentes guerrillas, (Farc[6] y EPL[7]), desde los años 70 y es considerado como la cuna del proyecto paramilitar, después del nacimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), , y la Brigada XVII, en 1989[8].

Además, es una zona estratégica importante del país por diversas razones al existir unos fuertes intereses económicos y territoriales, lo cual implicó una intensidad del conflicto y de la violencia provocando una significativa vulneración de los derechos humanos de la población civil.

En esta región, Cijp acompaña a comunidades afrodescendientes y mestizas, que retornaron a su territorio después de haber sido desplazadas por el conflicto armado y viven en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad en las cuencas de Cacarica, Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mansilla, y La Larga Tumaradó, así como a comunidades indígenas en el Alto Guayabal y en Dabeiba.

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Ver las más graves agresiones en contra de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó de 2005 a 2013.

El caso de la Operación Génesis vs. Colombia

En 1996 y 1997, dos operaciones militares marcaron el destino de la población del Bajo Atrato: la ‘Operación Septiembre Negro’, desarrollada principalmente en Curbaradó, Jiguamiandó (Chocó) y Dabeiba (Antioquia), junto con la ‘Operación Génesis’ en Cacarica y Salaquí[9] (Chocó), provocando el desplazamiento forzado de aproximadamente 15.000 personas[10], la posterior militarización de la zona y un registro de más de 70 crímenes entre asesinatos y desapariciones forzadas[11]. Leer más

Restitución de tierras en la cuenca de Curbaradó

Entre 1996 y 1997 las comunidades del Bajo Atrato fueron víctimas de operaciones militares y paramilitares que causaron el desplazamiento masivo de más del 70% de la población[12], además de asesinatos, casos de tortura y desapariciones[13]. Después del desplazamiento, se fueron instalando en el territorio empresas bananeras y palmeras[14]. Actualmente, muchos de estos empresarios están siendo juzgados por su responsabilidad en el despojo y algunos ya han sido acusados por desplazamiento forzado e invasión de tierras de especial importancia ecológica[15]. Leer más

Acompañamiento a comunidades en Valle del Cauca

Situado en el suroccidente del país, el Valle del Cauca, corredor estratégico que une la región andina con el Pacífico, ha sido una de las zonas más conflictivas de Colombia. De la escala de violencia en el departamento no se han librado los centros urbanos, como la capital departamental, Cali, y la ciudad portuaria de Buenaventura[16]. En 2014, el departamento se convirtió en el epicentro del crimen organizado colombiano, con presencia de diferentes grupos armados ilegales en zonas urbanas y rurales[17]. Estas últimas son pobladas mayoritariamente por comunidades indígenas y afrodescendientes de campesinos y pescadores.

Espacio Humanitario Puente Nayero: proyecto de vida, esperanza y paz

El 13 de abril de 2014, se constituyó el Espacio Humanitario Puente Nayero en el barrio la Playita de Buenaventura, iniciando así un proceso nuevo y esperanzador para intentar construir un espacio libre de actores armados ilegales en pleno contexto urbano. Cijp acompaña y asesora a las familias del Espacio Humanitario en temas de protección, seguridad, representación jurídica, documentación y difusión de hechos de violaciones de los derechos humanos. Leer más

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El Naya: un largo camino hacia la titulación del territorio

Cijp además acompaña y asesora a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Naya, ubicadas entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en temas de seguridad jurídica, seguimiento a las medidas cautelares de la Cidh, fortalecimiento organizativo y formación en derechos humanos desde el año 2002. Leer más

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Las comunidades indígenas del pueblo wounaan nonam

Cijp acompaña a comunidades del pueblo indígena wounaan nonam, asentadas a las orillas del río San Juan y su afluente el río Calima, corredores estratégicos para el tráfico de mercancías ilegales hacia el Pacífico y el control del territorio por actores armados al margen de la ley[18]. En este panorama de miedo, las comunidades se han visto obligadas a huir en varias ocasiones.

