¿Anhelando la Paz, recibiendo otra vez guerra?

Aún no amanece. Son las cinco de la mañana y estamos saliendo de nuestra casa en Apartadó, Urabá, hacía la cuenca de Jiguamiandó. Nuestro destino es la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza. Dependiendo del clima se puede acceder la zona humanitaria por tierra o por río. Esta vez nos toca hacer la última parte del viaje en bote. Un joven de la comunidad nos conduce con mucho talento en un largo y estrecho bote por los pequeños afluentes hacia el rio Jiguamiandó.

En las orillas del rio Jiguamiandó aparece un caserío, es la Zona Humanitaria Nueva Esperanza.

En la Zona Humanitaria, al lado de la cancha, nos invitan a tomar un café. Poco a poco llegan las aguas de la lluvia que nos acompañó durante nuestro viaje de tres horas desde Apartadó.

No solo la cancha, sino también las calles principales de la Zona Humanitaria parecen afluentes del río Jiguamiandó.

Charlamos con los habitantes tomando un café, en medio del silencio de la selva. Silencio solo interrumpido de vez en cuando por el sonido del motor de un bote que pasa por el río.

Los grupos de trabajo, que organizan los habitantes de Nueva Esperanza para trabajar sus tierras fuera de la Zona Humanitaria o para mantener las vías de acceso, ya han salido a trabajar cuando nosotros nos preparamos con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y DiPaz para un recorrido río abajo en una misión de verificación por el río, donde el silencio se rompió en las semanas pasadas.

Aunque no se había visto al ELN desde 1997 cerca de las zonas humanitarias de Jiguamiandó, el 10 de septiembre de 2017 se dio un combate entre ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, cuyo estruendo se escuchó en las zonas humanitarias. Dos semanas después siguió otro combate en Santa Fe de Churimá, esta vez entre el ELN y el ejercito colombiano.

Desde hace años varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, han alertado que en el Bajo Atrato la presencia del ELN y las AGC pone en riesgo a las comunidades.

La reconfiguración del paramilitarismo en Jiguamiandó por la presencia de neoparamilitares en la cuenca vecina de Curbaradó ha sido alertada desde el año pasado En el 2017 se ha evidenciado dicha presencia en Jiguamiandó y se ha puesto en riesgo a las comunidades del territorio colectivo. Se han denunciado amenazas selectivas y la presencia de hasta 300 neoparamilitares en el territorio colectivo. Durante la misión de verificación hablamos con habitantes de la zona que nos cuentan que no habían escuchando desde el 2011 combates tan fuertes como los ocurridos este septiembre.

Cuando regresamos a la zona humanitaria de Nueva Esperanza, el río ha bajado y la cancha y las calles están secas.

Y las primeras mujeres salen al río para lavar la ropa.

Se siente bien saber que hay zonas protegidas, donde ningún actor armado debe entrar, y el respeto a estas zonas sigue siendo muy importante. Los acuerdos entre las FARC y el gobierno y las primeras sentencias contra empresas agroindustriales involucradas en desplazamientos forzados, no han traído hasta ahora la paz tan anhelada en Jiguamiandó. Se han vuelto a dar combates, la presencia de grupos armados ha aumentado, y la restitución de tierra y el saneamiento de los territorios colectivos siguen en el limbo. Además, las amenazas contra líderes y reclamantes de tierras continúan. ¿Pueden el cese al fuego con el ELN, los acuerdos sobre el desmantelamiento de estructuras neoparamilitares y el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial contribuir a un cambio de rumbo para la cuenca de Jiguamiandó y sus comunidades?