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LA “PAZ TOTAL” FRENTE A LA REALIDAD TERRITORIAL

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió desde su toma de posesión que la política de la “Paz Total” sería una de las prioridades de su agenda. Esta política busca la apertura de diálogos y la desmovilización de todas las estructuras armadas ilegales. Desde entonces, cuatro de estos grupos declararon un cese al fuego[1] y, en noviembre de 2022, se reinstaló una mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)[2], suspendida durante el Gobierno de Iván Duque. Asimismo, está previsto un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de otras estructuras armadas que el Gobierno define como “grupos criminales de alto impacto”, que carecerían de carácter político y, en el que estarían incluidas estructuras sucesoras del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3]

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LA COMUNIDAD DE PAZ: IMPUNIDAD Y CONTROL PARAMILITAR

El 21 de febrero se conmemoró la masacre de Mulatos y la Resbalosa, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que fueron asesinadas 8 personas, de las cuales 7 eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 3 de ellas menores de edad[1]. En el 2005, durante la Operación Fénix, un comando de aproximadamente 60 paramilitares junto con tropas del Ejército, asesinó a uno de los líderes de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra y su familia en la vereda de Mulatos y, posteriormente, masacró a la familia de Alfonso Bolívar, líder de la zona humanitaria de la Resbalosa. Desde entonces, cada año, se recuerda ese día en las veredas, en un ejercicio de memoria y denuncia de la impunidad que vive el país.

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IMPUNIDAD EN TORNO A VIOLENCIA POLICIAL DURANTE EL PARO NACIONAL

Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos [1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta[3]

Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá[5].

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A 18 años de la Masacre de Mulatos y La Resbalosa

Hace 18 años ocurrió un hecho que marcó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: la Masacre de Mulatos y La Resbalosa, en donde fueron cruelmente asesinadas 8 personas, de las cuales 3 de ellas menores de edad. Dicha masacre, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marcó un hito de separación con el Estado debido a la falta de garantías de seguridad y a su responsabilidad en torno a la impunidad de estos y más hechos de violencia que ha enfrentado la Comunidad de Paz desde su conformación.
La comunidad, que el 23 de marzo de 1997 se declaró Comunidad de Paz como estrategia de resistencia y permanencia en el territorio en medio del conflicto armado, no ha dejado de ser objeto de actos de violencia por parte de actores armados legales e ilegales.

Ahora, con la fuerza y determinación acumulada después de años de resistencia y lucha, la Comunidad rindió homenaje a las 8 personas asesinadas, 7 de las cuales eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, Deiner Guerra, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Muñoz, Natalia Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz.
En este acto conmemorativo y solemne, se entonaron cantos liderados por la voz de las niñas y los niños que conforman la Comunidad. Se recordó a cada miembro ausente físicamente, pero que están necesariamente presentes en la memoria colectiva para seguir defendiendo el territorio y exigiendo justicia.

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Llenas de entusiasmo por llegar a terreno

Damos una calurosa bienvenida a siete nuevas brigadistas de terreno que acompañarán a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos desde los equipos de Apartadó, Barrancabermeja y Bogotá

En la foto saludan: Nátaly (México) que acompañará desde el equipo de terreno en Apartadó, mientras que Vieni (México), Emily (Irlanda) y Jorge (México) lo realizarán desde Barrancabermeja y Mara (Estado Español), Marlinde (Países Bajos) y Arnaud (Francia) desde Bogotá.

“Hace dos semanas llegamos a Bogotá. Siete personas de diversas nacionalidades, con distintas procedencias y perspectivas, pero con las mismas ganas de seguir construyendo este proyecto. Es fascinante aprender acerca de los 30 años de PBI en Colombia y cómo su carácter internacional desempeña un rol en la defensa de los derechos humanos, siendo un puente entre los procesos organizativos, las personas defensoras y la comunidad internacional. Tras dos intensas semanas de formación, nos da mucha pena separarnos, pero estamos llenas de entusiasmo por llegar a terreno y ponernos manos a la obra”.

¡Bienvenidas y bienvenidos a PBI Colombia!