Movimientos sociales | PBI Colombia (spanish)

Para muchas personas, el Paro Nacional en Colombia fue un símbolo de la democracia y la esperanza de poder cambiar el estatus quo en el que vive la sociedad y el país.[1] El 21 de noviembre 2019, de hecho, más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas, según cifras registradas por el Gobierno, salieron a las calles para manifestar su descontento con la realidad y para exigir el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la esperanza fue golpeada por los disturbios, abusos y violencia que vivió la población aquel día en que, el mismo Ministerio de Defensa, habló de “122 civiles heridos y tres fallecidos”[2]. Pero esos hechos violentos no se redujeron a un solo día. La violencia de la Fuerza Pública se convirtió en normalidad en el marco del Paro Nacional. Un ejemplo de ello fue el asesinato del joven Dilan Cruz, disparado por un agente del Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional))[3] el 23 de noviembre de 2019. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), organización acompañada por PBI, lleva la representación de la familia de Dilan[4]. El caso fue remitido a la justicia militar[5], ante lo cual, recientemente Human Rights Watch ha solicitado a la Corte Suprema de Colombia que tenga en cuenta que, de acuerdo al derecho internacional, los derechos humanos y sus estándares internacionales, el caso de Dilan Cruz debería se remitido a la justicia ordinaria[6].

A inicios del 2020 el clima de movilizaciones sufrió un freno debido a la pandemia del Covid 19 y el consecuente confinamiento. Sin embargo, las protestas volvieron a resurgir con fuerza el 9 de septiembre en Bogotá, tras la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez[7], que falleció luego de un control policial donde se evidenciaron abusos de la fuerza.[8]

Este hecho particular, en el marco de muchas semanas de violencia exacerbada en el País, desataron una ola de protestas en varios sectores de Bogotá en las noches del 9, 10 y 11 de septiembre, que fue respondida de manera excesiva por parte de la Policía Nacional. Fotografiás y videos muestran escenarios impactantes de agentes de la Fuerza Pública golpeando a personas esposadas sin posibilidad de protegerse, uniformados, pero también personas de civil disparando con fusiles hacia la población civil y CAIs (Centros de Atención Inmediata de la policía) en llamas.[9] En tan pocos días de protestas se produjo un resultado sin precedentes: 13 personas muertas -al menos 8 de ellas por haber recibido disparos de armas de fuego-, más de 200 civiles lesionados[10] y y 75 personas detenidas por hechos asociados a las manifestaciones[11]. Además, se reportaron denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual[12] por parte de agentes del Estado[13].

Este uso indiscriminado de la fuerza y de la violencia sucedió sin control legal alguno por parte de las autoridades[14]. Dentro de estos hechos, se encuentran incidentes sufridos por organizaciones acompañadas por PBI, entre ellas: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)[15], la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB)[16] y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P)[17].

En este contexto, PBI acompañó en varias ocasiones misiones de verificación y actividades de organizaciones acompañadas, como lo fue el 10 de septiembre de 2020, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en su trabajo legítimo de verificar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en el marco de la campaña “Defender la Libertad: asunto de tod@s”[18], así como el 13 de septiembre a la organización DH Colombia durante una vigilia por un joven que se encontraba en una clínica en estado crítico, tras recibir dos disparos[19].

PBI acompañó a DH Colombia en un vigil en Bogotá

DH Colombia[20], ademas, asumió legalmente varios casos de personas lesionadas o asesinadas en esas protestas y en diciembre de 2020 radicó una denuncia en contra del entonces Ministro de Defensa, Carlos Holmes (fallecido en enero de 2021), el director de la Policía Nacional y otros altos mandos policiales solicitando que se investigue la responsabilidad que estos pudieran tener, por línea de mando, en los hechos ocurridos en septiembre de 2020.[21] Como primer paso para alcanzar verdad y justicia, a principio del 2021 se imputaron cargos a varios policías considerados responsables directos de la muerte de dos jóvenes en el barrio Verbenal el 9 de septiembre[22] y de una mujer asesinada en la localidad de Suba[23]. A pesar de eso, DH Colombia denunció la general falta de una adecuada respuesta judicial, a distancia de 6 meses de los hechos[24], además de subrayar la intención deliberada y premeditada de ocultar los crímenes que se cometieron, bajo instrucciones compartidas.

