La tierra y la paz

Desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc-EP, ha habido una gran expectativa frente a una reforma rural y nuevas políticas para la distribución de la tierra, llegando al fondo de algunas de las causas históricas del conflicto en Colombia. El primer punto del Acuerdo de Paz menciona con detalle los planes para estimular la seguridad y la soberanía alimentaria en las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado[1]. Según el Punto 1.1.1 del Acuerdo de Paz, un “Fondo de Tierras” será creado y a partir de éste, tres millones de hectáreas de tierra serán redistribuidas y retornadas a la población forzosamente desplazada, con el fin de afrontar la acumulación de tierras y reparar a quienes han sido impactados por la violencia del conflicto armado[2]. También contempla la formalización en masa de siete millones de hectáreas rurales, de predios de pequeño y mediano tamaño ya ocupados por campesinos y campesinas que no tienen títulos de propiedad, la creación de una jurisdicción agraria especial en el sistema legal y la creación de un registro actualizado con información sobre la propiedad de las tierras. En total, se ha propuesto la distribución de diez millones de hectáreas de tierra durante los próximos doce años[3].

Octubre 2014, campamento ecológico, Magdalena medio — En el contexto colombiano el problema de la tierra es una deuda histórica y social que tiene el Estado con las comunidades étnicas y campesinas del país, quienes han sido afectadas por el conflicto armado y por la ausencia de garantías de protección en los territorios. Foto tomada en la región del Magdalena Medio. Foto: Florian Zeidler

El Acuerdo también contempla la elaboración de un catastro multi-propósito que pretende unificar los diversos registros territoriales para tener una base de datos actualizada y completa sobre el estado del uso, acceso y distribución de la tierra en Colombia[4]. Será un intento de combinar la información desde las comunidades en terreno con la información oficial que se maneja desde el Estado. Después de haber hecho este catastro, el Acuerdo propone la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que pretenden ordenar el territorio con una participación amplia y verdadera de todas las comunidades y los demás actores con quienes lo comparten[5]. Estas dos partes son pasos importantes para mejorar la situación en que se encuentra Colombia en este momento, pero no representan nada novedoso a nivel jurídico ni representan nuevos compromisos por parte del Estado. El problema es que estos compromisos nunca se han podido cumplir, debido a varias razones, durante la historia del país[6].

Ahora el Estado colombiano se ha comprometido a fundar y promover planes integrales de desarrollo rural, que contemplan proyectos de infraestructura, salud y educación, así como planes para impulsar la seguridad alimentaria no solamente dentro del marco de los Acuerdos de Paz, si no como prueba de su compromiso con las poblaciones rurales tradicionalmente abandonadas[7].

Sin embargo, todavía hay muchas preocupaciones sobre cómo funcionará este sistema, específicamente en lo que respecta a los territorios colectivos reclamados por las comunidades étnicas. Como ya se ha explicado, el sistema legal colombiano está particularmente orientado hacia los individuos y rara vez contempla las necesidades de comunidades enteras[8]. En el contexto de la restitución de tierras esto constituye un obstáculo particularmente difícil dado que las comunidades en su mayoría huyen forzosamente de sus territorios de manera colectiva, y por ende, reclaman sus tierras como un colectivo en lugar de un grupo de individuos.

Muchas tierras abandonadas fueron ocupadas a lo largo del conflicto por comunidades previamente expulsadas de otras regiones; estas tierras ahora serán cuestionadas y posiblemente utilizadas para alimentar el Banco de Tierras[9]. Las personas defensoras de los derechos sobre la tierra han expresado su preocupación, porque consideran que esto podría llevar a una revictimización de las comunidades que han resistido en los territorios, que no cuentan con títulos oficiales[10], pudiendo llegar a presentarse otra ola de desplazamiento forzoso.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-EP, ha aumentado la visibilización de los conflictos relacionados con cultivos ilícitos, particularmente la coca[11]. Según el Punto 4 de los Acuerdos de Paz, el Gobierno se comprometió a iniciar voluntariamente programas de sustitución de cultivos para que sean acogidos por sembradores de coca[12]. Estos son convenios donde el cocalero accede a sustituir su cultivo ilícito por uno diferente, mientras que el Gobierno se ha comprometido a mejorar las condiciones rurales con el fin de garantizar el acceso al mercado para sus productos[13]. Sin embargo, estas comunidades han denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno, de los compromisos establecidos con las instituciones gubernamentales para garantizar la sobrevivencia alimentaría de estos cultivadores, al mismo tiempo que el Ejército Colombiano y en varias ocasiones el Escuadrón Antidisturbios Esmad, han continuado con la erradicación forzosa de los cultivos de coca, lo que ha llevado a violentos enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los campesinos en varias partes del país[14].

El proceso de paz con el ELN que inició a principios de 2017 representa un desafío aún más grande, dado el enfoque que el grupo guerrillero quiere dar a las negociaciones en lo que concierne al modelo económico del país, que incluirá la extracción de recursos naturales y distribución de la tierra[15]. El modelo participativo debe ser todavía definido, pero la idea es incluir la mayor cantidad posible de sectores de la población colombiana, con el fin de ampliar el debate y discutir las raíces de la desigualdad en el país. En este sentido, los temas de la distribución y el uso de la tierra estarían en el centro del proceso de negociación y pueden provocar aún más complejidad alrededor del tema.

Colombia está viviendo un momento histórico con dos procesos de paz con los grupos guerrilleros, Farc-EP y ELN, lo que representa una oportunidad para la construcción de un país más equitativo, con políticas que busquen cambios estructurales que lleguen hasta el fondo de las causas de los diversos conflictos en el país. Sin embargo, todavía hay muchos retos, sobre todo con respecto a la concreción e implementación de lo acordado, también en relación con el tema de la tierra. Las nuevas dinámicas políticas y sociales del país crean nuevos escenarios de conflicto, que pueden obstaculizar las buenas intenciones de los dos procesos con sus iniciativas de cambios para Colombia.