Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no gubernamental que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en áreas de conflicto en el territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia.
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Desde Brigadas Internacionales de Paz nos venimos pensando desde hace rato la protección integral. Los aportes de defensoras y organizaciones feministas han puesto sobre la mesa la necesidad, no solo de cuestionar los modelos de protección militaristas, sino de entender la protección en todas sus dimensiones. Y es que la protección integral se piensa políticamente, tratando de construir modelos de protección que cuestionan el monopolio del Estado, las relaciones de poder o el individualismo, pero también parte de la idea de que «lo personal es político». Es decir, la protección también tiene que ver con los vínculos que creamos, con los afectos, las identidades, los dolores del cuerpo, los valores, el vínculo con la naturaleza y los símbolos. Por eso venimos hablando de la dimensión de sentido o espiritual, la dimensión de cuerpo-mente-corazón y la dimensión grupal de la protección. Protegernos no es solo sobrevivir, no es solo poder seguir haciendo nuestras actividades de defensa de derechos, también es construir nuestras vidas, nutrir nuestros sueños y fortalecer nuestros vínculos.
En este sentido la protección se vincula con el cuidado y, felizmente, con la sanación. Protegernos es crear herramientas para prevenir situaciones dolorosas, es decir, tomar decisiones ante los riesgos del contexto. En contextos de tanta violencia sociopolítica, además, los riesgos son altos, así como los impactos que tienen sobre nosotras prevenirlos o vivirlos. Para protegernos, por lo tanto, necesitamos reconocer todo lo que nos genera y ha generado la violencia, dándole valor y compañía.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.
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“Han pasado tantos años desde que mi hijo desapareció. Aunque pasa el tiempo, los meses y los años, no dejo de buscar, así como la verdad de lo sucedido. Las madres que buscamos a nuestros desaparecidos no miramos barreras, obstáculos, no escuchamos voces que nos desaminen; somos mujeres berracas con la mirada puesta en el horizonte en busca de lo que se nos arrebató; somos miles de madres en busca de la verdad, un cuerpo a quien llorar y, sobre todo, que no haya repetición”.
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Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.
El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.
Según el emblemático líder campesino, la región está en disputa por todas las riquezas naturales que contiene, como la madera, el oro y tierras fértiles donde los terratenientes quieren implementar la ganadería a gran escala. «Todas esas riquezas, llaman la atención de los actores armados» donde se siente además «el fuerte abandono estatal», relata con sinceridad el defensor de derechos humanos. Existe un temor real a regresar «a la época que abarca desde el 2004 hasta el 2008», años en los que las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos masivos estaban a la orden del día en el Nordeste Antioqueño. Es preocupante, tal y como relata Morales que, tras los Acuerdos de Paz, se hayan vuelto «a ver enfrentamientos por parte de los grupos armados, bombardeos, asesinatos, y hayan incrementado las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas».
A falta de instituciones que garanticen las condiciones mínimas de protección para las comunidades, Cahucopana lleva décadas impulsando medidas colectivas de protección, como las acciones humanitarias, que incluyan no solamente a líderes y lideresas comunitarias, sino al conjunto de las comunidades campesinas y mineras que están expuestas a graves riesgos en este territorio en conflicto. El fin de las acciones humanitarias es acompañar y hacer visible, a nivel nacional e internacional, las graves vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades, que resisten al conflicto armado en medio del olvido y del abandono estatal. Comunidades para quienes asistir a una cita médica, radicar una denuncia ante la fiscalía o registrarse para votar, resulta extremadamente complicado y, hasta en ocasiones, inalcanzable. Para realizar sus actividades cotidianas, los y las habitantes de las áreas rurales del Nordeste Antioqueño, tienen que desplazarse al casco urbano de Remedios en viajes interminables por vías que, no solo no cuentan con la infraestructura adecuada, sino que transitarlas implica correr serios riesgos relacionados con la presencia de múltiples actores armados.
A finales de marzo de 2022, en Carrizal, corregimiento de Remedios, acompañamos la acción humanitaria convocada por Cahucopana, a la que asistieron instituciones como la Defensoría Nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Interior, la Procuraduría y Registraduría; así como actores de la comunidad internacional, como la Mapp-OEA, ONU DDHH y la Misión II.
Si algo destacamos de esta acción humanitaria, es la participación de aproximadamente 2000 personas que acudieron desde las veredas de Tamar Alto, Panamá Nueve, El Piñal, El Carmen, entre otros. Lugares que, probablemente no resulten conocidos para el lector o lectora, y que difícilmente pueden encontrarse señalizados en los mapas, pero que sobresalieron por su masiva participación. Chivas, carros y motos se acercaron desde la mañana al caserío de Carrizal, sin importar la lluvia que, desde la madrugada, generó la preocupación de los y las organizadoras.
Carlos Morales destaca como parte fundamental de las medidas colectivas de protección [2], el rol de la comunidad internacional a la hora de “rodear a las comunidades y organizaciones, para que puedan seguir defendiendo el territorio”. Afortunadamente, hechos como el atentado contra el líder y las recientes amenazas contra integrantes de Cahucopana, que tienen el objetivo de frenar la labor de la organización defensora de derechos humanos, no han tenido el efecto deseado por los victimarios y han desencadenado un conjunto de respuestas[3] y acciones de la comunidad internacional en respaldo a la organización.
Gracias al trabajo de Cahucopana cada vez son más los líderes y lideresas que están asumiendo un rol protagónico en la defensa y protección del territorio. Sin embargo, sigue siendo imprescindible, como apunta Carlos Morales, que “el Estado colombiano vele por la seguridad y la permanencia en los territorios de las comunidades y que reconozca estos mecanismos de protección bajo un enfoque diferencial, de género y cultural de las comunidades mineras, campesinas, indígenas y afro, porque somos realmente las comunidades que vivimos el conflicto”. Lo que está claro es que, en Colombia sigue habiendo una deuda histórica con las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos como Cahucopana, que preservan la vida, protegen el territorio y resisten por la paz, en medio de recurrentes ataques y amenazas.
Equipo de Barrancabermeja
PBI Colombia.
[1]FIDH: Colombia: Ataque armado contra presidente de Cahucopana Carlos Morales, 10 de marzo 2022
[2]SCRIBD: Cartilla: Mecanismos de Autoprotección, 09 de febrero 2022
[3] Llamado de Acción Urgente de OMCT: Colombia: Ataque armado contra presidente de Cahucopana Carlos Morales, 9 de marzo de 2022.
Carta de la Taula Catalana al Presidente Iván Duque: La Taula Catalana envia una carta al president Iván Duque contra l’atemptat del defensor de drets humans Carlos Morales, president de CAHUCOPANA, 11 de marzo de 2022.
Pregunta parlamentaria a Comisión Europea (eurodiputado Miguel Urbán Crespo): tweet, 10 de marzo de 2022.
