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Julia Figueroa: “Defender los Acuerdos de Paz desde el interior del Catatumbo se ha vuelto un riesgo altísimo”

El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.

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Guacamayas: “El simple hecho de mantenerse en el territorio”

En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).

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La Universidad de Paz: seguir soñando y resistiendo en los territorios

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.

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Cahucopana y comunidades minero-campesinas no desisten, resisten por la paz

Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.

El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.

Carlos Morales resiste al desplazamiento forzado “para seguir denunciando lo que está pasando frente al abandono estatal y a las violaciones a los derechos humanos porque el Gobierno Nacional no ha implementado los Acuerdos de Paz”.

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Entregar la vida, pero no la tierra

La lucha por la tierra para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como para muchas comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, ha sido histórica, y lo más central a su existencia.

Hoy en día, la necesidad de defender la tierra es más importante que nunca. El Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano ha tenido como consecuencia la mercantilización de territorios que, a causa del conflicto armado, quedaban fuera de la lógica del mercado. En el caso de la Comunidad de Paz, esto implica defender la tierra frente a empresas mineras que llegaron a la zona con el fin de explotar sus riquezas. En el corregimiento de San José de Apartadó hay varios títulos mineros vigentes[1] y la Comunidad de Paz ha denunciado la penetración constante de las empresas mineras y sus intentos de persuasión a la población local.[2]

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