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¿De qué desarrollo estamos hablando?

¿Hay algo, además del desarrollo, que se quiera tanto?

Difícilmente alguien dirá que no quiere el desarrollo, sin embargo, la Comunidad de Paz de San José de Apartado, conformada por campesinas y campesinos desplazados y despojados a causa del avance paramilitar en la región en los años 90, y que ahora representan un proyecto de resistencia y protección del territorio en una zona neutral frente al conflicto armado, ha sido tachada de “antidesarrollista”. Y, efectivamente, de alguna manera se podría decir que lo es, porque se opone a un concepto de desarrollo “extractivista”, un desarrollo que incentiva el drenado del río y el agotamiento de los recursos naturales a expensas del medio ambiente. A lo largo del articulo serán expuestas algunas de las afectaciones y violencias sociopolíticas, ambientales y sistemáticas, a las que el proyecto de vida de la Comunidad de Paz se ha resistido, opuesto y denunciado para construir espacios colectivos de paz en medio del conflicto armado.

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LA COMUNIDAD DE PAZ: IMPUNIDAD Y CONTROL PARAMILITAR

El 21 de febrero se conmemoró la masacre de Mulatos y la Resbalosa, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que fueron asesinadas 8 personas, de las cuales 7 eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 3 de ellas menores de edad[1]. En el 2005, durante la Operación Fénix, un comando de aproximadamente 60 paramilitares junto con tropas del Ejército, asesinó a uno de los líderes de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra y su familia en la vereda de Mulatos y, posteriormente, masacró a la familia de Alfonso Bolívar, líder de la zona humanitaria de la Resbalosa. Desde entonces, cada año, se recuerda ese día en las veredas, en un ejercicio de memoria y denuncia de la impunidad que vive el país.

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Julia Figueroa: “Defender los Acuerdos de Paz desde el interior del Catatumbo se ha vuelto un riesgo altísimo”

El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.

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Guacamayas: “El simple hecho de mantenerse en el territorio”

En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).

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La Universidad de Paz: seguir soñando y resistiendo en los territorios

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.

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