Criminalización de la protesa social

En Colombia, el año 2013 fue marcado por importantes movilizaciones sociales[1], en las que se evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares. A través de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (Fcspp), se citó el 31 de octubre de 2013 una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la situación de las protestas sociales en Colombia en la cual los peticionarios (Fcspp, Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat, Corporación Reiniciar, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh, y Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – Ccalcp) manifestaron su preocupación frente a la represión de la protesta social en Colombia[2].

Ante el tratamiento de criminalización de la protesta social por parte de la fuerza pública, se vio la necesidad de regular la actuación de la misma. En Bogotá, para intentar solucionar el problema, se instaló una mesa de diálogo con participación de representantes de algunas de las más importantes organizaciones sociales y de derechos humanos del país y autoridades civiles[3]. Lo negociado en esa mesa desembocó en la firma del decreto 563 del 21 de diciembre de 2015, “por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica[4]”.

Este proceso, que fue el resultado de meses de trabajo promovido por la Campaña Defender la Libertad: un asunto de Tod@s contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta en Colombia, se dio por un compromiso adquirido de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el desarrollo de la audiencia pública “Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”, citada por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, y desarrollada el 15 de noviembre de 2013 en el Congreso de la República[5].

Impulsada por Fcspp, esta campaña surgió a finales de 2012 en un encuentro de víctimas de detenciones arbitrarias, montajes judiciales y uso excesivo de la fuerza en el marco de la protesta social. Se trata de un espacio conformado por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, familiares y víctimas de distintas modalidades de detención arbitraria o injusta, que busca actuar – sea a través de denuncias públicas o de conformación de comisiones de verificación en las movilizaciones – frente al uso arbitrario del sistema penal ejercido contra líderes y lideresas, la criminalización y judicialización de la protesta social y la detención arbitraria contra manifestantes y sectores excluidos. Según Alexandra González Zapata, politóloga miembro la campaña, ésta nació en un contexto de cambio de modus de represión de la protesta social en Colombia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) al gobierno de Juan Manuel Santos (2010-): “nos encontramos ante un manto legal del uso de la fuerza que ya existía y que se ha profundizado con el gobierno de Santos. Es decir, ya no es una criminalización ilegal, sino desde la legalidad se reprime”[6], afirmó.

Un logro de la campaña, en términos de organización, incidencia y protección, ha sido la realización de talleres a nivel regional[7] para la conformación, desde 2013, de comisiones de verificación para las movilizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos civiles de los manifestantes. Desde 2016, estas comisiones son reconocidas legalmente en la ciudad de Bogotá.

Según González Zapata, ha tenido un impacto positivo la incidencia de dichas comisiones de verificación, principalmente respecto al número de personas detenidas arbitrariamente en Bogotá que, como lo muestran las cifras de las movilizaciones del 1 de mayo, se ha reducido desde el año 2013[8]:

  • 153 detenidos en el año 2013[9]
  • 18 detenidos en el año 2014[10]
  • cinco detenidos en el año 2015
  • 20 detenidos en el año 2016[11]. Cabe destacar que el 17 de mayo de 2016 fue primer marcha en la que se aplicó el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”. La movilización terminó con un sueldo de ocho personas detenidas arbitrariamente[12]. En palabras de González Zapata, “a pesar de la confrontación con la policía, se evitó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los mismos”.

Si bien en Bogotá se valora como positivo los logros que han tenido el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales, así como la implementación de comisiones de verificación, el movimiento de derechos humanos está pidiendo que se concierte un protocolo nacional que regule la actuación de la fuerza pública en todo el territorio colombiano, en el cual se observe la normatividad internacional que está prevista para tales fines.


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Según la abogada Zoraida Hernández, miembro de Fcspp, ello se hace necesario si vemos la actuación de la fuerza pública en otros departamentos tan solo para el año 2016 en el marco de la protesta social: en el Cauca fueron asesinados varios manifestantes en el mes de junio[13]; el mismo mes, en el Norte de Santander, aproximadamente 130 personas fueron detenidas y conducidas a un cuartel militar para ser judicializadas por el hecho de participar a una protesta[14]; en julio fue asesinado manifestante en Boyacá[15], entre otras acciones que causan preocupación para las organizaciones de derechos humanos.

