Peace Brigades International (PBI) has carried out observation and international accompaniment in thirteen countries on five continents since 1981 and in Colombia since 1994.
Estamos buscando una persona que estará encargada de dar mantenimiento y soporte a los sistemas informáticos de acuerdo con las necesidades de PBI Colombia, además, según capacidades de la persona seleccionada, impartirá talleres y asesorará sobre seguridad informática a las organizaciones acompañadas por PBI Colombia.
Funciones y Responsabilidades
Revisión y desarrollo de la estrategia informática de PBI Colombia.
Administración de la red interna (Linux)
Dar soporte informático regular y en emergencias a nuestras tres oficinas (Bogotá, Barrancabermeja y Urabá) manteniendo comunicaciones de datos seguras entre ellas.
Dar apoyo al personal del Proyecto de PBI Colombia, resolviendo problemas informáticos de forma ordenada, rápida y eficiente.
Mantenimiento correctivo de computadoras (Linux, Windows y Mac), incluyendo copias de seguridad y acceso remoto.
Adquisición de nuevo hardware, instalación y puesta en marcha de equipos de computación y redes (software y el hardware), y mantenimiento del inventario.
Registro y supervisión de los celulares (Android)
Gestión y mantenimiento de los servidores.
Introducción y mantenimiento de sistemas de comunicación e información internos (messenger, intranet, calendario, libreta de direcciones)
Representación del Proyecto de PBI Colombia en el Grupo de Trabajo Internacional de Seguridad Informática de PBI.
Formación del personal de PBI Colombia en materia de informática y seguridad digital.
Condiciones
Este puesto está ubicado en Bogotá. El contrato es de 2 años, ampliable, con un periodo de prueba de 3 meses, una jornada de 40 horas semanales, y 25 días de vacaciones, más los festivos nacionales de Colombia.
Sueldo: 3.896.750 COP netos por mes (13 pagas anuales).
Política familiar de 450.000 COP por hijo/a menor al mes.
Cotización al sistema de salud, seguridad social y pensiones colombiano.
Seguro de medicina prepagada.
Vuelo entrada y salida, si se encuentra fuera de Colombia.
Vuelo anual de descanso al país de origen.
Gastos de instalación si se encuentra fuera de Colombia.
Teléfono corporativo.
Almuerzos en días hábiles.
Información completa sobre el puesto: incluyendo una descripción de las actividades a realizar, un perfil del/la candidato/a y las condiciones del puesto.
Fecha tope para recibir solicitudes: 4 de julio de 2021.
Fechas para entrevistas: entre el 6 y 8 de julio de 2021.
Fecha de incorporación: 2 de agosto de 2021.
Por favor, enviar su formulario de solicitud cumplimentado junto con su hoja de vida (máxima de 3 páginas) hasta la fecha tope indicada, al correo electrónico: coar@pbicolombia.net con el asunto: “ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD DIGITAL: (nombre y apellidos)”.
Este puesto es solo para personas que NO son colombianas, por políticas internacionales de PBI. Invitamos a todas las personas colombianas a postular a las convocatorias de los proyectos de México, Guatemala, Honduras, Kenya e Indonesia. Para más información, visite www.peacebrigades.org
Le damos una gran bienvenida a estas maravillosas personas que se acaban de unir al proyecto de PBI Colombia. Viajaron de Argentina, Irelanda, Chile, Italia, Grecia, el Estado Español, el País Vasco y Noruega para acompañar a personas defensoras de derechos humanos amenazadas por su labor. Aquí les presentamos:
Aldana, Argentina
Mi nombre es Aldana, de nacionalidad Argentina. Desde hace varios años conozco la labor que desempeña PBI en el territorio Colombiano y responden a muchos de los valores que me conducen. A lo largo de mi vida me he formado en el área social y comunitaria, transitando espacios e instituciones que se relacionan con la defensa de los Derechos Humanos. Como mujer Latinoamericana estoy muy comprometida con las diversas realidades de nuestro continente. Cada una de estas realidades con su impronta particular, se identifican en una historia común, una historia cargada de lucha y resistencia. Es por esta razón que hoy me encuentro feliz de tener la oportunidad de estar al servicio de la comunidad de mi continente. Este es el gran motivo que me inspiró e inspira a ser parte del proyecto de PBI Colombia. Considero que es una organización que responde de manera concreta a las problemáticas que hoy atraviesa este país, colaborando en la construcción de una paz estable y duradera. Y por sobre todas las cosas, trabajando en lo cotidiano por un mundo donde quepamos todxs y cada unx de nosotrxs.