Resistiendo en su territorio

Cijp asesora y acompaña a la comunidad indígena wounaan nonam de Santa Rosa de Guayacán, (zona rural de Buenaventura a la orilla del río Calima), desde el año 2010, tras una incursión paramilitar en la región que obligó a la comunidad a abandonar su hogar y desplazarse al casco urbano de Buenaventura. Allí, niños, adultos y ancianos vivieron hacinados en albergues durante más de un año “en condiciones infrahumanas” de salud y de higiene, según el Padre Alberto Franco, miembro de Cijp[19]. En junio de 2011, la Cidh otorgó medidas cautelares a favor de 21 familias de la comunidad wounaan nonam y solicitó al Estado colombiano “adoptar medidas necesarias […], para garantizar [su] vida [e] integridad física y […] su retorno al Resguardo Indígena de Santa Rosa de Guayacán en condiciones de dignidad y seguridad”[20]. Leer más

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Entre el desplazamiento y la búsqueda de una vida digna

A finales del año 2014, Cijp comenzó a acompañar a la comunidad indígena wounaan del caserío Unión Agua Clara (ubicado en zona rural de Buenaventura a la orilla del río San Juan, que marca la línea divisoria entre la selva del Valle del Cauca y la del Chocó), que se vio obligada a desplazarse hacia el puerto de Buenaventura por causas relacionadas con el conflicto armado: la presencia de grupos al margen de la ley, los operativos militares o el vivir en un corredor estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas fueron algunos de los motivos. Buscaron refugio en el coliseo de la ciudad portuaria, donde durante un año vivieron en condiciones precarias[21]. Leer más

La universidad de la Paz, gran legado por la lucha de un pueblo diverso

Cijp lidera la propuesta pedagógica Cátedra Abierta ‘Sujetos territoriales de paz con justicia socioambiental’, que surgió en el marco de la propuesta de Universidad de la Paz, de las comunidades que conforman la Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, (Conpaz).

En junio de 2016, se inauguró la sede suroccidente de la Universidad de la Paz, el primer paso de un reto mucho más grande: un total de 12 sedes serán abiertas en los territorios, para “generar, desde las comunidades, una cátedra y un conocimiento alrededor de la paz mediante el intercambio de saberes”[22]. Una piedra inicial para que el espacio de formación universitaria salga del cono de sombra generado por las torres de marfil urbanas, convirtiéndose en herramientas teórico-prácticas en los lugares que han sido los más azotados por el conflicto.

Esta propuesta fue presentada a la mesa de diálogo de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana, así como al proceso de paz que se está preparando con la guerrilla del ELN[23].

1. La Universidad de la Paz, gran legado por la lucha del pueblo diverso
El edificio, levantado sobre una colina a la orilla del río, rinde homenaje a Juana Bautista Angulo, mujer afronayera, víctima de tortura y de violencia sexual, asesinada el 14 de abril de 2001 durante el desplazamiento forzado en el Bajo Naya por paramilitares de Bloque Calima

Derechos territoriales en Mapiripán

Cijp acompaña a dos comunidades indígenas, los sikuani y los jiw, afectadas por las plantaciones extensivas de palma aceitera en el municipio de Mapiripán en el departamento Meta, principalmente mediante talleres de capacitación sobre sus derechos territoriales y derechos humanos. Además, acompaña a algunos campesinos reclamantes de tierra, entre ellos, William Aljure, desplazado de sus tierras ubicadas en la finca Santa Ana, en La Esmeralda (Mapiripán), debido a las presiones que ha sido sometido por parte de grupos neoparamilitares presentes en la zona. Leer más

Riesgos, amenazas y agresiones

Los miembros de Cijp han sido objeto de muchos incidentes de seguridad ocurridos desde 1996, incluyendo graves amenazas a la integridad personal, seguimientos, operaciones de inteligencia ilegales, planes de asesinatos, secuestros[24] y campañas de desprestigio[25]. Se puede profundizar las especificidades de las amenazas, difamaciones y operaciones ilegales en su contra aquí.

Ver las más graves agresiones en contra de Cijp de 2009 a 2013, 2014, 2015, 2016.

Medidas de protección

En septiembre de 2003, la Cidh otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de Cijp a causa de amenazas, seguimientos, señalamientos, retenciones y allanamientos constantes desde 1997 y en forma más intensa desde 2003. Por ello, solicitó al Estado colombiano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los beneficiarios e informar sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos y poner fin a las amenazas.

En mayo de 2014, la CorteIDH otorgó medidas provisionales a Danilo Rueda, uno de los miembros fundadores de la Comisión y, entre otros, representante de las víctimas en el caso de la ‘Operación Génesis’. En su sentencia, la Corte constató “«que el defensor de derechos humanos Danilo Rueda se encuentra en el nivel más elevado de riesgo en su contra”[26].

Desde comienzos del año 2012 cuentan con varios esquemas de seguridad colectivos e individuales de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Premios

En 2012, Cijp fue finalista para el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría ‘Experiencia o proceso colectivo del año’.

En 2015, Cijp ganó el Premio de Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (Wola por sus siglas en inglés), que premia a organizaciones e individuos que en su trabajo incluyen “la visión de un futuro en donde los derechos humanos y la justicia social sean las bases de las políticas públicas”.