Uso excesivo de la fuerza: una constante histórica en Colombia

Históricamente en Colombia, la respuesta del Estado a la protesta pacífica ha sido marcada por la violencia. PBI acompaña a DH Colombia en dos casos judiciales relacionados con Nicolás Neira, joven asesinado a manos del Esmad en el 2005.[25] El 25 de enero de 2021, en una sentencia histórica, un agente del Esmad fue condenado por el juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual[26], en la primera condena a nivel nacional de un miembro del Esmad por hechos resultantes de un uso excesivo de la fuerza en la protesta social. En el segundo juicio, el 25 de marzo de 2021, en una decisión igualmente histórica se condenó al Comandante del Esmad en 2005, el Mayor Mauricio Infante Pinzón, por el delito de favorecimiento al homicidio de Nicolás, debido al encubrimiento que intentó realizar a raíz del asesinato. Así mismo se reconoció, como pocas veces se ha hecho, la responsabilidad de la cadena de mando en los hechos.[27] Hay que subrayar que estas condenas llegaron después de 15 años de los hechos.

Tras la violencia ocurrida en noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional, movimientos estudiantiles, víctimas de violencia policial y varias organizaciones no gubernamentales y colectivos de abogadas/os, entre ellas DH Colombia, el CSPP y el Cajar, acompañadas por PBI[28], presentaron una acción de Tutela solicitando la protección del derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa[29], lo que concluyó con el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020[30]. Con esta Tutela, quedó demostrado que “el Esmad realizó una intervención sistemática, arbitraria y violenta en las protestas y la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron”[31]. La Corte confirmó lo que las organizaciones ya sabían: “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la Fuerza Pública respecto a quienes, de manera pacífica, se manifestaron”[32]. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de dicha Tutela[33].

Estas dos Cortes ordenaron al Estado, a la Fuerza Pública y a las administraciones distritales realizar diversas acciones, para no repetir esta falta de garantías a la protesta pacífica. A nivel distrital ya se está empezando un proceso a favor de las manifestaciones, con una mesa de diálogo y la revisión del protocolo de la protesta con participación de la sociedad civil[34]. En cuanto al proceso a nivel nacional, los avances no son tan satisfactorios, ya que, por existir dos fallos judiciales de dos Cortes diferentes, se generan confusiones. Esto se puede ver, por ejemplo, en el rechazo de las organizaciones sociales al protocolo temporal para las manifestaciones (resolución 1139), promulgado el 20 de octubre 2020 por el Gobierno. Como afirma Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Cajar: “Amparados en una decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre las reglas para la protesta, el Ministerio del Interior expidió un protocolo que no se ajusta a la Tutela de la Corte Suprema”[35].

Todavía existe largo camino y muchos obstáculos para las personas manifestantes y las que defienden los derechos de la protesta pacífica, pero este fuego de esperanza nunca se ha apagado por completo. En un CAI de la ciudad de Bogotá, completamente destruido y quemado por manifestantes, en donde falleció Julieth Ramírez, la comunidad construyó posteriormente, a los dos días del terror, una biblioteca. Y no es el único sitio: en toda la capital se empezaron a transformar aquellos sitios de miedo en centros culturales y de conmemoración[36].

La protesta pacífica como una herramienta de la democracia, para mostrar su descontento y para exigir una mejoría de las políticas a favor de la sociedad, no solo está ocurriendo en la capital sino también en otras zonas del país. En octubre 2020, la Minga indígena conformada por aproximadamente 9000 personas de varios departamentos del Suroccidente colombiano, inició en el capital del Valle del Cauca, Cali, donde los participantes tenían el propósito de encontrarse con el presidente de Colombia, Iván Duque. Su meta era buscar en conjunto la manera de parar los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las masacres y de exigir el derecho a la vida de todo el pueblo colombiano. Ya que el alto mandatario no atendió esta solicitud, la Minga decidió movilizarse hasta Bogotá, con la esperanza que esta vez sí les atendieran[37]. Aunque el Gobierno no se reunió con la Minga y a pesar de las estigmatizaciones en contra del movimiento indígena[38], el día 21 de octubre de 2020 se unieron las protestas del Paro Nacional y La minga, de manera completamente pacífica[39], se ampliaron las esperanzas y se intensificaron las voces, para exigir lo mismo: una vida digna para todos y todas.

A más de un año de las protestas de noviembre del 2019, permanece la necesidad de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, para poder garantizar la seguridad y el derecho a salir a las calles y manifestarse sin miedo. El derecho a la protesta social en Colombia sigue siendo un desafío para las personas que deciden ejercerlo, debido a la fuerte represión. Sin embargo, las organizaciones seguirán luchando al lado de familiares y amigos/as de las víctimas reclamando verdad y justicia, las calles y sus murales seguirán hablando y recordando a las caras de las personas víctimas de tal brutalidad y, sin duda alguna, la ciudadanía seguirá saliendo a las calles, reclamando sus derechos y mejores condiciones de vida.