Entre las más graves agresiones en contra de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó en 2015, cabe destacar las siguientes:

Amenazas y agresiones

• 15 de abril: amenaza de muerte, en Playa Roja (Curbaradó) a organismos humanitarios internacionales y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), en una reunión con repobladores de Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba)[1], en las que reiteraron que no iban a abandonar la tierra despojada[2].
• 15 de diciembre: amenaza a los integrantes de Cijp por parte de 6 neoparamilitares armados quienes manifestaron a los pobladores de Curbaradó que deberían “desterrar” a la Cijp, “pues debían asegurar la tierra de los Patrones, que se encuentran en la cárcel”[3].

Seguimiento y vigilancia

• 7 de marzo: seguimiento a los hijos del líder de restitución de tierras asesinado Manuel Ruiz, James y Cristián Ruiz Gallo, por varios hombres en Pavarandó y El Cerrao, en Curbaradó[4].
• 10 de marzo: vigilancia y seguimiento a Trinidad Gallo, viuda de Manuel Ruiz, en Apartadocito, (Curbaradó). Un hombre de civil abordó al escolta de la familia Ruiz, preguntándole si la señora Gallo había rendido su testimonio en Medellín la semana anterior[5]_.

Ver las más graves agresiones en contra de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó de 2005 a 2013, en 2014 y 2016.

Análisis

El miércoles 18 de marzo, un grupo de hombres encapuchados y armados con machetes y armas cortas entraron disparando en la casa de la señora Marlene Benítez, una reclamante de tierras en la cuenca de Pedeguita y Mancilla colindante con Curbaradó. Estos hombres, entre los que según las denuncias, había miembros de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba)[6], tras amarrar y golpear a familiares de la señora Marlene, a su vecino y a un trabajador, quemaron su casa. Esto ocurrió a pocos días de que un juez negara las medidas cautelares para la Cuenca aludiendo que no había ninguna amenaza evidente en el territorio. La Policía se negó a intervenir[7].

De igual forma la familia de Manuel Ruiz, (líder de restitución de tierras de Curbaradó asesinado con su hijo, en 2012), fue víctima de varios hostigamientos. Días después de testificar en las primeras audiencias del caso del asesinato de su padre y hermano, Cristian y James Ruiz fueron perseguidos por un reconocido neo paramilitar en Pavarandó y por varios hombres en moto. En otra ocasión el escolta de Trinidad Gallo, viuda de Manuel Ruiz, fue interceptado e interrogado por un hombre respecto al paradero y las declaraciones de la señora en el caso del asesinato de Manuel y Samir en Medellín[8].

Mientras tanto, todavía no se ha realizado la Asamblea General para elegir el Consejo Mayor que tendrá la autoridad sobre el uso del territorio colectivo en la cuenca de Curbaradó. Sin embargo tanto las comunidades como sus acompañantes denuncian que actualmente el Incoder planea realizar dentro de la Cuenca, proyectos económicos, por los que adecuarían los sistemas de drenaje construidos por empresarios palmeros, hoy condenados por vínculos con paramilitares, pretendiendo readecuar la infraestructura para agronegocios del banano sin esperar a la celebración de la Asamblea general[9].

Reclamantes de la tierra en las cuencas de Curbaradó y Pedeguita y Mancilla fueron, en los últimos meses, víctimas de amenazas y hurtos. La situación sigue muy tensa, especialmente, en la cuenca de Pedeguita y Mancilla. Las amenazas a miembros del consejo comunitario por parte de miembros de Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba) continúan[10], a pesar que los hostigamientos físicos a Felipe Triana y Marlene Benítez el 18 de marzo, por miembros de esta Asociación fueron denunciados.

También las amenazas por parte de integrantes de miembros del Clan Úsuga han causado el desplazamiento forzoso, de la Cuenca, de la lideresa Mary Hernández[11].

Miembros de las comunidades de Andalucía[12] y Caño Manso[13], en la cuenca de Curbaradó, han continuado recibiendo amenazas en este trimestre. Destacando que el saneamiento del territorio ordenado por la corte constitucional no se ha dado y que varios ocupantes de mala fe, mencionados en el informe de Incoder de 2012, siguen en el territorio sin que se hayan dado los desalojos ordenados.

El 15 de abril, tres miembros de los Consejos Comunitarios de Bijao Onofre: Hernán Bedoya, Francisco Rengifo y Argemiro Hernández, recibieron amenazas de muerte. En este mismo sentido el habitante de Playa Roja, Ramiro Ríos Cortés, planteó sacar a las familias de los predios a la fuerza si no abandonaban el territorio voluntariamente[14].

En Curbaradó, a pesar de ordenado por los autos 045[15] y 112 del 2012[16] expedidos por la Corte Constitucional de Colombia, el desalojo de los ocupantes de mala fe señalados en el informe del Incoder de 2012[17] aún no se ha realizado y siguen ejerciendo el usufructo de las tierras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes y mestizas.

Cijp, quien acompaña a varias comunidades de la zona y hace presencia allá, denuncia que las familias Triana y Benítez de la comunidad de Pedeguita y Mancilla, quienes fueron atacados por 45 hombres armados en marzo de 2015[18], no han sido atendidas correspondientemente como víctimas por las instituciones del Estado[19]. Preocupa que la Inspectora Municipal de Río Sucio expresó que no había ido a hacer observaciones de terreno porque “le daba miedo”, y desautorizó la decisión de retornar a su tierra de esta familia desplazada[20].