Delia, Chile
Hola! Soy Delia, chilena. El arraigado sentimiento de pertenencia y reconocimiento a este continente, me hace sentir comprometida con su historia, su maravillosa cultura y con la defensa de los derechos humanos, aquí tan vulnerados.
En mi camino hacia aquí, desarrollé pasantías a nivel interamericano, tanto en la Comisión como en la Corte IDH, donde me correspondió analizar numerosísimos procesos, en todas sus instancias, de manera que mi acercamiento a este tema, hasta ahora, fue intelectual. Sin embargo, el gran impacto que me causó la violencia sociopolítica imperante en Colombia, que se arrastra por tantas décadas, me llevó a buscar una forma de colaborar más directamente en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
Fue así que, muy bien asesorada por mi amigo Fidel, que tenía excelentes referencias de PBI, decidí participar como brigadista de terreno en Colombia, (“tan linda y buena” -como le cantara el guajiro cubano Polo Montañez). Interactuar, colaborar, acompañar y observar de cerca los procesos de las organizaciones, defensores y comunidades que, incansablemente, contra viento y marea, persisten en su justa lucha, me pareció mucho más eficaz y gratificante que resumir cientos de páginas de procesos judiciales, donde sentía que mi aporte era exiguo.
El enfoque de protección integral de PBI, sus mandatos, ejes de trabajo y principios, que he venido conociendo, me ha hecho sentir útil y absolutamente comprometida con lo que pretendía y vine a hacer. Convencida de que esta experiencia implica participar de la más pura riqueza humana y será un aprendizaje excepcional, me despido.
Tasos, Grecia
¡Hola! Me llamo Tasos y soy de Grecia. Me siento agradecido de participar en este proyecto con Brigadas de Paz y caminar con las personas defensoras quienes están facilitando el proceso de paz en Colombia. Hay mucho que aprender de las comunidades pacíficas y las defensoras de derechos humanos que arriesgan su vida por la lucha de un cambio social, justo y pacífico. Es un momento crítico para Colombia con muchos desafíos, pero al mismo tiempo el pueblo colombiano tiene la resiliencia y el poder para construir una paz estable y duradera.
Ruth, Estado Español
Siempre explico que tengo un CV muy variado, he sido bailarina, animadora turística, he trabajado en organización de eventos, hostelería y hasta tuve una agencia de viajes. Mientras trabajaba como azafata de vuelo para una aerolínea inglesa, estudié sociología. Y cuando decidí reorientar mi carrera profesional hacia el sector social, trabajé en un centro de emergencia para menores extranjeros no acompañados, pero me quedaba pendiente trabajar en terreno. Una de esas cosas que siempre había pensado hacer, pero por circunstancias todavía no había tenido la oportunidad.
Descubrí PBI gracias a una compañera de un curso de logística humanitaria, me interesé por la organización y me pareció una muy buena manera de empezar en terreno. Poder aportar mi granito de arena y ayudar para que los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia puedan seguir realizando su trabajo y así construir una paz duradera en este maravilloso país.
¡Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de estar aquí y participar en este proyecto con PBI!
Jason, Irelanda
Llegué a Colombia por primera vez en julio 2016, un mes después de la firma del Acuerdo de Paz. Pasé dos años y medio viviendo en una Colombia en transición. Me pareció que había mucha esperanza para el futuro. Aunque me fui de Colombia a finales de 2018, seguí la situación en el país y el progreso del Acuerdo de Paz con mucho interés. Me decepcionó observar la trayectoria del país durante los últimos años y el aumento de violencia enfrentada por las personas defensoras de los derechos humanos y los líderes comunitarios.
Quería volver para hacer lo que pudiera para apoyar el proceso de paz. Por suerte, una compañera me recomendó PBI. Me impresionaron mucho los principios y las estrategias de la organización, sobre todo la no injerencia. Me encantó la propuesta de poder proteger y facilitar, a través de acompañamiento, el importante trabajo de las organizaciones colombianas de derechos humanos. Ya hemos conocido a algunas personas defensoras en nuestra formación y me han inspirado muchísimo. Será un honor acompañarles. Me siento muy agradecido de estar aquí en Colombia con PBI y estoy muy emocionado de empezar.
