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Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

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La Universidad de Paz: seguir soñando y resistiendo en los territorios

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.

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“Vivos nos los devuelvan, porque vivos se los llevaron”

La lucha de las mujeres en búsqueda de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada

“Han pasado tantos años desde que mi hijo desapareció. Aunque pasa el tiempo, los meses y los años, no dejo de buscar, así como la verdad de lo sucedido. Las madres que buscamos a nuestros desaparecidos no miramos barreras, obstáculos, no escuchamos voces que nos desaminen; somos mujeres berracas con la mirada puesta en el horizonte en busca de lo que se nos arrebató; somos miles de madres en busca de la verdad, un cuerpo a quien llorar y, sobre todo, que no haya repetición”.

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Cahucopana y comunidades minero-campesinas no desisten, resisten por la paz

Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.

El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.

Carlos Morales resiste al desplazamiento forzado “para seguir denunciando lo que está pasando frente al abandono estatal y a las violaciones a los derechos humanos porque el Gobierno Nacional no ha implementado los Acuerdos de Paz”.

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Persisten amenazas de muerte contra ambientalistas en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

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