Masacre de Trujillo

Como Masacre de Trujillo, se conocen múltiples y sucesivas violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, (Valle del Cauca), consistentes en desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de aproximadamente 340 personas, a manos de una estructura criminal que actuaba conjuntamente, conformada por miembros del Ejército, la Policía, políticos de la región y paramilitares pertenecientes al cartel del Norte del Valle.

Esta acción sistemática de aniquilamiento de la población civil se realizó en un contexto de lucha por el control de este corredor estratégico que da paso al Pacífico, en medio del cual la población estaba constantemente señalada de auxiliar a grupos de la insurgencia presentes en la zona.

En el Parque Monumento, hay más de 230 osarios, en siete niveles, uno por cada año del horror. En ellos reposan los restos de las víctimas, las cuales fueron dignificadas mediante esculturas talladas en el barro por sus familiares, que sirven de homenaje y como una manera de afrontar el duelo ante las pérdidas de sus seres queridos.

Por este caso han sido vinculados y están en proceso de juzgamiento varios reconocidos narcotraficantes, entre ellos Henry Loaiza Ceballos alias ‘El Alacrán’, Iván Urdinola Grajales alias ‘El Enano’ y Diego Montoya Sánchez alias ‘Don Diego’, preso en Estados Unidos, así como varios miembros de la fuerza pública como el mayor (r) Urueña Jaramillo, (que se desempeñaba en la época de los hechos como comandante del Batallón Palacé de Buga, de la Tercera Brigada del Ejército), y el teniente (r) José Fernando Berrio (comandante de la Policía en Trujillo de 1989 a 1991)[1].

Cuentos del terreno: Trujillo, donde la memoria no se calla

In pictures: Semillas de la memoria

In pictures: Con el abogado Eduardo Carreño en Trujillo

41.Trujillo_hermana Maritze — Hermana Maritze, junto con las fundadoras o matriarcas de la Asociación de Familiares de Víctimas de los hechos violentos de Trujillo (Afavit). Afavit es un ejemplo de resistencia y de la construcción de memoria en Trujillo.

Este caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en 1992, (siendo el primero presentado a nivel nacional), que determinó la responsabilidad del Estado por acción y omisión que permitieron la ejecución de crímenes selectivos contra campesinos de la región, situación que además causó el desplazamiento de las personas sobrevivientes. El 6 de abril de 2016, se llevó a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por 76 víctimas de los hechos, 34 adicionales a las ya reconocidas en 1995 por el entonces Presidente de la República Ernesto Samper, en nombre del Estado[2].