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Peace Brigades International (PBI) has carried out observation and international accompaniment in thirteen countries on five continents since 1981 and in Colombia since 1994.

Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

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En riesgo mujeres defensoras del agua en el Magdalena Medio

Después de tres años de bloqueo legislativo durante el Gobierno de Iván Duque, el pasado 10 de octubre, fue ratificado el Acuerdo de Escazú en Colombia; un hito para la protección de los derechos de los y las defensoras ambientales en el país más peligroso para la defensa del medioambiente.

El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, promueve la protección de líderes y lideresas ambientales, prevé mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación para la sociedad civil. Mecanismos de suma relevancia en un país donde, en la última década, 322 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Siendo el 2021 el año más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente, con 33 personas asesinadas.

Preocupa especialmente la intensificación de ataques contra ambientalistas en la región del Magdalena Medio, en particular, contra mujeres ambientalistas que promueven la defensa del agua y de la vida. En la región, es común que los ataques contra las lideresas ambientales ocurran mientras realizan su labor de denuncia contra la industria petrolera y sus nexos con estructuras armadas, así como hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos locales [1].

Yuli Velásquez pescando en la ciénaga de San Silvestre. Foto: Edu Leon

Uno de los casos de mayor gravedad es el de la lideresa ambiental Yuli Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesán) y directora ejecutiva de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras Artesanales, que tiene su lanzamiento oficial este 26 de noviembre. Yuli se presenta como “sujeta anfibia, hija de un pescador asesinado, nacida y criada a las orillas del río Magdalena”, arteria principal de Colombia. La lideresa tiene clara su fuente de riesgo: “defendemos nuestro territorio, visibilizamos la contaminación de la industria y nos enfrentamos a grupos armados que tienen vínculos con empresas. Cuando un defensor denuncia a las entidades que deben velar por un ambiente sano, como hay vínculos con actores armados, empiezan las amenazas. Para silenciarnos hemos sido víctimas de ataques sistemáticos«.

La lideresa ambiental Yuli Velásquez. Foto: Edu Leon

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Mujeres defensoras: ejemplo de fuerza y resiliencia

Hoy, en el Día de la Eliminación de las Violencias contra la Mujeres y las Niñas, celebramos a todas las mujeres defensoras de derechos humanos quienes, constantemente, tienen que hacer frente a agresiones y amenazas por su liderazgo, así como a diversas violencias por el hecho de ser mujeres.

Es indispensable la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Ellas siempre han sido piezas clave en la construcción de paz, la protección del medioambiente y la erradicación de la violencia, varios de los elementos fundamentales para dignificar la vida y habitar sociedades más justas. Entrevistamos a cinco de ellas [1], junto a quienes hemos caminado durante años. Este 25 de noviembre, les invitamos a conocerlas, todas ellas ejemplo de fuerza y resiliencia.

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Buenaventura: silencio y olvido frente a la desaparición forzada

Desde una distancia segura, la Isla Calavera se veía tranquila aquella mañana soleada de agosto. Ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad portuaria de Buenaventura, la Isla Calavera, oficialmente llamada “Isla Pájaros” por la diversidad de aves que la habitan, parece un lugar pacífico, rodeado por las aguas ondulantes del estero San Antonio. Sin embargo, mientras que esperamos la llegada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Espacio Humanitario Puente Nayero, los relatos de J., uno de sus líderes fundadores, nos recuerdan la razón por la que los habitantes del barrio la llaman “Isla Calavera”: durante décadas, muchos de los cuerpos de los miles de desaparecidos en Buenaventura, fueron arrojados en sus aguas, y sus familiares aún los buscan.

J. nos cuenta sobre la violencia que persiste en Buenaventura, sobre el desplazamiento interurbano y los casos de desapariciones forzadas que han transformado varias zonas de la ciudad en fosas comunes clandestinas, entre ellas, el estero de San Antonio, conocido como una de las “acuafosas” de la ciudad portuaria, por ser uno de los lugares que los grupos armados usaron para desaparecer a sus víctimas. Además, nos habla de la perseverancia de las comunidades y organizaciones de víctimas de desaparición forzada que han resistido frente a la violencia junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) y la Comisión Intereclesial de Justicia (JyP) quienes, junto a otras, lograron en diciembre de 2021 la implementación de medidas cautelares en el estero de San Antonio. Donde, además de personas desaparecidas, hay proyectos empresariales que tienen como objetivo aumentar el puerto de Buenaventura. Las medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prohíben cualquier intervención en el estero, en especial, el dragado y el desarrollo de obras civiles, puesto que se correría el grave riesgo de ocasionar daños irreparables en los lugares donde yacen los cuerpos de personas desaparecidas[1]. A pesar de que las medidas acaban de ser prorrogadas en septiembre de este año[2], el tiempo corre: las víctimas aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y sigue siendo fuerte la presión política para que se retomen las obras de dragado[3].

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Convocatoria: Coordinador/a de Visibilización

Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no gubernamental que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en áreas de conflicto en el territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades víctimias del conflicto armado en Colombia.

PBI Colombia abra convocatoria para puesto de Coordinador/a de Visibilización.

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