Margherita, Italia
En 2019 escuché por primera vez el testimonio de un voluntario italiano que había pasado dos años en la comunidad de paz de San José de Apartado. Rara vez el compromiso no violento en medio de un conflicto, ya sea individual o colectivo, obtiene una resonancia internacional equivalente a las crónicas más oscuras de la guerra; nunca había oído hablar de la comunidad de San José y mi conocimiento sobre el conflicto colombiano se limitaba principalmente a unos pocos artículos académicos que trataban el tema mucho más conocido de la «guerrilla».
Un año después, durante la maestría en “Derechos Humanos y Manejo de Conflictos”, una colega me habló de PBI y por segunda vez me encontré con el nombre de la comunidad, acompañada por la organización. Lo que más me llamó la atención del trabajo de PBI fue su compromiso de no injerencia respecto a la autodeterminación de los pueblos: no hay nada que como actores externos se pueda enseñar, o imponer, a quienes viven un conflicto todos los días y resiste de forma no violenta, si no al revés. Sin embargo, esto no significa permanecer neutrales ante las violaciones de derechos humanos, sino acompañar a las personas involucradas en procesos de paz, caminando a su lado.
La profunda ética de trabajo de PBI es lo que más me impulsó a tomar este camino. Creo que el año y medio de voluntariado que tengo por delante con mi equipo en Urabá estará lleno de frustraciones y alegrías; sin embargo, estoy lista a afrontar este desafío con la auténtica felicidad de haber llegado hasta aquí, con la convicción de que el cambio, por pequeño que sea, siempre es posible.
Íñigo, País Vasco
Conocí PBI a través de varios informes en los que relataban la resistencia pacífica de la comunidad de San José de Apartadó. En ese entonces estaba cursando mi posgrado en Colombia y trabajando en temas de comunicación de Paz y Derechos Humanos. Mi gran interés durante mis años de especialización era el enlace entre acción humanitaria y construcción de Paz. Siento que por su trabajo PBI brinda este tipo de protección a todas esas personas comprometidas con la construcción de paz desde lo local mediante la defensa de todos esos derechos universales que se han visto afectados durante décadas de violencia. Las personas defensoras, de la vida, de la tierra, de la cultura, de su país y de su identidad y sus mecanismos de resistencia me inspiran a seguir por este camino que por el momento me ha traído hasta PBI.
Durante los próximos 18 meses estaré en Urabá y tendré la suerte de poder conocer a la comunidad de Paz de San José, a través de la cual conocí PBI. Sin duda será un tiempo lleno de aprendizaje y conocimiento sobre el trabajo colectivo de comunidades y las personas que lo conforman. Espero que durante estos meses pueda contribuir a la labor de las organizaciones y personas acompañadas y que todo esto sea un proceso mutuo en el que ambas partes podamos aprender.
Hannah, Noruega
Lo que me llamo la atención la primera vez que conocí a PBI, fue qué progresista y moderna es la manera de trabajar. Particularmente los principios de horizontalidad y la no injerencia son herramientas en las que tengo mucha confianza. Para lograr el fin de proteger el espacio alrededor de defensoras de derechos humanos, la no injerencia nos permite hacer exactamente eso: las personas defensoras son los expertos en su trabajo, y nuestro mandato es proteger su poder y derecho de hacer ese trabajo en paz. Cada vez más vemos que esta manera de trabajar es lo más sostenible.
Cuando abrió la oportunidad de hacer este tipo de trabajo, sentí como había encontrado el mejor proyecto en trabajar en términos de derechos humanos. Siempre quise poner mi pasión en práctica. Mis estudios y trabajo hasta ahora se han focalizado sobre todo en el medio ambiente, la protección de las selvas del mundo, los océanos y los ecosistemas vulnerables. Si protegemos al espacio de las defensoras y defensores de los derechos humanos, al mismo tiempo protegemos al medio ambiente a largo plazo. Son dos caras de la misma moneda. Me alegro mucho que me ha presentado la oportunidad de trabajar con PBI en Colombia. Creo que ser brigadista requiere habilidades analíticas, compromisos fuertes y pasión para los principios de la organización, y ese me suena mucho. Creo que también va a ser un aprendizaje para la vida, y muy enriquecedor para mí, personalmente.
