Son apenas las ocho de la noche y la oscuridad recorre toda la orilla del río del Oro. Casi no se ve dónde poner los pies para refrescarse y quitarse el polvo de un día entero por una trocha serpenteante y pedregosa, la única que une Cúcuta y la Cooperativa Sapadana, una veredita de la región del Catatumbo (Norte de Santander), justo en la frontera colombovenezolana, donde hoy hacemos noche. Allá nos recibe la comunidad. No llego a saber cuánta gente vive ahí, quizás unas veinte familias porque hay casas para todas ellas, aunque uno de los líderes avisa de que los fines de semana se llena de vecindad. “¡Uy, acá baja todo el mundo porque tenemos tiendita y vienen a pasar el día!”, explica Ángel Luis Murillo[1] como apunte a tener en cuenta para que nos imaginemos una Sapadana más activa de la que se ve a estas horas. Murillo es un hombre alto, de compostura fuerte y espaldas anchas; sus rasgos faciales son una mezcla de indígena oriundo, aunque dice ser campesino.

En esta zona de Colombia la mezcla de campesinado e indígenas es evidente. La convivencia ha sido siempre natural y, aunque presentan algunas diferencias en el modo de trabajar y sentir la tierra y el territorio, se muestran unidos ante las adversidades. Como las que nos convoca a estar ahora aquí: una alerta ciudadana por la supuesta presencia neoparamilitar sentida en febrero. Nadie está dispuesto a que se repita la historia que ya tuvieron que padecer en el pasado y ahora la unión parece más fuerte que nunca.

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp), a la que PBI acompaña, ha querido acudir al llamado de la gente y recoger en persona las denuncias de lo que días anteriores narraron algunos medios de comunicación. Para ello, ha convocado una “Comisión de Verificación y Solidaridad en el Catatumbo” que, junto a la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) y otras organizaciones del país, ha estado documentando y denunciando la situación de violaciones de derechos humanos que está surgiendo en la región[2], a fin de garantizar que nunca más se repita el terror vivido por el neoparamilitarismo. El año 1999 es el más recordado en toda Colombia por las 402 masacres que se registraron, según datos de la Defensoría del Pueblo. El Norte del Santander, con 30 matanzas, fue el segundo departamento con más muertes después de Antioquia (108), el Valle (28) y Bolívar (25)[3], todo ello ligado a los intereses por copar el territorio.

Por eso, la gente de esta “remota” región valora mucho el trabajo cercano que hacen las abogadas de Ccalcp y es acogido con entusiasmo, porque ni los desplazamientos de horas desde las muchas veredas que salpican el Catatumbo han servido de excusa para no estar presente en las reuniones. La gente quiere ser escuchada y contar lo que vio y sintió cuando, supuestamente, un grupo de hombres uniformados de negro llegaron, amenazaron y se fueron.

Una libra de yuca

El campesinado catatumbero labra la tierra gracias a los saberes que se van cediendo de generación en generación como si conservar la memoria histórica rural fuera parte del trabajo familiar y comunal. El pancoger[4], “aunque es escaso”, (me explica Carlos, un capitalino que colabora con Ascamcat después de enamorarse de las muchas bellezas que ofrece el Catatumbo), está formado por los cultivos de yuca, plátano, maíz y algunos árboles de papaya. Pero eso se cultiva solo para el día a día, de lo que de verdad viven es de la hoja de coca, eso que en estos momentos en Colombia está en proceso de ser sustituida según lo firmado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Quienes la cultivan explican que no han tenido más alternativa que dedicarse a estas plantas, a pesar de que “solo reciben el 1,4% de las ganancias”[5].

Pero es más rentable que vender una libra de yuca por ejemplo, porque ésta en el mercado “se paga tan mal que no merece la pena cultivarla ni transportarla” durante días por las serpenteantes y pedregosas trochas -insisto- que en la época de lluvias ni el mejor 4×4 es capaz de manejar. Esto me relata un campesino, que no nombraré por su seguridad, mientras estamos en una de las veredas por las que pasamos durante la comisión; sus manos agrietadas delatan que trabaja la tierra de forma artesanal y lo que cuenta podría ser recogido en una novela de realismo mágico, para ver si así se puede entender mejor toda esta compleja realidad. Y es que, una vez en el terreno son evidentes las dificultades que el campesinado presenta: no hay trochas adecuadas, no hay modelos productivos que se adapten a las adversidades del territorio, existen altos niveles de pobreza, hay debilidad institucional, también presencia de cultivos ilícitos y, para colmo, hay multitud de grupos con demasiados intereses que se expanden como la bruma de un día de invierno (zona de carbón, petróleo, oro…).

Refugiarse como autoprotección

A Alba Lucero[6] se la siente como una mujer muy berraca. Habla con voz fuerte y sus facciones delatan dureza. Se preocupa porque la Comisión esté cómoda en el Refugio Humanitario de Caño Indio, un lugar creado de la nada ante la inseguridad vivida desde el 9 de febrero y con intención de llamar la atención a nivel nacional y exigir que los Acuerdos de Paz se cumplan. Llegamos allá el tercer día de acompañamiento, para que Ccalcp recoja denuncias. En este improvisado campamento se han ido concentrando unos 1.500 campesinos, campesinas e indígenas en representación de las veredas y municipios que componen la región, y donde han estado trabajando unidos en reuniones y comisiones para analizar, discutir, proponer… La acogida fue tan fácil y tan amable que una se siente cómoda incluso sin ninguna comodidad. “Alba Lucero, ¡esto es como estar en casa!”, le exclamo con una sonrisa a modo de agradecimiento a pocas horas de conocernos, sintiendo con nostalgia mis raíces rurales de mi añorado campo extremeño[7], de donde vengo.