Durante los meses de julio y agosto de 2015 las comunidades de Caño Manso se habían reunido en dos ocasiones con el Gobierno nacional pidiendo que se cumpliera con las órdenes de desalojo contra los ocupantes de mala fe que se encuentran en su territorio. En estas reuniones el gobierno se había comprometido a realizar visitas al terreno que, sin embargo, hasta la fecha no se han dado[21].

La presencia de grupos neoparamilitares se registra también en la cuenca de Curbaradó, cerca de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad donde habitan las personas reclamantes de tierras. El 12 de octubre se conoció la existencia de un plan de asesinato a líderes y lideresas reclamantes de tierras, siendo la orden “cargárselos, a penas den papaya”.[22] Por otro lado, en diciembre, según los testimonios recogidos por la CIJP, 6 hombres armados en una reunión con los pobladores en la comunidad de El Cerrao advirtieron venían para quedarse y que cerca de 600 neoparamilitares pensaban asentarse en Curvaradó[23] Otro grupo neoparamilitar fue observado entre el corregimiento de Pavarandó y la comunidad de Llano Rico.[24] Los armados de manera pública afirmaron que iban a reunir a líderes de las comunidades para iniciar su proyecto y “recuperar” el territorio y expresaron que quien se opusiera sería asesinado. Además, en la comunidad de El Cerrao, algunos neoparamilitares amenazaron directamente a la CIJP afirmando que se iban a asentarse en Curbaradó para asegurar la tierra a sus “patrones” para lo cual deben “desterrar a la Comisión de Justicia y Paz”[25].

La presencia de grupos neoparamilitares se registró también en Jiguamiandó donde hace tres años no se conocían de operaciones neoparamilitares en el interior de los territorios. El 31 de octubre se inició el desembarco de hombres vestidos de camuflado con armas largas en el caserío de El Guamal, en el territorio colectivo del Hobo y en predios indígenas del Alto Guayabal.[26] Los armados se movilizaron en automotores, a la vista de toda la población y expresaron que ahora, si “venimos a quedarnos”, que estaban bien aprovisionados para quedarse, y que contaban con apoyo de la misma brigada militar, a raíz de lo cual los pobladores se han visto obligados a restringir sus actividades cotidianas por temor a ser blanco de las operaciones paramilitares[27].

Foto: Adrian Johanson

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Notas de pie:

[1] Verdad Abierta: El fantasma de Sor Teresa Gómez en territorio chocoano
[2] Cijp: Amenazan de muerte a defensores de DDHH, 20 de abril del 2015
[3] Cijp:Amenazas y extraños seguimientos a defensores de Derechos Humanos, 15 de diciembre de 2015
[4] Cijp: Sin garantías para la verdad ni para la devolución de la tierra, 13 de marzo de 2015
[5] Ibíd.
[6] Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Santa María la Nueva del Darién, comprado por Sor Teresa Gómez Álvarez al narcotraficante Hugo Fenel Bernal Molano por 100 millones de pesos y que luego este donó a la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba) para que adelantaran allí un proyecto de cultivo de plátano de exportación. Sin embargo, según denuncian las comunidades, varias familias habían sido previamente desplazadas de esta zona por paramilitares. El proyecto estaba basado en Fundación para la Paz de Córdoba, (Funpazcor), un proyecto vinculado a los hermanos Castaño para legalizar tierra despojada.
[7] Cijp: Armados atacan y desalojan familia reclamante, 19 de marzo de 2015
[8] Cijp: Sin garantías para la verdad ni para la devolución de la tierra, 13 de marzo de 2015
[9] Cijp: Destrucción ambiental y amenazas a los territorios en Curvaradó por INCODER, 13 de febrero de 2015
[10] Cijp: Amenazas de muerte contra reclamantes , 10 de abril de 2015
[11] El Espectador: La pugna por la palma africana 11 de junio de 2015
[12] Cijp: Amenazan con desalojar ilegalmente a viuda propietaria en Curvaradó , 2 de junio de 2015
[13] Cijp: Paramilitares pretenden asesinar a un niño , 7 de junio de 2015
[14] Cijp: Amenazas de muerte contra reclamantes , 10 de abril de 2015
[15] Corte Constitucional, República de Colombia: Auto A-045, 7 de marzo 2012
[16] Corte Constitucional, República de Colombia: Auto 112, 18 de mayo del 2012
[17] Instituto Colombiano de Desarrollo Rural: Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Informe técnico elaborado por el Incoder, en cumplimiento de los Autos 045 y 112 del 2012, proferidos por la Corte Constitucional, 12 de julio del 2012
[18] Cijp: Amenazas de muerte contra reclamantes, 10 de abril de 2015
[19] Cijp: Funcionario muestra a víctima de torturas, registro del momento de las mismas, 27 de junio del 2015
[20] Cijp: Ibíd.
[21] Cijp: Despojo paramilitar beneficia a multinacionales, 8 de septiembre del 2015
[22] Cijp: Planean atentados a líderes y candidatos, 12 de octubre de 2015
[23] Cijp: Paramilitares anuncian control territorial y lanzan amenaza “vamos a recuperar las tierras de los patrones que estaban en la cárcel”, 16 de diciembre de 2015
[24] Cijp: Paramilitares se asientan en Cacarica sin reacción de las Fuerzas Armadas, 5 de octubre de 2015
[25] Ibíd.
[26] Cijp: Cerco paramilitar a comunidades negras e indígenas, 3 de noviembre de 2015
[27] Ibíd.