Para muchas personas, el Paro Nacional en Colombia fue un símbolo de la democracia y la esperanza de poder cambiar el estatus quo en el que vive la sociedad y el país.[1] El 21 de noviembre 2019, de hecho, más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas, según cifras registradas por el Gobierno, salieron a las calles para manifestar su descontento con la realidad y para exigir el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la esperanza fue golpeada por los disturbios, abusos y violencia que vivió la población aquel día en que, el mismo Ministerio de Defensa, habló de “122 civiles heridos y tres fallecidos”[2]. Pero esos hechos violentos no se redujeron a un solo día. La violencia de la Fuerza Pública se convirtió en normalidad en el marco del Paro Nacional. Un ejemplo de ello fue el asesinato del joven Dilan Cruz, disparado por un agente del Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional))[3] el 23 de noviembre de 2019. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), organización acompañada por PBI, lleva la representación de la familia de Dilan[4]. El caso fue remitido a la justicia militar[5], ante lo cual, recientemente Human Rights Watch ha solicitado a la Corte Suprema de Colombia que tenga en cuenta que, de acuerdo al derecho internacional, los derechos humanos y sus estándares internacionales, el caso de Dilan Cruz debería se remitido a la justicia ordinaria[6].
Dilan Cruz
A inicios del 2020 el clima de movilizaciones sufrió un freno debido a la pandemia del Covid 19 y el consecuente confinamiento. Sin embargo, las protestas volvieron a resurgir con fuerza el 9 de septiembre en Bogotá, tras la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez[7], que falleció luego de un control policial donde se evidenciaron abusos de la fuerza.[8]
Este hecho particular, en el marco de muchas semanas de violencia exacerbada en el País, desataron una ola de protestas en varios sectores de Bogotá en las noches del 9, 10 y 11 de septiembre, que fue respondida de manera excesiva por parte de la Policía Nacional. Fotografiás y videos muestran escenarios impactantes de agentes de la Fuerza Pública golpeando a personas esposadas sin posibilidad de protegerse, uniformados, pero también personas de civil disparando con fusiles hacia la población civil y CAIs (Centros de Atención Inmediata de la policía) en llamas.[9] En tan pocos días de protestas se produjo un resultado sin precedentes: 13 personas muertas -al menos 8 de ellas por haber recibido disparos de armas de fuego-, más de 200 civiles lesionados[10] y y 75 personas detenidas por hechos asociados a las manifestaciones[11]. Además, se reportaron denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual[12] por parte de agentes del Estado[13].
Este uso indiscriminado de la fuerza y de la violencia sucedió sin control legal alguno por parte de las autoridades[14]. Dentro de estos hechos, se encuentran incidentes sufridos por organizaciones acompañadas por PBI, entre ellas: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)[15], la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB)[16] y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P)[17].
En este contexto, PBI acompañó en varias ocasiones misiones de verificación y actividades de organizaciones acompañadas, como lo fue el 10 de septiembre de 2020, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en su trabajo legítimo de verificar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en el marco de la campaña “Defender la Libertad: asunto de tod@s”[18], así como el 13 de septiembre a la organización DH Colombia durante una vigilia por un joven que se encontraba en una clínica en estado crítico, tras recibir dos disparos[19].
PBI acompañó a DH Colombia en un vigil en Bogotá
DH Colombia[20], ademas, asumió legalmente varios casos de personas lesionadas o asesinadas en esas protestas y en diciembre de 2020 radicó una denuncia en contra del entonces Ministro de Defensa, Carlos Holmes (fallecido en enero de 2021), el director de la Policía Nacional y otros altos mandos policiales solicitando que se investigue la responsabilidad que estos pudieran tener, por línea de mando, en los hechos ocurridos en septiembre de 2020.[21] Como primer paso para alcanzar verdad y justicia, a principio del 2021 se imputaron cargos a varios policías considerados responsables directos de la muerte de dos jóvenes en el barrio Verbenal el 9 de septiembre[22] y de una mujer asesinada en la localidad de Suba[23]. A pesar de eso, DH Colombia denunció la general falta de una adecuada respuesta judicial, a distancia de 6 meses de los hechos[24], además de subrayar la intención deliberada y premeditada de ocultar los crímenes que se cometieron, bajo instrucciones compartidas.