Ella, identificada con una camiseta de Ascamcat y una escarapela donde pone su nombre y el cargo que representa en este lugar, está pendiente de que todo el mundo, especialmente los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), esté en la reunión de las 11:00; justo la de después de las 9:00 que, a su vez, antecede a la de las 7:00. Sí, acá la gente no está para perder el tiempo y el día está sumamente organizado para que todas las horas se aprovechen. Y, hoy, Alba Lucero, junto con otras campesinas que forman la comisión de organización (algo que va rotando según los días), es una de las responsables de que todo el plan se cumpla.

Ella es la presidenta de la comunidad de su vereda[8] a la que se accede en canoa por el río Catatumbo. Asegura que no tienen ni luz ni agua y que son muy escasos los recursos con los que cuentan, pero eso no les impide unirse “en familia” con otras comunidades para exigir vivir en paz. “En el Catatumbo si violentan en El Tarra, vamos todos pa’ llá; si lo hacen en Sardinata, también”, exclama con orgullo, demostrando que la teoría todavía se lleva a la práctica en algunos puntos de este país.

Y de esta forma surge, en parte, la creación de este refugio humanitario. En cuanto sintieron una fuerte amenaza que se repetía por varios lugares del Catatumbo comenzaron a organizarse. Primero, paralizaron la caravana de las Farc en su camino hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Caño Indio, por el miedo que les genera su marcha[9]; y segundo, decidieron asentarse en mitad de la nada para levantar, sin mucho esfuerzo, todo un campamento a modo de estrategia de autoprotección que funciona por comisiones, y donde la guardia campesina tiene un papel central por el símbolo de defensa del territorio que representa[10].

“Nosotros queremos que nos garanticen que la historia del Catatumbo no se vuelva a repetir porque sabemos cómo se genera y sus consecuencias”, me explica Wilmer Téllez, miembro de la guardia campesina que no para de ir de un lugar a otro del refugio ataviado siempre de una camiseta azul que hace las veces de uniforme, un machete y unas botas de goma: la indumentaria más idónea para estar en mitad de la selva colombiana. “Antes nos organizábamos para correr, ahora para resistir y resolver los problemas de la región”, me explica alzando la voz por la alegría de los cambios, aunque sabiendo que la aclamada paz con justicia social aún no se ha puesto en práctica.

El domingo, el refugio estaba lleno de personas venidas desde todos los puntos del Catatumbo. La cita: una asamblea general donde habían sido invitados incluso autoridades locales y departamentales para establecer una hoja de ruta entre todos los presentes. Un equipo del Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo también estuvo presente en la asamblea multitudinaria, junto a miembros de Marcha Patriótica, de la Gobernación del Norte de Santander, un concejal de Teorama, así como representantes de la comunidad indígena Barí, miembros de Ascamcat y las abogadas de Ccalcp. El sol atizaba bajo un techo de plásticos negros y en la sala improvisada con palos de madera no cabía ni un alfiler, todo el mundo estaba abierto a la escucha con tal de llegar a una solución. Algunas ideas eran más aplaudidas, especialmente aquellas donde se hablaba claro y alto sin tener en cuenta las posibles repercusiones que dichos comentarios pudieran tener.

Al final, tras diez días de trabajo colectivo, se acordó un levantamiento voluntario del refugio humanitario en vistas de seguir construyendo la parte política. Es por ello que, a principios de marzo, unas cuatrocientas personas se reunieron en Cúcuta para priorizar el Catatumbo “en la implementación del acuerdo de paz y en el desarrollo de medidas urgentes para la protección de sus comunidades”[11], bajo la constitución de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial[12], cuyo objetivo es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo con la ciudad.

Pero, entonces: ¿“¡vivieron felices y comieron perdices!” podría ser el final de esta historia, la de la resistencia campesina catatumbera? Pues no, “la vaina” continúa con mucha dedicación y esfuerzos a la espera de llegar a un buen puerto. Y quizás, en estos momentos, justo ahorita, Ángel Luis Murillo, Alba Lucero y Wilmer Téllez, así como nuestras acompañadas de Ccalcp, están en alguna comisión veredal liderando sus procesos colectivos con fuerza y valentía en estos tiempos de inestabilidad con la convicción de que se puede construir un país diferente, uno donde la paz y la justicia social sean de verdad una realidad.

Silvia Arjona Martín

Notas de pie:

[1]Nombre ficticio para reservar la seguridad de la persona
[2]Ccalcp: Boletín 1 de la Comisión de Verificación y Solidaridad con el Catatumbo, 17 de febrero de 2017
[3]Caracol Radio: Balance de muertes en Colombia durante 1999, 30 de diciembre de 1999
[4]El pancoger en Colombia son los productos agropecuarios que se obtienen de manera artesanal con el fin de satisfacer las necesidades básicas alimentarias de una familia
[5]Revista Semana: La coca se dispara, 4 de marzo de 2017
[6]Nombre ficticio para reservar la seguridad de la persona
[7]Se refiere a la región de Extremadura, una zona rural del sur oriente de España donde la agricultura y la ganadería es la principal fuente de vida y de trabajo
[8]Reservamos el nombre para reservar la seguridad de la persona
[9]El Tiempo: Campesinos del Catatumbo bloquean marcha de las Farc, 10 de febrero de 2017
[10]Marcha Patriótica: Comunidades del Catatumbo se irán a Refugio Humanitario, 13 de febrero de 2017
[11]Prensa Rural: Fuerzas políticas y sociales avanzan hacia pacto político territorial de paz, 3 de marzo de 2017
[12]Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcció de una Paz estable y Duradera, página 21 de 310