Frente a estos escenarios, una de las apuestas de Fcspp y otras organizaciones de derechos humanos es la reforma a la legislación y la normatividad que actualmente está vigente o que en poco tiempo lo estará, que atentan contra el ejercicio del derecho a la protesta social, como el nuevo Código Nacional de la Policía[16] y la Ley de Seguridad ciudadana, entre otras disposiciones. Frente al Código de Policía Zapata expresa: “se puede decir que el Gobierno nacional, en vez de garantizar la apertura de escenarios democráticos para la exigibilidad de los derechos, los está cerrando, haciendo uso arbitrario del poder legal de represión. Por ejemplo, el artículo 53 establece que “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”, lo cual además de ser abiertamente arbitrario, permite que sean los mismos miembros de la Fuerza Pública quienes a discreción consideren la alteración a la convivencia, y disuelvan una manifestación”[17].


Notas de pie:

[1] La Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, registró 1027 protestas, solamente durante el año 2013 en Colombia, el mayor número de luchas desde 1975. Cinep/Programa por la Paz: Informe Especial: Luchas sociales en Colombia 2013, Abril de 2014
[2] Human Rights Brief: Derechos humanos y protesta social en Colombia, 7 de noviembre de 2013
[3] Pacifista: Un decreto para que la Policía no abuse de su fuerza durante las marchas, 27 de enero de 2016
[4] El decreto fue firmado por la campaña, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Cenral Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
[5] Campaña Libertad Defender la libertad: un asunto de tod@s: La campaña Defender la libertad: asunto de tod@s realizará un 2do Encuentro Nacional, 13 de noviembre de 2013
[6] PBI Colombia: Entrevista a Alexandra González Zapata, 22 de agosto de 2016
[7] La campaña tiene alcance en Medellín, Neiva, Cali, Facatativa, Barranquilla, Ibague, Bucaramanga, Bogotá
[8] Para la campaña y Fcspp, toda detención en Unidad Permanente de Justicia (UPJ) son detenciones arbitrarias, dado que existe un vacío jurídico sobre este tipo de procedimiento que lamentablemente sigue vigente en el país. Las otras detenciones, que tienen fines de judicialización, no están registradas en estas cifras.
[9] Campaña Libertad Defender la libertad: un asunto de tod@s: Al menos 153 personas fueron detenidas durante el 1 de mayo, 2 de mayo de 2013
[10] Campaña Libertad Defender la libertad: un asunto de tod@s: Retenciones y otros hechos arbitrarios este 1 de mayo en varias regiones del país, 2 de mayo de 2014
[11] Campaña Libertad Defender la libertad: un asunto de tod@s: Durante movilización del 1 de mayo, se evidención que aplicación del protocolo de actuación de la fuerza pública reduce violaciones a los derechos humanos, 2 de mayo de 2016
[12] Campaña Libertad Defender la libertad: un asunto de tod@s: Comunicado público: Paro Nacional, 28 de marzo de 2016
[13] Contagio Radio: 3 indígenas asesinados y 150 heridos es el saldo de represión a minga en el Cauca, 2 de junio de 2016; W Radio: Dos indígenas muertos en manifestaciones del paro agrario en el Cauca, 2 de junio de 2016
[14] Contagio Radio: 134 campesinos detenidos en Santander durante el quinto día de minga nacional, 3 de junio de 2016; Colombia informa: Relatan los hechos de Berlín que resultaron en la detención de 140 manifestantes, 7 de junio de 2016
[15] Semana: Muerte del joven en Boyacá apuntaría al Esmad, 14 julio de 2016
[16] Contagio Radio: Las tres causales de demanda al Código de Policía, 29 de junio de 2016
[17] PBI Colombia: Entrevista a Alexandra González Zapata, 22 de agosto de 2016

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