Uso excesivo de la fuerza: una constante histórica en Colombia
Históricamente en Colombia, la respuesta del Estado a la protesta pacífica ha sido marcada por la violencia. PBI acompaña a DH Colombia en dos casos judiciales relacionados con Nicolás Neira, joven asesinado a manos del Esmad en el 2005.[25] El 25 de enero de 2021, en una sentencia histórica, un agente del Esmad fue condenado por el juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual[26], en la primera condena a nivel nacional de un miembro del Esmad por hechos resultantes de un uso excesivo de la fuerza en la protesta social. En el segundo juicio, el 25 de marzo de 2021, en una decisión igualmente histórica se condenó al Comandante del Esmad en 2005, el Mayor Mauricio Infante Pinzón, por el delito de favorecimiento al homicidio de Nicolás, debido al encubrimiento que intentó realizar a raíz del asesinato. Así mismo se reconoció, como pocas veces se ha hecho, la responsabilidad de la cadena de mando en los hechos.[27] Hay que subrayar que estas condenas llegaron después de 15 años de los hechos.
Campaña de justicia para Nicolas Neira
Tras la violencia ocurrida en noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional, movimientos estudiantiles, víctimas de violencia policial y varias organizaciones no gubernamentales y colectivos de abogadas/os, entre ellas DH Colombia, el CSPP y el Cajar, acompañadas por PBI[28], presentaron una acción de Tutela solicitando la protección del derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa[29], lo que concluyó con el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020[30]. Con esta Tutela, quedó demostrado que “el Esmad realizó una intervención sistemática, arbitraria y violenta en las protestas y la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron”[31]. La Corte confirmó lo que las organizaciones ya sabían: “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la Fuerza Pública respecto a quienes, de manera pacífica, se manifestaron”[32]. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de dicha Tutela[33].
Estas dos Cortes ordenaron al Estado, a la Fuerza Pública y a las administraciones distritales realizar diversas acciones, para no repetir esta falta de garantías a la protesta pacífica. A nivel distrital ya se está empezando un proceso a favor de las manifestaciones, con una mesa de diálogo y la revisión del protocolo de la protesta con participación de la sociedad civil[34]. En cuanto al proceso a nivel nacional, los avances no son tan satisfactorios, ya que, por existir dos fallos judiciales de dos Cortes diferentes, se generan confusiones. Esto se puede ver, por ejemplo, en el rechazo de las organizaciones sociales al protocolo temporal para las manifestaciones (resolución 1139), promulgado el 20 de octubre 2020 por el Gobierno. Como afirma Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Cajar: “Amparados en una decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre las reglas para la protesta, el Ministerio del Interior expidió un protocolo que no se ajusta a la Tutela de la Corte Suprema”[35].
Todavía existe largo camino y muchos obstáculos para las personas manifestantes y las que defienden los derechos de la protesta pacífica, pero este fuego de esperanza nunca se ha apagado por completo. En un CAI de la ciudad de Bogotá, completamente destruido y quemado por manifestantes, en donde falleció Julieth Ramírez, la comunidad construyó posteriormente, a los dos días del terror, una biblioteca. Y no es el único sitio: en toda la capital se empezaron a transformar aquellos sitios de miedo en centros culturales y de conmemoración[36].
La protesta pacífica como una herramienta de la democracia, para mostrar su descontento y para exigir una mejoría de las políticas a favor de la sociedad, no solo está ocurriendo en la capital sino también en otras zonas del país. En octubre 2020, la Minga indígena conformada por aproximadamente 9000 personas de varios departamentos del Suroccidente colombiano, inició en el capital del Valle del Cauca, Cali, donde los participantes tenían el propósito de encontrarse con el presidente de Colombia, Iván Duque. Su meta era buscar en conjunto la manera de parar los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las masacres y de exigir el derecho a la vida de todo el pueblo colombiano. Ya que el alto mandatario no atendió esta solicitud, la Minga decidió movilizarse hasta Bogotá, con la esperanza que esta vez sí les atendieran[37]. Aunque el Gobierno no se reunió con la Minga y a pesar de las estigmatizaciones en contra del movimiento indígena[38], el día 21 de octubre de 2020 se unieron las protestas del Paro Nacional y La minga, de manera completamente pacífica[39], se ampliaron las esperanzas y se intensificaron las voces, para exigir lo mismo: una vida digna para todos y todas.
