Los sikuani y los jiw luchan por la Madre Tierra

Las comunidades indígenas Jiws y Sikuanis han sufrido una prolongada lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales para poder vivir en ellas de la caza y pesca, según su cultura y tradición. Ancestralmente estos pueblos nómadas, recorrían todo el Meta y parte del Guaviare en migraciones periódicas.

El Meta es un departamento al este de Colombia, ceñido entre la cordillera de los Andes y el Amazonas, que forma parte de la región de los “Llanos orientales”, esencialmente constituida de sabanas. Inmediatamente al sur, se encuentra el departamento de Guaviare, cubierto por la selva amazónica.

A mediados del siglo XX, los blancos colonizaron la región lo cual provocó el desplazamiento de las comunidades indígenas hacia el sur de estos departamentos. Con la guerra civil de “La Violencia” entre Conservadores y Liberales en los años cuarenta y cincuenta, y luego con el avance del conflicto armado interno de más de medio siglo, tuvieron que hacinarse en las zonas más selváticas y aisladas para garantizar su sobrevivencia.

Al sur del departamento del Meta está ubicado Mapiripán. Este municipio ha sido un territorio conflictivo, en primer lugar llegó la guerrilla de las Farc a principios de los años 80[1], y después los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Bloque Meta, durante la década de los 90[2].

El hecho violento más emblemático de este periodo fue la Masacre de Mapiripán: entre el 15 y el 20 de julio de 1997, paramilitares de las AUC provenientes de diferentes regiones del país, con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, fueron responsables de torturas, desmembramientos y del asesinato de al menos 49 personas (77 según la Fiscalía). En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por su responsabilidad en la colaboración entre miembros del ejército colombiano e integrantes de las AUC en la masacre[3].

Mayo 2015, con DIJP en Mapiripan, Abilio y Fabio. — Foto: Beatriz Puerta Santos

Según el Registro Único de Población Desplazada fueron expulsadas 12.812 personas de Mapiripán entre 1997 y 2007, las cuales abandonaron casi 73 mil hectáreas de tierra, por lo cual las autoridades prohibieron las ventas de predios de las personas que fueron desplazadas[4].

El retorno a las tierras por parte de los campesinos e indígenas, después de la masacre de Mapiripán, fue dificultado por la presencia, desde 2008, de la corporación transnacional Poligrow que se dedica a la producción de palma aceitera[5].

Hoy en día, muchas de sus tierras ancestrales en el municipio de Mapiripán están ocupadas por las plantaciones industriales de palma africana de la empresa multinacional Poligrow, que desde hace poco se encuentra bajo varias investigaciones por acaparamiento ilegal de tierras y daños ambientales[6]. La población indígena ha sido reducida. En el año 2000, de diez mil habitantes que vivían en el municipio de Mapiripán, había solamente 800 indígenas[7].

Hoy día, hay cuatro resguardos indígenas en Mapiripán, dos de las comunidades Sikuani, uno de la Wanano y uno de las Jiw (o guayaberos). En 2009, la Corte Constitucional a través del Auto 004, declaró a los pueblos Jiw y Sikuani en peligro de extinción a causa del conflicto armado[8].

La Comunidad Sikuani, tiene reconocido su resguardo en Caño Ovejas (Mapiripán), aunque viven, al igual que los Jiw, en condiciones de hacinamiento[9]. La solicitud de restitución se proyecta sobre un área de 62.000 hectáreas, las cuales están reclamando los indígenas para la ampliación de su resguardo desde el año 1989[10].

Además, en estos territorios existen segundos ocupantes, que llegaron durante la década de los años 90 y 2000, por lo que, en 2014, un juzgado ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras la caracterización de los segundos ocupantes, que se encuentran asentados en el territorio ancestral reclamado, y admitió la demanda de restitución de derechos territoriales de la comunidad. Ambas comunidades, buscan tener un espacio para poder seguir realizando sus rituales, así como sus actividades de cacería, pesca y recolección, sobre las que se sustentan su subsistencia física y cultural[11].

La Comunidad Jiw con aproximadamente 600 personas, se encuentra desde el 2012 hacinada en unas viviendas temporales cerca del casco urbano de Mapiripán. Este predio alquilado no responde a sus necesidades básicas en materia de salud, educación y acceso a agua potable. A pesar de una sentencia de la Corte Constitucional (Auto 173 de 2012) que da orden de buscar un proceso rápido e integral de adjudicación de tierras para la comunidad, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Tierras, los indígenas se siguen encontrando hoy en día en condiciones indignas sin que el proceso de reubicación se hubiera materializado.

Las comunidades indígenas luchan por mantenerse vivos como cultura en medio de la tierra que alguna vez les perteneció.