Urabá siempre ha sido comparada en el imaginario con un territorio sin más ley que la del más fuerte, marcada por una violencia endémica y disputada por los grupos armados en conflicto[1]. Descifrar la violencia en Urabá es ante todo comprender las dinámicas de un territorio en construcción nacido de colonizaciones sucesivas. A la vez fue zona de refugio durante la época conocida como “La Violencia” conflicto bipartidista de los años 50, zona de recursos naturales a explotar y al mismo tiempo zona en los confines del país.
PBI acompaña a organizaciones y comunidades en el Urabá desde 1997 y hemos sido testigos de la violencia y las problemáticas estructurales.
Una región en la periferia
Subregión noroccidental de Colombia limítrofe con Panamá, la zona de Urabá se extiende alrededor del golfo con el mismo nombre, puerto natural sobre el mar Caribe. Presenta un interés geoestratégico importante por su cercanía con el canal de Panamá y por sus recursos naturales. Se habla desde hace tiempo de megaproyectos entre los que destacan los de conectividad como el plan de construcción del tramo de la Carretera Panamericana, que pasaría por Urabá a través del famoso Tapón del Darién[2].
Las selvas profundas, los ríos, pantanos, manglares y macizos montañosos han ofrecido ventajas comparativas para el desarrollo de actividades ilegales. El Urabá ha sido zona de contrabando desde el siglo XIX, no es extraño que albergara desde temprano actividades vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y la actividad protagonizada por grupos armados ilegales.
Tierra deseada, tierra destruida
Las tierras son excepcionalmente fértiles pero a la vez, Chocó es uno de los departamentos más afectados por la deforestación, según un informe del Ideam (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales). Y las razones que nombra el Ideam son: acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, ganadería extensiva y minería[3].
El boom bananero y la colonización masiva
La apertura a la colonización masiva apenas data de los años 60 con el fin de la construcción de la carretera entre Medellín y Turbo. El fenómeno migratorio se amplió determinado por el auge del comercio del banano. Trescientas fincas bananeras fueron acondicionadas bajo el impulso de la Frutera de Sevilla (subsidiaria de la United Fruit Company)[4]. Decenas de miles de migrantes se instalaron en la región atraídos por la demanda de mano de obra de las bananeras pero también por la promesa de baldíos selváticos vírgenes por colonizar.
La violencia como principal resolución de conflictos
Frente a la ola migratoria sin precedentes, las infraestructuras, los servicios públicos y la presencia institucional, fueron extremadamente insuficientes para responder a las necesidades de regulación alrededor de la distribución de los recursos y la cobertura de las necesidades básicas (agua, alcantarillado o electricidad)[5]. Los modos de apropiación de los recursos, en particular de la tierra, ocasionaron un número impresionante de litigios[6].
Los estudios académicos rastrean dos dinámicas fundamentales: por un lado la concentración de tierras tras las inversiones lícitas e ilícitas para un uso intensivo del suelo del tipo monocultivos o para la ganadería extensiva[7], y por otro, la oposición por parte de los movimientos campesinos a esta concentración, de invasiones y de recuperación después de los desalojos. Los archivos registran un número impresionante de litigios desde los años 50 que dejan constancia de irregularidades, como la compraventa forzada bajo amenazas, la falsificación de firmas y de documentos oficiales, y las diversas presiones que van desde la amenaza hasta la agresión física, que conducen al asesinato o al desplazamiento de los propietarios legítimos.
En tal contexto nace una situación de violencia crónica en la zona, la cual puede ser en parte analizada como consecuencia de la ausencia de un poder judicial eficaz[8]. Efectivamente desde la explosión demográfica provocada por el boom bananero se observa un afianzamiento general de sistemas de justicia privada[9], muy a menudo monopolio de los actores armados ilegales.
La tasa anual de homicidios se triplicó entre los años 70 y 90, coincidiendo con la aparición y el fortalecimiento de los movimientos armados organizados (Farc, EPL, grupos paramilitares, Fuerza Pública) y su confrontación por el control sociopolítico como telón de fondo[10]. Según varias investigaciones, hoy resulta claro que el desplazamiento forzado no responde únicamente a las dinámicas de la guerra, también está asociado a intereses económicos[11].
Entre 1996 y 1997 tuvieron lugar desplazamientos sin precedentes en el Bajo Atrato, cuando grupos paramilitares con presunta participación del Ejército Nacional emprendieron acciones de carácter contrainsurgente en la región[12]. Operativos conocidos como “Operación Génesis” o “Diciembre Negro” dejaron un rastro de muertes, desapariciones, saqueos, quema de propiedades y miles de desplazados en su camino.