A más de un año de las protestas de noviembre del 2019, permanece la necesidad de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, para poder garantizar la seguridad y el derecho a salir a las calles y manifestarse sin miedo. El derecho a la protesta social en Colombia sigue siendo un desafío para las personas que deciden ejercerlo, debido a la fuerte represión. Sin embargo, las organizaciones seguirán luchando al lado de familiares y amigos/as de las víctimas reclamando verdad y justicia, las calles y sus murales seguirán hablando y recordando a las caras de las personas víctimas de tal brutalidad y, sin duda alguna, la ciudadanía seguirá saliendo a las calles, reclamando sus derechos y mejores condiciones de vida.
A finales del 2020, con ocasión de las fiestas navideñas, PBI-Colombia se encontró con el Padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos y acompañante político y espiritual de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó[1]. Tomando un tinto en La Holandita, brigadistas del equipo de PBI de Urabá aprovecharon la presencia del Padre Javier para preguntarle sus pensamientos sobre la sentencia T-342/20[2] de la Corte Constitucional que involucra de manera directa a la Comunidad de Paz e, indirectamente, a la defensa de los derechos humanos en todo el país.
Padre Javier Giraldo
¿En qué contexto sale este fallo?
En septiembre del 2018, la Brigada XVII del ejército colombiano interpuso una acción de tutela contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la que exigía el retiro de las redes sociales de ocho constancias publicadas por la Comunidad ese año. La Brigada XVII pidió que se reconociera la violación de su derecho al buen nombre y que la Comunidad que se retractara de sus publicaciones. Pero para la Comunidad, las constancias[3] son una herramienta importante para reportar los hechos que suceden en el corregimiento ya que, desde hace muchos años, desde el 2005, rompieron con el Sistema de Justicia estatal.
¿En qué contexto la Comunidad de Paz rompió con el sistema judicial?
Después de la gran masacre de febrero de 2005[4], la Comunidad prometió no tener más relaciones con el aparato judicial colombiano, a no ser que reconociera sus errores, los corrigiera y pidiera perdón. El aparato judicial había violado muchas veces los derechos de miembros de la Comunidad, había iniciado procesos penales con testigos falsos y, sobre todo, mantenía en la impunidad absoluta centenares de crímenes que el Estado cometió contra la Comunidad. No había justicia.
¿Ante quién se interpone la acción de tutela?
La Brigada la coloca ante la juez primera promiscua de Apartadó, quien inmediatamente acepta abrir un expediente y se lo comunica a la Comunidad. Ahí la Comunidad se activa, tiene muchas reuniones internas, así como con amistades y abogados y, en coherencia con su ruptura con la justicia, toman la decisión de no responder nada. Entonces, se vencen unos plazos y la Brigada solicita a la juez que abra un proceso por desacato. La juez lo abre y como un desacato es ya un delito, ordena el arresto de Germán Graciano, representante legal de la Comunidad, a cargo de la Policía de San José de Apartadó.
¿Qué pasó después?
Dado que esta juez es promiscua municipal, la decisión fue después revisada por un juez civil. Éste, al buscar información sobre Germán Graciano, encontró que era una persona muy amenazada, que tenía medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que muchas organizaciones internacionales habían intervenido en favor de él para pedir su protección. Entonces, este juez hizo una reflexión muy sencilla: «bueno, ¿aquí qué derecho es más importante, el buen nombre de los militares o el derecho a la vida de Germán Graciano?». Y no dudó en anular las decisiones de la juez, incluida la orden de detención. Sin embargo, la sentencia de tutela seguía vigente y por ello, la Comunidad junto a abogados cercanos, y personas aliadas pidieron que fuera revisada por la Corte Constitucional[5]. Y fue en segunda instancia, después de que el mismo defensor nacional y un magistrado de la Corte Constitucional lo reclamaran, que la Corte la tomó para revisión. Eso fue en noviembre del año 2018. Según el reglamento de la Corte Constitucional, una revisión de una tutela debe tardar 3 meses, esta duró más de 2 años.
¿Qué dice el fallo de la Corte Constitucional?
Finalmente, la sentencia tomó el partido de los militares optando por aceptar su petición y contra la Comunidad. Es una sentencia bastante larga y revisa mucha jurisprudencia de ambos derechos, del buen nombre y de la libertad de expresión. Trae muchas citas de otras sentencias de la Corte Constitucional y de otras cortes como la CIDH pero, a mi modo de ver, no cita lo más importante.
¿Qué es lo que echa en falta en el fallo de la Corte Constitucional?