En 2016, la organización fue galardonada con el Premio Mártires de la Universidad Loyola de Chicago, “por su trabajo único, como organización intereclesial de derechos humanos, en análisis social, intervención e incidencia”.

Acompañamiento internacional

PBI acompaña a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde 1994.

Padre Alberto Franco
Padre Alberto Franco

 “Ha sido muy importante el papel del acompañamiento de PBI en varias regiones donde trabajamos. Este acompañamiento ha permitido la resistencia y la afirmación de los derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a los que nosotros acompañamos. Es fundamental el acompañamiento porque la presencia internacional se convierte en un elemento de disuasión y esto ha significado salvar vidas” (Padre Alberto Franco).

Contacto

http://www.justiciaypazcolombia.com


Notas de pie:

[1] Cijp: Propuesta para la constitución de una Comisión Ética en Colombia, 23 de mayo de 2003
[2] Cijp: VIII Visita de la Comisión Ética de la Verdad, 15 de junio de 2010
[3] Cijp: Presentación comisión ética internacional para Colombia, 20 de febrero de 2007
[4] Más información sobre la comisión ética: Comunidad Santo Tomás de Aquino: Comisión Ética de la Verdad; Movice: Comisión Ética; los comunicados de la comisión se encuentran en la página de Cijp: Comisión Ética
[5] Teleantioquia: Urabá se convierte en corredor estratégico para ingreso de contrabando al departamento, 22 de agosto de 2012
[6] Verdad Abierta: Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra, 12 de noviembre de 2012
[7] Verdad Abierta: Urabá: escéptica ante los anuncios desde La Habana, 25 de septiembre de 2015
[8] Resolución Defensorial No. 025: Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano, octubre de 2002; Verdad Abierta: Veinte años de una guerra sin límites en Urabá, 30 de septiembre de 2015
[9] Cijp: Colombia : Banacol. Empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, mayo de 2012
[10] Defensoría del Pueblo: Resolución Defensorial No. 025, octubre de 2002
[11] Cijp: Ibíd, 15 de junio de 2010
[12] ColombiaLand.org: Justicia Evasiva. La lucha por la tierra y la vida en Curbaradó y Jiguamiandó, junio de 2013
[13] Cijp/Hands of theLand Alliance: Banacol, empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curbaradó y Jiguamiandó, mayo de 2012
[14] Ibíd.
[15] La Fiscalía General de la Nación, a partir de denuncias de miembros de las comunidades, que han sido objeto de amenazas, montajes judiciales y campañas de desprestigio, adelanta el proceso con el radicado 3856 por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica contra empresarios, paramilitares y comisionistas de tierras , proceso que desde agosto de 2012 había llevado a la cárcel 16 empresarios, 11 se encuentran prófugos, 22 han sido llamados a juicio. Cijp: Condenan a dos empresarios por alianza con paramilitares en negocio de palma, 30 de julio de 2013;    Cijp: Condena contra 16 empresarios, paramilitares y comisionistas de tierra responsables de provocar el desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, 3 de diciembre de 2014
[16] El Tiempo: En el Valle están siete de los diez municipios más violentos del país, 4 de marzo de 2015
[17] InSightCrime: Los grupos armados hacen del Valle del Cauca la capital de violencia de Colombia, 11 de febrero de 2014
[18] PBI Colombia: Entrevista al Padre Alberto Franco, 22 de julio de 2011; Radio Macondo: Asesinato desplazamiento y niños muertos en la comunidad Woaunaan, 26 de mayo de 2016
[19] PBI Colombia: Entrevista al Padre Alberto Franco, 22 de julio de 2011
[20] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: MC 355/10 – 21 familias de la comunidad Nonam del pueblo indígena Wounaan, Colombia, 2011
[21] Cijp: Situación de desplazamiento Comunidad indígena Wounaan, 26 de diciembre de 2014
[22] Contagio Radio: Proponen creación de 12 universidades por la Paz, 6 de octubre de 2015
[23] Contagio Radio: En el Naya se inaugura la primera sede de la Universidad de la Paz, 10 de junio de 2016
[24] El Tiempo: Otro atentado contra comunidades de paz, 3 de abril de 2005
[25] Dial, Oidhaco, US Office on Colombia: Comunicado a la opinión pública – Seguimientos y amenazas a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 4 de junio de 2012
[26] CorteIDH: Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto Danilo Rueda, 2 de mayo de 2014

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PBI abre espacios para la paz

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