La mayoría de los pobladores vivieron, por muchos años, en condición de desplazados, en albergues o con familiares en otras regiones de Antioquia y Chocó[13]. Los retornos de las familias desplazadas comenzaron a partir de 1999 en Jiguamiandó[14], 2000 en Cacarica y a partir de 2006 en Curbaradó[15] mientras el conflicto armado persistía en la región.
Resistir en el territorio
Cuando las familias regresaron a sus hogares en Curbaradó y Jiguamiandó, encontraron que las tierras arrebatadas por los paramilitares se habían convertido en gigantescas plantaciones de palma aceitera[16]. Quienes regresaron a Cacarica encontraron sus tierras rodeadas por actores armados.
Se ingeniaron una manera de quedarse en sus hogares a pesar del asedio del conflicto armado con la creación de las Zonas Humanitarias. Delimitaron y cercaron pequeños lotes con alambre de púa y las visibilizaron con un letrero grande, donde informan que es prohibida la entrada a cualquier actor armado ya sea legal o ilegal. Allí transcurrió la vida a partir de entonces. Construyeron casas, escuelas y salones comunitarios. Salieron en grupos grandes para sembrar, cosechar, pescar y cazar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha respaldado la creación de Zonas Humanitarias como “mecanismo positivo para la protección de la población civil ante la acción de los distintos grupos armados en la zona”[17].
En vez de unirse a las miles de personas desplazadas, una población campesina creó en 1997 una experiencia pionera en Colombia: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad que se declaró neutral frente al conflicto armado y rechazó la presencia de todos los grupos armados en su territorio. El saldo de veinte años de violencia es abrumador: 320 personas asesinadas, 350 amenazas de muerte, 100 torturas, 50 desplazamientos[18].
Tierra colectiva
Gran parte de las tierras de Urabá forman parte de la propiedad colectiva que la ley 70 de 1993 otorgó a los pueblos afrodescendientes, porque sus ancestros habían vivido en estos territorios desde el siglo XVIII, cuando los descendientes de los esclavos traídos siglos atrás de África optaron por el cimarronismo y se refugiaron en las selvas profundas.
Según esta ley, las tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles, pues se reconoce en la propiedad colectiva un carácter inherente a su identidad étnica y cultural. Pero aún hace falta en muchos casos formalizar las tierras o restituirlas. En 1999 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) adjudicó 103 mil hectáreas de tierra a las comunidades de Cacarica y en 2000 adjudicó 46 mil al Consejo Comunitario de Curbaradó, 55 mil al Consejo de Jiguamiandó y 48 mil al Consejo de Pedeguita y Mancilla[19].
El despojo y el castigo
A pesar de ser un territorio colectivo donde no se puede vender ni comprar tierra, cuando los paramilitares desplazaron a las comunidades, muchos terrenos fueron invadidos para cultivar palma de aceite y para la ganadería. La Superintendencia de Notariado y Registro, entidad del Estado colombiano, concluyó en 2011 que 17.720 hectáreas que pertenecían a la comunidad ancestral en el área de Curbaradó y Jiguamiandó fueron adquiridas de manera ilegal. Destacan, entre otras irregularidades, la supuesta firma de contratos por personas que ya habían fallecido, la multiplicación de hectáreas vendidas, la falsedad de documentos, la coacción y la amenaza directa a los pobladores con el fin de obligarles a vender sus propiedades[20].
En 2014, un juzgado condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite en el Chocó[21]. En 2017 un Tribunal Superior condenó a diez años de cárcel al empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero por delitos de concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó[22]. Zúñiga Caballero era el accionista mayoritario de las empresas Urapalma y Palmura que pertenecían realmente al comandante paramilitar Vicente Castaño; éste concertó con Zúñiga Caballero el negocio palmero en diferentes regiones.
Reclamantes de tierra
Los reclamantes de tierra temen por sus vidas dadas las amenazas y ejecuciones ejemplares para intimidar y generar zozobra. Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), desde el 2008 han sido asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá[23].