Lo más importante aquí es que en la jurisprudencia del derecho a la libertad de expresión, tanto la Corte Constitucional como la CIDH y otras, dan primacía al derecho a la libertad de expresión pues es el derecho más esencial en una democracia; para que haya democracia tiene que existir y ser protegido este derecho, que es lo que defiende la Comunidad. En cambio, este fallo no cita una jurisprudencia de la Corte Constitucional que expresa que el derecho al buen nombre no está vinculado a ningún cargo, ni se consigue por una decisión judicial, sino que depende del buen comportamiento de la persona que está reclamando este derecho. Y que ese buen comportamiento sea reconocido por la sociedad.
«la libertad de expresión es el derecho más esencial en una democracia; para que haya democracia tiene que existir y ser protegido este derecho»
¿Cómo afecta a la libertad de la Comunidad para seguir sacando constancias públicas?
Pues, lo cierto es que, en la parte final y más resolutiva del fallo, no se ordena a la Comunidad retirar las constancias ni tampoco no volver a sacar otras nuevas. La sentencia expresa que el solo hecho de que la Corte esté afirmando la vulneración del derecho al buen nombre de la Brigada, ya es suficiente sanción para la Comunidad y reparación para los militares. Esta sentencia le parece muy extraña y discutible a muchísima gente porque toma partido en favor de los militares y en contra de una comunidad que ha sido víctima de muchísimos crímenes de militares y paramilitares. Entonces, muchas personas aliadas han expresado la necesidad de hacer algo y se han puesto a echarle cabeza.
«La libertad de expresión pues es el derecho más esencial en una democracia; para que haya democracia tiene que existir y ser protegido este derecho.»
¿Qué pensó usted sobre la sentencia?
Cuando leí la sentencia, pensé «no hay nada que hacer», es de la corte más alta que tenemos en la estructura del Estado; no hay nadie por encima de ella y nadie la puede controlar. Entonces opté por escribir una carta a los tres magistrados que firmaron la sentencia[6]. Una carta desde una perspectiva ética diciéndoles «ustedes son la más alta Corte, pero se equivocaron», y cito muchos textos de la CIDH y una sentencia de la Corte Constitucional en favor de la misma Comunidad de Paz. Y comparto otras reflexiones sobre todo lo que ha sufrido la Comunidad, en gran parte por culpa de los mismos militares.
El Padre Javier Giraldo quien viene acompañando la Comunidad de Paz desde su nacimiento entrega el informe que recopila las miles de violaciones de derechos humanos que ha sufrido la Comunidad de Paz desde su fundación el 23 de marzo 1997 (trabajo hecho a través del Banco del Datos del CINEP) al Padre Francisco de Roux, de la Comisión de la Verdad
¿Qué hicieron los abogados?
Estos abogados amigos se pusieron a pensar si había algo jurídico que se pudiera hacer y entonces se les ocurrió que, a pesar de que sea la más alta Corte, habían escuchado de una sentencia de la Corte Constitucional que había sido apelada y había tenido éxito. Entonces se pusieron a buscar cuál era la fórmula, y la fórmula era pedirle a la Corte en pleno que anule esta sentencia.
¿Cuáles son los argumentos para pedir la nulidad?
En primer lugar, hay una razón que es muy evidente y jurídica. La sentencia cita un reglamento de la Corte Constitucional que prohíbe cambiar de jurisprudencia en un aspecto, salvo que lo haga la Corte en pleno. Pero en este caso fue una sala y por tanto no tenían derecho a cambiar la jurisprudencia . Los abogados también citan jurisprudencia concreta sobre el derecho al buen nombre mostrando que en el caso de la Brigada XVII, ese derecho no existe porque no se lo han ganado. Todo lo contrario, la petición de nulidad cita todas las ocasiones en que la CIDH, la misma Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, etc. han acusado a la Brigada XVII por crímenes de lesa humanidad. Por ello afirman que ese buen nombre no existe, y que lo que no existe no se puede defender. Por otro lado, el derecho a la libre expresión sí existe y ha sido refrendado por la misma Corte Constitucional.
¿Cree que esta demanda de nulidad puede ser aceptada?
La verdad, yo no soy muy optimista. Esta Corte ha cambiado mucho, ya no es la que era hace 2-3 años, ahora son magistrados de derecha, varios nombrados por Uribe o por Duque y por ello no creo que vayan a aceptar la demanda y a anular la sentencia. Por otro lado, creo que el texto de la demanda está muy bien fundamentado y es importante que eso se dé a conocer ampliamente.
¿Qué consecuencias tiene un fallo como este para la Comunidad de Paz y en general?
A pesar de que el fallo no exige retractación, viendo la historia del accionar de la Brigada XVII (ver masacre de 2005[7],) en contra de la Comunidad, sí temo que los militares van a utilizar la sentencia y se van a apoyar en ella para otras acciones en contra de la Comunidad. Y, en un plano más general, creo que los militares pueden utilizar esa sentencia para acusar a muchas organizaciones sociales, toda persona que denuncie a los militares va a ser acusada de estar violando el buen nombre.
«Temo que los militares van a utilizar la sentencia y se van a apoyar en ella para otras acciones en contra de la Comunidad.»
¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
En diciembre tuvimos una conferencia virtual con organizaciones amigas de la comunidad en Europa y ahí preguntaron eso mismo. En este momento en que aún no hay resolución de la Corte sobre la nulidad, es muy importante que organizaciones internacionales se pronuncien tanto ante la misma Corte Constitucional como ante el Gobierno colombiano, las embajadas y ante organismos como Naciones Unidas, la OEA, la CIDH. etc. ¿Por qué? Porque la misma sentencia de la Corte menciona la cantidad de comunicados y declaraciones que recibieron de organismos internacionales, lo que muestra el amplio apoyo internacional hacia la Comunidad. Así la sentencia no vaya a ser positiva, esos pronunciamientos pesan en la misma Corte y en favor de la Comunidad.
Padre Javier, ¿alguna frase de esperanza para acabar?
El ambiente que se vive en la Comunidad es de mucha claridad de que estamos en un contexto muy problemático pero que el núcleo fundamental de la comunidad está dispuesto a enfrentarlos, como siempre.
La lucha por la tierra para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como para muchas comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, ha sido histórica, y lo más central a su existencia.
Hoy en día, la necesidad de defender la tierra es más importante que nunca. El Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano ha tenido como consecuencia la mercantilización de territorios que, a causa del conflicto armado, quedaban fuera de la lógica del mercado. En el caso de la Comunidad de Paz, esto implica defender la tierra frente a empresas mineras que llegaron a la zona con el fin de explotar sus riquezas. En el corregimiento de San José de Apartadó hay varios títulos mineros vigentes[1] y la Comunidad de Paz ha denunciado la penetración constante de las empresas mineras y sus intentos de persuasión a la población local.[2]
La Comunidad de Paz resalta que la defensa del territorio no solamente significa cuidar las tierras, sino que es defender la vida misma: “Entregar la vida, pero no el territorio”. La lucha legítima y jurídica para defender sus tierras no se trata solamente de una formalización de papeles, sino de mostrar la necesidad de la tierra para el campesinado. Para la Comunidad la tierra es un derecho fundamental; un ser humano debería tener tierra para construir su vivienda, para realizar su proyecto de vida y para las generaciones futuras. Cuidar las tierras es un punto clave para la Comunidad y por ello hace un manejo sostenible de las tierras con la conservación de los suelos y la protección ambiental. Esto significa proteger la biodiversidad y tener cultivos que puedan garantizar cierta soberanía alimentaria. En definitiva, la tierra es necesaria para la supervivencia y para la resistencia en la ruralidad.
En el pensamiento de la Comunidad de Paz, lo colectivo es fundamental y el territorio es precisamente el patrimonio colectivo de las presentes y futuras generaciones. Reivindican su propia reforma agraria campesina en un territorio atravesado por una dolorosa historia. La Comunidad de Paz ha perdido más de 300 personas desde su conformación[3];ha sufrido masacres y asesinatos selectivos[4]. Por ello, cada predio tiene un significado importante por los hechos ocurridos en ellos. Cada predio tiene su memoria colectiva, que la Comunidad de Paz sigue recordando y cultivando para luchar contra el olvido y encontrar una paz digna y verdadera. Pero, a pesar de su lucha diaria, a día de hoy, el panorama es desalentador. Jesús Emilio, miembro del Consejo Interno de la Comunidad lo precisa: “Puede ser que tengamos perdida la lucha contra las multinacionales y contra el Estado. Pero por lo menos dejamos a la humanidad la historia de cómo hemos luchado.”