Para la Defensoría del Pueblo, en esta región hay una reconfiguración del conflicto armado: hasta su desmovilización, el Frente 57 de las Farc operaba en Urabá. Desde finales de 2015 llegó la guerrilla del ELN; el grupo no había estado presente en esta zona durante las últimas dos décadas. A partir de 2014, centenares de combatientes de las AGC se agruparon también en la zona y desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha alertado a las autoridades sobre su expansión. La disputa armada entre las AGC y el ELN por el control territorial también ha generado una crisis humanitaria.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han reportado continuamente reclutamiento, confinamiento, desplazamiento forzado, señalamientos y amenazas a líderes, reclamantes de tierras y autoridades étnicas[24].
Frederic Latour y Bianca Bauer
Notas de pie:
[1] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Antioquia, 2009, páginas 14 – 15
[2] Según el Conpes 3612 del Departamento Nacional de Planeación, el tramo del proyecto Transversal de las Américas que toca la zona pasaría por la cuenca del río Cacarica hasta el lugar conocido como Palo de Letras.
[3] Semana: Deforestación en Colombia aumentó un 44% entre 2015 y 2016, 6 de julio de 2017
[4] Cultures & Conflicts: Violencias estratégicas y violencias desorganizadas en la región de Urabá, Colombia, Gérard Martin, número 24-25, 1996-1997
[5] Fernando Botero Herrera, Universidad de Antioquia, Medellín: Urabá. Colonización, violencia y crisis del Estado, 1990; Edición Cerec/Iner, Universidad de Antioquia: Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990, Clara Inés García, Bogotá, 1996.
[6] Edición Cerec/Iner, Universidad de Antioquia: Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990, Clara Inés García, Bogotá, 1996.
[7] Instituto de Estudios Políticos Internacionales (Iepri), Universidad Nacional: Urabá: pulsiones de vida y desafíos de muerte, C. M. Ortiz Sarmiento, La Carrera Editores, Medellín, 2007
[8] Cultures & Conflicts: Violencias estratégicas y violencias desorganizadas en la región de Urabá, Colombia, Gérard Martin, número 24-25, 1996-1997
[9] Instituto de Estudios Políticos Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional: Urabá: pulsiones de vida y desafíos de muerte, C. M. Ortiz Sarmiento, La Carrera Editores, Medellín, 2007
[10] Cultures & Conflicts: Violencias estratégicas y violencias desorganizadas en la región de Urabá, Colombia, Gérard Martin, número 24-25, 1996-1997
[11] Organización Panamericana de la Salud: Sistematización de experiencias de atención psicosocial en Antioquía, Bogotá, 2003
[12] Disaster Info Net: Un llamado por el Chocó; Verdad Abierta: La complicidad entre militares y paras en el Urabá Antioqueño, 26 de abril de 2011; El Espectador: El ‘dossier’ de los palmeros, 26 de enero de 2008
[13] Cijp y Banco de Datos del Cinep: La Tramoya — Derechos Humanos y Palma Aceitera – Curbaradó y Jiguamiandó, 25 de enero de 2006
[14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe sobre la visita al terreno en relación con las medidas provisionales ordenadas a favor de los miembros de las comunidades constituidas por el Consejo Comunitario de Jiguamiandó y las familias de Curbaradó, municipio del Carmen del Darién, departamento del Chocó, República de Colombia, 20 de febrero de 2009
[15] Entrevistas a habitantes de las Zonas Humanitarias en Curbaradó, PBI Colombia, 2010
[16] Voltairenet: La palma de aceite y la usurpación de territorio a las comunidades negras, 9 de marzo de 2006
[17] Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia. Caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de marzo de 2005
[18] Padre Javier Giraldo, ponencia, 23 de marzo de 2017 en la Holandita, Comunidad de Paz de San José de Apartadó
[19] La Silla Vacía: Curbaradó y Jiguamiandó: La gran prueba de la restitución de tierras de Santos, 18 de marzo de 2011; Verdad Abierta: Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Rio Sucio, Chocó, 25 de junio de 2015
[20] Ibíd. Curbaradó y Jiguamiandó: La gran prueba de la restitución de tierras de Santos
[21] Verdad Abierta: A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó, 8 de diciembre de 2014
[22] Palabras al Margen: ¿”Terceros” o determinadores? El proyecto económico paramilitar en Bajo Atrato, 15 de junio de 2017
[23] IPC: Rechazan amenazas de muerte a reclamante de tierras en Urabá, 24 de marzo de 2017
[24] Defensoría del Pueblo: Nota de Seguimiento no. 004-17, 27 de abril de 2017
*Foto de portada: Eduardo Acosta Ulloa